Cuba. La constitución del poder revolucionario

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En el contexto de la activación del capítulo III de la Ley Helms Burton, ¿conocen los jóvenes, recuerdan los más experimentados, el proceso de nacionalizaciones que condujo a la recuperación por parte del pueblo cubano de los recursos naturales y empresas que estaban en manos de compañías extranjeras, en especial norteamericanas? Este ensayo propone una mirada a aquel momento esencial de la Revolución Cubana. 

 
El propósito de este texto es hacer un breve examen de la constitución del poder revolucionario en los primeros años de la Revolución cubana. Indaga en la capacidad del régimen surgido, tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, para consolidarse y reproducirse en el tiempo. La hipótesis que sostenemos es que ello fue posible, en gran medida, por el carácter extraordinario del poder emanado de una revolución política que deviniera, entre los años 1959 y 1963, un poder social hegemónico al servicio de los intereses  de las grandes mayorías del país. Este examen no se propone historiar un período particularmente rico en acontecimientos, sino exponer la lógica del proceso que propició la constitución de un poder revolucionario incontrastable. 
 
 

Origen y antecedentes

 

Algunos aspectos conceptuales

La noción de poder, como tantas otras de las ciencias sociales, ha sido objeto de un inacabado debate, según definiciones de los diversos discursos filosóficos y teóricos. Algunas de las más abstractas lo consideran como «la capacidad de un sujeto A de determinar la conducta de B y de C»; o como «la capacidad de un sujeto de alcanzar sus objetivos». Otras, más concretas e históricas, lo definen como un tipo de trato asimétrico entre individuos o grupos sociales, que sirve de soporte a las relaciones de subordinación, dominación y explotación, en general. Esta última definición es suficientemente explicativa, si concebimos el poder en contextos históricos determinados, más como un efecto estructural que producto de una relación aislada, si vemos esa asimetría como una variable social, y si les suponemos a los sujetos sometidos, dominados o explotados, una disponibilidad mínima de poderes, que les permita la resistencia y la subversión de su situación.1 
Por otra parte, entre todas las formas de poder, habría que distinguir aquella que llamamos poder político, la que se ejerce de manera efectiva y legítima sobre el conjunto de la comunidad; y la llamada poder social, ejercida desde todas las dimensiones de la sociedad sobre el conjunto de sus miembros. De hecho, todo poder político tendrá que integrarse en un poder social que lo reproduzca.
Para ejercer el poder político o social, sus detentadores deberán valerse de mediaciones. En las sociedades históricas, estas son instituciones sociales, normativas u orgánicas, en las que se enmarcan dichas relaciones, se legitima a sus titulares y se promueve el consentimiento de los subordinados en general; y de los gobernados en particular.
Dentro del orden institucional observado o conjunto ordenado de las instituciones que caracterizan a una sociedad, se puede distinguir subconjuntos o sistemas institucionales que, a su vez, forman parte de diferentes sistemas sociales —jurídico, político, económico, civil, ideo-cultural, y otros. Esta perspectiva sistémica nos permite comprender que una misma institución puede formar parte de distintos sistemas de acuerdo con la función que realice en ellos.2  
 

El poder pre-revolucionario

El escenario cubano prerrevolucionario era el de una sociedad plagada de las contradicciones que acompañaban al modelo neocolonial instaurado desde 1902, bajo la tutela y en interés de los Estados Unidos. Los intentos de modernización capitalista, iniciados desde los años 40 apenas en la esfera del consumo, no pasaron de pretender un «modelo neocolonial perfecto».3 El régimen dictatorial inaugurado con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, lejos de ser una solución estabilizadora, agudizó todas las contradicciones internas y agregó otras nuevas: dividió a la clase política y al bloque social dominante; deslegitimó al sistema político en general, y a los partidos y líderes tradicionales en particular; y forzó la entrada de una nueva generación política a la lucha insurreccional y a las reformas sociales. 
De hecho, se produjo una brusca devaluación de la clase política cubana, no solamente porque había en ella golpistas, sino porque un sector se sumaría luego al golpe de Estado y otro se dispuso a un diálogo de compromiso. Solo una minoría lo rechazó, planteó el problema de su ilegitimidad y la necesaria lucha armada contra el régimen. Esta devaluación se acentuará entre 1952 y 1959, hasta alcanzar un minimum al momento del triunfo revolucionario. 
De igual manera, se produjo una ruptura generacional. Ya no era necesario hacer el tránsito reformista que habían intentado las generaciones anteriores; era posible ahorrarse ese recorrido frente a una institucionalidad que bloqueaba el cambio. El 10 de marzo le ofrecía a una nueva generación la única opción política: hacer la insurrección. Surgida del corte producido por el golpe, no por casualidad estaba del lado revolucionario. 
Por otra parte, este nuevo escenario facilitaba el enfrentamiento de los grandes problemas que el anterior orden institucional, pese a su relativa legitimidad, no alcanzaba a resolver la manca soberanía nacional, la dependencia externa, las reformas prescritas y siempre postergadas de la Constitución del 40, el subdesarrollo socioeconómico del país, la inequidad social, y la abismal diferencia entre el campo y la ciudad. 
En este contexto, la lucha insurreccional contra la dictadura se desarrollaría hasta constituir un poder dual,4 sobre amplios territorios y sectores de la población, que se expresaba en la creciente capacidad de las fuerzas rebeldes para dominar los territorios bajo insurgencia y alcanzar el reconocimiento de su autoridad por las poblaciones comprendidas. De hecho, tanto en la Sierra Maestra, como en el Segundo Frente Oriental Frank País, se constituyeron administraciones civiles que operaban sobre la base de la legislación promulgada por la jefatura del Ejército Rebelde, administraban justicia y captaban impuestos de guerra.5 
 

El triunfo revolucionario. La instauración del nuevo poder

La derrota política y militar del régimen batistiano, a fines de diciembre de 1958, permitió la instauración de un Gobierno revolucionario en condiciones extraordinarias: las fuerzas militares de la dictadura habían sido vencidas o anuladas en el terreno, los personeros de la tiranía abandonaron el territorio nacional, el gobierno provisional instaurado por la Junta Militar dejada por Batista no tuvo viabilidad alguna y se disolvió en las primeras 72 horas, las fuerzas insurreccionales dominaron todo el territorio nacional en menos de 48 horas, y la movilización social a favor de las fuerzas revolucionarias fue abrumadora. El nuevo Gobierno Provisional Revolucionario, en funciones desde el 3 de enero de 1959, obtuvo un inmediato reconocimiento nacional e internacional. 
El triunfo del 1º de enero de 1959 permitió la constitución de un poder revolucionario, mediante el cual pudo plantearse, sobre nuevas bases, la transformación de la sociedad cubana. Los desafíos previsibles y reconocidos por las nuevas fuerzas revolucionarias para llevar a cabo sus programas eran considerables. Entre estos, estaban: el logro de la unidad política de todas las fuerzas insurreccionales comprometidas con los objetivos históricos del nacionalismo radical cubano, así como del bloque popular revolucionario;6 la realización de las transformaciones requeridas, asumiendo la oposición de los sectores afectables; el enfrentamiento a la oposición interna y externa, en general, y la de los Estados Unidos en particular.7  
De hecho, la voluntad política de la dirección revolucionaria surgida de este proceso y constituida como Gobierno revolucionario, logró desencadenar, mediante medidas programadas, o contramedidas ante la agresión enemiga, un proceso de transformación de la sociedad cubana que se convertiría, en pocos años, en un proyecto de transición socialista. La oposición interna se acrecentaría, compuesta por los desplazados de las posiciones de poder y las capas afectadas por las leyes de nacionalización y expropiación, así como por aquellos alineados con la política contrarrevolucionaria de Washington. Las sucesivas administraciones norteamericanas de Eisenhower y Kennedy promovieron toda clase de medidas económicas, políticas y militares, con el objetivo de subvertir a la Revolución cubana.
En cuanto a la constitución del poder revolucionario, en sus rasgos básicos, el período que consideramos se extiende desde el derrocamiento de Batista, en enero de 1959, hasta la segunda Ley de Reforma agraria,8 que completa el ciclo nacionalizador, en 1963. En estos cuatro años, durante los cuales se transita de una revolución política radical a una profunda revolución social, quedó instaurado un nuevo orden institucional, en cuyo marco cada sistema experimentó diferentes tiempos de renovación. Entre estos años, cada uno de los cuales fue bautizado con un lema que en gran medida lo caracterizó,9  tuvo particular trascendencia 1960, cuando se promovieron cambios estructurales en los sistemas económico, político, civil e ideo-cultural, y la Revolución cubana tomó su orientación definitiva hacia una sociedad no capitalista. Así, a fines de 1960, Fidel Castro declaró cumplido el Programa del Moncada y, en abril de 1961, proclamó el carácter socialista de la Revolución.10  
 
