Reinventar la comunicación para el desarrollo cubano

Resumen: 

Los documentos programáticos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) implican una transformación significativa de la visión instrumental que había caracterizado la comprensión de la Información y la Comunicación como recursos estratégicos en la gestión del desarrollo. Ahora vistos como bienes públicos y derechos ciudadanos, están llamados a jugar un papel cada vez más vital en la articulación entre los servidores públicos y el pueblo, y en la modernización de la administración pública, el sistema empresarial y el desarrollo local.  El  reto está en convertir estos conceptos en acciones que impliquen cambios estructurales y culturales, y que aprovechen el potencial del país. En este ensayo se desarrollan y se proponen diversos enfoques y acciones y, además, se aboga por una esfera pública con mayor capacidad para representar la diversidad social y conectar las agendas de los diferentes grupos con la toma de decisiones a todos los niveles.

Abstract: 

The programmatic documents of the VII Congress of the Cuban Communist Party (PCC), cover aspects such as: the role assigned to communications, information and technology in the Cuban model of development: as a public good and civil right, as a dimension of development, and as strategic resources for running the State, the institutions, the enterprises and the means of communication. Nevertheless, the challenge becomes converting these concepts into actions that imply structural and cultural and take advantage of the country’s potential. This essay develops and proposes various aspects and advocates in favor of a public sphere with greater capacity to represent the social diversity and connect the proposals of the different groups with decision making at all levels.

No es fortuito que la comunicación se instale cada vez con más fuerza en el debate sobre el desarrollo cubano y en la práctica que, construye progresivamente un nuevo país. Dentro de una nación escasamente conectada, urgida de ajustarse estratégicamente a las demandas de la llamada sociedad red, pareciera abrirse paso la comprensión de que es imposible concebir el desarrollo al margen de la información, la comunicación y la tecnología, como mediaciones transversales. Más que cualquier sociedad precedente, la actual construye sus relaciones económicas, políticas y culturales sobre la base de (re)producir redes entre actores, procesos, instituciones y, por supuesto, campos de poder (Castells, 1996; 2006).

Nuevos impulsos surgen a la luz de los documentos programáticos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) —actualizados en 2018 por la Asamblea Nacional—, donde se abordan estos aspectos en tres sentidos (Cuadro 1): como bien público y derecho ciudadano, como dimensión del desarrollo, y como recursos estratégicos de dirección del Estado, las instituciones, las empresas y los medios de comunicación (PCC, 2016).

El reto está en convertir estos conceptos en acciones que impliquen cambios estructurales y culturales y que, además, aprovechen el potencial del país. Sin embargo, la pugna entre viejos y nuevos enfoques aflora permanentemente en tensiones aún no resueltas, de cuya solución dependen no solo la credibilidad del sistema de comunicación cubano, sino también la posibilidad de articular estrategias de desarrollo que potencien el consenso, la deliberación y la cohesión social.

Tensiones: rasgos y mediaciones que las caracterizan

1. Entre una noción de comunicación como recurso estratégico del desarrollo, y una visión instrumental, con énfasis en los productos comunicativos y en sus efectos sobre las audiencias a corto plazo

En diciembre de 1975, el primer Congreso del PCC aprobaba las primeras tesis y resoluciones «sobre los medios de difusión masiva». Con marcada influencia de perspectivas trasmisivas y unidireccionales de la comunicación, el documento definía a esos medios como «instrumentos de la lucha político-ideológica», llamados a «elevar el nivel educacional y cultural de las masas», «divulgar los logros de la Revolución» y «movilizar al pueblo para participar en las tareas» de la nueva sociedad (PCC, 1975).

Para entonces, otras áreas como la publicidad y la comunicación institucional habían caído en picada. Los prejuicios en torno a la primera y la subestimación de la segunda terminaron, muchas veces, entendiéndolas como innecesarias para la práctica socialista (Nápoles, 2003). Mirta Muñiz (2012) recuerda la falta de prioridad otorgada a la comunicación institucional durante décadas, «en muchas ocasiones adscrita al departamento de personal o de capacitación, con lo que se ha hecho imposible su instrumentación plena e impedido su capacidad asesora para las instancias superiores de dirección» (186).

