¿Es posible una economía social amplia y solidaria en nuestra realidad actual?

Resumen: 

La existencia de emprendimientos cooperativos y algunos cuentapropistas solidarios, no nos permitiría de por sí, señalar la presencia de una economía social y solidaria (ESS), ya que se requiere determinadas condiciones de asociatividad, encadenamientos productivos, vinculación con instituciones estatales, articulaciones público-privadas- colectivas, que le otorguen un carácter sistémico-complejo, constituyéndose como parte de todo el sector social de la economía.

Abstract: 

The existence of cooperative businesses and some solidary private entrepreneurships, actually do not imply the existence of a Social and Solidary Economy (ESS). It requires certain forms of association, productive chains, links with state institutions, public-private-collective relationships, such that they generate a complex system, that is part of the whole social sector of the economy.

En años recientes, el surgimiento de nuevos emprendimientos no estatales —(privados y cooperativos-Formas de Gestión no Estatales (FGNE)—, a partir de los Lineamientos de la política económica y social del país creó una nueva posibilidad de participación de estos actores en el desarrollo socioeconómico y sociocultural de las comunidades, y a nivel territorial. Se abrió una nueva etapa de oportunidades para ese fin, no exenta de dificultades.

Sin embargo, por un lado, la existencia de emprendimientos cooperativos y algunos cuentapropistas solidarios, no nos permitiría de por sí, señalar la existencia de una economía social y solidaria (ESS) —referida, sobre todo, a establecimientos cooperativos, familiares, mutualistas y otros—, ya que se requiere determinados requisitos de asociatividad, encadenamientos productivos, articulaciones público-privadas-colectivas, que le otorguen un carácter sistémico, como sector social de la economía.

En dependencia de cómo se conciban e implementen esas FGNE, privadas o colectivas, y el carácter de las relaciones de trabajo derivadas, así como de su vinculación con instituciones gubernamentales y empresariales diversas, consideramos que se obtendría mayor o menor efectividad y coherencia programática en la promoción de una economía social, basada en principios cooperativos de ESS.

Por otro lado, la extensión de esos requisitos y principios autogestionarios cooperativistas (o cogestionarios) a las diversas formas de propiedad y gestión (estatal, mixta, privada, arrendada, etc.) haría posible, en nuestra opinión, ir avanzando hacia un concepto más amplio de economía social (solidaria), que fomente las bases socialistas de la sociedad.

Algunas propuestas para el renfoque posible de la ESS, en ese sentido amplio, pasarían por dos momentos:

1. Promoción de lazos asociativos sistémicos entre las diversas formas socioeconómicas de gestión y propiedad y las instituciones públicas:

  • Creación de lazos asociativos para gestionar los intereses de los nuevos emprendimientos cooperativos y cuentapropistas como colectividades articuladas sectorial y territorialmente, ya sea a través de instituciones gremiales, público-privadas u otras.
  • Constitución de alianzas solidarias para el desarrollo comunitario y local entre los gobiernos municipales, organismos del Estado, emprendimientos no estatales, empresas estatales del territorio y otras instituciones públicas y no gubernamentales.
  • Creación de mecanismos para el ejercicio y promoción efectiva de los principios cooperativos de todas las formas socioeconómicas (incluida la responsabilidad social —cooperativa, organizacional, comunitaria.)

2. Aplicación y extensión de principios del cooperativismo a las otras formas de gestión y propiedad:

  • Implementación correcta de los principios de la ESS en las formas actuales de economía no estatal, fundamentalmente la cooperativa.
  • Extensión flexible a otras formas de propiedad y gestión (cuentapropismo, pequeña propiedad privada, arriendos, empresa estatal, o mixta, etc.), con normas participativas, distributivas y de responsabilidad social adecuadas, lo que puede conducir a formas superiores de relaciones sociales socialistas, en los diversos ámbitos del trabajo, como del desarrollo territorial y social.
  • Formación y difusión, a nivel laboral y social, de una cultura cooperativa y solidaria.

