El gobierno Bolsonaro: la derecha y la izquierda en el Brasil actual

Periodistas, comentaristas de la gran prensa e investigadores del medio académico tanto en Brasil como en el exterior, han tratado, recurrentemente, de desentrañar el carácter ideológico del actual gobierno de Jair Bolsonaro, sus principales características y sus semejanzas y diferencias con experiencias políticas de otros países. Además, también se ha intentado identificar y clasificar a los distintos grupos que lo apoyan o son sus aliados, así como entender el papel de la izquierda en el actual contexto de esa nación. Lo cierto es que el mandatario ha conseguido el respaldo de diversos sectores conservadores, como militares de alto rango, evangélicos, fracciones de la clase media, policías, e incluso grupos extremistas con inclinaciones fascistas.

El respaldo de los uniformados ha sido emblemático y fundamental. Hasta mediados de julio de 2020, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), 6 157 militares, en activo y de la reserva —la gran mayoría del Ejército— habían sido designados para realizar funciones administrativas en varios ministerios, tanto en cargos efectivos como mediante contratos temporales (2 643 en el último caso) (Lis, 2020). Vale recordar que, hasta mediados de marzo de 2021, diez ministros procedentes de los cuarteles habían sido parte del gobierno (incluido el ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, quien, a su vez, nombró a 17 oficiales para ocupar puestos claves en su ministerio, de los cuales 16 no tenían formación área médica alguna).

Generales, almirantes, capitanes y tenientes coroneles son ministros, secretarios ejecutivos, secretarios generales, jefes de gabinete, asesores, directores y presidentes de consejos; oficiales de la Policía Militar también ocupan puestos importantes en el gobierno federal (por ejemplo, un mayor de ese Cuerpo forma parte de la Secretaría General de la Presidencia).

Esto pone en evidencia el grave error cometido al no haber sancionado, ejemplarmente, después de la redemocratización, a los militares responsables de detenciones, torturas y asesinatos durante los «años de plomo». Impunes, los sectores que añoraban el régimen de excepción siguieron actuando tras bastidores, emitiendo comunicados públicos antidemocráticos —sin que se les sometiera a procesos disciplinarios o, al menos, a reprimendas de sus superiores jerárquicos— y amenazando de forma velada a las instituciones. Ello pudo advertirse con nitidez, al menos, desde la primera presidencia de Lula (vale recordar aquí el episodio de 2004 que llevó al pedido de dimisión del entonces ministro de Defensa, José Viegas), pero que se intensificó en los gobiernos de Dilma Rousseff y ganó fuerza durante el mandato de Michel Temer. El papel coadyuvante de las Fuerzas Armadas en años recientes, su resentimiento por la dinámica y las revelaciones de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), y su incomodidad por la permanencia de la izquierda (o «centroizquierda») en el Palacio de Planalto —aun cuando esos gobiernos se caracterizaron por su naturaleza presidencialista de coalición, con un amplio espectro de alianzas políticas—, hicieron que los militares ansiaran un regreso a posiciones de mando.

Los uniformados consideraron la victoria electoral de Bolsonaro como una oportunidad para volver a ocupar y reorganizar la maquinaria estatal. Se les puede clasificar como una «vieja» derecha remozada, que parte del tiempo utiliza una fachada democrática y técnica (o tecnocrática), pero que, en términos ideológicos, parece adherirse (al menos por algunos de sus representantes) a la actual Administración. Si en el plano discursivo se presentan, a veces, como defensores de las instituciones, en otros momentos se advierte sus amenazas veladas, o incluso explícitas, a toda posibilidad de cambio en los rumbos del país o en el control de los aparatos del Estado.[1] El hecho es que las Fuerzas Armadas han ocupado profusamente la estructura administrativa federal, en posiciones de primero y segundo escalafón, y tienen las armas en sus manos.

No hay que olvidar que Bolsonaro es capitán retirado del Ejército, y que su vice, Hamilton Mourão, es un general de cuatro estrellas. Aun cuando en los meses recientes,el discurso de este último ha sido más comedido, no puede considerársele un factor de moderación, sino de preocupación: Mourão no solo puede servir como fiador del presidente, sino que si llegara a ocupar el Planalto podría ser más inflexible con la oposición que su jefe actual. Por otro lado, también existe un sector «legalista» dentro de las Fuerzas Armadas, que se siente incómodo con la manipulación, instrumentalización y uso político de la Marina, la Aviación y el Ejército por parte del mandatario. Muchos creen que el presidente desmoraliza las instituciones castrenses y presiona a los oficiales para que adopten actitudes que no coinciden con su función. O sea, insisten en su condición de institución del Estado y no del gobierno. Por tanto, el apoyo entre los uniformados no es irrestricto. Quienes se consideran guardianes de la Constitución son más moderados y empiezan a mostrar indicios de insatisfacción con las actitudes agresivas, erráticas y autoritarias del presidente.