Dicha noción divulgadora se generalizó en la prensa y debilitó consistentemente el espíritu deliberativo que había caracterizado el discurso periodístico en los años 60. Agitación, propaganda, movilización, emergieron como objetivos primordiales, a la usanza de la práctica profesional mediática de la entonces URSS. En nombre de una supuesta herencia marxista-leninista, se elevaron a la categoría de dogma funciones de la prensa potenciadas por Lenin dentro de una determinada coyuntura histórica, en detrimento de otras contenidas en su obra.

«Un periódico obrero es una tribuna obrera» —diría, en 1912, el líder de la Revolución de Octubre. «Queremos que nuestras publicaciones sean órganos de discusión de todos los problemas» —había dicho a principios de siglo, en el célebre Proyecto de declaración de la Redacción de Iskra (Coca, 1988). Pero, como regla, tal espíritu se había esfumado de la esfera pública soviética para el momento en que el Primer Congreso del PCC aprobaba sus tesis sobre los medios. Como expresa Julio García Luis (2013), las propias coyunturas vividas por la Isla en los años 70 hacían presumible que la redacción del documento orientara su brújula hacia Moscú. «Llegó a copiarse, de manera puntual y casi al calco, el método soviético para aplicar la crítica en la prensa. Como filosofía dominó un enfoque difusivo, con predominio de la comunicación vertical de tipo positivista» (106).

Por las razones que sean —algunas fundamentadas en las lógicas de confrontación con los Estados Unidos de las últimas cinco décadas—, los componentes del sistema comunicativo terminaron funcionando más como «aparatos ideológicos del Estado» —en el sentido de amplificadores acríticos de la información emitida por las instituciones— que como plataformas de encuentro entre las diferentes corrientes de opinión existentes.

 

2. Entre el enfoque de amenaza, propio de una plaza sitiada, y el de oportunidad, propio de una plaza proactiva

Diciembre de 2014 marcó un punto de giro radical en la vida de la Isla, una vez que los presidentes de Cuba y los Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. Aunque el presidente Donald Trump parece apostar por un regreso a la clásica retórica de la Guerra fría, el escenario actual conlleva, necesariamente, modificaciones tácticas en los modos de hacer política y encuadrar el discurso público. «Aprender a convivir en medio de las diferencias», diría Raúl Castro, en lo que, potencialmente, constituye un toque de diana para integrar a los diferentes actores sociales dentro de las lógicas de la nueva época.

El síndrome de plaza sitiada, otrora tan recurrido no solo por razones legítimas de defensa nacional, sino también como argumento de la burocracia para salvar del escrutinio público su ineficiencia, coexiste ahora con el imperativo de enfoques más proactivos a la hora de comunicar la realidad cubana. El contexto post-17D ha disparado las expectativas en torno a la Isla no solo de empresarios e inversionistas norteamericanos, sino también de aquellos europeos que, amparados en la firma de un diálogo político entre Cuba y el viejo continente, ven a la mayor de las Antillas como un destino virgen, cuyos beneficios no debieran aplazarse más.

La credibilidad generada por el gobierno cubano al renegociar su deuda externa y cumplir estrictamente sus compromisos financieros más relevantes, despierta igualmente el interés de organizaciones crediticias, bancos y hombres de negocios por apuntar sus capitales hacia la Isla. De cualquier manera, es un proceso que requiere una visión estratégica para crear y consolidar relaciones de confianza. Si el gobierno cubano ha encuadrado en términos de «prosperidad» y «sostenibilidad» su visión del socialismo, dichos conceptos debieran alimentarse, de manera permanente, con indicadores y resultados concretos de suficiente impacto simbólico como para articular en torno a ellos, tanto dentro como fuera de Cuba, la mayor cantidad posible de sectores económicos, políticos y líderes de opinión.

Sin embargo, en el último Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) se alertaba acerca de la caducidad de formas de representación de la realidad nacional, incompatibles con el dinamismo, el pensamiento dialéctico y el debate de ideas sistemático, demandados por la coyuntura de cambios en marcha:

Hemos ido conformando un modelo de construcción de la realidad que contrapone el supuesto «infierno foráneo» al presunto «paraíso doméstico». Hemos suplido, frecuentemente, el juicio razonado por la propaganda, la interpretación por las cifras, la noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos por la síntesis caricaturesca de sus resultados.

