* Los autores forman parte de la Red de Economía Social Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial (ESORSE), del CIPS.

Una de las mayores demandas actuales a las que se enfrenta la sociedad cubana, es la de repensar los espacios local y comunitario como escenarios propicios para la autogestión, la autotransformación social y el desarrollo multiactoral, basados en el otorgamiento de una mayor autonomía a los gobiernos municipales.

La propuesta que aquí se presenta tiene sus fundamentos en los documentos programáticos del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2011; 2017; 2020) de los últimos años, y en la Constitución de la República (2019). En ellos se reconoce que las estrategias de desarrollo local han comenzado a tener una consideración central en los municipios. En este sentido, el presidente de la República aseveró que ello «debe abarcar pilares económicos, sociales, ambientales y culturales, es la forma en que el territorio proyecta el avance de todas sus esferas, y demanda para que exista un encadenamiento en aras de su sostenimiento» (Díaz-Canel, 2018).

El actual proyecto de investigación-transformación del Grupo de Creatividad para la Transformación Social (GCTS), del CIPS, parte de esa orientación esencial, que genera nuevas oportunidades y desafíos para el avance de articulaciones, encadenamientos productivos entre empresas estatales y no estatales y favorece la realización de estrategias de desarrollo local, provincial y nacional; cuestión que, no obstante, presentará una situación compleja de transición que implica formación de capacidades, cambio cultural y nuevas prácticas, como desafíos del desarrollo.  

Los resultados de diversos proyectos de investigación del GCTS, dedicados a esta temática desde finales de los 90, muestran limitaciones actuales y potencialidades de los nuevos actores no estatales, así como su capacidad para generar recursos, proponer alternativas para la solución de diversos problemas sociales y fortalecer el desarrollo local; todo lo cual requiere de reenfoques de los estilos de gestión organizacional y gubernamental para su mayor eficacia (D´Angelo, 2014a; b;Valdés, 2016; 2018).

Diversos resultados de investigación han mostrado algunas de las dificultades que enfrentar y superar:

  • Ausencia de un marco regulatorio que defina atribuciones y competencias de los órganos de gobierno local1 (Valdés, 2012; 2016; 2018; Vidal y Pérez, 2012); D´Angelo 2014a; 2016; 2018; Palacio, 2015; Pérez Hernández, 2015, D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).
  • Necesidad de mayor coordinación e integración de gobiernos locales, organismos de la Administración Central del Estado (OACE), Consejos de la Administración Provincial (CAP) y otras instituciones, en la atención adecuada y coherente de las demandas de la población, así como en el planeamiento estratégico del desarrollo (D´Angelo, 2016; 2018; Valdés, 2016; 2018; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).
  • Ausencia de articulación con los nuevos emprendimientos no estatales, particularmente desde el gobierno y el sector estatal, en función de los objetivos de desarrollo del municipio (Vidal y Pérez, 2012; Palacio, 2015; D´Angelo, 2016; 2018; Valdés, 2018; Vázquez, 2018; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).
  • Escasa participación de la población en el diseño, implementación, gestión y control de los planes de Desarrollo Integral Municipal, con dificultades de inclusión de los emprendimientos no estatales2 (Valdés, 2012; 2016; 2018; D´Angelo, 2014b; 2016; 2018); Henríquez et al., 2017; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).
  • Necesidad de desburocratización en los procedimientos municipales supeditados a las voluntades administrativas ministeriales (Valdés, 2012; 2016; 2018; D´Angelo, 2014b, 2016, 2018; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).

Hoy esta realidad se ha complejizado, no solo por aquellos elementos que, como parte de la Actualización del Modelo Económico es necesario transformar, también por la necesidad de responder, desde los municipios y sus gobiernos, al impacto multidimensional de la COVID-19.

Por otro lado, se han aprovechado potencialidades creadoras en algunos emprendimientos por cuentapropia y cooperativistas, que aplican principios de responsabilidad social solidaria, y podrían contribuir al acercamiento, desde las formas no estatales, a los encadenamientos que se necesitan, tanto en el ámbito económico como social, para el logro del desarrollo local integral.