 

La instauración del poder revolucionario. El sistema político

El paso de un poder dual a la instauración de un poder revolucionario, en 1959, fue el resultado de una lucha político-militar, cuya victoria permitió el predominio de nuevas fuerzas políticas y sociales sin compromisos previos. El ejercicio y las prioridades del poder dieron lugar a la constitución de un nuevo sistema político, instaurado básicamente entre 1959 y 1961. Con ese nuevo poder, se inició una profunda transformación del orden institucional cubano, tanto normativo como orgánico. Este proceso comenzó mediante cambios en las instituciones previas; y luego, aceleradamente, con la sustitución de estas por otras nuevas, en el marco de un nuevo orden, de inspiración anticapitalista. 
Los distintos sistemas institucionales de este nuevo orden se caracterizaban por el predominio del sistema político sobre los demás, la preeminencia formal del Partido, el Estado como institución rectora de todos los sistemas, el diseño piramidal de todas las organizaciones, y la alta centralización en la toma de decisiones y los recursos.11  
 

Los institutos armados

En parte originados en el período insurreccional, los institutos armados12  constituyeron desde el primer momento el «núcleo duro» del poder revolucionario; su institucionalización implicó la total disolución de los cuerpos armados preexistentes y la desmovilización total de sus mandos y efectivos. 
 Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las fuerzas guerrilleras y las milicias urbanas del Movimiento  26 de Julio, y las de otras organizaciones político-militares, se unificaron en 1959; primeramente, en una sola fuerza militar, el Ejército Rebelde; y después, en un nuevo instituto militar —las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)—, que integraría los distintos Cuerpos y Armas. En 1959, con la disolución          del Ministerio de Defensa y su sustitución por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), quedó concluida la estructuración básica de las fuerzas defensivas del país.13 
 Ministerio del Interior. Tras el triunfo revolucionario, se produjo la instantánea disolución de los diferentes aparatos represivos de la tiranía —Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), Buró de Investigaciones, Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Policía Secreta, Policía Judicial, Servicio Secreto del Palacio Presidencial, etc.— así como la ocupación y sustitución de los mandos y efectivos de la Policía Nacional. Los primeros fueron suplantados por los Órganos de la Seguridad de Estado (G-2), dirigidos a la seguridad interna; y la segunda, por una nueva Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a cargo del orden interior. Todas estas dependencias quedaron unificadas, en 1961, bajo un organismo militar, el Ministerio del Interior (MININT), que sustituía al anterior Ministerio de Gobernación.14 
 Milicias Nacionales Revolucionarias. Incorporando las distintas Milicias obreras, universitarias y populares, surgidas separadamente a lo largo de 1959, en centros laborales y estudiantiles, y en municipios      del país, en respuesta a las agresiones armadas promovidas por los Estados Unidos, se crearon, en 1960, las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR), integradas por combatientes voluntarios de la población.15  Las MNR, expresión concreta del «pueblo armado», cumplirían un papel determinante en la lucha contra las bandas contrarrevolucionarias, particularmente en la «limpia del Escambray» y durante la invasión de Playa Girón. 
 En estos institutos armados, los mandos y efectivos anteriores fueron sustituidos por combatientes surgidos de la lucha insurreccional y de la población movilizada en defensa del nuevo orden revolucionario. Estos no solo disponían de fuerzas leales al proyecto revolucionario, sino se habían democratizado radicalmente.16  No obstante la impronta popular de estas fuerzas, se hizo necesario rápidamente su profesionalización, con vistas a garantizar su estabilidad y disposición combativa, así como asimilar la reconversión tecnológica. Con este fin, se crearon academias militares orientadas a la formación de oficiales y al entrenamiento de las fuerzas en el manejo de la nueva técnica de combate procedente de la Unión Soviética y otros países socialistas. Aunque se hizo visible la influencia soviética en su organización y medios, su inspiración mantuvo las tradiciones patrióticas y combativas nacionales. 
 