[…]

Si el actual proceso de transformaciones ha entrado en un período de mayor complejidad, deberíamos asegurarnos de crear las condiciones para que la prensa y los periodistas contemos las historias con mayor complejidad: no solo las certezas, sino también las dudas; no solo las soluciones, sino también las contradicciones. (Garcés, 2013)

Al problema citado, se suma otro que ha dejado impactos negativos sobre la cultura profesional periodística; por una parte del gremio, llega a asumirse con resignación y parece echar raíces estructurales no solo en la prensa, sino también en otras áreas de la comunicación y del pensamiento social: el secretismo.

Dos investigadores tan agudos como Mayra Espina y Rafael Hernández han señalado las consecuencias que tiene la falta de información para la interpretación científica de la sociedad:

Las estadísticas cubanas sobre estos temas [se refiere a los estudios sobre desigualdad], amplias y abarcadoras en otros tiempos, se han ido reduciendo, al menos la información pública, y con frecuencia varía la forma de captar la información. Ello genera brechas informativas, obstaculiza la identificación de tendencias y obliga a trabajar un poco a ciegas. (Espina, 2013)

Aunque determinados resultados, por la naturaleza de sus fuentes o de las propuestas surgidas por el proceso de análisis, podrían tener un carácter sensible para la seguridad nacional, hay otros muchos que no tienen estas implicaciones y que, sin embargo, no se difunden porque se han establecido normas demasiado rígidas, que han dado lugar a una especie de cultura del secreto.   (Hernández, 2003: 22)

 

3. Entre un sistema institucionalizado de comunicación estatal y un paradigma de medios sociales erigido sobre lógicas reticulares

Que se ha transformado estructuralmente el espacio público cubano, no es novedad. El modelo mediocéntrico, que caracterizó a nivel global la producción y distribución de formas simbólicas, es ya historia. No es que los medios de comunicación carezcan de importancia. Ahora se insertan dentro de un ecosistema más desestructurado y complejo, compuesto por espacios personales, privados, sociales y estatales de generación de contenidos, pendientes aún de interconectarse de un modo suficientemente funcional a la reproducción ideológica de la sociedad.

Si diversos son dichos espacios, diversas son las formas de consumo de la producción simbólica disponible. Los videojuegos, las redes inalámbricas, el llamado «Paquete semanal», han ido configurando de manera gradual, pero consistente, redes de poder simbólico a lo largo y ancho de toda Cuba. Según investigaciones recientes —incluidas algunas de la propia Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (UH)— el consumo audiovisual informal abarca aproximadamente la mitad de la población habanera, patrón que se repite en varias zonas del resto del país. Como norma, las estadísticas indican que: a) la gente ve menos la televisión nacional una vez que se conecta con el Paquete; b) más de la mitad de sus consumidores no ven nada negativo en este producto, mientras que la evaluación media que hacen de la TV es de 4,5 en una escala de 10; c) el Paquete constituye una fuente importante de socialización en las conversaciones de familiares y amigos, e incluso entre estudiantes de la enseñanza básica (Cabrera, 2015; Concepción, 2015).

Por otro lado, la encuesta más reciente del Centro de Estudios sobre la Juventud aplicada a adolescentes confirmó la voluntad de estos de desmarcarse de los medios tradicionales; solo 44,9% declaró consumir la televisión nacional (Labacena Romero, 2017).

Más allá de las ventajas y desventajas del nuevo escenario, lo cierto es que muchas de las tendencias descritas no son privativas de Cuba, ni parecen reversibles. A diferencia de décadas precedentes, los Estados ven debilitarse su capacidad para controlar centralmente la producción y distribución de contenidos y, por consiguiente, están cada vez más llamados a disputar de manera activa su papel como reguladores, articuladores y ecualizadores de los discursos que compiten en la esfera pública.

La única manera de conseguir el propósito anterior es fortalecer la institucionalidad comunicativa; esto es:

  • Disponer de políticas públicas claras para conducir la comunicación con una visión estratégica.
  • Habilitar las estructuras y los recursos humanos que permitan dar cauce a esas políticas.
  • Generar procedimientos y normativas suficientemente vigorosas como para garantizar un orden comunicativo socialmente aceptado y sostenible en el tiempo.

Aun cuando se han dado pasos en la dirección apuntada, Cuba está lejos de colocarse, dentro de estos temas, en un posicionamiento a la ofensiva.