Por ejemplo, en emprendedores cuentapropistas del centro histórico de La Habana —algunos con apoyo de la Oficina del historiador de la ciudad (OHC)— y en algunas cooperativas no agropecuarias (CNA) de Centro Habana, se han desarrollado acciones con un sentido de responsabilidad social (RS) con las comunidades cercanas, traducidas en integración entre diversos actores: vínculos con empresas estatales e instituciones públicas, acciones mancomunadas entre emprendedores, etc. (Henríquez et al., 2017; Valdés, 2018). Estas tributan al desarrollo local en sus distintas dimensiones (económica, política, social, cultural, medioambiental, entre otras), con acciones de promoción de empleos, disminución de vulnerabilidades en la comunidad, etc., y facilitan la construcción de estilos de gestión multiactoral de los gobiernos locales.

Tal apuesta apunta, por un lado, al desarrollo local integral endógeno, y por otro, al redimensionamiento del empoderamiento y participación social. Ambos contribuyen a que, desde el interior de dicho espacio, se puedan estimular o gestar procesos de cambio o transformación social de carácter autónomo y coordinado, dirigidos principalmente a mejorar las condiciones de vida de las personas y también generar riqueza económico-productiva y social, lo que, en definitiva, tributa al desarrollo local sostenible, significativo y prospectivo.

Nuestras investigaciones han aportado una mayor comprensión de la participación de los propios actores locales y comunitarios, interpretadas desde una perspectiva de interconectividad micro-macro-mesosocial, relaciones objetivas-subjetivas, etc., con la plataforma teórico-metodológica compleja, Autonomía Integradora (AI). (3)

Importancia de la gestión multiactoral del gobierno municipal y otras instituciones

Para configurar modos de gestión multiactoral, se requiere la construcción de alianzas y formas de cooperación estables. En nuestros proyectos abordamos el concepto de alianzas público-privadas solidarias y participativas (APPSP) como modalidades posibles que, además de propiciar articulaciones y encadenamientos entre diferentes instituciones y formas de propiedad y gestión, se orienten hacia el ejercicio de principios de solidaridad social y de participación conjunta en las decisiones y proyecciones de desarrollo local.

Una alianza es la relación consensuada entre varios actores para generar mayores capacidades de trabajo (Vázquez, 2018). La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2008) afirma que las APPSP son iniciativas voluntarias entre diversos actores del sector público y privado, en las que las partes acuerdan trabajar de conjunto para lograr un propósito común o emprender tareas específicas.

Según G. Ruiz (2014), la multiactoralidad es entendida como un eje transversal para mejorar las intervenciones públicas; genera una serie de ventajas y valores tanto en la organización del trabajo como en los procesos de gerencia de los servicios públicos y sus resultados finales. Este autor plantea que ello tiene la ventaja de que «amplía las capacidades institucionales, genera patrones de cambio, contribuye a la corresponsabilidad y permite compartir los problemas, abordarlos conjuntamente».

En el caso de la relación, en el país, entre las instituciones de gobierno y empresas con los emprendimientos no estatales, sus actividades son supervisadas por instancias estatales o del gobierno municipal o provincial, pero en muchas ocasiones no cuentan con un espacio asociativo y de encadenamientos en el que puedan articularse para cooperar de manera organizada con aquellas instituciones (D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).

Un planteamiento central es que la construcción de mecanismos de gestión de las APPSP, por parte del gobierno local, tiene dimensiones organizativas, estructurales, subjetivas y prácticas intervinculadas, aspectos sobre los que se requiere avanzar hacia una praxis diferente a los modos habituales de ejercer el gobierno, desde el Poder Popular constituido.

La aplicación práctica de la gestión multiactoral de gobierno implica la necesidad de promover estrategias de concertación organizacional (Redín et al., 1999; Thevoz, 2008) y la inclusión de actores con subjetividades sociales diversas (Ruiz, 2014).

Las articulaciones estatales-no estatales se han experimentado en investigaciones académicas, proyectos de ONG y otros programas de desarrollo específicos, en municipios pequeños del país (por ejemplo, de las provincias Pinar del Río y Villa Clara), lo que ha propiciado un funcionamiento más eficiente en la articulación de esos actores sociales en vías de desarrollo local-comunitario.4 Lissette Pérez Hernández (2015) se refiere a que no funciona del mismo modo un municipio urbano que uno rural, ni uno grande que otro pequeño, ya que territorial, social, demográfica y económicamente son muy diferentes; sin embargo, H. Carrillo (2016) y D. Proenza (2016) muestran cómo en comunidades tan diversas como el municipio Cárdenas y el Consejo Popular Vedado- Malecón se dan parecidos efectos de la fragmentación entre organizaciones, gobiernos y otros actores sociales, en relación con temas-necesidades que no son compartidos y, menos, objeto de participación conjunta en las decisiones locales.

