La información es uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano para existir. Es insoslayable para realizar sus actividades diarias, para superarse. Se considera un derecho tan valioso que se ubica después de la vida y la libertad.

Cada minuto del día las personas requieren nuevos datos, veraces y oportunos, que se ubican siempre en el contexto individual y en la macrosociedad. Esto significa que están matizados por las experiencias personales, y expectativas de vida, que son, a la vez, otros recursos informativos que se reciclan constantemente hasta generar el conocimiento. Algunos teóricos consideran la información como el elemento central para lograr las metas personales y colectivas.

Con esta premisa, el presente ensayo pretende analizar, desde una visión histórico-jurídica, el Decreto-Ley 265/2009, del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba, y cómo se gestionó, desde tal disposición, el derecho de acceso a los documentos, teniendo en cuenta sus principales antecedentes. La finalidad de los análisis recae en aprender de sus debilidades y fortalezas para continuar construyendo una   norma que facilite y gestione el derecho al acceso a los archivos y documentos generados en el país.

Antecedentes históricos

Una primera preocupación por este derecho se ha podido identificar en China durante la dinastía Tang, cuando se procedió a la restructuración del gobierno (entre los años 627 y 649), y con ella, aun con sus imperfecciones, se presentaron los primeros antecedentes de transparencia y acceso a los registros públicos. Pero, pasado tal período, esta posibilidad, desapareció (López, 2009: 11-4).

Hacia 1700, la idea de que se eligiera a los gobernantes era incipiente y la posibilidad de que expresaran libremente sus ideas y opiniones era menor. Algunos decisores en España, por ejemplo, se encargaron entonces de utilizar instituciones —como la Inquisición—, cuyo objetivo era censurar o prohibir la difusión de ideas que cuestionaran el orden establecido o el conocimiento aceptado en ese momento histórico (12-4).

Esta situación se fue revirtiendo poco a poco. Una de sus primeras y más importantes expresiones se plasmó en Francia, con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), emanada después de la Revolución francesa, la cual regula el derecho que tiene cada ser humano a expresar sus opiniones libremente sin ser molestado por ello (1-3). En esto está la génesis de la protección del derecho de acceso a la información en la doctrina internacional, y a su vez el deber de respetar el de los demás, puesto que es la forma en que el «ser humano pueda desarrollar libre y plenamente su personalidad» (Campos Dell, 2011: 46). Para principios del siglo xix, tanto en los Estados Unidos como en Francia, se admitía un conjunto de derechos y libertades ciudadanos. En este período se reconocían algunos, como escribir, comunicar, reunirse, viajar o tener una religión, sin que las autoridades lo impidieran. Estaba legalmente protegida la libertad de expresión, sobre todo del emisor de la información; es decir, el sujeto que expresa sus ideas y pensamientos, frente a la eventual intervención de un tercero —autoridad o persona— que pretendiera impedírselo (López, 2009: 13).

En la primera mitad del siglo xx ocurrió una impresionante transformación en los medios de comunicación e información. Sin embargo, hubo momentos en que fueron utilizados como instrumentos de propaganda al servicio de gobiernos que no les interesaba mantener a sus subordinados con cierto nivel de información. Fue por ello que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los países miembros de la ONU proclamaron, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 19 se retomó la concepción original de la libertad de expresión, pero se reestructuró para ampliar su protección a los receptores de la información.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. (1-3)

Un texto similar fue retomado a partir de entonces por la mayor parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos (Campos Dell, 2011: 46-47). Consecuentemente, el derecho a estar informados, en su concepción contemporánea, comprende tres libertades interrelacionadas: las de buscar, recibir y difundir información. La gran mayoría de los países ya tiene aprobada leyes vinculadas a la protección de tal derecho. Politólogos, documentalistas, archivólogos, sociólogos y, sobre todo, juristas han encontrado en este tema un camino para sus investigaciones, lo cual ha generado abundante bibliografía.