 

4. Entre una esfera pública ritualizada y el ideal de una esfera pública deliberativa

Ninguna de las formas de organización política existentes podría presumir de haber resuelto esta tensión de modo definitivo. Una de las mayores críticas contra las democracias representativas se concentra en descalificar las prácticas de las élites y su incapacidad para conectarse con sus representados si no es para cubrir de legitimidad determinados intereses corporativos y políticos. Por su parte, la democracia participativa está distante de conseguir el acceso real de los diferentes grupos sociales a la toma de decisiones, si bien dicho propósito suele concebirse en sus sistemas políticos como rasgo normativo.

Elena Nápoles (2007) resume en seis puntos las ventajas de la deliberación como condición de fortalecimiento de la democracia:

  • Racionalidad y naturaleza pública del debate: es preciso proveer (en público) razones (de orden público) para que las personas puedan tomar decisiones.
  • Fomento de virtudes cívicas: la discusión construye «mejores ciudadanos»; esto es, individuos mejor informados, activos, responsables, abiertos a compartir sus argumentos con otros y reformularlos si fuera necesario.
  • Desarrollo de virtudes asociadas al buen gobierno: legitimación de las decisiones tomadas tras un proceso de discusión que modifica las preferencias individuales en función del bien común.
  • Horizontalidad de las relaciones de poder: libertad, igualdad y asimetría tanto para la elección de los tópicos en debate como para su discusión.
  • Desarrollo de virtudes cognitivas: el diálogo abierto permite «construir» la información necesaria a fin de tomar decisiones ventajosas para todos los implicados y minimizar las barreras que provocan los intereses en conflicto.
  • Fortalecimiento de los espacios institucionales.

Como se ha dicho antes, el giro de los 70 significó para Cuba el inicio de un orden institucional de inspiración soviética, marcado por formas de participación organizadas mayormente «desde arriba», la neutralización del conflicto generado en el espacio público, el rechazo a la polémica, el pensamiento dogmático, el unanimismo en detrimento de la diversidad de pensamiento, y el burocratismo (Martínez Heredia, 2005).

A finales de los años 80, la indefinición de una esfera pública, y la debilidad de las articulaciones entre el sistema político y el comunicativo para estructurarla, saltaban a la vista como una de las insuficiencias del orden institucional cubano. Juan Valdés Paz (2015) añade entre los rasgos distintivos de ese orden, la alta centralización de las decisiones y los recursos, junto a la estatización y burocratización. A la altura de 1990, la discusión del llamamiento al IV Congreso del PCC fijaba, por parte de la población, la demanda de descentralización, desburocratización, desestatización y mayor participación popular.

De una u otra manera, dichas demandas han llegado hasta nuestros días y encuentran cauce en varios de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (PCC, 2011). Pero, a diferencia de etapas anteriores, hoy la ausencia inminente de la generación histórica en el poder, la emergencia de una diversidad social sin precedentes, la extensión cada vez mayor de plataformas tecnológicas de debate y deliberación ciudadanas, sugieren la pertinencia de un mayor activismo del Estado en fomentar la participación social, a fin de preservar su autoridad como una de las instituciones claves en la articulación del consenso. La oportunidad, entonces, pareciera excepcional para poner la comunicación al servicio de la construcción colectiva del actual modelo de desarrollo, no como resultado de voluntarismos o imposiciones, sino como expresión de la evolución y la propia madurez alcanzada por la sociedad cubana.

Un nuevo sentido para la comunicación: definiendo rutas posibles

Como se ha expresado antes, los años que corren implican para Cuba la sucesión en el poder de la generación histórica —y, por consiguiente, el ascenso presumible a cargos públicos de otros actores—, la coexistencia de diferentes formas de propiedad —y de disímiles subjetividades asociadas a ellas—, y el cambio de dinámica en las relaciones con los Estados Unidos —que mantiene, aun con nuevos códigos, la tensión propia de la legendaria confrontación entre dominación y resistencia.

El hecho de que los ejes estratégicos de la nación apunten hacia una mayor corresponsabilidad entre los diferentes actores, a la reivindicación de lo local, y a la descentralización, sugiere la posibilidad de una relación potencialmente mejor estructurada entre ciudadanos y servidores públicos, y de procesos participativos más dispuestos a capitalizar la diversidad no como riesgo, sino como condición natural del desarrollo.