En el caso de nuestras propuestas, atendemos la necesidad de fomentar capacidades institucionales adecuadas en los gobiernos locales de municipios densamente poblados de la capital, a partir de propiciar:

  • La formación de competencias (conocimientos, disposiciones y destrezas) que permitan el funcionamiento articulado de la gestión multiactoral hacia el desarrollo.
  • La generación de mecanismos institucionales con un alto grado de coherencia y organicidad entre sus diversos órganos de dirección, para asumir responsabilidades, co-definir, co-diseñar, implementar y monitorear las políticas estratégicas de gestión del desarrollo local.
  • La construcción cooperada, sobre las necesidades y problemas de la población, teniendo en cuenta el impacto de las circunstancias de riesgo e incertidumbre del momento específico.
  • Las atribuciones organizacionales para una proyección estratégica del desarrollo integral.

Por eso, teniendo en cuenta las relaciones de todo el campo conceptual de nuestro actual proyecto, aplicado al ámbito local, la capacidad institucional se expresa en la gestión multiactoral del desarrollo local, lo que implica la disposición y organización de los recursos para obtener los resultados esperados, como una forma de alinear los esfuerzos para alcanzar un fin social determinado. Esto plantea una apertura multidimensional y epistemológicamente de mayor alcance que abre paso a dimensiones poco exploradas y la generación de la capacidad de búsqueda de respuestas innovadoras en planos tan diversos como el empresarial o el comunitario, el de la movilización social o la gestión pública, como para enfrentarse a la crisis de manera proactiva, con capacidad de adaptación rápida y profunda, a la vez que promueve cambios del entorno. También permite dar cuenta de la necesidad de acciones de RS,5 tanto en el ámbito gubernamental como en el de las instituciones subordinadas y en las diversas formas socioeconómicas, para encontrar nuevos caminos hacia el desarrollo, en su comprensión como principios claves relacionados con la gestión multiactoral de las APPSP.

Ello tiene un basamento en las teorías y prácticas de la economía social y solidaria (ESS), que pueden crear un nuevo espacio de relaciones económicas y sociales, donde se generen prácticas y valores de desarrollo humano sostenible (Cattani, 2003; Coraggio, 2003; 2007; Sarría y Tiriba, 2003; Singer, 2003; Piñeiro et al., 2011); o sea, posibilitan una interpretación ético-social orientada a una construcción emancipatoria de las relaciones, asociatividades y sujetos de las formas de gestión de las APPSP.

Así, extendemos esa concepción a todos los actores socioeconómicos no estatales y estatales que adopten —en la medida de sus peculiaridades— las bases de la economía solidaria, en las que regirían los principios de solidaridad-cooperación, responsabilidad social comunitaria, democracia participativa, redistribución de ingresos, articulación con actores sociales comunitarios, redes productivas, formas de autogestión y co-gestión; en beneficio del trabajo y la ciudadanía (D´Angelo et al., 2016, D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).

En este contexto, el espacio en el que se ubican los municipios urbanos está formado por las tramas de relaciones que establecen los numerosos actores en sus dinámicas más amplias. En él —dadas las características de esos municipios—, el gobierno y los actores socioeconómicos estatales y no estatales desempeñan un papel fundamental en la gestión y proyección de los aspectos productivos, ambientales y del patrimonio cultural —en su articulación con la estrategia del desarrollo local—, su gestión, re-funcionalización de los espacios públicos, vías comerciales de primer orden y áreas recreativas y culturales, fundamentalmente las de altos valores patrimoniales.

El gran esfuerzo realizado en Cuba en la reanimación del patrimonio cultural urbanístico, tiene como ejemplo paradigmático la elaboración del Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI, 1999), de la OHC de La Habana, y su vinculación con el desarrollo socioeconómico, también cuenta con antecedentes importantes de estudios y aplicaciones previas en la capital (Valdés, 2012), así como en diversas regiones del país.

