Los desafíos del desarrollo ante las nuevas pobrezas

Los desafíos del desarrollo ante las nuevas pobrezas

Resumen: 

El mundo vive una acelerada revolución tecnológica enmarcada en la globalización, donde el combate a la pobreza y la igualdad de oportunidades siguen expresando un desaprovechamiento del recurso más importante: las personas. Esto contraviene tanto imperativos éticos, como la racionalidad económica, donde el cumplimiento de los derechos económicos y sociales para combatir las nuevas pobrezas representa uno de los principales desafíos para la gobernanza en América Latina y un gigantesco déficit de planificación. El desarrollo humano va más allá de la esfera económica. El nuevo concepto añade a la dimensión económica otras como la dimensión social, ecológica, política, jurídica y ética. Además, busca el incremento de las potencialidades de elección y de las posibilidades de realización de las personas en sociedad. 

 

Abstract: 

The world is experiencing rapid and continued technological advances due to globalization. Nonetheless, poverty and the lack of equal opportunities for all reveals that countries are not capitalizing on their main resource: human capital. This not only goes against ethical imperatives, but also against economic rational thinking. It also reveals gigantic deficits in public policy. The promotion of economic and social rights for all is, therefore, one of the main challenges to democratic governance in Latin America. Human development goes beyond the economic sphere. In addition to economic considerations, this new concept focuses on the social, ecological, political, legal, and ethical domains. Based on the human development approach, States should increase citizens’ possibility to choose their own life path, as well as to realize their full potential in society. 

 

 

 

El producto nacional bruto no toma en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación, ni el gozo en sus juegos. No se incluye en él la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestros debates públicos, ni la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide nuestro ingenio, ni nuestra valentía, tampoco nuestra compasión o nuestra devoción a la patria; en pocas palabras, lo mide todo, menos todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida.

Robert Kennedy (marzo de 1968)

 

El desarrollo humano va más allá de la esfera económica. Fija un piso mínimo de dignidad humana a la que la sociedad debe atender. Busca el incremento de las potencialidades de elección y de realización de las personas: satisfacción de necesidades materiales, acceso a oportunidades culturales y educacionales, goce pleno de libertades y derechos cívicos, y amparo a su integridad física y a su dignidad individual.

El concepto de desarrollo «a secas» hace referencia a dos órdenes de problemas. Primero, sirve para caracterizar una corriente de pensamiento que ha hecho del desarrollo económico el centro de sus reflexiones y que ha influido en disciplinas sociales no económicas, como la sociología de la modernización. Segundo, remite a las políticas intentadas por gobiernos latinoamericanos de diversos signos político-ideológicos que han procurado, sobre la base de doctrinas desarrollistas, enfrentar los problemas del atraso, el estancamiento e insuficiencia de las economías (Altmann, 1998: 22). Los distintos enfoques del desarrollismo son susceptibles de ser organizados en tres vertientes: en primer lugar, el desarrollo como proceso; en segundo, este en las diversas fases que lo componen y que son discernibles; y, por último, cambio de estructuras (22). En América Latina se han empleado las tres.

Esta noción guió la labor de los gobernantes a partir de las décadas de los años 50 y los 60, así como a los cientistas sociales, quienes trataron de generar teorías aplicables únicamente a América Latina, como la de la dependencia. La principal pregunta en esos años estuvo enmarcada en cómo salir del subdesarrollo. Sin embargo, al igual que conceptos similares anteriores como «evolución», «progreso», «civilización», el desarrollo llegó a ser entendido como un fin en sí mismo, despojándolo de todo contenido social.

Hubo crecimiento, pero este no se tradujo en desarrollo. De ahí que en los últimos veinte años los modelos de desarrollo en la región se han caracterizado por la desigualdad, el mal ajuste externo permanente y la explotación histórica de los recursos naturales (Cecilia López citada en Altmann, 1998: 23).

Como el crecimiento económico no se tradujo en inclusión social y en bienestar para la mayoría de los habitantes, el concepto de desarrollo «a secas» fue entrando en crisis; en especial como reacción a las políticas de liberalismo impulsadas en su momento por el Consenso de Washington. De allí surgió el relativamente nuevo concepto de «desarrollo humano», que va más allá de la esfera económica, presenta una «escala humana» o con «rostro humano» y fija un piso mínimo de dignidad a la que la sociedad debe atender (Álvarez, 2005: 190). Su objetivo es la generación de políticas públicas centradas en las personas y no solo en los indicadores económicos.

El nuevo concepto se diferencia del anterior por añadir a la dimensión económica otras como la social, la ecológica, la política, la jurídica y la ética. Además, busca el incremento de las potencialidades de elección y de las posibilidades de realización del individuo en sociedad: satisfacción de necesidades materiales, acceso a oportunidades culturales y educacionales, goce pleno de libertades y derechos cívicos y amparo a su integridad física y a su dignidad individual (Álvarez, 2005: 189).