Nuevas instituciones políticas

Coincidiendo con la tradición revolucionaria histórica, el nuevo régimen se vio abocado, primero, a la reestructuración del aparato del Estado y, después,   a su suplantación por uno nuevo, con sus respectivos poderes. 
 Gobierno. El Gobierno Provisional Revolucionario —más tarde, Gobierno Revolucionario— quedaría institucionalizado mediante un Consejo de ministros, dotado de todos los poderes del Estado, incluido los constituyentes. Estaba integrado por un Presidente, jefe de Estado, Primer ministro, jefe de gobierno, el conjunto de los ministros titulares y un secretario de la Presidencia y del Consejo de ministros. En marzo de 1962, se crearía el cargo     de viceprimer ministro del Gobierno revolucionario.
Este Gobierno evolucionaría a lo largo de esta etapa, tanto en su composición como en sus funciones, que se aligerarían en favor de los organismos centrales, a medida que sus políticas se hacían más radicales y sus miembros más coincidentes con el liderazgo revolucionario histórico.
 Administración del Estado. Conformada por el conjunto de los Ministerios y demás organismos centrales del Estado, esta nueva Administración se incrementó en organismos y empleados, respecto a la antigua, por la ampliación de sus funciones, las nacionalizaciones, la ampliación de los servicios públicos y la nueva política social. 
Algunos de sus organismos fueron: a) instituciones previas reformadas a los nuevos fines: Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), de Justicia (MINJUS), Salud Pública (MINSAP), de Comercio Interior (MINCIN), de Comercio Exterior (MINCEX), de Educación (MINED), del Trabajo (MINTRAB), de Hacienda (MINAH), de Comunicaciones (MICOM), el Ministerio de Obras Públicas convertido en Ministerio de la Construcción (MICONS), la Junta Nacional de Economía convertida en Ministerio de Economía (MINECOM), el Banco Nacional de Cuba, la Comisión Nacional de Deportes convertida en el Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER), la Comisión Nacional de Transporte convertida en Ministerio de Transporte (MITRANS); b) nuevas instituciones       de corta duración: Ministerio de Ponencia de Leyes Revolucionarias, el Ministerios de Bienestar Social, Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, el Banco de Comercio Exterior (BANCEX) y el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV);   y c) otras nuevas, propias del sistema político de una transición socialista: Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), del Interior (MININT), de Industrias, la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el de la Industria Turística (INIT), el de la Pesca (INP), el de Recursos Hidráulicos (INRH), y otros. 
A algunos de estos nuevos organismos les correspondían funciones relacionadas con la proyección internacional del nuevo Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores (1959), Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (1960), Ministerio de Comercio Exterior (1961), Cámara de Comercio de Cuba (1963) y otros. Un caso particular fue el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), creado por mandato de la Ley Constitucional de Reforma Agraria de 1959 y a los fines de su aplicación. De hecho, devino el núcleo del nuevo Estado revolucionario, central y territorialmente, en la medida en que en su seno se cobijaron casi todas las actividades económicas nacionalizadas entre    1959 y 1960, los principales recursos destinados al desarrollo y una gran parte del liderazgo revolucionario.
 Poderes locales, provinciales y municipales. En su primera sesión, el 4 de enero de 1959, el Gobierno revolucionario declaró disuelto el Congreso de la República y extinguido los mandatos de los gobernadores, alcaldes y concejales.17 Las anteriores instituciones de gobernaciones provinciales y de alcaldías municipales, representantes de los poderes territoriales, quedaron disueltas y suplantadas por nuevas instituciones no representativas, como los Comisionados provinciales y los municipales, de designación central.18 A mediados de 1960, se crearían las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), en los niveles de nación, provincia y municipio. Esta institución, que se integraba con representaciones de las principales entidades políticas, estatales, económicas y sociales de cada instancia, conformó una nueva forma de gobierno territorial, que se extendió más allá del período.19  
 Poder Judicial. Este se convirtió en un sistema de tribunales y fiscalías bajo la dirección y control del Gobierno Revolucionario.20  En los primeros días de 1959, se había suspendido por treinta días la inamovilidad de los miembros del poder judicial, para la depuración de los jueces y fiscales vinculados al régimen batistiano o responsables de corrupción o prevaricación. En febrero de 1961, casi todos los magistrados de Tribunal supremo, del Ministerio fiscal y del Tribunal superior electoral, fueron depurados, por motivos semejantes, y por actividades contrarrevolucionarias.21 
En este período fueron creadas dos nuevas jurisdicciones extraordinarias: los Tribunales revolucionarios, como parte de la jurisdicción militar, a cargo de los delitos contra la seguridad del Estado; y los Tribunales agrarios, previstos en la Ley de Reforma agraria, para conocer de todo lo concerniente a la aplicación de esa ley y demás decisiones del INRA.
 Burocracia, funcionariado, dirigentes y liderazgo. En menor medida que los efectivos militares del anterior régimen, muchos empleados, funcionarios y dirigentes del conjunto del Estado se sustituyeron por otros nuevos, probos y comprometidos, en menor o mayor medida, con las políticas en curso.22  Particular importancia tuvo en esta etapa la renovación de la capa dirigente del Estado y de          la esfera empresarial, acelerada por el éxodo masivo de empresarios y profesionales, que los Estados Unidos auspiciaron con el propósito de vaciar a la sociedad cubana de sus capacidades de dirección y administración. En la mayoría de los casos, las nuevas posiciones fueron ocupadas por cuadros jóvenes, probados en la lucha insurreccional o partidarios promovidos con audacia a posiciones de dirección.
 Organizaciones políticas. Una de las expresiones más radicales del nuevo sistema fue la disolución de todas las organizaciones políticas del régimen republicano y, con ellas, la salida formal de la clase política tradicional del escenario nacional. En su lugar, surgieron nuevas organizaciones en un proceso que rebasó este período, y que concluyó en 1964. 
 El Partido de vanguardia. Inspirado en la noción martiana de un partido único para dirigir la revolución, y en la leninista de uno de vanguardia,  se concibió como un mecanismo idóneo para la unificación de las distintas organizaciones revolucionarias —Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario y Partido Socialista Popular—23 comprometidas anteriormente en la lucha antibatistiana, y luego con el nuevo programa revolucionario. Se crearon, entre 1960 y 1963, sucesivas organizaciones revolucionarias responsabilizadas con la dirección política del proceso.24 
Fidel Castro menciona la necesidad de fundar un partido de vanguardia a fines de 1959, al que denomina Partido Unido de la Revolución Socialista (PURSC). De hecho, las organizaciones revolucionarias se mantendrían. En 1960, las cúpulas de estas organizaciones, que se mantendrían independientes hasta finales de ese año, deciden la creación de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), como un paso previo a la creación del PURSC; su constitución se aprueba en la Plaza de la Revolución, el 26 de julio de 1961, cuando Fidel la somete al pueblo, como una necesidad de la Revolución. Entre 1961 y 1962, las ORI desenvolverán sus primeros pasos organizativos mediante procedimientos de cooptación de sus militantes.25  El 26 de marzo de 1962, Fidel Castro critica públicamente la política sectaria conducida por el responsable de organización de las ORI, Aníbal Escalante. A raíz de la crítica al sectarismo y sobre la base de la obligada consulta a las masas, desde mediados de 1962, se comienza a construir el PURSC.26  Una vez concluida su construcción, en 1965 se constituirá su Comité Central y se acordará cambiar su nombre por el de Partido Comunista de Cuba (PCC).
Estas organizaciones partidarias unían a su carácter exclusivo y de máxima instancia de dirección política, la de constituirse sobre la cooptación selectiva de sus miembros, o militantes.  Por otra parte, desde el primer momento, estas organizaciones fueron objeto de una permanente depuración de sus filas, por diversas razones: posiciones conservadoras o a la derecha de las políticas en curso, sectarismo, fraccionalismo, disentimiento, pérdida de prestigio o de ejemplaridad, etc. Ello fue dando lugar a una creciente homogeneidad ideológica y programática de la organización. 
La integración y final unificación de las organizaciones revolucionarias, la unión de sus militantes y la definición de una estrategia que logró el apoyo mayoritario de la población conformarían una hazaña de la Revolución cubana y de sus dirigentes, lograda en el corto lapso de este período y a pesar de sus múltiples diferencias —históricas, de peso político, número de seguidores, proyecto de país, formación ideológica, etc.—, así como de los eventuales conflictos entre ellas. 
 Organización Juvenil. Paralelamente, pero de manera independiente, las organizaciones políticas juveniles preexistentes, comprometidas con los objetivos revolucionarios, se unificaron en la Asociación           de Jóvenes Rebeldes (AJR), constituida en enero de 1960, y posteriormente en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en 1962.
 División político-administrativa. Un aspecto no menos importante, que en adelante condicionaría toda la estructura institucional del país, fueron los cambios introducidos en la división político-administrativa, primero de manera discrecional y, después, como resultado de estudios de planificación física.27 La división existente en 1959, que establecía seis provincias, 132 municipios y tres niveles de dirección estatal, se sustituyó gradualmente por numerosas divisiones territoriales, determinadas     por las nuevas instituciones revolucionarias y por la emergencia de un sector estatal de la economía. Surgieron numerosas divisiones territoriales, superpuestas de hecho a la división tradicional, con graves dificultades para el escalamiento de los eslabones de dirección, la coordinación horizontal de las respectivas entidades y el control local de las actividades públicas. La nueva organización territorial de la agricultura fue, aunque no la única, la principal fuente de esta distorsión e inoperancia.
Los estudios de planificación física, iniciados en 1960, permitieron, a partir de 1963 y hasta 1965, la reestructuración del sector estatal de la agricultura y la implementación de una nueva división político-administrativa. Esta propició la unificación de toda la agricultura estatal en una sola organización agraria, así como una nueva división territorial de las seis provincias históricas en 58 regiones y 407 municipios o seccionales, mediante la cual se establecían cuatro instancias de dirección. Aunque esta nueva estructura no resolvió todos los problemas territoriales existentes, y propició otros nuevos, permitió la adecuación de todas las organizaciones políticas, económicas y civiles del país a la misma división territorial, así como una mayor racionalización del sistema institucional de la Revolución, y de su poder sobre los territorios. 
 Dirigentes y líder. En el marco del nuevo sistema quedaron identificados los dirigentes políticos, en general, y el liderazgo, en particular. Las posiciones preeminentes del sistema fueron ocupadas por personalidades relevantes de la lucha insurreccional y de las fuerzas políticas revolucionarias integradas. Con el paso del tiempo, las tareas y desafíos del proceso dieron espacio a nuevas personalidades y liderazgos. Particular trascendencia tuvo la ratificación de Fidel Castro como «líder máximo», «líder indiscutido» o «máximo dirigente» de la Revolución. En su múltiple condición de Comandante en jefe, Primer ministro, Primer secretario de las ORI-PURSC y máximo líder popular, Fidel constituyó en sí mismo un subsistema, que operaba como la dirección suprema del sistema político, en la medida en que lo dotaba con sus cualidades personales y su función permanente de arbitraje.28 Su contribución personal a la dirección del proceso, la movilización de las masas populares, la creación de una nueva cultura política, la unidad de las fuerzas revolucionarias, la formulación de estrategias, la defensa del país, el compromiso internacionalista, entre otras tantas tareas, resultó excepcional y altamente meritoria. 
 