El espacio comunitario-local para el desarrollo establece el conjunto de interdependencias de orden económico, ambiental y sociocultural que se articulan como partes del desarrollo local, lo que define este proceso como una trayectoria en la que se interconectan elementos políticos, económicos, sociales, históricos, geográficos, culturales y físicos. Estos se transforman, a partir de las prácticas de los propios actores, por la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector estatal, privado y cooperativo, para abordar y resolver los desafíos más importantes del desarrollo en los territorios (Arocena, 1997; Boisier, 2003; Cattani, 2003; Coraggio, 2003; 2007; Guzón, 2006; Núñez, 2014). Una propuesta de desarrollo local sostenible, entonces, se integra este con esos objetivos, lo que crea un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida autónoma, prolongada, saludable y creativa (PNUD, 1990; 2016).

Así, la comunidad no solo es el espacio físico, cultural, o el escenario de intercambio de relaciones e interacciones, sino también el de hacer, conocer y sentir (Sánchez, 1996); un espacio principal de construcción de subjetividades protagónicas y aportaciones a los procesos de desarrollo humano.

Teniendo en cuenta lo antes planteado, se puede comprender la «sostenibilidad de estrategias de desarrollo local» (Valdés, 2018; Figueredo, 2020a), como el conjunto de procedimientos de planificación, ejecución, control y evaluación de los objetivos del desarrollo local en las dimensiones propuestas, a ejecutarse de manera conjunta y concertada entre el gobierno y los actores locales-comunitarios, bajo un principio de participación ciudadana amplia.

Esto implica desarrollar programas y proyectos orientados a aprovechar recursos endógenos y exógenos, articulando armónicamente intereses nacionales, sectoriales, territoriales y de las formas de gestión no estatal, para fomentar transformaciones políticas, económicas, sociales, ambientales y administrativas e institucionales, en función de elevar la calidad de vida de la población; cuestiones que plantean tramas de relaciones complejas que constituyen un desafío de su abordaje holístico en las investigaciones para la transformación social hacia el desarrollo local integrador.

La propuesta de los proyectos de investigación del grupo GCTS aporta, así, una visión ecosistémica y potenciadora del desarrollo local sostenible, que incorpora el funcionamiento institucional de las organizaciones de gobierno en conjunción con las formas multifactoriales diversas, que también tienen una repercusión en proyectos locales de desarrollo comunitario.

Aquí entra a desempeñar un importante papel la concepción del eco-barrio, como paradigma integrador comunitario. Esto implica la creación de capacidades para gestionar, participativamente, una estrategia que afronte la desigualdad ambiental y logre la recuperación de zonas degradadas con la utilización de recursos renovables del territorio en  varias dimensiones, con impactos en el incremento de la calidad de vida de sus habitantes. En municipios que presentan un cuadro urbanístico-ambiental con grandes signos de deterioro, se puede lograr un crecimiento de los ingresos de sus habitantes, con prácticas amigables con el medioambiente local, urbanístico, productivo y social. La propuesta de configuración de eco-barrios, en estos casos, es una herramienta potenciadora que puede mejorar la calidad de vida de sus habitantes en lo sociocultural; la recuperación del patrimonio; la creación de nuevas infraestructuras, equipamientos y formas de organización social, tanto en la gestión, producción, manejo de residuos, incrementos productivos y ambientalmente sostenibles, que aumentan la calidad del entorno. Se constituye en un barrio que imita las relaciones regenerativas de los ecosistemas naturales. Esto transforma los hábitos colectivos y estimula la cooperación poblacional por un fin común; reconstruye ciudades revitalizando zonas degradadas en espacios reconstruidos desde sus potencialidades propias, crea una economía circular que provee sostenibilidad alimentaria, forestal y productiva. Se basa en nuevas formas de relación participativa ciudadana (Lefèvre y Sabard, 2009; Figueredo, 2020b). La construcción de un pequeño parque infantil ecológico, en la Casa del niño y la niña, en Cayo Hueso, Centro Habana, y otros emprendimientos y proyectos de economía verde en la ciudad, son muestras de que esto es posible.

Por un lado, nuestras investigaciones se han dirigido a explorar y fomentar las posibilidades de integración multiactoral en las APPSP a nivel local (que involucra directamente al Consejo de la Administración Municipal —CAM— y a la Asamblea Municipal del Poder Popular —AMPP), con extensión hasta el nivel de Consejo Popular y la comunidad a través de microproyectos de reanimación ambiental-urbanística y socioproductiva en espacios comunitarios).