Hoy existe gran reserva informativa en los archivos. Desde inicios del esclavismo, el hombre se preocupó y ocupó por conservar los documentos que generaba la Administración Pública y que daban fe de los actos administrativos y económicos más importantes. Así surgieron dichas instituciones, en lugares a veces sombríos y oscuros, que han tenido la misión de conservar datos valiosos, que nunca, o al menos en un largo período, deben ser destruidos. Muchos se deterioran o arruinan por las malas condiciones de preservación, los cambios gubernamentales o la despreocupación, casi imperante, de los decisores.

Se conoce mejor lo que ha pasado gracias a los documentos que se archivan. De igual manera, se puede tomar decisiones en el presente gracias a la trazabilidad que existe de las actividades administrativas en los registros públicos. Sin embargo, ha habido recelo con asegurar el acceso a estas entidades y a los registros que ellas conservan. En algunos casos, se debe al deterioro, pero en su mayoría está determinado por la sombra de secretismo y ocultamiento que durante siglos rigió en la administración pública, de lo cual es casi imposible desprenderse. Esto ha provocado cierto desbalance en la aprobación de normas encaminadas a proteger el derecho de acceso a la información. Mientras unos países ya lo tienen en la legislación y en la práctica, otros ni siquiera lo contemplan en sus agendas.

En medio de este panorama está el ser humano que necesita buscar la información contenida en los archivos y registros públicos, ya sea en un proceso jurídico, para superarse, por trámites personales, o simplemente por curiosidad, aunque no siempre encuentra una respuesta oportuna en aquellas instituciones.

Derecho de acceso a los archivos

Ese derecho es de importancia trascendental en la sociedad moderna. Considerado como uno de los más significativos previstos en las legislaciones, implica en sí el requerimiento, la obtención y futuro uso de la información para los más diversos fines. En la doctrina contemporánea, es la regla y no la excepción, siempre que queden fuera la seguridad nacional, los datos personales, la vida privada y la excepcionalidad. A partir de estos preceptos, los archivos entran en una etapa poscustodial que representa un cambio en la misión de las entidades hacia una vocación más de servicio al público. Es decir, en la actualidad un archivo existe porque hay una necesidad informativa, implícita o explícita, que determina la conservación de los documentos que posee.

A las normas jurídicas les corresponde garantizar la protección integral del registro público, en cualquiera de sus soportes, desde su nacimiento o recepción en una oficina hasta su posible depósito en un archivo para ser conservado de forma permanente. Ello incluye la reglamentación del tratamiento archivístico, las transferencias, los procesos de valoración y depuración documental e indiscutiblemente las regulaciones de acceso.

En Cuba existe muy poca bibliografía al respecto, lo cual les confiere un matiz de relativa novedad a las investigaciones que puedan hacerse sobre el tema. El escenario es propicio para llevarlas a cabo con un enfoque multidisciplinario, holístico y una mirada específica a las características particulares del país.

Antecedentes legislativos del derecho de acceso a los archivos y registros públicos en Cuba

Como se conoce, Cuba fue desde el siglo xv hasta el xix una colonia de España, y como tal, en ella solo eran aplicables las leyes emanadas de la metrópolis. Durante este período se emitieron diez disposiciones para regular los archivos; de las cuales cuatro trazaron una política de estrictas restricciones de acceso a sus documentos.

En 1602, las Ordenanzas del rey Felipe III (Llaverías, 1949: 6-35) señalaban penas para aquellos que permitieran la consulta, por persona alguna, de los documentos resguardados en la colonia.

El 7 de octubre de 1664 se emite una Real Cédula (ídem) que establecía como procedimiento que los gobernadores —únicas personas que podían acceder a la información— podían enviar a un ministro de Audiencia con el escribano del gobierno para dar fe de algún contenido registrado hasta entonces. En 1693 (7 de noviembre), otra Real Cédula (ídem) determinó que ni los jueces podían acceder a los documentos de archivos; y solo recibirían noticias a través de una certificación, elaborada por el responsable de su custodia.

