Crisis y remoción de derechos en América Latina

Resumen: 

Se problematiza acerca de los procesos de remoción de derechos y las tendencias de las políticas sociales en América Latina en el contexto de crisis del capital. Aborda las contrarreformas del Estado basadas en el desmantelamiento de los sistemas de protección social, a través de las estrategias de mercantilización de los derechos y la transformación de las políticas sociales en servicios privados. Discute también la centralidad y expansión de los mecanismos de intervención sobre la pobreza, divulgados como principal estrategia de reducción de la desigualdad y de la superexplotación de la fuerza de trabajo.

Abstract: 

An analysis of the processes of loss of rights and the tendencies of social policies in Latin America in the context of the crisis of capital. It looks at the counter-reforms of the State based on dismantling the systems of social protection through strategies of marketing rights and transforming social policies into private services. It also discusses the centrality and expansion of the mechanisms of intervention with respect to poverty, broadcasted as the principal strategy of reduction of inequality and super-exploitation of the labor force.

La coyuntura actual latinoamericana está caracterizada por la crisis del capitalismo y las estrategias de los gobiernos para su enfrentamiento, como la remoción de derechos que provoca la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, se constatan en todo el mundo protestas y movilizaciones en respuesta a las medidas aplicadas de forma desigual entre los países y las regiones del mundo, las cuales poseen un impacto mayor en la periferia, con la profundización del carácter dependiente de las economías, el aumento de la superexplotación de la fuerza de trabajo y la ampliación de las desigualdades sociales. Frente a este panorama, el presente artículo pretende problematizar los procesos de retirada de derechos, y las tendencias de las políticas sociales en América Latina.

La dinámica capitalista es profundamente inestable, con períodos de expansión y crecimiento de la producción, interrumpidos por depresiones y retrocesos. Dicha inestabilidad es una manifestación de la irracionalidad del conjunto de la producción de ese sistema que busca la maximización de ganancias de manera desenfrenada y el crecimiento de la producción de mercancías sin una necesaria correspondencia con el de la capacidad adquisitiva de los trabajadores (Netto y Braz, 2007). De este modo, las crisis son regulares e intrínsecas a la propia lógica de su funcionamiento y, por lo tanto, inevitables en él (Carcanholo, 2017). En palabras de J. P. Netto y M. Braz, «no existió, no existe y no existirá capitalismo sin crisis»[1] (157).

La crisis contemporánea es un desdoblamiento dialéctico de las contradicciones del capitalismo que fueron desarrolladas precisamente en función de las respuestas encontradas para la crisis estructural entre los años 1960 y 1970 (Carcanholo, 2017). En este período, a partir de las estrategias neoliberales, ocurre una rede nición global en el campo políticoinstitucional y de las relaciones sociales, con la desregulación de los mercados, la apertura comercial y nanciera, la privatización del sector público y la «reducción del Estado» (Soares, 2003).

La hegemonía del programa neoliberal no se concretó de forma rápida; llevó más o menos una década ser implementado en las diferentes regiones y países. Según P. Anderson (1995), aunque América Latina vivió las primeras experiencias neoliberales sistemáticas del mundo, con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en los años 70 y su reproducción en Argentina por las manos del ministro de la economía de la dictadura civil-militar, Alfredo Martínez de Hoz, en 1976 y por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, en 1985, la región fue la tercera gran escena de experimentación neoliberal, después de Europa y los Estados Unidos.[2]

El giro continental al neoliberalismo comenzó en 1988 en México, seguido de otros países de la región (Anderson, 1995). Cuba ha sido el único que ha resistido las estrategias neoliberales, incluso frente a más de cincuenta años de bloqueo norteamericano, lo que resulta en dificultades económicas, aislamiento diplomático, provocaciones militares, presiones financieras y agresiones mediáticas (Katz, 2016).