En esta perspectiva, realizamos talleres de formación y diagnósticos participativos, debates multifactoriales, sesiones de diagnósticos —matriz DAFO— y asesoramiento a direcciones del CAM, AMPP, Consejos populares, trabajadores de empresas comunales y promotores de desarrollo integral en barrios de la ciudad (D´Angelo, 2001; 2004; 2005; 2008; 2010; 2011; 2012; 2014b; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019; D´Angelo et al., 2020; López y D´Angelo, 2008; De Armas, 2011; 2012; 2019).

Gestión multiactoral desde la complejidad y la ética solidaria

Desde la perspectiva de la complejidad, la sociedad —en cualquiera de sus subsistemas o escalas institucionales— es un sistema interconectado en el que:

  • Se manejan contextos de incertidumbre relativa que comportan ciertos riesgos y, por tanto, requieren rupturas de esquemas y previsión de escenarios probables, y otros menos previsibles, pero potencialmente actuantes, que precisan gran capacidad de anticipación e innovación organizativa social; por ejemplo, consecuencias de regulaciones necesarias para el desarrollo de pymes privadas, en diferentes circunstancias temporales.
  • Sus subsistemas tienen una conexión con él en el contexto total, pero también le imponen sus marcas o prácticas, con funcionamientos recursivos; por ejemplo, comportamientos autoritarios en la familia y en instituciones de la sociedad, y sus consecuencias aniveles meso-macro-sociales (fractalidad), y a la inversa.
  • Lo que ocurre en una esfera —como la económica— es causa y, a la vez, consecuencia de lo que se plantea en otras, como la jurídica o la ideológica, prácticas cotidianas, subjetividad social, etc.; por ejemplo, la naturaleza diferente de sectores privados y estatales y sus posibles desafíos y consecuencias en la formación de una conciencia social individualista o capitalista versus una conciencia solidaria.
  • Los procesos generados tienen sus propias formas de «autorganización», que buscan su acomodo a las nuevas realidades con formas propias (Morin, 1994)). Por ejemplo, las formas asociativas emergentes —no previstas— entre actores no estatales vinculados a proyectos comunitarios.
  • La «dialogicidad o complementariedad posible» entre procesos tiene ciertas formas de convivencia adaptativa al modelo deseable; por ejemplo, entre el sector público y el privado, en sus posibles alianzas para el desarrollo socioeconómico del país, con criterios redistributivos para la contribución al local.

Estas, entre otras características de los procesos de la complejidad social, necesitan de su interpretación del alcance posible de los proyectos de investigación-transformación social en la gestión de las políticas públicas. Con ese propósito, empleamos la Autonomía Integradora (AI) como plataforma epistemológica-metodológica compleja de interpretación metarreflexiva y de acción emancipatoria (D´Angelo, 2005; 2008; 2010; 2014b; 2016; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019; D´Angelo et al., 2020).

En nuestros proyectos de investigación-transformación se enfatiza la tríada empoderamiento-participación-proactividad —acorde con la plataforma AI—, lo que apunta a la necesidad de un proceso endógeno, nacido desde el seno mismo de la comunidad, vinculado a las propuestas institucionales del país y del gobierno local; de manera que se faciliten mayores grados de «concientización», tanto individual como colectiva-comunitaria, ya sea a través de sus líderes o de nuevos agentes de cambio con la madurez necesaria y suficiente para dirigir la imbricación de todos los actores implicados, con un sentido de solidaridad social, como peldaño hacia una participación comprometida con el desarrollo local.

Esta no es una tarea fácil; en nuestras investigaciones se han registrado problemas en el manejo de riesgos e incertidumbres, o de resistencias y expectativas en conflicto, respecto al proceso de cambio institucional-social en curso y sus tiempos de implementación por los diversos entes comunitarios e institucionales. También se han identificado situaciones de no participación de actores locales, incluso de resistencias y justificaciones en el caso de incorporación a proyectos de desarrollo de la comunidad, de emprendimientos no estatales, escasa participación activa entre delegados que se involucraron en talleres comunitarios e, incluso, descoordinaciones y efecto de saturación al asumir tareas sociales por los delegados y las organizaciones de masas.

Unido a todo ello, la urgencia en la situación actual de involucramiento institucional del gobierno y actores sociales en los avatares de la pandemia y sus efectos diversos, presenta un escenario complicado en el estado de las subjetividades y prácticas sociales, muy dañadas por el distanciamiento social imprescindible, así como por el cambio radical de estilo de vida.