El 28 de enero de 1840 se crea el Archivo de la Real Hacienda e Intendencia de la Isla de Cuba, por la Real Orden 531 (ídem). Esta se considera la fecha fundacional del Archivo Nacional, pero casi nadie repara en que, a la vez, se aprueba el primer Reglamento de archivos para Cuba, donde se mantienen las restricciones de acceso a todos los documentos.

Es interesante un análisis histórico-jurídico de esta disposición, dormida durante años. Aunque expresamente se dedicó a regular cómo funcionaría el Archivo, también establecía ciertos aspectos significativos. Consideraba un gran  error  que el archivero permitiera sacar copias de algunos documentos. Estableció determinadas técnicas procesales para cuando la Superintendencia, órgano al que estaba subordinado el Archivo, reclamara el examen de un registro. En este sentido, decretó:

Si la Superintendencia le previnieren por escrito la entrega de un expediente, aquella comunicación oficial servirá de resguardo colocándola en el respectivo legajo y cuidando de reclamar el expediente, pasado algún tiempo prudentemente calculado. (43)

Es preciso aclarar que, en su momento, esta disposición no tuvo una cláusula derogatoria de las que le precedieron, por lo que mantuvo la vigencia de todas.

Durante la primera ocupación militar estadounidense en Cuba, se reglamentó, a través de la Orden 74 de 16 de febrero de 1900 (ídem), la autorización para portar armas de fuego a los encargados de los archivos, pues los interventores estaban preocupados, ante la situación imperante en el país, por la seguridad de sus fondos y, sobre todo, por quién accedía a determinados documentos.

En la etapa neocolonial, que nació con la República en 1902, el asunto más regulado fue el acceso al Archivo Nacional de Cuba, a partir de las ya mencionadas certificaciones. Durante este período se emitieron doce disposiciones, de las cuales diez trataron la garantía de acceso a determinados documentos u otras cuestiones relacionadas.

La primera regulación que abrió las puertas del Archivo a los usuarios fue un Decreto, emitido en 1901 por Domingo Méndez Capote (Llaverías, 1949).

Luego, en 1907, el Decreto 140/1907, de 6 de febrero, faculta al jefe del Archivo Nacional para expedir certificaciones de documentos judiciales a su cargo, las cuales se considerarían auténticas en el territorio nacional; y a establecer las personas autorizadas para solicitarlas y aprobarlas o denegarlas.

Solo pasaron unos meses para que el Estado, a través del Decreto 900/1907, de 28 de agosto, prohibiera la extracción de documentos del Archivo. Dispuso, además, que todos los expedientes extraídos antes fueran devueltos, y estableció la obligación de los empleados del Archivo de cuidar la documentación y dar cuenta a los tribunales de las faltas, para que fueran penadas conforme a los artículos 587 y 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —equivalente a un código penal.

En 1908, el Estado rectificó un error cometido, aparecido en dicho Decreto, mediante el mismo instrumento jurídico del numeral 502/1908, de 12 de mayo, y dispuso una excepción a la prohibición de extracción de documentos, pues permitió que la documentación de causas criminales, en las cuales no hubiera resolución definitiva, se entregara a los tribunales que la reclamasen.

El 28 de enero de 1909 se emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y entre las entidades que regula está el Archivo Nacional, que sería una dependencia de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a cuyo secretario se faculta para autorizar a los interesados el examen, la toma de notas y la copia de documentos, siempre que considere que la consulta no es inconveniente.

En ese mismo año se emite la Ley (de 6 de mayo), que deroga el Decreto 502/1908, y modifica el Artículo 1 del Decreto 900, de la siguiente forma: «Se prohíbe la extracción de documentos con excepción de las actuaciones judiciales, civiles y criminales, que se entregarán a los tribunales que lo reclamen» (1-3). Esta ley obliga a los solicitantes a devolver las actuaciones una vez concluido el proceso. El objetivo era ampliar el espectro de lo que se podría solicitar al Archivo, pues las causas civiles no estaban previstas.