 

El sistema económico

Las primeras manifestaciones del paso del poder revolucionario a su constitución como un poder social se mostraron en las medidas que, por un lado, incrementaron la función reguladora del Estado sobre la economía y, por el otro, crearon un sector estatal empresarial. Surgiría así un poder económico capaz de garantizar la distribución equitativa del excedente y de implementar una estrategia de desarrollo económico y social. 
 

Nacionalización de la propiedad y la gestión

Las sucesivas medidas de nacionalización de la propiedad sobre los medios de producción y de servicios,29 propiciaron, desde los primeros meses de 1959, el surgimiento de un sector estatal de la economía, consolidado a fines de ese año, y que continuaría su expansión en los sucesivos. Los principales hitos de este proceso fueron las leyes de Recuperación de bienes, de enero de 1959, mediante las cuales se expropiaban los bienes de personeros de la tiranía o adquiridos bajo su amparo (proceso completado en 1962); la intervención de empresas renuentes a las decisiones del gobierno, afectadas intencionalmente por sus administraciones o por conflictos laborales;30  las reformas agrarias de 1959 y de 1963, mediante las cuales se nacionalizaron más de 66% de las tierras del país; la nacionalización, en 1960, de la gran propiedad bancaria, industrial, comercial y de servicios, de personas jurídicas nacionales y extranjeras, y de la mediana propiedad después;31  la nacionalización del subsuelo y de todas las concesiones sobre prospección o explotación de reservas petroleras o minerales;32 las expropiaciones dictadas mediante sanción judicial por actividades contrarrevolucionarias, y por abandono del territorio nacional.
 

Creación de una esfera empresarial estatal

Los medios y actividades nacionalizados permitieron la constitución de un sistema financiero y empresarial bajo administración estatal, dominante en todos los sectores de la economía. A lo largo del período, el sector estatal abarcaría 66% de la agricultura, 90% de la industria, 70% del comercio interior y 99% del exterior, 60% de los servicios y 95% de las finanzas.33
Particular importancia tuvo la nacionalización de la banca privada y su reorganización en un sistema financiero de propiedad pública. El Banco Nacional pasó a ser un organismo central, a cargo de todo el sistema bancario. Paralelamente, se creó, en abril de 1960, el Banco para el Comercio Exterior de Cuba (BANCEX), disuelto en 1961, parte de cuyas funciones se traspasaron al Ministerio de Comercio Exterior.34
 

El sistema de dirección y planificación de la economía

Además de crear un sector económico propio, y apoyándose en este, el Estado elevó gradualmente su papel en la conducción de la economía hasta convertirla en centralmente planificada.35 Los principales momentos de este proceso fueron: la disolución del Consejo Nacional de Economía, y la creación de un Ministerio de Economía en 1959; la sustitución de la Junta Nacional de Planificación por una Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), en marzo de 1960, que se constituyó como organismo central en 1962, y la elaboración de un primer Plan de la Economía Nacional, en ese mismo año.36 
 

Directivos, administradores y técnicos

La constitución de un sector estatal de la economía dio lugar al surgimiento de un nuevo grupo social de directivos, administradores y técnicos vinculados a sus actividades. Estos actores tendieron a ordenarse de acuerdo con las jerarquías administrativas establecidas en el Estado y en la esfera empresarial.
 

Políticas económicas

A la par de su constitución, este sistema implementó, mediante medidas de todo tipo, políticas económicas radicales, orientadas a la socialización de la propiedad económica, la redistribución del ingreso, el acceso a la vivienda, la creación de empleos, la industrialización, el desarrollo agropecuario, la creación de una política social universal, y la disminución de las desigualdades entre territorios y entre el campo y la ciudad. Entre estas políticas, la social se reveló como el núcleo duro del nuevo modelo económico de la transición. 
 
 

El sistema civil

Otro ámbito de creciente poder social se fue estructurando en la esfera civil, como efecto del acelerado derrumbe de la institucionalidad prerrevolucionaria y la promoción de un nuevo ordenamiento civil desde el sistema político. Esta renovada sociedad civil no alcanzaría un mayor desarrollo hasta años después, con algunos de los rasgos que la siguen acompañando hoy, entre ellos, la exclusión de formas previas como colegios profesionales, clubes, sociedades exclusivas, etc.; la priorización de formas nuevas como los sindicatos, asociaciones nacionales, uniones, etc.; el carácter único y nacional de cada una de ellas; la participación de muchas en el sistema político;37 la declaración de su compromiso revolucionario; la aceptación de la dirección política del Partido. 
 

El poder civil 

El emergente poder civil se expresó en el avance del Estado sobre la sociedad civil mediante la nacionalización y desarrollo de sus aparatos y mensajes ideo-culturales, así como la creación de una nueva institucionalidad orgánica, cuyos momentos principales se caracterizan a continuación:
 Disolución de la vieja sociedad civil. Con la acelerada desaparición de casi todas las instituciones civiles prerrevolucionarias, en su mayor parte integradas y dirigidas por miembros de los sectores medios-altos de la sociedad, muchos de ellos afectados por las medidas revolucionarias o vinculados con el régimen batistiano. El paso de la lucha política a la abierta lucha de clases aceleró dicho proceso hasta limitar las asociaciones civiles previas a unas pocas organizaciones. 
 Nuevas organizaciones y asociaciones civiles. Las pocas creadas respondían a una base popular o de interés político, entre estas, asociaciones profesionales como la UNEAC (1961), la Unión de Periodistas de Cuba (1963) y otras. 
 Organizaciones de masas. El núcleo duro de la nueva institucionalidad civil le correspondió a las organizaciones de masas (OM), un tipo de asociación voluntaria de sectores de la población, con fines de representar intereses propios y participar en la realización de las tareas de la Revolución, o así definidas por la dirección política. Las OM se integraban a partir de movimientos sociales previos o surgidos en los primeros meses de la Revolución. Estas se asentaban en una red nacional de organismos de base, creados antes o después de su constitución, a los que correspondían funciones y tareas que se fueron ampliando con el tiempo. Estos organismos eran el marco de una sociabilidad inédita en el país.
 
La casi totalidad de las actuales organizaciones de masas se crearon o modificaron en este período, entre ellas, las históricas, reformadas en 1959, como la Central —antes Confederación— de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU); y las de nueva creación a partir de la reunificación de asociaciones locales o sectoriales, como las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en 1960. Todas tuvieron, además de sus diferencias de origen, una particular evolución posterior a su creación que merece ser estudiada. Sirva de ejemplo el caso del movimiento sindical y sus hitos más importantes.38  
 

Iglesias y francmasonería 

La lucha política y de clases atravesó las iglesias y la francmasonería cubanas, y produjo una neta separación entre sus jerarquías y la gran mayoría de sus bases. El paso de algunas iglesias, como la católica, a una franca oposición a la Revolución dio lugar a su pérdida de peso y presencia en la sociedad cubana de aquellos años y siguientes; otras, como las protestantes, se vieron afectadas por el alineamiento de sus matrices con la política de los Estados Unidos hacia la Isla, y por el involucramiento de algunos grupos suyos en actividades contrarrevolucionarias. 
 