Por ello, es necesario un tipo especial de diagnosis social que no indague simplemente sobre las necesidades sentidas o reconocidas, sino acerca de aquellas prácticas o patrones de interacción social que dan fundamento a las diversas formas de ser y estar en el mundo en el contexto actual (Sotolongo, 2006).

Esta reflexión apunta hacia la necesidad de contemplar la subjetividad como totalidad; es decir, como un sistema que produce potencialidad, lo cual redunda en la producción de tramas intervinculares más amplias y profundas, que hacen posible la potenciación de la transformación social.

Con ello, los proyectos de desarrollo local comunitario pasan necesariamente por el rescate de la subjetividad y la intersubjetividad social, en tramas sociales-institucionales complejas, una apuesta que merece ser incorporada a la construcción de las proyecciones del desarrollo en perspectiva. A ello apuntan los resultados obtenidos y las acciones prospectivas de nuestras acciones de investigación-transformación en municipios urbanos de la capital. Su principal sentido está en el compromiso con el modelo de gestión multiactoral, centrado en el bienestar de la comunidad, a partir de los principios solidarios, en el marco de relaciones socialistas de cooperación interactorales.

Notas:

  1. Algo en lo que se ha avanzado entre 2020 y 2021, con la elaboración de varios decretos-leyes, cuya implementación se encuentra en proceso y al ritmo que marca la complejidad de la actual pandemia de la COVID-19.
  2. Algo en lo que la política socioeconómica nacional ha enfatizado en los últimos años.
  3. Plataforma teórico-metodológica construida en los Proyectos del GCTS (2003-2021) para la investigación-transformación local-comunitaria. Aborda tres dimensiones principales en las relaciones de los actores en las que se articulan diversos procesos sociales: integración en la diversidad —organizacional y de subjetividades sociales—, autodeterminación contextual en la acción social, y empoderamiento para la autogestión responsable. La propuesta implica la necesidad de cambios organizacionales, así como la promoción de estrategias de concertación multiactoral y la armonización de subjetividades a partir del diálogo y la proactividad social, tanto al interior de los procesos emprendedores como en sus relaciones con los actores sociales de la comunidad. (D´Angelo, 2005; 2010; 2016; y D´Angelo y Valdés Morillas, 2019; D´Angelo et al., 2020).
  4. Se destacan las acciones de transformación, que incluyen relaciones multifactoriales como la Sistematización «Articulación entre el sector estatal y no estatal»: Con todas las manos (PNUD, 2013); y relaciones de ejecución de programas comunitarios y locales que involucran a diferentes actores sociales, como el CIPS, el Centro de Desarrollo Local (CEDEL) (Guzón, 2006), ONG como CIERIC, el Centro Félix Varela, la red GUCID-UH (Núñez, 2014), entre otros.
  5. Tema trabajado ampliamente por diversos autores, con diversas connotaciones, como J. Maristany (2000), G. Dessler (2001), L. Gómez-Mejía (2001), K. Laursen y N. Foss (2003), S. Dolan (2003), R. Mathis y J. Jackson (2003) y J. Gómez y M. Rojas (2015), u organismos internacionales como Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por medio de normas tales como las SA 8000, SGE 25 o el Global Reporting Initiative (GRI). La RS es entendida en nuestra propuesta no como acción filantrópica o de beneficio de imagen empresarial o institucional, sino en su sentido más profundo de ejercicio de la solidaridad social.

Referencias:

Arocena, J. (1997) «Lo global y lo local en la transición contemporánea». Cuadernos del CLAEH, n. 78-9. Disponible en <https://bit.ly/3jvNqcl> [consulta: 1 julio 2021].

Boisier, S. (2003) «¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?». Documento no publicado. Comunicación Jornada Desarrollo. Celebrada en Universidad de General Sarmiento, Buenos Aires.

Carrillo, H. (2016) «Órganos municipales del Poder Popular en Cuba. Un estudio de caso». En: Desigualdad y problemas del desarrollo local en Cuba. Peña, A. (comp.), La Habana: Editorial UH.

Cattani. A. D. (2003) «Outra economía. Definiciones esenciais». En: A outra economía. Cattani, A. D. (comp.), Sao Paulo: Veraz Editores.

Coraggio, J. L. (2003) «Economía del trabajo». Ibídem.

______ (2007) «Introducción». En: La economía social desde la periferia. Coraggio, J. L. (org.), Buenos Aires: UNGS/Altamira.Cuba. Constitución de la República (2019). Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3rKOMSw> [consulta: 2 febrero 2021].