¿Qué ha pasado en América Latina luego de la denominada «década latinoamericana»? Para empezar, no fue latinoamericana, sino de Suramérica, y esta región vivió un importante mejoramiento en la calidad de vida y un incremento de las clases medias, por un crecimiento económico debido al alto precio de las materias primas. Esta etapa concluyó en 2013 y la región se encuentra ahora en un período de fragmentación política, debilidad de los procesos de integración, con poca diversificación y un bajo crecimiento económico. En otras palabras, la crisis llegó cuando se pensaba que América Latina estaba blindada contra ella. El positivo camino de las últimas décadas corre el peligro de tener retrocesos en la democracia, el combate a la pobreza y la ascendente proyección internacional que llevaba esta área.

 

Las nuevas pobrezas

El mundo vive una acelerada revolución tecnológica enmarcada en la globalización, contexto en que el combate a la pobreza y a la igualación de oportunidades de las poblaciones sigue expresando un desaprovechamiento del recurso más importante de los países: las personas. Esto contraviene tanto imperativos éticos como la racionalidad económica.

Por otra parte, evaluar los conceptos éticos y políticos como justicia o injusticia no pasa por una simple cuestión de registrar percepciones, sino por razonar y comprender nuestro entorno. A la luz de las teorías de Amartya Sen (2009), es en la aplicación y evaluación crítica de los conceptos en los cuales se basan los juicios sobre la justicia, como libertades, capacidades, recursos, felicidad, bienestar y otros, donde radica la relevancia de las diversas consideraciones que figuran bajo los enunciados generales de igualdad y libertad, así como la evidente conexión entre la búsqueda de la justicia y la de la democracia en la viabilidad y el alcance de las reivindicaciones de los derechos humanos.

Los Estados nacionales han quedado pequeños para solucionar muchos de los problemas que plantea la modernidad y, además, se muestran demasiado rígidos para poder controlar los flujos globales de poder y de dinero. La globalización de la economía pone en duda el concepto mismo de economía nacional, y es una de las más importantes causas de la quiebra del Estado de Bienestar. Hoy los Estados no son ya soberanos para determinar sus políticas sociales y económicas, y se muestran incapaces no solo de controlar los flujos financieros, verdaderas fuentes de poder, sino también los de información, o la economía criminal y el terrorismo internacional (Castells, 1998). Los países, por sí mismos, aun los más poderosos, no pueden hacer frente a las nuevas amenazas globales, como pandemias, crimen organizado, cambio climático, diferentes tipos de violencia, etc., que generan nuevos riesgos globales y regionales (Rojas Aravena, 2012). Adicionalmente, el tema humanitario de las migraciones exige una mirada compartida que requiere cooperación y asociación para enfrentarlo.

A todo ello hay que añadir que la llamada «economía global» también ha producido un quiebre de la ciudadanía por diferentes motivos. Entre ellos destaca la exclusión de sectores sociales, regiones de países y grupos de personas. Se trata de un sistema en el cual la creación de riqueza y el consumo se concentran en unos segmentos conectados a escala mundial, mientras que para amplios sectores de la población, a veces países enteros, se produce una transición del anterior estatus de explotación a uno nuevo de irrelevancia estructural desde la lógica del sistema.

Así, la pobreza y la desigualdad se siguen manteniendo en una zona importante de la población, e incluso aumentan las llamadas «nuevas pobrezas». Todo ello incide directamente en el concepto de justicia social, la negación del principio de igualdad, de los derechos humanos básicos y de la posibilidad de tener un nivel de vida digno. La pobreza se transforma en una dura interpelación al sistema democrático, y la exclusión social se traduce en un quiebre del principio democrático de ciudadanía.

Los temas de la justicia y la agenda social tienen componentes colectivos; son multifacéticos y requieren de enfoques integrales, interinstitucionales, intersectoriales y multidisciplinarios. Las características de una sociedad y sus problemas son cambiantes, por lo que no se puede pensar en políticas públicas inmutables. Ello remite de nuevo al debate sobre el concepto de desarrollo. Para que la política social sea efectiva, la económica debe promover un crecimiento sostenido, distributivo e incluyente. Sin producción, empleo e inversión no puede haber distribución, y sin distribución no hay equidad ni acceso a los bienes públicos.

Para facilitar la inclusión y la igualdad, el énfasis está puesto en la necesidad de articular, de manera complementaria, el desarrollo económico, el crecimiento y la productividad con el desarrollo social, la distribución de la riqueza y un mercado laboral con justicia social. En otras palabras, generar políticas públicas que estén centradas en las personas y no solo en los indicadores económicos. Se fortalece así el concepto de cohesión social como noción integral y multidimensional que trasciende los temas de reducción de la pobreza como la mera satisfacción de las necesidades básicas y materiales, y toma en cuenta los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y étnicos en cada sociedad.