En nuestra consideración, avanzar hacia el cumplimiento de esos requisitos generales elevaría las potencialidades de los actores sociales para generar recursos económicos y proponer alternativas de solución de diversos problemas de la sociedad con vistas al desarrollo local y comunitario, sobre una base socialista novedosa.

Alcance del tema

En el presente trabajo se analizan algunos fundamentos teóricos de la construcción potencial de una Economía Social amplia y solidaria, cuyo eje principal se encuentra en principios asociativos, cooperativos y emancipatorios.

Para adentrarnos en las problemáticas constitutivas de las FGNE —que potencialmente pudieran observar esos principios— se configuró un Proyecto de investigación-transformación social (actualmente en curso), que tiene varios propósitos: el fomento de alianzas público-privadas, redes sociales y económicas, a partir de la relación entre actores sociales diversos, con vistas a lograr un mayor aporte al desarrollo integral que opere, simultáneamente, a escalas comunitaria y local,[1] con sus especificidades propias e intervínculos requeridos.

Esto respondería al primer momento mencionado más arriba, como fundamento de un acercamiento a una economía más cooperada, más social y solidaria, desde sus normas constitutivas heterogéneas actuales, a la vez que velaría por los principios cooperativos en aquellas FGNE llamadas a cumplirlos por su propia naturaleza.

Así, un propósito central del Proyecto, a escala comunitaria, es propiciar la sustentación de desarrollos integrales a partir de los recursos propios generados en la localidad, con aportación social responsable de las diversas formas de gestión económica —tanto de los nuevos emprendimientos privados y cooperativos como de empresas estatales, y por la consideración de los fondos de desarrollo municipal disponibles—, de manera que se contribuya a la potenciación de procesos autogestores de toma de decisiones más cooperadas y participativas, a la configuración de subjetividades y prácticas solidarias, en conjunción de los diversos actores sociales comunitarios.

Todo ello implica la atención a la formación de una conciencia solidaria entre todos esos actores económicos y sociales, con la promoción de formas de asociatividad relacionadas con objetivos comunes de desarrollo. En estas alianzas participan instituciones gubernamentales, empresariales y nuevos emprendimientos, así como proyectos sociales comunitarios ya existentes, a partir de la acción de instituciones y líderes comunitarios y de los liderazgos emprendedores, privados o cooperativos, con vocación de responsabilidad social como los que están emergiendo o necesitan ser potenciados.

Otro objetivo central, a escala local, es el fomento de articulaciones multiactorales y formas de asociatividad de los emprendimientos, instituciones públicas, empresas estatales y otras organizaciones, de manera que constituyen instancias de concertación, proyección y realización conjunta de estrategias de desarrollo integral municipal, con un papel protagónico central de sus gobiernos y otros actores socioeconómicos.

Un segundo momento, a nivel macrosocial, implica la experimentación y establecimiento de normas políticas que contribuyan a la extensión progresiva de principios claves de la ESS, tanto a las FGNE solidarias, como a otras formas de propiedad y gestión (estatal, mixta, privada, arriendos, etc.), de manera flexible y progresiva, con vistas a completar las bases de una economía social generalizada.

En el presente ensayo se defiende la tesis de que las posibles transformaciones asociativas, a escala comunitaria y local, podrían tener un cierto carácter modélico que prefigurara la correcta articulación de las distintas formas económicas e institucionales con los objetivos del desarrollo social comunitario y local. Por otro lado, abriría puertas a políticas que establezcan las normas de la posible extensión de principios cooperativos esenciales a las diversas formas de propiedad y gestión socioeconómica

Premisas teórico-metodológicas

Perspectiva de complejidad social

En el enfoque multidimensional asumido —que parte de una concepción de complejidad social—, la consideración de procesos de autorganización social e interconexiones contextuales[2] tienen un papel importante. Ello implica la formación de subjetividades y prácticas solidarias y asociativas de nuevo tipo en los diversos actores sociales comunitarios y locales, la interconexión de formas de propiedad y gestión sobre ciertos principios normativos de una economía social extendida.