Sobre la supuesta «reducción del Estado», pregonada por los neoliberales, Laura Soares (2010) enfatiza que asume características cínicas, una vez que el Estado es absolutamente necesario para que las medidas de ajustes y reformas sean implementadas, con la finalidad de garantizar la anhelada «estabilización económica» y el «crecimiento». Del mismo modo, Netto y Braz (2007) destacan que el objetivo real del neoliberalismo no es la «disminución» del Estado, y sí la de las funciones estatales que responden a los derechos sociales, o sea, «al proclamar la necesidad de un “Estado mínimo”, lo que pretenden los monopolios y sus representantes es que sea un Estado mínimo para el trabajo y máximo para el capital» (227). 

En América Latina, las contrarreformas[3] laborales realizadas en varios países impusieron pérdidas de derechos a los trabajadores con: la ruptura del «principio de estabilidad»; la facilidad de contratación y despido, lo que estimuló la contratación temporal, sin obligaciones para el patrón; la flexibilidad de la jornada laboral; el aumento de las contribuciones sociales del trabajo y su disminución correspondiente al capital; y la ruptura de la llamada «rigidez» de la legislación sobre el salario mínimo (Valencia, 2010).

Además, las contrarreformas estuvieron basadas en el desmantelamiento de los sistemas de protección social, a partir de las estrategias de sustitución de los sistemas públicos y universales por seguros privados, ligados al capital financiero, y alteraciones constitucionales que redujeron o eliminaron derechos establecidos a lo largo de décadas (Soares, 2010). El objetivo principal de estas medidas es extender las condiciones para la reproducción ampliada del capital a través de nuevos espacios de acumulación y valorización, con la mercantilización de las necesidades humanas y la transformación de las políticas sociales en servicios (Granemann, 2007).

Se constata así un redimensionamiento en las funciones del Estado, apuntando a regular y estandarizar políticas sociales que son potencialmente capaces de constituir nichos de acumulación por medio de su privatización y reducción, como es el caso de la salud y la previsión social, así como de la educación, la vivienda, el transporte, etc. (Boschetti, 2016). Y al mismo tiempo, una ampliación de las políticas asistenciales focalizadas. Es evidente la centralidad y expansión de los mecanismos de intervención sobre la pobreza en América Latina, pautados en la difusión de la contraposición entre universalidad y selectividad, divulgada esta como «forma más eficiente y eficaz de asignación de los recursos escasos» (Pereira y Stein, 2010: 111).

Sin embargo, las políticas focales no están instituidas en América Latina como derecho y política pública, y sí apenas como programas de gobiernos que posibilitan la dinamización del mercado interno y el aumento del consumo de las familias pobres, sin alterar las desigualdades históricas y el verdadero abismo social en el continente (Mota, 2012).

Además, las inversiones en programas asistenciales focalizados y condicionados son muchas veces realizados en oposición a los gastos por políticas sociales universales (Mota, 2012). En América Latina, en vez de consolidarse estas para garantizar derechos fundamentales para la parcela mayoritaria de la población, se vienen concretando programas «que permiten solamente el acceso a servicios públicos precarios y mal financiados» (Soares, 2010: 17).

Esta expansión de programas asistenciales focalizados cuenta, aún más, con el estímulo de los organismos internacionales, destacándose el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos vienen actuando cada vez más como órganos políticos propagadores de los fundamentos ideológicos de las estrategias neoliberales (Ugá, 2008). Según João Pereira (2010), las producciones del Banco Mundial han servido de soporte para una especie de «pobretología […] esto es, la imposición de la pobreza como unidad de análisis, parámetro legítimo y foco obligatorio para todo tipo de iniciativa en el ámbito de la asistencia» (267). Aunque la literatura relativa a la pobreza esté profundamente marcada por la controversia, la concepción formulada por el Banco Mundial tiene una innegable influencia en todo el mundo (Leite, 2015).