Aprovechar la información y la comunicación como viabilizadores del socialismo que queremos supondrá transformar los propios conceptos, en aras de una práctica más coherente con el diálogo y el uso equitativo. El posicionamiento anterior podría articularse desde los ejes siguientes:

 

1. Una gestión más eficaz de la institucionalidad comunicativa

Lo que García Luis (2013) ha apuntado como beneficios de la autorregulación en el entorno periodístico, pudiera generalizarse, sin contratiempos, a la totalidad del sistema comunicativo. Una mayor cultura de autorregulación estimularía el desarrollo del capital humano, facilitaría la toma de decisiones desde el propio contexto profesional y no desde escenarios ajenos a este; además, permitiría a directivos y trabajadores ajustar sus posiciones con flexibilidad frente a situaciones cambiantes. Dicho propósito demanda un marco regulatorio que fije reglas claras, destierre al máximo prácticas discrecionales y facilite la apropiación y aplicación natural de tales procedimientos por parte de las diferentes organizaciones.

El hecho de que la información y la comunicación se hayan incorporado a los sistemas de dirección empresarial y de la administración pública apunta positivamente hacia ello. En 2011, la Resolución 60 de la Contraloría General de la República incluyó ambos procesos dentro de los componentes del control interno en el país.

Desde agosto de 1998, las bases generales del perfeccionamiento empresarial se habían pronunciado por integrar la comunicación a los procesos de gestión, un propósito que se concretaría firmemente en 2007, mediante el Decreto 281 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de 16 de agosto.

Otros pasos hacia la institucionalización se advirtieron, dentro de terrenos recurrentemente apartados en décadas precedentes como la publicidad, el marketing y las relaciones públicas. En 1991, nacía oficialmente la Asociación Cubana de Publicistas y Propagandistas (ACPP), luego de que un escrutinio en las filas de la UPEC revelara que una parte importante de su membresía estaba conformada por los llamados «divulgadores del Estado», cuya labor no se relacionaba directamente con la prensa.

En septiembre de 2000 iniciaría su primer curso la carrera de Comunicación social, con un plan de estudios contentivo de asignaturas propias de los campos mencionados y que, a la vuelta de casi dos décadas, ha inyectado varias graduaciones de profesionales a las empresas, la administración pública, los medios y entidades del desarrollo local.

Sin embargo, para muchos, la principal asignatura pendiente es una política nacional de comunicación que potencie el rendimiento de las acciones descritas y las articule dentro de una proyección estratégica de país. Un examen documental de los estudios sobre el tema (Batista, 2013; García Luis, 2013; Elizalde, 2016; Tolentino, 2016) sugeriría como principales bases de esa política:

  • La necesidad de adaptar el modelo comunicativo a un entorno de convergencia, transversalizado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
  • La pertinencia de trascender lo estatal para llegar a lo público, estimulando la participación ciudadana en la construcción de las agendas comunicativas.
  • La importancia de fomentar un entorno de transparencia, que involucre a toda la sociedad en un ejercicio permanente de rendición de cuentas y en el acceso a la información como «bien público y derecho ciudadano».
  • La prevalencia de mecanismos de autorregulación, que encaucen suficientemente las potencialidades profesionales hacia un modelo comunicativo funcional a la reproducción de la sociedad.
  • Una ley de comunicación que defina deberes, derechos, prerrogativas y competencias de periodistas y comunicadores, y de las fuentes de información con las que ellos se relacionan.

La política de comunicación ya está aprobada. Sus contenidos apuntan a la actualización de los modelos de gestión de esta y de los medios, al fortalecimiento de la capacitación de los actores involucrados, y al establecimiento de mecanismos que favorezcan la participación ciudadana. Se ha iniciado su socialización en los espacios organizacional, mediático y de administración pública, y se han creado comisiones para su puesta en marcha. Nuevas investigaciones tendrán que abordar la pertinencia y eficacia de esta política; queda entonces garantizar que la gestión comunicativa se articule tanto a nivel estructural como en la cultura institucional.

2. Comprensión de la información y la comunicación como sistemas articulados: sinergias esenciales a la generación de ambientes de desarrollo innovadores

Según las claves del paradigma del informacionalismo, Manuel Castells (1996; 2006) ha entendido este proceso. En síntesis, el autor español describe la evolución tecnológica que ha permitido, desde la década de los 90 del siglo pasado hasta hoy, la producción y procesamiento de volúmenes de información sin precedentes, y su integración dentro de una estructura social en red. Como nunca antes, la información, la comunicación y las tecnologías transversalizan la gestión del desarrollo y facilitan, a través de intercambios reticulares, que se realicen muchos de los procesos vitales del mundo contemporáneo.