Una categoría que nos introduce en esa visión compleja, con intención articuladora de la transformación emancipatoria de la realidad social, la definimos como Autonomía integradora.

Esta autonomía es una construcción metateórica articuladora[3] de diversos procesos sociales (integración e interconectividad social, autodeterminación contextual, empoderamiento para la autogestión social), ejes que consideramos fundamentales para avanzar en una visión hologramática[4] (macro-meso-micro-social, objetivo-subjetiva, etc.) y transdisciplinar que los articule y oriente, no solo en su comprensión interconectiva, sino también hacia la transformación para el desarrollo humano social equitativo y sustentable, con una visión emancipatoria (o antialienante), con resonancias para toda la configuración del sistema social.

La consideración de las relaciones múltiples entre procesos diversos y las interacciones macro-micro, objetivo-subjetivas, normatividad-práctica, entre otras, son de particular importancia, ya que superan la visión fragmentada de los procesos sociales, y propician una argumentación explicativa más integradora, a la vez que permiten una actuación más coherente e incluyente en los procesos de transformación social.

Sociedad «multiactoral» y superación del trabajo enajenado

Consideramos la realidad de una sociedad «multiactoral» (término usado por varios autores nacionales para describir la situación actual de diversidad de propiedad y gestión en la economía del país) que, habitualmente, se circunscribe al ámbito económico societal, al que nos referiremos de manera más puntual.

En las últimas décadas, la estructura de propiedad y gestión se ha centrado —con variaciones menores en cada período histórico— en el Estado, y ha sido compartida, en menor proporción, con empresas mixtas, formas limitadas de cooperativismo agropecuario, de pequeña propiedad campesina, y trabajo por cuenta propia personal y familiar.

En los sectores de la economía, el carácter de la propiedad estatal se distinguió —y hoy no ha cambiado sustancialmente su esencia— por el predominio de la centralización de la planificación y las decisiones, de un sistema de relaciones de trabajo de subordinación, asalariado y no participativo,[5] que lo acerca, tangencialmente, al trabajo enajenado analizado por Carlos Marx, en las condiciones del sistema capitalista.

En efecto, si examinamos el concepto de «trabajo enajenado» en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 (Marx, 1968), podemos llegar a las siguientes precisiones:

  • El proceso y el producto del trabajo —las funciones y el objeto— son, ante el obrero, algo extraño sobre lo que no tiene poder de decisión.
  • El trabajo asalariado impone un precio al valor trabajo, lo que lo constituye en un recurso, una mercancía más (o, más recientemente, denominado «capital humano» [N. del A.]).
  • El trabajador carece de poder de decisión sobre la utilización de los recursos, medios de producción, destino del resultado, o sobre las ganancias que genera.
  • El trabajo se transforma en medio de vida, y no la forma de realización de la vida misma.
  • El trabajo enajenado le pertenece, entonces, a otro hombre o poder ajeno (ya sea capitalista o de institución social [N. del A.]).

En un sistema social distinto al que le dio origen (el capitalismo), la preeminencia de esas relaciones alienantes puede resultar contradictoria a los fines socialistas del logro de la emancipación humana. Si bien, la plusvalía del trabajo es redistribuida por el Estado, con beneficios en áreas de necesidad social, ello opera bajo decisiones centralizadas y sin garantías de amplio consenso y control social ciudadano.

De manera que no toda propiedad estatal se constituye per se en socialista; lo es bajo la condición de restituir al trabajo las condiciones de liberación de su enajenación.

Tanto en el caso del trabajo asalariado en las relaciones sociales capitalistas, como en las estadocéntricas, se podría partir de la idea iluminista del «contrato social», mediante el cual ambas partes (clases o representantes de grupos sociales en cada uno), llegarían a un acuerdo o consenso, en el mejor de los casos, mediante el cual se aceptan los términos negociados. En la realidad, resulta que esas condiciones son impuestas más que concertadas, dadas las diversas situaciones de necesidad existentes, los mecanismos de poder-sujeción empleados, entre otras.