Así, se llega a las normas vinculadas a la Ley 6/1942, emitida el 7 de mayo, que conformó una regulación más formal de los archivos en Cuba. Esta Ley y sus normas complementarias declaran, por primera vez, de utilidad pública y Patrimonio Nacional los documentos del Archivo, prohíben su destrucción, y califican tal acto como delito (2-12). De esta manera se garantizaba la preservación documental, su resguardo y custodia.

En 1959 se inició un nuevo período histórico en Cuba durante el cual se emitieron ocho disposiciones para regular los archivos; tres de ellas se referían al acceso a los documentos.

A partir de entonces se optó por una norma que, en esencia, codificara todas las regulaciones en materia de archivos y preservación documental, mediante la Ley 714/1960, que estableció, entre las finalidades del Archivo Nacional, divulgar los acervos bajo su custodia y facilitar su consulta a partir del acceso directo o de la emisión de certificaciones, según los intereses del usuario (1-6). Una breve lectura a esta norma da la idea de que esta institución funcionaba para brindar servicios al público. Regulaba lo siguiente:

Artículo 24. Dichos atestados, copias o certificaciones se expedirán:

  1.  Por orden de autoridades o centros oficiales de cualquier clase.
    1. A petición de partes que justifiquen tener algún interés en los asuntos respectivos.
    1. A instancia de cualquier persona a quien convenga obtenerlos.

En el último caso, el director del Archivo Nacional podrá denegar la expedición por razones fundadas o en evitación de un uso ilícito, pero cuidando de no perjudicar algún derecho legítimo ni entorpecer el de la libre información del público en general.

Contra la negativa resolverá en alzada, sin ulterior recurso en la vía gubernativa, el ministro de Educación, previo informe que deberá pedir al director general de Cultura. (3)

Ante tal negativa de acceso, no se dejaba a ningún sujeto desprovisto de recursos o en estado de indefensión.

Por último, es preciso analizar cómo esta Ley estableció que:

El director del Archivo Nacional es la única autoridad facultada para ordenar la destrucción de documentos de la Administración Pública del Estado en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como [los] de los organismos paraestatales, cuya notoria inutilidad permitan su destrucción sin perjuicio alguno; para lo cual dictará la oportuna resolución, llevándose [sic] el Libro especial de documentación destruida en el Archivo Nacional. (4)

En largo tiempo, la agenda legislativa cubana no vio nada en relación con los archivos, y a pesar de considerar que el espíritu de la Ley 714 era novedoso y práctico, con el tiempo esta dejó de emplearse, pues ya estaba obsoleta.

Nuevamente, el Decreto-Ley 221/2001, de los Archivos de la República de Cuba, y sus normas complementarias, regularon esta actividad (1-9). Tal medida, «muy novedosa», da al traste con lo logrado hasta entonces, pues estableció, entre las funciones del Archivo Nacional de Cuba y los archivos históricos provinciales y municipales, «poner la información de sus fondos y colecciones al servicio del público, previa solicitud por escrito y autorización del director del Archivo» (2).

La función vinculada a la emisión de certificaciones y copias certificadas de los documentos se mantuvo tal como en la norma anterior. Sin embargo, no reguló condicionante alguna y, en consecuencia, ningún recurso legal ante la decisión administrativa del director. Situación muy similar se presenta en las decisiones vinculadas a la consulta.

Este Decreto-Ley fue reglamentado mediante la Resolución 73/2004 (Delgado López, 2015: 52) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el cual dedicó su Capítulo IV al acceso a los documentos y archivos, y estableció determinadas técnicas procesales, que no propiciaron, a mi juicio personal, el libre acceso a la información.

El Gráfico 1 muestra un resumen del interés que tuvo el Estado cubano en uno u otro período histórico en relación con el acceso a los archivos. Es menester analizar, además, cómo se contemplaron en cada momento las normas relativas a aquellos, pues resulta evidente que con posterioridad a 1980 estas se agruparon en una sola disposición, y por ello se aprecia una disminución cuantitativa, no así cualitativa.