Aunque las TIC desempeñan un papel crucial en el auge de los entrecruzamientos infocomunicacionales, otros factores, sin dudas, han hecho contribuciones importantes:

 

  • Las fuentes teóricas compartidas por ambos campos, cuyo desarrollo ha producido, a través del tiempo, más sinergias de las que podría identificarse a primera vista (Linares, 2003­; Gámez, 2005).
  • En varios países, las rutas institucionales de estas especialidades, que han agrupado los estudios de pregrado y posgrado en Ciencias de la Información y Comunicación, no solo bajo el mismo espacio físico, sino también dentro de una sola carrera.
  • Las demandas de la realidad social, y particularmente su concreción en las organizaciones. A estas alturas, sería difícil concebir el éxito organizacional al margen de información socialmente compartida, o del involucramiento consciente del capital humano en la obtención de los objetivos estratégicos de cualquier entidad (Cuadro 2).

3. Una administración pública que trascienda el enfoque clientelar, hacia un enfoque de gestión participativa

La administración pública no consiste únicamente en conocer las necesidades de la población a través de quejas, sugerencias y diagnósticos, y movilizar recursos para satisfacerlas. Estos actores tienen que convertirse en articuladores y líderes del desarrollo como movimiento social, portadores de los proyectos y aspiraciones de la ciudadanía. Los mecanismos existentes para la definición participativa de las prioridades de desarrollo territorial, la determinación de estrategias de conjunto con la ciudadanía, y el control popular sobre las acciones y recursos movilizados, pueden ser suficientes si se someten a un proceso de revisión crítica, en aras de flexibilizarlos y atemperarlos a los códigos de la sociedad actual.

Por supuesto, las TIC configuran un ambiente reticular muy aprovechable para acortar las distancias, donde las informaciones y los servicios al ciudadano se doten de oportunidad, agilidad, transparencia, eficiencia y co-responsabilidad. Más allá de carencias infraestructurales para una gestión informatizada, las prácticas comunicativas de las administraciones territoriales demuestran estar lejos de poder implementar procesos sinérgicos que impulsen la movilización social (Cuadro 3).

No será posible avanzar en este sentido sin tener en cuenta, al menos, los siguientes elementos medulares:

a)  Localización de las agendas de desarrollo: de manera que se generen las interconexiones comunicacionales entre los planes en todos los niveles (consejo popular, municipio, provincia, país y a nivel internacional), y la ciudadanía perciba tanto que el Plan Nacional hasta 2030 tiene expresión en la agenda local, como que sus (micro) acciones tributan a objetivos más generales. Se trata de una dinámica de gestión descentralizada y de multiniveles.

b)  Modernización de la administración pública: la gestión eficaz e interconectada de la información, la comunicación, el conocimiento y la tecnología puede garantizar rapidez, efectividad, oportunidad y seguridad de los intercambios entre niveles y con la ciudadanía.

c)  Construcción de confianza: implica no solo el necesario sentido de comunidad y liderazgo, también la transparencia en la gestión y la confiabilidad de las informaciones emitidas a través de los diferentes medios. El criterio de confianza se incrementará en la medida en que sean visibles los resultados de la gestión y estén en concordancia con las expectativas de la población.

d) Liderazgo: se trata de comunicar con sentido político los resultados de la gestión, de modo que se visibilice el papel de las entidades de administración como impulsoras de procesos de cambio.

4. Una esfera pública con mayor capacidad para representar la diversidad social y conectar las propuestas de los diferentes grupos con la toma de decisiones a todos los niveles

Las estadísticas mundiales de acceso a Internet, de 2017, vienen a confirmar una tendencia constatable desde años precedentes. Si se comparan, por ejemplo, los índices de penetración y el crecimiento de la red de redes en América Latina respecto a Norteamérica, se encontrará que el incremento de usuarios latinoamericanos ha sido exponencial en los últimos diecisiete años. Es decir, a pesar de que los países del Sur siguen teniendo menos acceso que los del Norte, el ritmo de conectados se multiplica con más celeridad, lo que valida la hipótesis de que no existe una relación directamente proporcional entre la brecha económica y la digital (Internet World Stats, 2017).