Una real descentralización de la empresa estatal y la reconfiguración de otras formas de propiedad y gestión, con fines de configuración socialista, puede estar planteando varios requisitos indispensables, que abordaremos más abajo en relación con la conceptualización de una economía social y solidaria predominante, como modo de producción social.

Realidad contradictoria y compleja de los cambios socioeconómicos

La nueva realidad multiactoral podría constituir un factor de mayor florecimiento de la autonomía individual y colectiva, en la toma de decisiones económicas, siempre que conlleve un mayor grado de responsabilidad por la subsistencia, normas de equidad social y un ingreso decoroso de los trabajadores y de toda la población.

No obstante, factores como la urgencia del proceso, ante la crítica situación de la economía cubana —resultado del bloqueo norteamericano y de las deficiencias organizativas internas, entre otros factores—, ha dado lugar a la carencia o parcialidad de fundamentos sólidos de sustentación, a dilaciones de múltiples medidas necesarias debido a las limitaciones económicas existentes o por la relativa incompletez conceptual de la perspectiva de desarrollo social del país, considerada de forma holística y compleja.

De manera que las recientes formas de gestión no estatal emergieron sin suficientes bases organizativas, económicas, legales, culturales, que podrían haberlas precedido para un mejor desenvolvimiento. Ello, entre otros factores, ha dado lugar a cuotas de incertidumbre excesivas acerca de los cursos posibles de las acciones emprendidas, aun en medio del entusiasmo por las aperturas y diversificación del proceso económico-social.

Así se han registrado, al respecto, déficits en la política social en diversos aspectos, entre otros (D’Angelo et al., 2016):

  • Falta de una comprensión clara de la ESS y su aplicación en varios sectores.
  • No reconocimiento de personalidad jurídica de las ya denominadas pymes privadas.
  • Carencia de mercados mayoristas y de acceso a exportación e importación.
  • Desconocimiento de adjudicación social de las tasas tributarias de las FGNE.
  • Casi inexistente autonomía municipal, y menos en el campo financiero, para propiciar apoyos al desarrollo local y comunitario.
  • Corrupción en el sistema de inspección a las FGNE, de manera sistemática.
  • Relaciones sociales reproductoras de enajenación del trabajo, promotoras de individualismo y elitismo, déficits en la justicia distributiva y de valores éticos participativos, entre otros.

Además, se han estado detectando otras distorsiones en las cooperativas no agropecuarias (CNA) y el cuentapropismo que no se tuvieron en cuenta en su lanzamiento inicial (Puig Meneses, 2017a; 2017b). Aunque en ambos casos se establecen revisiones de las normas, debe tenerse en cuenta el efecto en los procesos de subjetividad social, en el desajuste de las expectativas de la población, y la generación de incertidumbres innecesarias, si el proceso no es concebido de manera integral desde su origen.

El nuevo entramado complejo de relaciones socioeconómicas plantearía el problema de las potencialidades emergentes en el contexto actual para la confirmación y generación de prácticas y subjetividades solidarias, productoras de autonomías constructivas y de cooperación vs. la reinstauración o profundización de mentalidades individualistas, consumistas, delictivas, anómicas, etc., destructivas del tejido social que, por demás, afectan la condición de las relaciones sociales emergentes de trabajo.

El hecho es que algunos emprendedores llevan a cabo proyectos comunitarios de transformación social desde las formas de gestión privadas o cooperativas, en conjunción con otros actores sociales; de manera que actúan como líderes por su historia personal y vínculos estrechos con los pobladores del barrio,[6] con la idea estratégica de «ganar-ganar», ya que en la medida que se mejora la comunidad, el negocio prospera (D’Angelo et al., 2014; Morillas y D’Angelo, 2017).

Sin embargo, en general —salvo situaciones aisladas de apoyo de instituciones públicas y no estatales, o en microcontextos de algunas provincias— no se encuentra, en las organizaciones sociales y en las instancias de gobierno municipal, toda la capacidad y apoyo que estas acciones requerirían para contribuir ampliamente a la integración social y el desarrollo local-comunitario.