La base social del bolsonarismo en 2020 seguía siendo de 30% de la población, con algunas fluctuaciones, aunque varias encuestas mostraron que ese apoyo podría ser menor,[2] debido, en parte, a la salida de Sergio Moro, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, que arrastró consigo a los llamados «lavajatistas», y, en parte, a la manera desastrosa e incompetente con que ha enfrentado la pandemia del nuevo coronavirus. Una encuesta realizada por Datafolha, entre el 23 y el 24 de junio de 2020, arrojó que el grupo de adultos, con una fidelidad irrestricta al presidente, era de 15% y estaba compuesto, mayoritariamente, por mujeres (alrededor de 60%) y personas blancas. Esos serían los «devotos», los que difícilmente cambiarían de opinión y los que apoyarían al mandatario bajo cualquier circunstancia. A su vez, una pesquisa llevada a cabo por el Instituto Travessia y divulgada por el periódico Valor Econômico (Rydlewski, 2020), indicaba que, en realidad, el perfil de los seguidores de Bolsonaro eran hombres (55% de los entrevistados), «caucásicos», habitantes del sudeste del país, de más de 45 años de edad, con ingresos superiores a diez salarios mínimos, y evangélicos (54% de la muestra; de los católicos solo fue 24% del total). Esa encuesta específica entre los adeptos «raíz» del bolsonarismo —según ese instituto, entre 12% y 15% de la población— arrojó que 45% de ellos defendían una mayor intervención del Estado en la economía, en contraposición a 42% que estaba en contra; 62% se oponía a un autogolpe, mientras que 33% se mostraba a favor de acciones más autoritarias; 95% desaprobaba la actuación del Congreso Nacional; y 90% criticaba al Tribunal Supremo. Además, 55% decía ser favorable a medidas de mayor flexibilización de las políticas de preservación de la floresta amazónica; 98% consideraba que la policía debía mostrarse más dura y rigurosa contra la «delincuencia», y 75% concordaba con la liberalización del uso de armas de fuego por parte de los ciudadanos.

También hay individuos y grupúsculos todavía más extremistas y agresivos, con claras simpatías por el fascismo y el neonazismo,[3] aunque no parecen tener mayor capilaridad o representación social. Lo mismo puede afirmarse de las alas más radicalizadas de las policías militares —por lo general de la baja oficialidad—, y de los paramilitares. La Federación Nacional de Entidades de Oficiales Militares Estaduales (FENEME) evalúa que Bolsonaro obtuvo alrededor de catorce millones de votos de policías militares en 2018, en su mayoría reclutas rasos. Según un artículo de Leonardo Sakamoto publicado el 31 de marzo de 2021, una encuesta divulgada el pasado agosto por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública reveló que 41% de los reclutas de la Policía Militar participaba en grupos bolsonaristas en las redes y la mensajería digital, 25% defendía ideas radicales y 12% estaba a favor del cierre del Tribunal Supremo Federal y el Congreso.

El grupo «ampliado» es más flexible. Es decir, quienes no militan en el bolsonarismo intransigente, sino que son seguidores circunstanciales del presidente, pueden, en algún momento, abandonar el barco. Esa base más amplia también está compuesta, en buena medida, por electores evangélicos y conservadores, elementos de la lumpen-burguesía y el lumpen tradicional, y estratos de sectores medios vinculados al comercio minorista.[4]

Por su parte, los evangélicos constituyen una franja importante del apoyo al gobernante. Aun cuando son bastante heterogéneos, respaldaron masivamente a Bolsonaro en las elecciones. En la última contienda, el entonces candidato del Partido Social Liberal (PL) —durante mucho tiempo sin partido— obtuvo 70% de los votos de ese grupo. Por otro lado, según una encuesta realizada a fines de marzo de 2020, solo 37% de los creyentes aprobaba la actuación del mandatario en relación con la pandemia del nuevo coronavirus. O sea, es posible que una parte de este electorado se esté apartando del gobierno.