A partir de ese lugar privilegiado que la pobreza asume en el debate contemporáneo sobre la política social, concordamos con Ana P. Mauriel (2010):

El problema no está solo en la prioridad de la pobreza, en tanto categoría de análisis para pensar las políticas sociales, sino también en la forma y el tratamiento dado a los «pobres», que son renombrados por sus fragilidades, descontextualizados, des-historizados y que aparecen en el discurso tecnocrático reconstituidos por un nuevo tipo de vigilancia moral. (174)

Es en este contexto de difusión ideológica de los postulados neoliberales, que buscan reducir la cuestión social a la pobreza y escamotear su génesis, que los denominados Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTC) ganan notoriedad y popularidad en América Latina.[4] Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL (2016) ilustran la ampliación del número de familias atendidas entre 2000 y 2013, en veintiún países de la región (Gráfico 1).

Gráfico 1. Población que participa de PTC (20002013).

 

Según Rosa Helena Stein (2013), los PTC alcanzan, actualmente, más de 30 millones de familias, el equivalente a 127 millones de latinoamericanos y caribeños. Los programas con mayor número absoluto de usuarios en la región son: el Bolsa Familia, en Brasil (13,8 millones de familias y 56,4 millones de personas); el Oportunidades, en México (6,5 millones de familias y 31,2 millones de personas); el Familias en Acción, en Colombia (2,8 millones de familias y 11,7 millones de personas); el Bono de Desarrollo, en Ecuador (1,2 millones de familias y 6,4 millones de personas). De acuerdo con I. Boschetti (2016), esa centralidad ocupada por los programas de transferencia de renta es uno de los factores de ampliación del gasto social en América Latina, de 11,2% del PIB en 1990-1991 a 18,63% en 2009-2010.

Todavía así, los valores invertidos son bajos, lo que evidencia que los PTC son para el límite de la supervivencia: Ecuador 1,17% del PIB, República Dominicana 0,51%, México 0,50%, Brasil 0,47%, Uruguay 0,45%, Jamaica 0,40%, Costa Rica 0,39%, Colombia 0,39%, Paraguay 0,36%, Bolivia 0,33%, Guatemala 0,32%, Honduras 0,24%, Argentina 0,20%, Trinidad y Tobago 0,19%, Panamá 0,19%, Perú 0,14%, Chile 0,11%, El Salvador 0,02% (Boschetti, 2016).

Como característica común a todos los programas, Stein destaca la transferencia monetaria para familias en situación de pobreza o extrema pobreza, mediante el cumplimiento de condiciones que, de manera general, son atribuidas a las mujeres, lo que refuerza su histórico papel de cuidadoras, y las desigualdades de género (Tabla 1).

 

Esta centralidad que ocupan los PTC en América Latina revela el papel estratégico que esas acciones poseen en el capitalismo dependiente para el mantenimiento del actual patrón de acumulación. En ese sentido concordamos con Boschetti (2016) en que

la inversión en programas asistenciales insigni cantes, focalizados y repletos de condicionalidades, aliada al mantenimiento del desempleo estructural y a la no inversión en políticas universales es una estrategia útil al capitalismo para regular el mercado a bajo costo en contexto de crisis estructural. (25)

La ampliación de la asistencia social en esta coyuntura, anunciada como estrategia de reducción de la pobreza y de la superexplotación de la fuerza de trabajo es, más allá de la apariencia, elemento intrínseco a los procesos de expropiación y superexplotación, pues «participa del movimiento más general que crea las bases sociales de reproducción del capital, como asegurar con menor costo la reproducción ampliada de la clase trabajadora y de los que no pueden trabajar» (27).

Además de ser parte de los procesos de expropiación y de superexplotación, la expansión de la asistencia social por la vía de programas de transferencia de renta, contribuye a la monetarización de la política social y de los derechos, según ha denominado Sara Granemann (2007), dado que sustituye los equipamientos sociales universales por los subsidios. Lo que resta en esta coyuntura, para una parte signi cativa de la población, es la «ciudadanía monetaria», promovida por los programas asistenciales focalizados, mediados por la tarjeta magnética y operados por grandes instituciones bancario-financieras.