La difusión de los resultados de proyectos emprendedores, referidos en espacios académicos o de encuentros sociales, ha motivado una inspiración hacia un desarrollo de las FGNE más socialmente responsable e integrador, aunque estemos lejos de una generalización positiva.

Ello es una muestra de cómo la acción micro-social se articula —e incluso se adelanta— a la política macro, y cómo puede ejercerse una autonomía integradora a partir de la colaboración multiactoral (público-privada-social) a nivel de base.

Sin embargo, las investigaciones han mostrado que en el propio campo de la creación de cooperativas no agropecuarias es notable el desconocimiento de los principios democráticos y solidarios fundantes del cooperativismo (ACI, 1995),[7] algo en lo que no parece haberse enfatizado lo suficiente, a pesar del esfuerzo de profesionales e instituciones en la divulgación y capacitación sobre el tema (Piñeiro, 2012; D’Angelo et al., 2016; Soto, 2016; Henríquez et al., 2017).

Con respecto a la vinculación de las CNA con actores institucionales externos, algunas investigaciones han mostrado:

  • Carencia de acompañamiento por parte de las instituciones gubernamentales —Consejos de Administración Municipal (CAM), empresas estatales, etc.—). No existe un adecuado asesoramiento, con carácter integral, que abarcara el ámbito de relaciones sociales y no solo económicas, jurídicas u organizativas, por lo que no se posibilita que los socios cuenten con un mayor conocimiento sobre cómo proceder en esta nueva forma de gestión.
  • Carencia de una organización que atienda los intereses de las CNA.[8] Por lo que no se articula el trabajo de los diferentes órganos de relación, así como tampoco se promueve las relaciones entre las cooperativas del territorio —salvo casos puntuales por relaciones tradicionales del sector común de producción—, y de ellas con otras instituciones públicas y privadas (Henríquez et al., 2017).

A la disminución de estas dificultades no contribuye que en el ámbito de la empresa estatal —la predominante en el país— siga funcionando la gestión gerencial y el trabajo asalariado —aun con flexibilidades de formas de pago y mayor descentralización empresarial—, con muy pocas posibilidades de participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Lógica sistémica de las formas tradicionales y emergentes de gestión en Cuba

Como hemos dicho, la existencia de relaciones basadas en el trabajo asalariado y la propiedad privada capitalista resulta contradictoria con los fines socialistas de la emancipación humana. Es aquí donde surge la posibilidad de la ESS[9] como marco generador de la transformación comunitaria y el trabajo, que puede presentar avances, oportunidades y perspectivas al desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción, extendidas a todas las formas de propiedad y gestión.

El concepto que agruparía —de manera sistémica, como hemos apuntado— los nuevos emprendimientos no estatales surgidos es el de economía social y solidaria (aún sometido a reconstrucciones y precisiones semánticas, dada la profusión de matices significantes actuales). La ESS, que se funda en los principios cooperativos, sin embargo —como adelantamos al inicio—, podría plantear fórmulas más extensivas a las relaciones de propiedad y gestión empresarial, de manera que se propicie una mayor conjunción entre los sectores cooperativo, estatal y privado (mixto, etc.) que daría la posibilidad de la construcción de una economía social más abarcadora y basada en valores de solidaridad más que de ganancias o planificación centralizadora.

Tratándose la ESS de un elemento nuevo en nuestro sistema social, se requiere una aproximación a sus referentes conceptuales y prácticos, que deberán ser tenidos en cuenta en los próximos diseños de política y transformación.

En nuestra reconceptualización de la ESS, partimos de definiciones clásicas (Singer, 2003; Coraggio, 2013) para todos los actores sociales que adopten los principios de esta economía, relacionados con las distintas formas de propiedad y gestión —no estatal (cuentapropista y cooperativa), haciéndolos extensivos a las formas estatal o mixta, etc.—, en las que regirían los principios de solidaridad, responsabilidad social comunitaria, democracia participativa, distribución de ingresos, articulación sector público-privado y de actores sociales comunitarios, así como de asociatividad autogestionaria promotora de redes sociales productivas, en beneficio del trabajo y de una ciudadanía emancipatoria —como posibilidad (D’Angelo et al., 2016).