D´Angelo, O. (2001) Sociedad, educación y desarrollo humano. La Habana: Ediciones Acuario.

______ (2004) «Participación y empoderamiento en el proyecto social emancipatorio». En: Participación social en Cuba. La Habana: CIPS.

______(2005) Autonomía integradora. Desafío ético emancipatorio de la complejidad. La Habana: Ediciones Acuario.

______ (2008) Contextualidades complejas y subjetividades emancipatorias. La Habana: CIPS.

______ (2010) Marco teórico de la Autonomía Integradora para el desarrollo comunitario. Informe de resultado. La Habana: CIPS. Disponible en <https://bit.ly/3ycigL4> [consulta: 21 junio 2021].

______ (2011) «Economía Solidaria: Reconstrucción urbana y ciudadanía integradora. Aproximaciones y proyecciones en nuestra realidad actual». X Encuentro Internacional de Manejo y Gestión de Centros urbanos. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

______ (2012) «La investigación en las tramas sociales, económicas y políticas. Retos en la realidad cubana actual». CD Caudales. La Habana: CIPS.

______ (2014a) Informe de resultados de procesos sociales comunitarios en Proyecto Santo Ángel por Dentro». Centro Histórico de La Habana. Ibídem.

______ (2014b) Sistematización metarreflexiva de los proyectos SPTS. Documento no publicado. La Habana: CIPS.

______ (2016) Autonomía integradora aplicada a la gestión social de cooperativas no agropecuarias y sus potencialidades para el desarrollo local-comunitario. Sin publicar. La Habana.

______(2018) Fomento de alianzas público-privadas solidarias para el desarrollo local-comunitario. La Habana: GCTS/CIPS.

D´Angelo, O. y Valdés Morillas, F. (2019) Alianzas público-privadas con prácticas solidarias-participativas —APPSP— para la gestión del desarrollo local, desde la autonomía integradora, Centro Habana, 2017-2019. Programa Nacional de Desarrollo Local/CITMA.

D´Angelo, O. et al. (2020) Gestión multiactoral de alianzas público-privadas con prácticas solidarias-participativas —APPSP— para el desarrollo local, desde la autonomía integradora, Centro Habana, 2017-2019. La Habana: CIPS.

De Armas, J. P. (2011) Imaginarios comunitarios. Una brecha antropológica en el análisis psicosocial de las comunidades. Ibídem.

______ (2012) Buena Vista imaginada. Un análisis cultural desde la perspectiva de los imaginarios. Ibídem.

______ (2019) «Sujetos comunitarios-solidarios. Un estudio acerca de la co-construcción de sujetos sociales en actores políticos». Artículo en proceso de edición. Ibídem.

Dessler, G. (2001) Administración de personal. Ciudad de México/ Madrid: Prentice Hall.

Díaz-Canel, M. (2018) Momentos de la visita a Pinar del Río el 12 y 13 de septiembre. Video editado por Tele Pinar.

Dolan, S. (2003) La gestión de los recursos humanos, Madrid: McGraw Hill.

Figueredo, J. A. (2020a) Desarrollo local ambiental sostenible desde la gestión multiactoral participativa en Centro Habana. Tesis de maestría. FLACSO, Universidad de La Habana.

______ (2020b) «Fomento del desarrollo local ambiental sostenible y eco-barrios, desde la gestión multiactoral participativa en Centro Habana». Artículo en proceso de publicación.

Gómez-Mejía, L. (2001) Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Prentice Hall.

Gómez, J. y Rojas, M. (2015) «Innovación y responsabilidad social: premisas del desarrollo local sostenible». Simposio CIPS, octubre, La Habana.

Guzón, A. (2006) Desarrollo local en Cuba. Retos y perspectivas. La Habana: Editorial Academia.

Henríquez, P. et al. (2017) Participación de los miembros de una CNA-Centro Habana en la gestión de la cooperativa. Estudio de caso. La Habana: GCTS/CIPS.

Laursen, K. y Foss, N. (2003) «New Human Resource Management Practices, Complementaries and the Impact on Innovation Performance». Cambridge Journal of Economics, v. 7, n. 2, 243-63. Disponible en <https://bit.ly/364vjlB> [consulta: 21 junio 2021].

Lefèvre, P. y Sabard, M. (2009) Les écoquartiers. París: Apogée.