A pesar de ello, Bolsonaro aún conserva el apoyo de obispos y pastores de iglesias pentecostales y neopentecostales poderosas que, a lo largo de los años, han diversificado sus negocios y construido imperios empresariales que cuentan con enormes templos religiosos, periódicos, páginas y canales de Internet, radioemisoras de televisión y editoriales, disqueras, e incluso sus propios partidos políticos. Defienden, mayoritariamente, la «teología de la prosperidad», popularizada en el país a partir de las décadas de los 70 y los 80 por televangelistas estadounidenses y tienen un claro proyecto de poder, a lo que suman una fuerte ascendencia entre las bancadas evangélicas del Congreso y de las asambleas legislativas estaduales.[5]

Entre los pentecostales, las mayores iglesias son las Asambleas de Dios, con 12,3 millones de fieles, mientras que en el campo de los neopentecostales se destaca la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), fundada en 1977, que cuenta con un estimado de ocho millones de fieles. Además de ella, es posible citar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, con un millón; la Iglesia Apostólica Renacer, supuestamente con el mismo número; y la Iglesia Mundial del Poder de Dios, con ochocientos mil (Casarões, 2020). Algunos de los líderes de estas organizaciones se incluyen en la lista de los ciudadanos más ricos del país, con patrimonios que oscilan entre 65 y 950 millones de dólares estadounidenses. Varios de ellos ya han sido detenidos y están sujetos a procesos judiciales. Debe recordarse que hay una intensa penetración de los evangélicos en las favelas y las comunidades periféricas, y que están aliados con el narcotráfico y las «milicias» paramilitares.

Todos los grupos mencionados (con excepción de la oficialidad militar) tienen en común, de manera general, un nivel bajo o medio de escolaridad. También cuentan con elementos formados en universidades privadas de poco prestigio y dudosa calidad. En la última década, han atravesado por un proceso de depauperación: han perdido privilegios y descendido en la escala social, y culpan al Partido de los Trabajadores (PT) por sus problemas tras la intensa propaganda ideológica promovida por los grandes medios de comunicación y la Operación Lava Jato,[6] ambas vinculadas a intereses turbios de la gran burguesía interna.

Ese núcleo duro del bolsonarismo carece de preparación política o de mayor sofisticación intelectual, y actúa en las calles o las redes sociales a partir de banderas tradicionales de la derecha, entre las cuales se destaca el combate a la corrupción. Emplea como táctica la diseminación de fake news, las agresiones verbales, las manifestaciones y las amenazas a periodistas y autoridades que no están de acuerdo con la línea política del presidente. Creen que el país solo mejorará si se clausuran los espacios institucionales donde supuestamente tienen lugar los negocios sucios, como el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Debido a ello, el ataque a parlamentarios y a integrantes del poder judicial ha sido constante. En otras palabras, los individuos que apoyan al actual mandatario muestran un nítido sesgo autoritario y antidemocrático, además de que se oponen a todo tipo de pluralismo y diversidad. En algunos casos, su admiración y lealtad al «gran líder» linda con el fanatismo. Muchos han defendido en tiempos recientes una intervención militar, o sea, una especie de golpe de Estado o autogolpe que mantenga a Bolsonaro en la presidencia y le otorgue poderes irrestrictos para gobernar.

Pero en la práctica ninguno de ellos tiene un proyecto de nación. Todo lo contrario, la idea fundamental del presidente y su equipo es la deconstrucción de todo el andamiaje político-jurídico y económico erigido desde el fin de la dictadura militar, a lo largo de la Nueva República, en los terrenos de las relaciones exteriores, las costumbres, la educación, la cultura, el medioambiente, los derechos de los trabajadores y las finanzas, unida a una rápida reorganización de las instituciones para servir a los intereses personales del mandatario y de su camarilla en el poder. El discurso

«antiglobalizador», la defensa de los llamados valores de la civilización occidental judeocristiana y la lucha contra un imaginario «marxista cultural» son elementos importantes difundidos por los ideólogos del «bolsonarismo», entre los cuales el más conocido e influyente, el recién fallecido astrólogo y youtuber Olavo de Carvalho, que residía en Virginia, Estados Unidos, junto a los diseminadores del paramilitarismo virtual, especialmente del llamado «gabinete del odio». La actual Administración ha mostrado una enorme hostilidad hacia los órganos de prensa considerados de oposición, las comunidades indígenas, los quilombolas (comunidades tradicionales cuyos miembros son descendientes de esclavos), los movimientos sociales y cualquiera que no sea un seguidor del presidente. Una política económica ultraliberal, que presupone la eliminación de beneficios sociales de los trabajadores, ha contado con el apoyo de gran parte de la burguesía tradicional brasileña vinculada a la gran industria, las empresas contratistas, los bancos, los medios de comunicación corporativos y el agronegocio, incluso cuando esta observa el panorama cada vez con más preocupación, dado que la actual crisis sanitaria, política y ambiental que atraviesa Brasil afecta la imagen del país en el exterior y da por resultado pérdidas significativas en las transacciones comerciales. Hoy en día, sin embargo, hay muchos disensos y rupturas en el interior de algunos de esos grupos, como en la Sociedad Rural Brasileña, cuyo vicepresidente, Pedro de Camargo Neto, renunció en 2020 al negarse a aceptar el apoyo de esa entidad al entonces ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, aliado a los sectores extractivistas madereros y mineros, así como a todos los que promueven actividades depredadoras ilegales en la Amazonia, y quien le ha causado grandes perjuicios al país en la arena internacional. Por su parte, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), por intermedio de su ex presidente, Paulo Skaf, coqueteó, por algún tiempo, con el gobierno y le dio constantes demostraciones de apoyo público.