 

Justicia social

La cohesión social, según análisis de la CEPAL, es un concepto complejo que tiene una vertiente objetiva y otra subjetiva. La primera se refiere a la eficacia de los mecanismos de inclusión social, y la segunda a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Para alcanzar la cohesión es necesario cumplir con ambas vertientes. En la objetiva, los mecanismos incluyen el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos, y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. En la subjetiva, los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos. En relación con los elementos subjetivos, las personas deben sentirse miembros activos de sus respectivas sociedades. Necesitan sentir que pueden participar de las instancias deliberativas. Por esta razón, es crucial abrir espacios a la sociedad civil para fortalecer relaciones de solidaridad y responsabilidad social.

Al hablar de cohesión social en términos sociales, jurídicos y políticos, las circunstancias relevantes que debemos considerar son la fuerte desigualdad, la discriminación, las debilidades en el Estado de derecho, la volatilidad económica, la redefinición del mundo laboral y la relación con las políticas de identidad. La perspectiva de CEPAL acerca de lo que es la cohesión social (Sojo, 2009: 141) incluye aquellos aspectos relacionados con la equidad que llevan a cuestionar la eficacia de los mecanismos privilegiados de inclusión, como son las condiciones socioeconómicas de empleo, educación, políticas de equidad y de protección social, tomando en cuenta, además, el hecho de que todo lo anterior establece percepciones, valoraciones, conductas y respuestas de los individuos ante la sociedad y la comunidad, que permiten o inhiben un sentido de pertenencia. Sobre la base de la cohesión social, los conceptos de pobreza y de «ser pobre» varían. Al tomar en cuenta todos sus elementos, «ser pobre» no solo es una condición socioeconómica y de privación de bienes materiales, también es una situación de privación de la ciudadanía, en la cual la persona no puede ejercer debidamente sus derechos políticos, sociales, jurídicos, económicos y culturales; lo que limita su participación adecuada en la sociedad.

Los términos de exclusión o inclusión social en el concepto de ciudadanía plena dependerán en gran medida de la manera en que interactúen dentro de cada sociedad los distintos disfrutes y capacidades. A la luz de las teorías de Amartya Sen, lo que interesa es saber cuál es el grado de libertad de una persona en una sociedad dada para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, incluidas las de acceso a la justicia, participación política y pertenencia cultural. Esta libertad debe ir acompañada de la creación de canales a través de los cuales la gente participe en el diseño y la aprobación de sus propias estrategias de apoyo, como redes de protección social que ayuden a «crear sociedad».

En el ideal rousseauniano, el verdadero bien común se alcanza cuando se generan políticas públicas centradas en las personas y no solo en los indicadores económicos. Estas deben buscar el incremento de las potencialidades de elección, así como de las posibilidades de realización de las personas en sociedad a través de la satisfacción de necesidades materiales, el acceso a oportunidades culturales, judiciales y educacionales, el goce pleno de libertades y derechos cívicos y el amparo a su integridad física y a su dignidad individual (Zúñiga, 2009: 189). Para ello, la política social no debe estar en aislamiento, ni subordinada a la económica, sino que el desarrollo social debe ser visto como una condición necesaria, consustancial y complementaria para que el crecimiento y el desarrollo económico sean verdaderamente exitosos.

En América Latina nos debatimos aún entre el pasado y el presente, pero no hemos logrado proyectarnos al futuro, lo que nos deja con un gigantesco déficit de planificación. Ahora crea fraccionamientos en esta región la discusión planteada entre neoliberales y keynesianos, que revive las viejas confrontaciones entre desarrollistas y estructuralistas de los años 60, o entre liberales y planificadores de los 30. Y para sumar, el conocido dilema «mercado vs. Estado» no ayuda mucho. La vieja disyuntiva «crecimiento o equidad», alrededor de la cual giró el enfrentamiento teórico sobre desarrollo durante la segunda mitad del siglo xx, aparece desbordada por el surgimiento de temas como el mejoramiento de la calidad de vida en condiciones de libertad, el desarrollo sostenible o la importancia de fortalecer el concepto de ciudadanía como fiel expresión de una nueva estabilidad democrática. Muchos países terminan pagando altos costos de gobernabilidad y equidad por sostener un esquema de relación global que hoy está beneficiando a no más de treinta economías, la mayoría de ellas industrializadas, sin que, por otra parte, aparezcan señales claras del mundo rico para mejorar los términos de solidaridad con las regiones más pobres.