López, C. y D´Angelo, O. (2008) Participación juvenil en actividades comunitarias de Buena Vista, La Habana. Informe CIPS. La Habana.

Maristany, J. (2000) Administración de recursos humanos. Buenos Aires: Prentice Hall.

Mathis, R. y Jackson, J. (2003) Fundamentos de administración de recursos humanos. Perspectivas esenciales. Ciudad de México: Thomson.

Morin, E. (1994) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial Gedisa.

Núñez, J. (coord.) (2014) Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo local. La Habana: Editorial UH.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2008) Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva. Ginebra. Disponible en <https://bit.ly/3jwbBaw> [consulta: 1 julio 2021].

Palacio, C. (2015) «Fomento de las PYMES en Cuba. Repensando la empresa no estatal socialista». En: Miradas a la economía cubana: análisis del sector no estatal. Pérez Villanueva, O. E. y Torres Pérez, R. (coord.), La Habana: Editorial Caminos.

PCC (Partido Comunista de Cuba) (2011) Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 18 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3gQOowJ> [consulta: 21 junio 2021].

______ (2017) Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos. Tabloide. Disponible en <http://bit. ly/2Wx6gGo> [consulta: 10 agosto 2020].

______ (2020) Cuba y su desafío económico y social. Tabloide especial. Disponible en <http://bit.ly/2Tv3foR> [consulta: 1 julio 2021].

PEDI (Plan Especial de Desarrollo Integral) del Centro Histórico de La Habana Vieja (1999) Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Pérez Hernández, L. (2015) «Antecedentes y retos de la descentralización del municipio cubano: diseño de un camino». En: ¿Qué municipio queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo local. Pérez Hernández, L. y Díaz Legón O. J. (comps.), La Habana: Editorial UH.

Piñeiro, C. et al. (2011) Cooperativas y socialismo en Cuba. La Habana: Editorial Caminos.

PNUD (1990) Informe del Desarrollo Humano. Bogotá.

(2013) Sistematización «Articulación entre el sector estatal y no estatal». En: Con Todas las Manos. La Habana: PNUD-Cuba.

(2016) Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Nueva York. Disponible en <https:// bit.ly/3hrPDmn> [consulta: 1 julio 2021].

Proenza, D. (2016) «Atributos de la capacidad institucional para gestionar los gobiernos locales en Cuba. Güines, un estudio de caso». En: Desigualdad y problemas del desarrollo local en Cuba. Peña, A. (coord.), La Habana: Editorial UH.

Redín, M. E., Alí, P. y Poggiese, H. A. (1999) El papel de las redes en el desarrollo local como prácticas asociadas entre Estado y sociedad. Buenos Aires: FLACSO. Disponible en <https://bit.ly/3hxcDR8> [consulta: 1 julio 2021].

Ruiz, G. (2014) Intersectorialidad y desarrollo comunitario. Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Disponible en <https:// bit.ly/3ldvsMt> [consulta: 30 julio 2021].

Sánchez, A. (1996) Psicología comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención. Barcelona: EUB.

Sarría, A. y Tiriba, L. (2003) «Economía popular». En: A outra economía. Ob. cit.

Singer. P. (2003) «Economía solidaria». Ibídem.

Sotolongo, P. L. (2006) Teoría social y vida cotidiana: La sociedad como sistema dinámico complejo. La Habana: Ediciones Acuario.

Thevoz, L. (2008) Mediación de concertación multiactoral para la gestión social. La Habana: Centro Félix Varela/Ediciones Acuario.

Valdés, F. D. (2012) Gestión del patrimonio cultural y desarrollo local en el municipio Centro Habana. Tesis de grado. Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana.

______ (2016) «Caracterización de relaciones socioeconómicas entre cooperativas no agropecuarias, otros actores locales y gobierno de Centro Habana». Simposio CIPS, La Habana.

______ (2018) Estrategias de inserción y sostenibilidad de las cooperativas no agropecuarias (CNA) en los entramados socioproductivos locales del municipio Centro Habana, durante el período 2014-2018. Informe de investigación. CD compilatorio de resultados. La Habana: CIPS.

Vázquez, Y. (2018) Trabajo por cuenta propia (micro y pequeñas empresas privadas). Prácticas cubanas y tendencias internacionales (TPCP). Pre-tesis de doctorado. Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana.

Vidal, P. y Pérez, A. (2012) «Apertura al cuentapropismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural». En: Miradas a la economía cubana… Ob. cit.

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