El acceso a los archivos en Cuba. Un análisis histórico-jurídico

Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a las siguientes conclusiones parciales:

  • La etapa colonial se caracterizó por un acceso muy restringido a los archivos y registros públicos. La metrópoli valoraba y se ocupaba de que los ciudadanos comunes no pudieran consultar los documentos que ella generaba.
  • La República del período neocolonial, en principio, asumió el libre acceso de los ciudadanos a sus documentos históricos, no así a los registros públicos vigentes.
  • La Ley 714/1960 instauró un régimen que establecía la libre consulta de los registros públicos y un proceder ante la negativa de consulta, situación que cambió con la aprobación de normas sucesivas.

El Decreto-Ley 265 y el acceso a los documentos y archivos en Cuba

Antes de valorar cualquier norma es preciso analizar los preceptos que, en la Carta Magna, fundamentan su surgimiento. La Constitución de la República de Cuba (2019), solo alude tangencialmente al término «documentos» al referirse a aquellos que, obtenidos a costa de violar la correspondencia —derecho refrendado jurídicamente por el mismo texto—, no constituyen prueba en proceso alguno (Artículo 50).

No obstante, por correlación, el cuerpo constitucional alcanza a todos los documentos generados por entidades públicas, pues tutela el derecho de los cubanos a solicitar información al Estado, sin precisar cuál, ni de qué fecha (Artículo 53). Este precepto entraña que los órganos estatales estén prestos ante cualquier solicitud de la ciudadanía, a dar un servicio informacional. En consecuencia, constituye un deber estatal preservar los documentos generados por las instancias gubernamentales, y brindar servicios como soporte del derecho de acceso a la información.

El Decreto-Ley 265/2009 introdujo regulaciones en esta materia, y fue el principal antecesor del Decreto-Ley 3/2020, del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos en la República de Cuba (1-9), vigente hoy. En su momento fue una norma muy revolucionaria, pero durante casi una década de existencia no tuvo reglamento. Tal carencia, teniendo en cuenta que una ley o un decreto-ley solo establece los principios generales de una especialidad y queda al reglamento su implementación, evidencia que el problema no es insignificante.

Esto provocó que muchas prácticas archivísticas en Cuba no estuvieran legalizadas y se hicieran formalmente por una cuestión de costumbre, fuente de derecho no aceptada en Cuba; lo cual sucede, sobre todo, con el acceso a los archivos o registros públicos. Desde su conceptualizacón, esta norma no fijó nada que alentase el acceso a los documentos. Una novedad fue la definición de Patrimonio Documental de la Nación, término ampliamente utilizado, pero no definido hasta el mencionado Decreto-Ley, aunque su visión era conservadora y no de acceso a los registros. Esta regulación determinó, como principio, que «todas las instituciones donde existan archivos tienen entre sus obligaciones la prestación oportuna y eficiente de los servicios a investigadores, organizaciones y población en general» (2). Es decir, que la razón de ser de los Archivos es ofrecer servicio a los usuarios. Por lo tanto, en Cuba, desde 2009, legalmente todas las entidades deben brindar sus documentos a cualquier persona que, por una razón u otra, esté interesada en obtener cierta información. Ante tal petición, más interpretativa que de otra índole, los dirigentes suelen tener un gran problema conceptual, un miedo feroz a ofrecer una información que no les atañe o, en algunos casos, gran incompetencia; ello provoca que el precepto sea casi letra muerta.

Más adelante, el Decreto-Ley facultó a la dirección de cada archivo a restringir el acceso a documentos, atendiendo a su estado de conservación o la protección a derechos de personas naturales o jurídicas. Esta regulación fue tomada, literalmente, del Reglamento del Decreto-Ley 221/2001. Una disposición de tal magnitud no debió estar sometida a una norma de inferior jerarquía. Nótese que se está regulando algo tan determinante como la facultad de todo dirigente o funcionario de poner limitaciones de acceso a aquella documentación que, aun siendo pública, le es aplicable alguna de las causales que expresamente aparecen en la Ley.