Fue la idea racional de la colaboración y la cooperación, surgida del instinto mismo de la vida, contrapuesta al impulso natural del antagonismo, lo que hizo nacer la sociedad, pasando de la defensa personal del individuo al grupo, a cambio de la sujeción a la ley y a la participación en actividades comunes.[1] Las nuevas generaciones enfrentan una paradoja cuando se encuentran en el dilema de escoger entre lo que se espera de ellas, que es prepararse para competir en el mercado laboral, y el impulso de su empatía social que las lleva a desear un cambio en el orden político-cultural generador de grandes inequidades que traen pobreza, desigualdad y carencias materiales y espirituales. Para José Figueres Ferrer el dilema del siglo xxi enfrentaría dos opciones: abrir las mentes y procurar ver en los medios de producción los instrumentos del bienestar general, creando oportunidades e igualación de derechos, o seguir mirando de manera torpe a los bienes productivos modernos, cada vez más complejos, como meros objetivos de comodidades personales, que incrementan las asimetrías, las injusticias y las desigualdades en lo interno de las naciones y entre estas, a pesar de los nuevos conocimientos.[2]

El cumplimiento de los derechos económicos y sociales para combatir las nuevas pobrezas representa uno de los principales desafíos para la gobernabilidad democrática en América Latina. Aunque la mayoría de los países de la región pueden ser considerados de renta media, no todos los ciudadanos gozan de una mínima calidad de vida debido a las persistentes inequidades. Las asimetrías internas y entre los países latinoamericanos señalan diferencias en relación con los porcentajes de pobreza; la mayor parte de ellos ha realizado esfuerzos en la redistribución de un poder formal que históricamente ha estado, y en general continúa estando, centralizado en el poder ejecutivo, como herencia de los regímenes autoritarios coloniales. En tal sentido, se tiene por cierto que las sociedades son más democráticas en la medida en que sus ciudadanos tomen mayor parte en los procesos de decisiones sobre los asuntos públicos. Recuperar un sentido de metas centradas en el ser humano, en su desarrollo y potenciamiento, es lo que permite recobrar los valores universales de la Declaración de los Derechos Humanos, desde sus orígenes en la Revolución Francesa a las metas colectivas que hoy nos hemos propuesto con los Objetivos del Milenio, las de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las del Acuerdo de París (COP 21), así como la Agenda de Acción de Addis Abeba. Ese es el camino para enfrentar los desafíos del presente y superar de manera cooperativa los del futuro.

 

[1]. La publicación de los ensayos sobre democracia, socialismo y libertad de José Figueres Ferrer, compilados en 1942 en el libro Palabras gastadas, induce a una reflexión sobre estos conceptos, así como a plantearse la justicia social, el bienestar del mayor número y las luchas sin fin por la equidad.

[2]. José Figueres Ferrer escribió La pobreza de las naciones en contraposición al modelo de desarrollo planteado en La riqueza de las naciones, de Adam Smith (1776). 

 

 

Referencias

Altmann Borbón, J., (1998) Costa Rica en América Latina. Historia inmediata. San José, Editorial FLACSO-Costa Rica.

______, (2009) Cohesión social y políticas sociales en Iberoamérica. Quito, FLACSO/Fundación Carolina.

______,  (2015) «Fortalecimiento de la justicia en el desarrollo democrático de una ciudadanía incluyente» en Ahrens, H.; Rojas Aravena, F. y J. C. Sainz Borgo (eds.), (2015) El acceso a la justicia en América Latina: retos y desafíos. San José, Universidad para la Paz.

Álvarez, S., (2005) «Connotación política sobre el discurso hegemónico de la pobreza y el desarrollo humano: “La invención del desarrollo humano”. Historias de un desarrollo biológico participativo a “escala humana”» en López Rivera, Ó. A., (2005).

Capra, F., (1999) La trama de la vida. Barcelona. Editorial Anagrama.

Castells, M., (1998) La era de la información. V. II. Madrid, Alianza Editorial.

Cortina, A., (1994) La ética de la sociedad civil. Madrid, Anaya.

Figueres Ferrer, J., (1979) Palabras gastadas. San José, Imprenta y Litografía Lehmann S. A.

______, (1973) La pobreza de las naciones. San José, Imprenta Nacional de Costa Rica.

Giddens, A., (1979) Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis. Berkeley, University of California Press.

López Rivera, Ó. A., (2005) La pobreza: un problema de todos. Serie debate y propuestas sobre la pobreza No. 1. Área de estudios de pobreza. Guatemala, FLACSO.

Rojas Aravena, F. (ed.), (2012) Vínculos globales en un contexto multilateral complejo. Buenos Aires, Editorial Teseo.  

Sen, A., (2009) La idea de la justicia. Londres, Penguin Press.

Sojo, A., (2009) «Cohesión social: una mirada desde la Cepal» en Altmann Borbón, J. (comp.), (2009).

Zúñiga, G., (2009) «Políticas públicas y cohesión social. La política fiscal en Costa Rica» en Altmann Borbón, J. (comp.), (2009).