Familia 

Esta peculiar forma de asociación natural y civil —en realidad un sistema social en sí mismo—, se vio fuerte y contradictoriamente impactada por el poder y las políticas revolucionarias. De una parte, la inmensa mayoría de las familias constituidas se vio consolidada por efecto de las políticas redistributivas del ingreso y por la legalización de las uniones consensuales; de otra, numerosas familias se vieron afectadas por la emigración masiva, particularmente entre las capas media y alta de la población.
Quizás el cambio más notable fue la transformación de los patrones familiares tradicionales, favorecida por la capacidad de convocatoria de la Revolución y la reproducción de los nuevos valores solidarios. Las grandes movilizaciones para la defensa y el trabajo voluntario, la incorporación de jóvenes de ambos sexos a campañas como la de los maestros voluntarios o la de la alfabetización, provocaron la emergencia de nuevas relaciones familiares, la mayor independencia de sus miembros y la articulación de la familia a los procesos de cambios en curso. 
 

Movilización social 

El sistema civil surgido de esta nueva institucionalización resultó particularmente eficaz para la movilización voluntaria de la población, en apoyo de las tareas y políticas revolucionarias. En particular, algunos sectores se movilizaron permanentemente en apoyo al régimen revolucionario, a su política nacional e internacional, y en las tareas o campañas impulsadas por la Revolución. La sociedad civil adquirió un alto nivel de participación en la consolidación y defensa del nuevo régimen.
 
 

El sistema ideológico-cultural

Primeramente, este sistema se manifestó, en pleno periodo insurreccional, como un contra-poder, cuando las distintas fuerzas opositoras lograron consolidar canales propios de información, propaganda y adoctrinamiento. Desde el triunfo revolucionario, se convirtió en prioridad de las distintas fuerzas políticas —por separado y luego integradas— con el fin de dotarse de medios propios de comunicación, acceder a otros y constituir, finalmente, un nuevo sistema ideo-cultural, mediante el cual implantar la hegemonía revolucionaria. Este nuevo poder debía no solo enfrentar las acciones propagandísticas y desinformativas de la oposición interna y externa, sino sustituir el dominio ideológico y cultural compartido por una burguesía dependiente y el imperialismo norteamericano. Se comentan a continuación algunos de sus más importantes componentes.
 

Los medios masivos de comunicación 

Entre 1959 y 1961, la totalidad de los principales medios de información y comunicación fueron nacionalizados, y convertidos en «un arma de la Revolución», y con restricción de la oposición a su acceso.
En 1959, se creó Prensa Latina, con un servicio internacional que permitiría discriminar la información diseminada por los grandes consorcios informativos transnacionales, y a la vez, trasmitir sin distorsión las noticias sobre la realidad cubana; así como un servicio nacional, que mediase en su suministro a los órganos del país.
Se estableció una red de prensa escrita, formada por periódicos nacionales y locales, así como una diversidad de revistas temáticas y sectoriales. El peso fundamental de esta batalla informativa correspondió a los periódicos de las organizaciones revolucionarias posteriormente integradas: Revolución, del Movimiento 26 de Julio, como principal vocero; Hoy, del Partido Socialista Popular; y Combate, del Directorio Revolucionario. 
En 1962, se fundó el Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR) —posteriormente Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)—, al que se integraron en redes todas las emisoras de radio y televisión nacionalizadas, así como otras nuevas.39 La socialización de estos medios permitió no solo una información veraz sobre el acontecer nacional e internacional, sino la realización de programaciones orientadas al esclarecimiento de los problemas nacionales y de la política de la Revolución, con programas como «Ante la prensa» en 1959; «Universidad popular» en 1960; y otros.40 
En el marco de las ORI, primero, y del PURSC, después, se constituyó, en 1960, la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR), antecesora del DOR y del actual Departamento ideológico del PCC, que tenía a su cargo orientar la selección y uniformación de los mensajes, consignas e informaciones destinadas a la población.41  
 

Sistema de enseñanza 

Su principal componente fue un subsistema general de enseñanza, capaz de superar el enorme déficit nacional de escolaridad, formación técnica y profesional, culturización y formación patriótica. Entre 1959 y 1960, se implementó una Reforma integral de la enseñanza,42 y una reforma universitaria;43 se decidió la ampliación de la enseñanza pública mediante la constitución de una base material mínima en todo el territorio nacional, la formación acelerada del personal docente, y la sostenida prioridad política y económica del sector educacional. Este sistema general se complementó con numerosas redes sectoriales de formación y capacitación de cuadros y trabajadores. En mayo de 1961, se promulgó la Ley de Nacionalización de la enseñanza, mediante la cual el Estado asumía            la función exclusiva de la educación, así como la nacionalización de todas las instalaciones y medios de enseñanza.44 
El acelerado desarrollo del nuevo sistema general y especializado de enseñanza se acompañó de campañas masivas de superación de la población, entre las que se destacaron la Campaña de alfabetización, la Campaña por el sexto grado, la Superación obrero-campesina y otras, que contribuyeron a una verdadera revolución cultural de la población. 
 

Nuevas instituciones culturales 

Además de la función cultural, también atribuida a los medios de comunicación de masas, se crearon nuevas instituciones culturales de carácter público y rango nacional, entre las que se destacan el Consejo Nacional de Cultura (CNC), en 1961 —en lugar del anterior Consejo de Cultura—, a cargo de la implementación de la política cultural de la Revolución, al que quedaban adscritas las más diversas instituciones culturales ya existentes o nuevas (en 1963, el CNC sería convertido en un organismo autónomo);45 el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC), a cargo de la producción y exhibición de cine;46  la Imprenta Nacional de Cuba (1959), y su sucesora, la Editorial Nacional de Cuba (EDC) (1962), dedicada a la producción de libros con destino a la educación y el consumo cultural;47 la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), organización de la vanguardia cultural del país, cuyo primer Congreso tuvo lugar en agosto de 1961; la Casa de las Américas (1959), para las relaciones culturales con América Latina y el Caribe;48 la Comisión nacional de la Academia de Ciencias de la República de Cuba (1962);49 el Instituto Nacional de Etnología y Folklore (1961);50 y el Instituto de Historia (1962), subordinado a la Academia de Ciencias.
 

Hegemonía 

A este sistema ideo-cultural administrado por el Estado y dirigido políticamente por el Partido —en la práctica, por los órganos correspondientes de su Comité Central—, le correspondió, desde los primeros años, la tarea de promover una nueva hegemonía cultural de la Revolución, recuperar y defender la identidad cultural de la nación y abrir una sostenida batalla de ideas contra el imperialismo y el capitalismo, así como por los ideales comunistas. El Estado centralizó esta función hegemónica, así como la promoción de una ideología fundada en el nacionalismo radical, el internacionalismo, el latinoamericanismo, el tercermundismo y el socialismo, junto con la instauración de un nuevo sistema de valores en la subjetividad social cubana, y la creación de una opinión publica favorable a las políticas en curso.
Superar la fase contra-hegemónica y establecer una nueva hegemonía sobre la sociedad cubana de parte de las fuerzas revolucionarias requirió una intelectualidad orgánica, representada principalmente por el liderazgo, los cuadros políticos y administrativos, así como los intelectuales comprometidos. A ello contribuyó, además del magisterio implícito en el liderazgo, la formación ideológica marxista y leninista, promovida desde el sistema nacional de Escuelas de instrucción revolucionaria y de algunos centros universitarios.51  También supuso un discurso que aunara la tradición cultural del país y el nacionalismo radical de inspiración martiana con las propuestas socialistas. 
 
 

Consideraciones generales sobre el poder revolucionario 

Como se ha apuntado, el poder revolucionario se caracterizó por su acelerada conversión de poder político en social. Para lograrlo, creó uno equivalente en cada esfera de la sociedad, mediante sistemas institucionales específicos. El poder derivado de este proceso asumió algunos de los rasgos que acompañaron su posterior evolución.
 