En tanto los nuevos emprendimientos no estatales y una ESS extendida a todas las formas de propiedad y gestión propiciarían que las comunidades posean fuentes de recursos propios —conjuntamente con una mayor autonomía presupuestaria y de gestión de los municipios—, cobra mayor vigencia la potencialidad de lograr procesos de transformación comunitaria y local que posean mayor capacidad de autogestión y apoyo de recursos financieros y materiales que les permitan su sustentabilidad, lo que haría más viable la generación de contextos de desarrollo socioeconómico real y de gestión de sus procesos sociales con mayor efectividad.

Así, la extensión de los principios cooperativos de la ESS a las diferentes formas de propiedad y gestión requeriría de la aplicación flexible, al menos, de los siguientes cinco requisitos (algunos —paradójicamente— se aplican en determinadas empresas de países capitalistas):

  • Participación de los trabajadores en las decisiones fundamentales de la empresa, como forma de autogestión o co-gestión.
  • Participación justa en las ganancias empresariales y atención a las necesidades sociales de los trabajadores —contando con elementos de justicia redistributiva social y territorial, de acuerdo con el grado de tecnificación de la producción en relación con sectores atrasados de la economía, etc.
  • Participación solidaria con la comunidad, en forma de responsabilidad social que contribuya a la mejoría de las condiciones de vida poblacionales, de sectores vulnerables y a decisiones compartidas con la población.
  • Configuración de asociatividades que hagan posible la autonomía (autogestión o co-gestión) y vínculo contextual de las diferentes formas de propiedad y gestión, de manera que se pueda lograr su funcionamiento social interconectado y eficiente.
  • Construcción de alianzas público-privadas que posibiliten la sinergia necesaria para lograr una efectividad socioeconómica sistémica, en colaboración entre los diversos actores sociales: emprendimientos no estatales, empresas estatales y privadas o mixtas, instituciones gubernamentales y otras no estatales, etc.

La propia práctica investigativa nos está demostrando que la forma abrupta —a partir de la disolución de empresas estatales— en que han surgido la mayoría de las CNA y los emprendimientos cuentapropistas —sin una preparación de cultura solidaria real— ha estado produciendo patrones y estilos de relación entre sus miembros que o bien se acercan mucho a la reproducción de las relaciones directivas de las empresas estatales, o se distorsionan hacia un desempeño propio de negocios privados motivados casi solo por la ganancia.

Una consideración de alianzas público-privadas-colectivas solidarias, sobre la base de una coherencia de principios organizativos y valorativos propios de la ESS, reforzaría el carácter sistémico y sinérgico de los nuevos emprendimientos, en conjunción con las organizaciones empresariales y privadas e instituciones estatales, en la configuración de una acción coordinada de desarrollo socioeconómico local y comunitario, que en su ampliación podría generar las bases de un modo de producción socialista novedoso.

Esto nos lleva al tema del necesario empoderamiento real, a la realización de autonomías y formas democráticas participativas, para la aportación al bien común comunitario que, además de ser constituyentes implícitos de la ESS, forman parte de la concepción compleja hologramática de nuestra metodología de autonomía integradora.

Conclusiones

Las investigaciones sociales han propiciado el descubrimiento de un conjunto de interrelaciones entre los nuevos emprendimientos y actores locales de diverso orden, sobre sus prácticas habituales y las necesidades de sus interconectividades de cara a propósitos comunes desarrolladores, en sus matices positivos aprovechables, así como en las limitaciones y connotaciones fragmentarias o contradicciones negativas que se observan en su funcionamiento para la integración social comunitaria, con vistas al desarrollo.