Luego, se reguló que entre las funciones del Archivo Nacional de Cuba y el resto de los archivos históricos provinciales y municipales, está «poner sus fondos y colecciones al servicio del público, previa solicitud del interesado y autorización del director» (2-3); regulación que solo existe para los archivos históricos.

Semejante condicionante legal condujo, en la práctica, a contratiempos más que a soluciones. Muchos investigadores, profesores y población en general han visto limitado su derecho de acceder a determinados documentos históricos por cuestiones puramente burocráticas. En dichas instituciones hay documentos que datan desde el siglo xvi hasta el xx, y con un caudal informativo muy rico, sobre todo de las etapas colonial y noecolonial, al que muchas personas quisieran acceder. La limitante para el acceso a documentos se implementó más por la costumbre que por normas jurídicas, por un sistema de procedimientos internos del Archivo Nacional, los cuales, en la práctica, marcan un término de 72 horas para obtener la mencionada autorización, aduciendo, además, que los fondos solo pueden ser consultados si se presenta esta. Así le confieren fuerza mayor a la carta emitida por una entidad para los nacionales. Ello provoca una divergencia: hay investigaciones gubernamentales (amparadas por una entidad estatal) y otras personales. Cuando se trata de investigadores extranjeros, la cuestión es más complicada, toda vez que deben acceder a un tipo específico de visa, y presentar una carta de una entidad extranjera y otra de una nacional que avalen su investigación. Es decir, que si alguien viaja a Cuba como turista, por pocos días, y quiere indagar sobre sus antecedentes o sobre cualquier cuestión de índole personal, tendría que esperar a que un funcionario público lo autorizara y valorara la factibilidad o no de su solicitud. Por tanto, cuando pasaran las 72 horas, casi no le quedaría tiempo para investigar.

Algunos teóricos en la Isla justifican tales avatares con la situación particular del país y los consideran un mecanismo de control que tiene la entidad. Lo cierto es que ello deja al ciudadano común (en esta categoría entran los investigadores, profesores, alumnos, etc.) en una posición bastante insegura y de indefensión ante un derecho tan legítimo. Esto ha ocasionado muchos problemas, sobre todo a historiadores y a estudiantes de esa especialidad.

Más adelante, el Decreto-Ley indica que los archivos «deben expedir certificaciones y copias certificadas de documentos a personas que demuestren tener interés legítimo» (4). Afirmación   lógica   debido al perfeccionamiento legislativo que Cuba está enfrentando en los últimos años, cada vez más los registros cobran vigencia. En ello va la garantía de los derechos individuales, sobre todo en los protocolos notariales, pero no establece ningún procedimiento de reclamo ante la no aprobación de la solicitud de un ciudadano, lo cual no impide que se pueda instar a un tribunal ante tal decisión, pues, en el ámbito del Derecho Administrativo Procesal, ante cualquier decisión de la Administración cabe recurso. Pero ante la incultura o la falta de información sería preciso que la Ley registrara tal derecho.

La sección cuarta, se dedicó a los archivos centrales o administrativos, y su lectura no da la medida de la obligación de cada funcionario a la hora de servir a la población.

Una herramienta tecnológica que garantice el acceso a los archivos en Cuba

Es menester, entonces, diseñar una herramienta que garantice la consulta libre y sin contratiempos de los documentos de los archivos, lo cual ha sido y es muy esperado por los investigadores de la historia y de otras ciencias, que serían muy beneficiados. El mayor y mejor acceso a estos se revertiría en continua generación de conocimientos.

Esa herramienta tecnológica deberá considerar las investigaciones que sobre este tema se han hecho en el mundo y la experiencia en Cuba, no solo con una visión desde los archivos, sino también a partir de los ciudadanos. Además, deberá incorporarse lo que se ha logrado en materia de informatización de la sociedad y las proyecciones al respecto, pues evidentemente ella y la automatización de los fondos en estas entidades es imprescindible para lograr resultados.