La excepcionalidad del poder revolucionario 

La excepcionalidad de las condiciones sobre las que se constituyó el nuevo poder —no por las razones disputadas por el Che de compartir con otras sociedades de la región sus condiciones sociales y políticas—, en menos de treinta y seis meses, se manifestó en medidas tales como la suplantación de todas las fuerzas armadas preexistentes por fuerzas propias y leales; la creación de instituciones y de un orden institucional nuevos, particularmente en lo referido al sistema político; la depuración de la burocracia estatal, los gobiernos locales, el poder judicial, el cuerpo diplomático y otros; la creación de un sistema de organizaciones de masas, orientadas a la defensa de la Revolución; la constitución de un sector nacionalizado de la economía; el desplazamiento de los sectores antes dominantes de sus posiciones de poder económico, político, civil e ideológico; y la fundación de medios propios de comunicación de masas.
 

La preservación y reproducción del poder

Como he resumido en otro texto, la constitución acelerada de este poder revolucionario permitió consolidar la independencia nacional, agotar el ciclo inconcluso de reformas republicanas e impulsar una revolución social. A su vez, este poder constituido contó con condiciones excepcionales que permitieron su defensa y reproducción en el tiempo: primera, un sistema político instaurado sobre el principio de la unidad de poderes; segunda, la unidad de la clase política y de la base social de la revolución, mediante la creación de un partido único en el que se unificaron todas las fuerzas y organizaciones revolucionarias; tercera, la continuada acumulación de fuerzas, mediante la ampliación y organización de su base social; y cuarta, la promoción y formación acelerada de cuadros de dirección en todas las esferas y niveles.52  
Estas condiciones supusieron la simplificación de las estructuras de la sociedad cubana. Las diversas medidas transformadoras dieron lugar a una estructura socio-clasista con un menor número de clases, fracciones y capas, así como a una sociedad políticamente polarizada. El sistema político dejó de tener órganos representativos y de ser pluralista; los poderes del Estado quedaron integrados en el órgano de Gobierno y los poderes locales se convirtieron en administraciones locales; la estructura de la propiedad sobre los medios de producción y servicios quedó estatizada en más de 75%; la mayor parte del sistema económico quedó integrada al aparato del Estado y la planificación centralizada fue suplantando aceleradamente al mercado; el sistema civil se redujo institucionalmente a las organizaciones de masas y a pocas asociaciones civiles; las Iglesias disminuyeron su presencia y la familia se hizo más nuclear; el sistema ideo-cultural quedó subordinado a la defensa de la Revolución, con un mensaje cada vez más homogéneo y ortodoxo. 
No menos trascendente que la constitución de un poder revolucionario comprometido con una revolución social, fue su consolidación en las condiciones nacionales e internacionales estructuradas por décadas de dominación y dependencia neocolonial. La superación de estas condiciones tuvo, desde el primer momento, el enorme desafío de resistir las acciones de los Estados Unidos, dirigidas al derrocamiento del Gobierno revolucionario, a la restitución del orden tradicional y al realineamiento de Cuba con su proyección internacional. 
En un intervalo de cuatro años, la Revolución cubana debió enfrentar a la contrarrevolución interna y a las agencias de los Estados Unidos, que practicaron el sabotaje generalizado mediante acciones terroristas de todo tipo, bandas armadas, la invasión de Playa Girón, sanciones y bloqueo económico, la ruptura de relaciones diplomática y el aislamiento político regional, así como las acciones y amenaza nuclear que acompañaron a la Crisis de octubre. Fue una guerra, en toda regla, en «tiempos de paz».53  
La eficacia y legitimidad del nuevo orden institucional, la firmeza de su dirección revolucionaria y el extraordinario liderazgo de Fidel Castro lograron enfrentar y derrotar la ofensiva imperialista y consolidar el poder revolucionario sobre nuevas bases. La estrecha unidad de la clase política y la participación de las masas populares en la defensa de la soberanía nacional y del proyecto revolucionario fijaron desde entonces los requisitos de su futura viabilidad 
 

La legitimidad del poder y sus fuentes

La condición histórica más relevante que permitió la formación del poder político y social de la Revolución fue su enorme legitimidad, tal como se expresaba en el altísimo nivel de consenso alcanzado en esos años.54  Esta legitimidad no era tan solo el efecto del impacto de la Revolución sobre el imaginario popular y el ascenso de las expectativas de la población sobre la mejoría de sus condiciones de vida, ni siquiera el efecto del saneamiento y moralización de la vida pública que provocó el desplazamiento de los sectores antes dominantes, sino la existencia de fuente objetivas de esa legitimidad.
La primera de estas fuentes es histórica. El nuevo poder resultaba de la gesta de luchas contra la tiranía de Batista; sus nuevos actores eran los portadores de un programa de reivindicación nacional y de justicia social, en el que se representaban los intereses de las grandes mayorías del país.
La segunda es jurídica. La Revolución se presentaba como fuente de derecho, y por tanto, como condición para la transformación e implementación de la ley en favor de las grandes mayorías. A la vez, las acciones de la Revolución aparecían, en su mayor parte, desde el período insurreccional, ajustadas a la más estricta legalidad revolucionaria. De hecho, antes del triunfo ya existía una legislación promulgada por el Ejército Rebelde; y desde la instauración del poder revolucionario este se condujo, primeramente, dentro del marco de la Ley Fundamental del Estado Cubano, de enero de 1959, versión reformada de la Constitución de 1940; y luego, de la Ley Fundamental de la República, del 7 febrero de 1959, también sucesivamente reformada. Las jurisdicciones extraordinarias surgidas en el período, como la agraria o sobre el delito contra la seguridad del Estado, fueron previamente legisladas en el marco de los poderes reconocidos constitucionalmente.
La tercera fue la satisfacción de las demandas históricas de la población. Se expresó en la capacidad del nuevo Gobierno revolucionario para cumplirlas, priorizar el bienestar de los sectores más deprimidos y vulnerables de la población, e instaurar un menor patrón de desigualdad en la sociedad cubana. La centralidad ocupada por la política social de la Revolución en la estrategia de desarrollo tuvo particular importancia en este cumplimiento. 
La cuarta fue la democraticidad. No obstante las restricciones impuestas por la agudización de la lucha política y de clases, en general, y por la agresiones norteamericanas, en particular, el nuevo poder revolucionario elevó su democraticidad, al hacerse representativo de los intereses de las grandes mayorías de la población, responder a la opinión publica y propiciar la participación masiva en la obra de reconstrucción y desarrollo económico-social emprendida por el Gobierno revolucionario.
La quinta fue la expectativa sobre una sociedad futura. El proceso de cambios iniciado desde la constitución del poder revolucionario, y su propuesta de crear una nueva sociedad, definida como socialista, que superase el capitalismo histórico cubano y llegara a ser más justa, independiente y desarrollada, se percibió por el pueblo como factible de alcanzarse mediante ese poder. 
 