En sentido general, se podría afirmar que muchas de las cuestiones que implican formas de interrelación social, de expresión de subjetividades y prácticas sociales, quedan excluidas de las políticas generales, que hacen énfasis solo en aspectos económicos, jurídicos, etc., por lo que las investigaciones sociales articuladoras pueden contribuir a la corrección de esas propias políticas socioeconómicas, haciéndolas más eficaces y coherentes con las intenciones socializadoras del proyecto social general, en la medida que contribuyan a articular a actores sociales diversos en objetivos comunes del desarrollo.

Para lograr estos fines, se hace necesario, entre otras cuestiones importantes:

  • El rescate o construcción de espacios organizados de deliberación, decisión y control sistemáticos que involucren a todos los actores sociales y económicos comunitarios, territoriales, sectoriales, etc.
  • El encauzamiento de las formas de gestión estatal y no estatal hacia la construcción de relaciones de trabajo liberadoras, en las que predominen los procesos participativos democráticos, la justicia distributiva y la conciencia solidaria, de manera que se eviten relaciones de trabajo enajenantes y la formación de una conciencia individualista.
  • La focalización, al nivel de las políticas públicas —en conexión de las perspectivas micro, meso y macrosocial—, con una intención clara acerca de la promoción de los emprendimientos (cuentapropistas, privados, cooperativos, estatales, etc.) con ejercicio de la responsabilidad social —empresarial y comunitaria (RSEC)— en la vía de fomento de una economía social y solidaria, como nueva expresión inclusiva y articuladora de la formación económico social socialista, para contrarrestar las subjetividades individualistas emergentes y las relaciones de trabajo enajenantes, que operan en desmedro de la mejoría de las condiciones de vida colectivas.

Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de problemas que se mueven en espacios organizacionales diferentes, pero que pueden ser mejor articulados:

  • Con la acción de los actores e instituciones locales de manera más integrada.
  • Con la confluencia de las políticas públicas favorecedoras de las relaciones sinérgicas necesarias en el campo económico, político, social, cultural ambiental, etc.

En el proceso actual de promoción del «cuentapropismo» y de cooperativas no agropecuarias, los principios de la ESS podrían ser promovidos decididamente y hacerlos extensivos a sus relaciones con otros actores empresariales, comunitarios e instituciones públicas y de gobierno.

Está claro que no se trata de una intención lineal ni fácil de lograr. Nuestra propuesta es acotarla desde los diferentes puntos de partida: desde abajo, desde el nivel meso y desde el macro de las políticas públicas. Una acción social abarcadora debería propiciar la confluencia de esos planos sociales, lo que podría ser una contribución importante al desarrollo socialista renovador de nuestra sociedad.

 

 

 


[1]. Este proyecto se basa en investigaciones anteriores y actuales en varios municipios de La Habana.

[2]. En las perspectivas de complejidad, los procesos de autorganización son inherentes al funcionamiento adecuado de los sistemas (sociales, biológicos, físicos, etc.) y operan en relación contexto-dependiente. En este sentido, se expresa que los sistemas complejos son informacionalmente dependientes y organizativamente autónomos; o sea, las transformaciones del sistema ocurren a partir de sus procesos autónomos internos, teniendo en cuenta sus determinaciones del exterior.

[3]. Esta categoría podría ubicarse como una propuesta de involucración en sistemas complejos a partir de una reflexión de segundo orden o metarreflexión, propia de una metodología de la investigación científica compleja (D’Angelo et al., 2005; 2014).

[4]. En los enfoques de complejidad, el término hologramático significa que las relaciones parte-todo entre los sistemas, no son solo de conexión mutua, sino también de inclusión: la parte está en el todo y conectada con otras partes, pero el todo también está en las partes. Asimismo, implica multirrelaciones recursivas entre procesos de diferente nivel en la sociedad (macro-micro, etc.) y de diferente calidad (objetivos-subjetivos, entre otros).

