La Ley de Reforma Agraria de 1959 y el fin de las oligarquías en Cuba

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Allá por las medianías de febrero de 1959 había recibido yo un mensaje:

 —Fidel quiere que formes parte de un grupo asesor que está organizando, aunque muy discretamente, para la elaboración de ciertas leyes revolucionarias. La primera tarea va a consistir en preparar un proyecto de ley de reforma agraria.

 —Estupendo. Hasta podría ir adelantando algo sobre eso para facilitar la labor.

 —Pues apresúrate. Y sobre todo, no hagas comentarios.

 —De acuerdo.

La reforma agraria era un tema clásico de la historia republicana de Cuba que yo había tratado en unos cuantos escritos publicados, pero que recién había cobrado inusitada actualidad. En La historia me absolverá, Fidel Castro había aludido al problema del latifundio e incluso durante la lucha en la Sierra Maestra se había promulgado —aunque con obvias limitaciones— una ley reconociendo el derecho a la propiedad de la tierra de los campesinos que la trabajaban sin ser sus dueños1 Y ahora, desde el triunfo del Primero de enero, reiteradas intervenciones del jefe de la Revolución habían creado en la opinion pública del país una atmósfera extremadamente favorable para la aprobación de otra mucho más profunda y completa. El mismo solía decir por aquellos días: «La Constitución de 1940 proscribió el latifundio, pero ese precepto nunca se cumplió. La reforma agraria que vamos a hacer lo liquidará para siempre. Será la obra cumbre de la Revolución».

Me entregué, por tanto, con todo entusiasmo a la tarea de elaborar un proyecto de Ley de Reforma Agraria; algo no demasiado difícil considerando mi familiaridad con el tema y la claridad de sus orientaciones fundamentales. De la primera versión, según recuerdo, hice llegar copias a Fidel, Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez.

De Fidel tuve una primera reacción cierta tarde, cuando Alfredo Guevara me dijo:

—Yo creo que Fidel leyó tu proyecto...; pero tal vez no le gustó, porque comentó que a él «no lo entendían».

—¿Y qué quería decir con eso?

—No sé.

Blas Roca mandó un mensaje de que fuera a verlo.

—¿Leíste el texto que te envié?

—Sí. Me parece bien, aunque le noto cierto defecto. Me refiero al artículo proscribiendo el latifundio.

—¡Pero si a mi juicio es el mejor!

—Precisamente.

Enseguida, como luego veremos, se aclaró el punto, pero momentáneamente quedé confundido; me preocupó la idea de que el proyecto era quizá demasiado radical.

Por aquellos días la reforma agraria acaparaba la atención nacional, ello no solo se reflejaba en la prensa, sino hasta en las conversaciones cotidianas de la gente —incluso en el movimiento obrero (en el que se hacían colectas para financiarla. Al mismo tiempo, como después de todo cabía esperar, los miembros, representantes y voceros de la oligarquía —particularmente los más vinculados por sus intereses al fenómeno latifundiario— manifestaban de modo cada vez más estridente su inquietud, desempolvando las viejas ideas sobre la necesidad de respetar el «sagrado principio de la propiedad privada».

Sobre esta última reacción Fidel observó en una entrevista de prensa:

—¿De qué se quejan? Después de todo, aquí los legítimos dueños de la tierra eran los indios.

 

 

Origen de la propiedad agraria en Cuba

 

El origen de la propiedad agraria en cuba —a su vez vinculado al surgimiento de las primeras oligarquías— fue el resultado de toda suerte de actos ilegales, fraudes y violencia. Los primitivos habitantes de la Isla no conocieron la propiedad privada —mucho menos la de la tierra, que trabajaban en forma colectiva. El adelantado Diego Velázquez, quien encabezó las huestes de los trescientos conquistadores que a sangre y fuego dominaron el país y fundaron las siete primeras villas, fue el que introdujo la institución repartiendo no solo indios (encomiendas), sino también tierras (solares para viviendas y estancias para cultivos).

Más tarde, probablemente sobre los años 40 del propio siglo xvi, los cabildos —que constituían el poder local formado por regidores electos por el vecindario y que a su vez nombraban la autoridad mayor representada por el alcalde— adoptaron el procedimiento de repartir como mercedes las tierras de su jurisdicción.2 Este mecanismo distributivo era extralegal, por decir lo menos. Las tierras se consideraban realengas, pues se presumían pertenecientes al rey y no existía ninguna disposición que autorizara disponer de ellas de esa manera.3 Desde luego, tal propiedad de la Corona, derivada de la brutal acción conquistadora, tenía un carácter tan espu