La tecnología cumpliría una función cognoscitiva, pues potenciaría el uso de las fuentes documentales originales; lo cual sería de gran provecho a los historiadores, quienes podrían aportar una mirada diferente sobre algún hecho histórico. De igual manera, más investigadores arrojarían luz, entre otras cuestiones, sobre análisis enfocados en los hechos y fenómenos sociales que han sucedido en Cuba.

Las dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, jurídicas y éticas del entramado social que tendría la misión de garantizar el acceso libre a los archivos históricos en Cuba son muy grandes y diversas. La posibilidad de consultar las evidencias de determinados hechos en sus fuentes primarias aumentaría gradualmente la cantidad y la calidad de las investigaciones históricas. Sería positivo para las actuaciones de la Administración Pública, toda vez que los ciudadanos podrían revisar los actos jurídicos y constatar la buena fe o no de estos; lo que repercutiría de manera eficaz en la rendición de cuentas y la transparencia, función insoslayable del buen gobierno. No es posible olvidar a los sujetos más importantes: los ciudadanos cubanos, quienes podrán ejercitar libremente, sin trabas burocráticas, un derecho, y observarán cómo la Administración es cada vez más servicial.

Conclusiones

Los antecedentes legislativos en materia de acceso a los archivos y registros públicos en el país dan una visión completa de los aciertos y desaciertos que han tenido lugar.

La Ley 714/1960 mostró un espíritu más cercano al libre acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos en Cuba. Fue la única norma que estableció un recurso específico ante una negativa de acceso por certificación pública. Tales aciertos jurídicos fueron soslayados posteriormente.

El Decreto-Ley 265/2009 reguló, como principio general, que los archivos en el país son de libre acceso a todos los ciudadanos; pero en la práctica no es así. Los archivos centrales de la Administración Pública están sujetos, por normas más consuetudinarias que jurídicas, a un amplio espectro de secretismo.

La tecnología procesal definida por este Decreto- Ley relativiza el acceso a los archivos y registros públicos históricos en Cuba, que está viciado por determinados elementos que dificultan la consulta, y deja al ciudadano indefenso ante determinadas decisiones administrativas. Dicho documento está legislativamente distante de lo que, en materia de acceso a archivos y registros públicos, establece la doctrina más moderna del derecho administrativo y la práctica internacional. Es necesario aprobar una nueva norma jurídica al respecto.

Referencias:

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             Decreto 140/1907. Gaceta Oficial de la República de Cuba,

  1. 31, 6 de febrero.

            502/1908, de 12 de mayo. Ibídem, n. 114, 14 de mayo.

            900/1907, de 28 de agosto. Ibídem, n. 52, 29 de agosto.

             Decreto-Ley 221/2001, de los Archivos de la República de Cuba. Ibídem, ordinaria, n. 57, 13 de agosto. Disponible en <https:// bit.ly/3HBRYXQ> [consultado: 7 febrero 2022].

             265/2009, de 5 de mayo, del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba. Ibídem, n. 18. Disponible en <https://bit. ly/3osVXOY> [consulta: 7 febrero 2022].

______ 3/2020, del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos en la República de Cuba. Ibídem, n. 55, 31 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3ovMV3J> [consulta: 7 febrero 2022].

             Ley 6/1942, de 7 de mayo. Ibídem, n. 280, 9 de mayo.

             714/1960, de 22 de enero. Ibídem, n. 17, 26 de enero.

             Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico, de 1888. Ministerio de Ultramar. Disponible en <https://bit.ly/3OEsIJB> [consulta: 13 enero 2022].

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Delgado López, Y. (2015) Legislación archivística. Compendio normativo. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Llaverías, J. (1949) Historia de los archivos de Cuba. La Habana: Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba.

López, S. (2009) El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6º de la Constitución mexicana. Ciudad de México: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

ONU (1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en <https://bit.ly/3J8sdP8> [consulta: 7 febrero 2022].

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