Mientras que el proselitismo de la «ciudadanía monetaria» garantiza votos a los gobiernos promotores de estas políticas, monumentales recursos son drenados por las instituciones bancario-financieras para la realización de transferencias de miserables sumas pagas a los seleccionados por las políticas de los mínimos asistenciales comandadas por el Estado. (65)

Consideraciones finales

El mundo está viviendo una crisis multidimensional muy profunda, con impactos en la economía, la ética, la política, la cultura, el medioambiente, etc. La clase trabajadora es quien ha pagado los costos con la disminución de derechos, la precarización de las condiciones de vida y la transferencia de recursos públicos al capital privado. El Estado capitalista es cada vez más explícito en su carácter clasista. Una demostración son las crecientes transferencias de recursos, en forma de intereses y amortizaciones de la deuda pública al capital nanceiro, y las deserciones tributarias e incentivos fiscales.

Se verifica el intento de disminuir los gastos públicos a partir de estrategias de reducción de las necesidades humanas. La tendencia general es crear cada vez menos políticas universales y sistemas de protección, y ampliación de las políticas asistenciales como mero paliativo para mitigar los efectos del ajuste sobre la pobreza y la extrema pobreza. Al mismo tiempo, estas son naturalizadas e interpretadas como un problema de los individuos que están en tal situación por falta de «recursos», «activos» y «capacidades», lo que refuerza la idea de la selectividad como forma más eficiente y e caz en la lucha contra la pobreza.

La protección social, históricamente restringida en el continente, asume contornos aún más profundos con los procesos de contrarreformas. Los principios de la focalización y selectividad son ampliamente difundidos en ese contexto como sinónimo de «eficiencia» y «eficacia», con la finalidad de ocultar las estrategias de despolitización de la cuestión social por medio de su reducción a la pobreza, lo que oculta su génesis y facilita responsabilizar a los sujetos individualmente, además de contribuir a la reducción de las necesidades humanas a la «mísera expresión animal» (Pereira y Stein, 2010).

No hay política neutra y el proceso en curso en América Latina confirma el carácter autoritario y clasista de las medidas aplicadas. Las tendencias revelan de forma inteligible el proyecto de expansión del sector privado a través de proveer de servicios sociales, hasta entonces bajo responsabilidad del Estado, y la ampliación de las relaciones entre los trabajadores y las instituciones bancario- nancieras, responsables, por ejemplo, de la operacionalización de los programas de transferencia de renta. Resta a nosostros, entonces, la crítica implacable y la organización colectiva para enfrentar la barbarie capitalista.

*El programa terminó oficialmente en 2005, pero siguió pagando beneficios hasta la creación de la Asignación Universal por Hijo para la protección social.

**El programa terminó oficialmente en 2003, pero siguió pagando beneficios durante algunos años y se extinguió gradualmente en la medida que fueron aumentando los destinatarios de Bolsa Familia. Incluye el programa Tarjeta de Alimentación, vigente durante los mismos años.

 

Notas


[1] Todas las traducciones son de la autora.

[2] De acuerdo con Anderson (1995), «el Chile de Pinochet comenzó sus programas de manera dura: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, privatización de bienes públicos. Todo esto comenzó en Chile casi un decenio antes de Tatcher, en Inglaterra». Ya en Bolivia, no había necesidad de destruir un movimiento obrero poderoso, como en Chile, pero sí parar la hiperinflación (19).

[3] Utilizamos el término contrarreforma para caracterizar esas alteraciones orientadas al mercado, en el ámbito del Estado. Que sea utilizado para justi car estas medidas, especialmente en Brasil, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, constituye una apropiación indebida, ya que «es destituida de su contenido redistributivo de sesgo socialdemócrata, siendo sometida al uso pragmático, como si cualquier cambio significara una reforma, sin importar su sentido, sus consecuencias sociales y su dirección sociohistórica» (Behring y Boschetti, 2007: 149).

[4] Concordamos con Osvaldo Coggiola (2013) en que cabe cuestionar «la propia noción de “transferencia de renta” que genera la impresión de un impuesto a pagar por los sectores más favorecidos para financiar la supervivencia de los más pobres, y que clasifica las clases sociales, no por su relación con los medios de producción y de cambio, sino por su “nivel de renta”. Los programas sociales compensatorios son financiados, básicamente, no por impuestos del capital, y sí por los de los salarios» (110).

Referencias

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