Reconstrucción de la ciudadanía

La pérdida de pluralidad del sistema se vio compensada por la inusitada potenciación del sujeto popular, como efecto de una acelerada reconstrucción ciudadana: primero, mediante el rescate de su condición de sujeto de derecho; segundo, al elevar su nivel de instrucción, información y cultura; tercero, al promover un patrón de menor desigualdad entre la población, cuyos efectos inmediatos fueron un descenso acusado de la discriminación racial y de otra índole; y el auge de la religiosidad popular. Finalmente, en un corto lapso, se multiplicarían los roles sociales de la población activa, como efecto de su coincidente participación en las más diversas esferas de la vida nacional. Hombres y mujeres comenzaron a participar simultáneamente en los más variados espacios, como combatientes de algún instituto armado, miembros de base de diversas organizaciones de masas, militantes, trabajadores voluntarios, estudiantes, etc. Esta diversidad de roles permitió al ciudadano común estar en cada una de las grandes tareas de la Revolución y dotar al poder revolucionario de una colosal fuerza agregada. Fue esta participación popular lo que dio al poder revolucionario su definitivo carácter social.
Por otra parte, esa multiplicidad de roles —primeramente, espontáneos, y después institucionalizados— propició que los actores pudieran transformar su subjetividad y derivar de su práctica social una cierta representación de la totalidad, una imago mundi desde la cual ligarse emocional e intelectualmente con los procesos en curso, y percibir sus intereses vinculados al destino de la Revolución.55  
 

Autogestión y autogobierno

El tradicional papel de regulación y coordinación estatal de la economía cubana, la diversidad de organizaciones políticas y los desafíos planteados al nuevo poder revolucionario, dieron al Estado, desde el principio, un papel central en el modelo de transición socialista promovido desde 1960. Este pasó a ser la institución central en todos los sistemas y la matriz del nuevo orden institucional. La posterior preeminencia del partido de vanguardia tendió a resolverse como una imbricación, nunca resuelta, con el Estado.
Las iniciativas de autogestión o de autogobierno que se dieron entonces —cooperativas, asociaciones, etc.— además de poco favorecidas por la cultura política dominante, se vieron rápidamente soslayadas por la estatización generalizada del régimen, a la cual contribuyeron, con igual fuerza, las agresiones auspiciadas por la política contrarrevolucionaria de los Estados Unidos y el escenario defensivo impuesto por ella. De hecho, solo la necesidad de movilizar a la población y su participación efectiva —en manifestaciones de apoyo, consultas públicas, incorporación a la defensa— dieron al nuevo poder revolucionario su grado de socialización y su identidad de clase. Esta enorme participación social fue la premisa de una nueva cultura política y del contrato entre el poder y la sociedad que permanece hasta nuestros días.56  
El núcleo duro de esta cultura política fue, desde entonces, la intransigencia en los principios, la unidad del pueblo, la confianza en la fuerza irreductible de las masas y la sostenida voluntad de llevar adelante un proyecto propio de sociedad. El lema «Patria o muerte», surgido en aquellos años, fue la expresión suprema de esta nueva conciencia nacional.57  
 
 