Cuba no está exenta del comportamiento anterior. Si bien sus niveles de acceso continúan siendo precarios, al cerrar 2016 la cantidad de puntos wifi había ascendido a 145. De una población de poco más de once millones de habitantes, más de cuatro millones tenían acceso a celulares y los utilizaban precisamente para acceder a Internet. El programa de informatización de la sociedad prevé conectar aceleradamente doscientos noventa y cinco preuniversitarios y trescientos veintinueve politécnicos del país, un proceso que llegaría también a las escuelas secundarias básicas y posteriormente abarcaría la red de enseñanza primaria.

Aunque no se dispone de datos oficiales, es notable la presencia de cada vez más cubanos en redes sociales como Facebook, y su vocación por representar la realidad en una suerte de «periodismo ciudadano», a través de esa plataforma, la blogosfera o medios locales.

Lejos de representar una amenaza, el escenario anterior es una oportunidad para la construcción multiactoral de «lo público», en torno a la cual los procesos de izquierda latinoamericanos han acumulado enseñanzas nada despreciables, entre ellas:

  • Que la prensa solo se realiza plenamente si concreta acercamientos funcionales entre las agendas públicas y las mediáticas, de modo que las audiencias identifiquen en los periódicos, la radio, la televisión y los medios digitales, espacios de construcción de su propia lucha por la transformación social.
  • Que los modelos de gestión debieran encontrar creativamente fuentes de financiamiento y sostenibilidad para las organizaciones mediáticas. Hacer depender la economía de la prensa totalmente del Estado termina inhibiendo la capacidad de los diferentes actores del sistema comunicativo para desatar sus potencialidades como gestores y protagonistas del desarrollo de los medios.
  • Que la propia noción de «lo público» sugiere una práctica menos dependiente de presiones y estilos «dirigistas» externos, con un activismo mayor de los agentes de la comunicación para fungir como mediadores entre la opinión pública y los sistemas socioeconómico y político.

Consideraciones finales

Un sistema de comunicación útil al socialismo que queremos debería tener cuatro capacidades mínimas: formación, defensa y multiplicación de valores; articulación inter-actoral y social, basada en la confianza y el reconocimiento mutuo; gestión del conocimiento e innovación en todos los niveles; así como movilización de la participación y la co-responsabilidad. La concepción de Manuel Martín Serrano (1986), una de las más generalizadas para comprender este sistema, puede ofrecer el marco metodológico para pensar las claves que permitirán pasar del «qué» al «cómo».[1]

En el nivel infraestructural están los mecanismos y soportes para el intercambio de informaciones, sentidos y conocimientos, y operan no solo su modernización, también la generación de nuevas plataformas para la innovación, la actividad económica, la transparencia. En el nivel estructural se debe tener en cuenta la mencionada institucionalización de la actividad comunicacional, así como la conformación de organizaciones y equipos funcionales a los procesos comunicativos que hoy atraviesan los procesos de desarrollo. Finalmente, en la supraestructura deberán operar los instrumentos normativos que implementen una política nacional de comunicación y, más importante aún, el necesario cambio de mentalidad.

El momento que vive el modelo de desarrollo cubano es crucial para definir el sistema simbólico que ha de mediar los procesos de reproducción social, y las interconexiones para el intercambio de sentidos y la construcción común. Un sistema que se condense en arreglos institucionales para que nuestro desarrollo continúe siendo ese espacio donde los sujetos vuelcan sus aspiraciones y deseos; que potencie la unidad, la solidaridad; que mantenga el ideal socialista, al tiempo que estimula las capacidades y aportaciones individuales, y prepara a la ciudadanía para entornos (internacionales) competitivos. Un sistema abierto a otros, sobre la base de depositar en sus habitantes la confianza y la capacidad crítica de tomar lo que ideológica y cognoscitivamente es funcional, y desechar el resto. Un sistema simbólico que posea y dote las herramientas para su perpetuación y actualización. El año 2030 no será el momento para empezar a andar, sino una pauta donde, con suerte, nos habremos movido hacia escenarios prometedores.

 

[1]. El investigador ofrece un modelo que entiende y describe el sistema de comunicación en tres niveles: infraestructura, donde están los recursos para el desarrollo de los procesos; estructura, donde están los actores y las organizaciones; así como supraestructura, donde están las creencias, políticas y legislaciones.

Referencias

 

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