[5]. La acción de los llamados «factores»—dirección y organizaciones sociales y políticas de base— en las empresas estatales es más formal que real —dada que las opciones de decisión no cuentan aún con la autonomía necesaria para su ejercicio eficaz, en tanto dependen demasiado de los niveles superiores— y la función de los sindicatos está reducida, prácticamente, a la información, todo lo cual hace pensar en una escasa e inefectiva participación que se asimila, en cierta medida, a características del trabajo enajenado, aunque con matices diferentes al capitalismo.

[6]. Tal es el caso de los proyectos Santo Ángel por Dentro, Moneda Cubana, Bambú Centro y otros, en La Habana Vieja y Centro Habana. Recientemente, Cuba Emprende (del Centro Cultural Félix Varela, adjunto a la Arquidiócesis de La Habana) premió a más de diez emprendimientos cuentapropistas que desarrollaron actividades de responsabilidad social destacada.

[7]. Las cooperativas son consideradas internacionalmente —en su versión más acabada— organizaciones que operan con valores como la lealtad, la solidaridad, la cooperación, la autonomía, la equidad, la participación social democrática, la responsabilidad social y el humanismo.

[8]. Esta cuestión ha sido reiterada por diferentes investigadores cubanos (Piñeiro, 2012; Soto, 2016).

[9]. La ESS se basa en los principios del cooperativismo y es considerada como conjunto de emprendimientos productivos —o unidades domésticas, etc.— de iniciativa colectiva, con cierto grado de autonomía de gestión y democracia interna, distribución equitativa de ingresos, sistemas de autorregulación y planeamiento, proyección comunitaria, sustentabilidad, etc. No obstante, enfatiza el carácter de sistema de relaciones de producción a través de la instrumentación de conglomerados cooperativos, de emprendimientos familiares, mutuales y otros, que funcionan de manera articulada y en relación con otras formas de propiedad y gestión.

Referencias

 

ACI (Alianza Cooperativa Internacional) (1995) «Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional. El centenario de la ACI y los próximos cien años de cooperación internacional». 73 Día Internacional de las Cooperativas de la ONU, 1 de julio de 1995. Disponible en <http://cort.as/-G-jz> [consulta: 21 marzo 2019].

Coraggio, J. L. (2013) «Tres corrientes en la ESS». Temas, n. 75, julio-septiembre. Disponible en <http://cort.as/-G-jj> [consulta: 21 marzo 2019].

D’Angelo, O. (2005) Autonomía integradora y transformación social: el desafío ético emancipatorio de la complejidad. La Habana: Acuario.

D’Angelo, O., Morillas, D. y Abelló, D. (2014) Exploración de relaciones sociales del TPCP. Informe de investigación. Primera etapa. Sin publicar. La Habana: CIPS.

D’Angelo O., Morillas, D., Henríquez, P. y Velázquez, Q. (2016) Marco teórico: Autonomía integradora en la gestión de cooperativas no agropecuarias para el desarrollo social comunitario. Sin publicar. La Habana: CIPS.

Henríquez, P., Velázquez, S. y D’ Angelo, O. (2017) Procesos de participación de los miembros en la gestión social de la cooperativa. Estudio de caso. Informe de investigación. La Habana: CIPS. Disponible en <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v6n2/reds15218.pdf> [consulta: 21 marzo 2019].

Marx, C. (1968) Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Ciudad de México: Grijalbo.

Morillas, D. y D’Angelo, O. (2017) Innovación social y emprendimiento solidario. Experiencias cubanas. En proceso de publicación. 

Piñeiro, C. (comp.) (2012) Cooperativas y socialismo en Cuba. La Habana: Caminos.

Puig Meneses, Y. (2017a) «Anuncian nuevas medidas para el trabajo por cuenta propia en Cuba», Cubadebate, 1 de agosto. Disponible en <http://cort.as/-_eWD> [consulta: 21 marzo 2019].

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Singer, P. (2003) «Economía solidaria». En: A outra economía. Cattani A. D. (edit), Sao Paulo: Veraz Editores.

Soto, L. (2016) Presupuestos teórico-jurídicos del balance social cooperativo en Cuba. Tesis de maestría no publicada. La Habana: Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.