Notas

 
1. Véase Mario Stoppino, «Poder» en Diccionario de política, Siglo XXI, Madrid, 1983; Norberto Bobbio y Michelángelo Bovero, Origen y fundamento del poder político, Enlace-Grijalbo, México DF, 1985; Steven Lukes, El poder. Un enfoque radical, Siglo XXI, Madrid, 2007; Barry Hindess, Disertaciones sobre el poder. De Hobbes a Foucault, Talasa, Madrid, 1997.
2. Esta «perspectiva sistémica» se refiere al enfoque de la llamada Teoría de sistemas y no tanto al «political system» de la politología norteamericana. 
3. Véase concepto de «neocolonialismo perfecto», referido a Cuba, en Jesús Arboleya, La Revolución del otro mundo, Ocean Sur, Bogotá, 2007.
4. Para el concepto de «poder dual», véase René Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, Siglo XXI, México DF, 1974.
5. Véase Varios, «El 26 de julio de 1953 en la cultura política cubana», Último Jueves. Los debates de Temas, v. 2, ICICJM-Temas, La Habana, 2008, pp. 219-45.
6. Por «bloque popular» no debemos entender solamente la clásica alianza de los obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios, sino mejor, la definición sociológica que de la noción de pueblo cubano dio Fidel Castro en su alegato La Historia me absolverá, de 1953. En general, utilizamos «popular» en el sentido de los intereses de las grandes mayorías.
7. Véase Juan Valdés Paz, Cuba. La izquierda en el poder. 1959-2006, Ediciones Aurora, Bogotá, 2007.
8. Véase «Ley de Reforma agraria», 3 de octubre de 1963. Todas las leyes citadas aparecen en Leyes revolucionarias, Editorial Lex, 1963, colección de folletos que se editaba mensualmente en los primeros años de la Revolución.
9. 1959: Año de la Liberación; 1960: Año de la Reforma Agraria; 1961: Año de la Alfabetización; 1962: Año de la Planificación; 1963: Año de la Organización.
10. Véase «Comparecencia de Fidel Castro en radio y televisión», 15 de octubre de 1960; y «Discurso en el entierro de las víctimas de los bombardeos a aeropuertos cubanos», 16 de abril de 1961, Obra revolucionaria, La Habana, 1961.
11. Véase Juan Valdés Paz, «Desarrollo institucional en el Período especial: continuidad y cambio», en Beatriz Stolowicz, comp., Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político,  Ediciones Aurora, Bogotá, 2007, p. 25.  
12. Aunque los institutos armados son parte del Estado, los examinaremos en primer lugar y por separado, para dar cuenta de su prioridad formal y temporal en la constitución de un nuevo Estado. 
13. La Ley n. 600, de octubre de 1959 crea el MINFAR y reorganiza las unidades militares, aéreas, navales y policíacas. 
14. Véase Ley n. 940, de 1961, que crea el Ministerio del Interior en lugar del Ministerio de Gobernación; y Ley n. 1103, de abril de 1963, que establece la organización militar del MININT y la jurisdicción del código militar sobre él. 
15. En octubre de 1959, en una comparecencia en «Ante la prensa», Fidel Castro da a conocer la decisión de darle entrenamiento militar a la población. 
16. Estas fuerzas participaron en acciones militares con un carácter voluntario, hasta que, a finales de 1963, se promulgara la Ley de servicio militar obligatorio. Véase Ley n. 1129, noviembre de 1963, «Servicio Militar Obligatorio». Su anteproyecto fue discutido en centros laborales y estudiantiles, después que el comandante Raúl Castro lo explicara por televisión. 
17. Véase «Proclama» del 5 de enero de 1959; «Decreto» del Consejo de ministros del 20 de enero sobre gobiernos provinciales y municipales; Ley n. 36, de enero de 1959, sobre el Régimen provincial; Ley n. 37, de enero de 1959, sobre el Régimen municipal.
18. Véase Ley n. 106, de 1959, sobre Gobierno municipal.
19. El 4 de mayo de 1961, el comandante Raúl Castro compareció en el programa televisivo «Universidad popular» para hablar sobre las JUCEI.
20. Véase Ley n. 38, de enero de 1959, modificando la Ley orgánica del Poder judicial; Ley n. 898, de 1960, con nuevas modificaciones a la Ley orgánica.
21. Véase Decretos n. 2918, 2921 y 2922, separando magistrados del Tribunal supremo.
22. Véase Ley n. 12, de enero de 1959, suspendiendo la inamovilidad de los funcionarios públicos; y Ley n. 222, de abril de 1959, «Normas para la designación de funcionarios administrativos».
23. Otras organizaciones político-militares que, en alguna medida, habían participado en la lucha contra la dictadura batistiana                     —Segundo Frente Escambray, Triple A, Organización Auténtica y otras— pasaron desde las primeras semanas de 1959 a la oposición y, gradualmente, a actividades contrarrevolucionarias.
24. Véase José Cantón Navarro y Martín Duarte, 42 años de Revolución. Cronología histórica. 1959-1982, t. 1, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.
25. El 15 de febrero de 1962 se creó la Comisión económica de las ORI; el 8 de marzo, su Dirección nacional, integrada por 25 miembros, representativos de las diferentes organizaciones revolucionarias; el 22 de marzo, se elige a su secretariado: Fidel Castro, Primer secretario; Raúl Castro, Segundo secretario; y otros cuatro miembros; se elige la Comisión de organización y la sindical.
26. En diciembre de 1961, Fidel había expuesto en el programa televisivo «Universidad popular» el objetivo de crear el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSS), y los principios en que debería fundamentarse. El 22 de febrero de 1963, Fidel preside una reunión de militantes del PURS, para hacer el balance de la construcción de los núcleos en las provincias occidentales, donde se informa que «ya existen 10 000 militantes, pero falta por organizar aún la administración, el campo, las fuerzas armadas y los barrios». A mediados de año, se inicia la creación de los comités municipales del PURSC. El 2 de diciembre de 1963 comienza la construcción del Partido en las FAR. 
27. Gloso el imprescindible testimonio de Selma Díaz, Hacia una cultura del territorio. Experiencias de las divisiones político-administrativas en Cuba. 1965-1975, Colección Debate, CIM, Caracas, 2007. Véase también René Saladriga et al., «Criterios para una reestructuración político-administrativa de Cuba», Cuba Socialista, a. III , n. 17, La Habana, 1963.
28. Fidel Castro fue designado Comandante en Jefe de todas las fuerzas militares el 2 de enero de 1959; designado Primer Ministro del Gobierno, el 13 de febrero de 1959; y elegido Primer Secretario de la Dirección Nacional de las ORI en 1961.
29. Véase Juan Valdés Paz, «Notas sobre la socialización de la propiedad privada en Cuba», Estudios Sociales, n. 27, San José de Costa Rica, 1981.
30. Véase Ley n. 647, de noviembre de 1959, «Régimen legal para la intervención de industrias por el MINTRAB». 
31. Véase Leyes n. 890 y 891, de octubre de 1960, de nacionalización mediante expropiación forzosa de bienes económicos y de Bancos nacionales o extranjeros; Resolución n. 3 de la Presidencia del Consejo de Ministros nacionalizando empresas norteamericanas nominalizadas; la Ley n. 947, de 1961, sobre nacionalizaciones por utilidad pública.
32. Véase Ley Fundamental de la República de Cuba, de febrero de 1959.
33. Véase Anuario estadístico. 1964, JUCEPLAN, La Habana, 1965.
34. También el Banco de Fomento Agrícola e Industrial (BANFAIC) quedó disuelto en marzo de 1960, y sus funciones traspasadas al Departamento de créditos del INRA; posteriormente, este cedió estas funciones al Banco Nacional. Véase Ley n. 891, ed. cit.; Ley n. 793, de abril de 1960, que crea el BANCEX y la n. 934, de febrero de 1961, disolviéndolo; Ley n. 766, de marzo de 1960, traspasando el BANFAIC al INRA; y Ley n. 930, de febrero de 1961, «Orgánica del Banco Nacional de Cuba». 
35. La disolución del Instituto de Estabilización del Azúcar (ICEA), en 1960, marcó el final de los mecanismos regulatorios de carácter corporativo, creados en el período prerrevolucionario, y su suplantación por una planificación de inspiración soviética. Véase Ley de 1931 que crea el ICEA y Ley n. 29, de 1941, que le da funciones reguladoras en el marco de la Ley de Coordinación Azucarera; Ley n. 460, de julio de 1959, reorganizando el ICEA; Ley n. 987, de noviembre de 1961, «Extinguiendo organismos de la industria azucarera» que extingue al ICEA y reparte sus funciones. 
36. Véase Ley n. 219, de abril de 1959, disolviendo el Consejo Nacional de Economía y creando el Ministerio de Economía; Ley n. 757, de marzo de 1960, creando la Junta Central de Planificación; Ley n. 765, de marzo de 1960, disolviendo la Comisión de Fomento Nacional y la Junta Nacional de Planificación y trasladando sus funciones a la JUCEPLAN; y Ley no. 935, de febrero de 1961, «Ley orgánica» de la JUCEPLAN. 
37. Son los casos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC); la Unión de Juristas de Cuba; la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC); y otras.
38. Entre estos, están la disolución de todas las direcciones sindicales prerrevolucionarias y la supresión de la sindicalización obligatoria, al triunfo de la Revolución; el Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA), que declinó sus demandas en febrero de 1959; la creación, en abril de ese año, del Comité Nacional de la CTC-R, a cargo de la reorganización del movimiento sindical; el XXIV Consejo Nacional de la CTC-R, que acuerda suspender las huelgas, apoyar la consigna de «Revolución primero, elecciones después» y convocar al X Congreso de la CTC, la celebración de este en noviembre de 1959; la Ley n. 962 «Organización Sindical de los Trabajadores», de agosto de 1961, que define la estructura organizativa de los sindicatos y crea las secciones sindicales, de afiliación voluntaria, en todos los centros de trabajo; y la celebración, en 1961, del XI Congreso de la CTC, en el que se reestructura el sistema sindical y se crea la Central de Trabajadores de Cuba. Véase Ley n. 22, de abril de 1959, renovando las direcciones de la CTC, sus Federaciones y Sindicatos. Se crea un Comité Nacional de la CTC a cargo de la reorganización del movimiento sindical. La Ley n. 962 define una organización sindical fundada en secciones sindicales de base; un solo sindicato nacional por rama, y una sola Central sindical en el país. Véase José Cantón Navarro y Martín Duarte Hurtado, ob. cit.
39. Véase Ley n. 1030, de mayo de 1962, que crea el ICR.
40. En mayo de 1961 se inaugura Radio Habana Cuba para las trasmisiones internacionales. 
41. La COR fue creada y estuvo bajo la dirección de César Escalante hasta su muerte en 1963.
42. Véase Ley n. 559, de septiembre de 1959, «Reforma Integral de la Enseñanza»; y Ley n. 811, de mayo de 1960, «Disposiciones complementarias».
43. El 15 de junio de 1960 se constituyó la Junta superior de gobierno de la Universidad de La Habana con la cual se iniciaba la radicalización de los estudios superiores. El 2 de enero de 1962 comenzó la reforma universitaria.
44. Véase Ley s/n, del 6 de junio de 1961, «Nacionalización de la enseñanza». 
45. Véase Ley n. 926, de enero de 1961, que crea el CNC; y Ley n. 1117, de julio de 1963, que lo convierte en un organismo autónomo. 
46. Véase Ley n. 169, de marzo de 1959, que crea el ICAIC.
47. Véase Ley n. 1026, de mayo de 1962, que crea la Editorial Nacional de Cuba como organismo autónomo.
48. Véase Ley n. 299, de abril de 1959, que crea la Casa de las Américas.
49. Véase Ley n. 1011, de febrero de 1962.
50. Véase Ley n. 994, de diciembre de 1961, que crea el Instituto Nacional de Etnología y Folklore como organismo del CNC.
51. El día 2 de diciembre de 1960 se fundan, con la presencia de Fidel Castro y otros altos dirigentes, las Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR), con «la finalidad principal de divulgar los fundamentos de la ideología marxista-leninista entre los cuadros y activistas de todas las organizaciones revolucionarias». A lo largo de 1961 y 1962, Fidel participará de varios actos de graduación de estas escuelas y en la VI Reunión Nacional de las Escuelas Básicas de Instrucción Revolucionaria (EBIR). Véase José Cantón Navarro y Martín Duarte, ob. cit. 
52. Juan Valdés Paz, «Cuba. La izquierda...», ed. cit.
53. Véase Leo Huberman y Paul Sweezy, Cuba. Anatomía de una revolución, Vanguardia Obrera, La Habana, 1961; y Jesús Arboleya, ob. cit.
54. Véase Encuesta pública de la OTPLA, dada a conocer en la revista Bohemia, el 21 de junio de 1959, en la cual el Gobierno revolucionario aparecía con un respaldo de 90,29% y una oposición de 1,3%. El exilio continuado de la oposición mantuvo el apoyo interno en un nivel inesperadamente alto. 
55. Véase la interpretación de este proceso por María del Pilar Díaz Castañón, Ideología y Revolución. Cuba, 1959-1962, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001. El paso que describe de una subversión política a una social puede entenderse como el efecto del paso de la Revolución de un poder político a uno social, en el sentido aquí descrito.
56. Véase Eloise Linger, «Cuba: Constraints on Revolutionary Consolidation. 1959-1966», LASA, New School for Social Research y Universidad de La Habana, 1994.
57. Consigna lanzada por Fidel Castro en el entierro de las víctimas del vapor La Coubre, el 5 de marzo de 1960.