De cualquier forma, el ideal de la clase dominante sería la preservación de las políticas económicas de Paulo Guedes y la línea seguida por algunos ministros (como Teresa Cristina, de Agricultura), a la vez que el presidente y su entorno más cercano, del campo ideológico olavista, fueran retirados de la escena, para apartar así a la extrema derecha (excesivamente exótica y peligrosa para los negocios). Se trataría de un arreglo interclasista «por encima», como siempre ha ocurrido en el país, que garantizaría la transición del poder hacia un gobierno clásico de derecha, encabezado por los sectores tradicionales de la burguesía brasileña. La carta de empresarios, economistas y banqueros, de marzo de 2021, es una señal evidente (Roubicek, 2021). Con más de quinientas firmas iniciales, ese manifiesto demostró el alto grado de insatisfacción de la elite financiera brasileña con el presidente Bolsonaro, e indica que quiere cambios profundos en los rumbos del país, y cuanto antes.

No obstante, la elite nacional difícilmente renunciará a sus privilegios, con independencia de quién ocupe la presidencia. No está de más recordar que, según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2019), de la ONU, Brasil es el segundo país con mayor concentración de la renta en el mundo: 1% de la población detenta 28% de la renta nacional, y el 10% más rico de la población posee 41,9% de aquella. Como señala el ex secretario general de Itamaraty, Sergio Pinheiro Guimarães (2020), en su artículo «Guedes, Bolsonaro e o vídeo», 6 000 brasileños declararon, al Servicio de Impuestos Internos, ingresos mensuales superiores a 334 000 reales, mientras que 300 000 tenían ingresos mensuales por encima de los 40 000. Según el diplomático, que cita la revista Forbes (Calais, 2021), en el país hay alrededor de 200 multimillonarios. Del otro lado, 14 millones de familias (o 56 millones de personas) tienen ingresos inferiores a 178 reales al mes, 35 millones viven por debajo del límite de la pobreza (ingresos inferiores a 750 reales mensuales), 13 millones se ubican por debajo del límite de la pobreza extrema (menos de 420 reales al mes), 100 millones carecen de redes de alcantarillado, 35 millones no tienen acceso a agua potable, los salarios de 66% son inferiores a 2 100 reales, y 30 millones de personas devengan más de dos salarios mínimos. Eso significa, según Guimarães, que, de los 150 millones de brasileños mayores de 16 años, 120 millones ganan menos de dos salarios mínimos mensuales. Esas distorsiones difícilmente se corregirán a corto plazo.

Todo lo contrario. Según un informe publicado por Oxfam en 2020 (citado en G1, 2020), solo durante los primeros meses del brote de la COVID-19, la fortuna de los 42 mayores multimillonarios brasileños creció, en conjunto, 34 mil millones de dólares estadounidenses. Esa tendencia a la desigualdad continuó. En abril de 2021, la revista Forbes (Calais, 2021) incluyó a veinte nuevos brasileños en su relación de los multimillonarios, con lo que el total de los llamados «súper ricos» del país, presentes en su lista, se elevó a 65. La suma del patrimonio de todos ellos es de 219 mil millones de dólares estadounidenses (1 225 billones de reales), lo que constituye un crecimiento significativo con respecto a los 121 mil millones de dólares (710 mil millones de reales) del año anterior.

Súmese que la crisis económica, que ya se avizoraba desde el gobierno de Dilma y se acentuó en el mandato de Temer, se ha agravado significativamente a causa de la pandemia y las irresponsables medidas impulsadas por Bolsonaro. Según estadísticas oficiales divulgadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, citado en Cem Flores, 2020), en junio de 2020, en el trimestre móvil cerrado en mayo, el país registró 12,7 millones de desempleados (una tasa de desempleo formal oficial de 12,9%), 32,3 millones de trabajadores en el sector informal, 30,4 millones de obreros subutilizados, 5,4 millones de personas que desistieron de buscar empleo, y 2,5 millones de puestos de trabajo formales perdidos. Unos 12 millones de personas vieron rescindidos sus contratos, y reducidos sus salarios y jornadas de trabajo; 53,9 millones de brasileños solicitaron el auxilio de 600 reales que otorga el gobierno; este solo aceptó poner en práctica la medida después de ser presionado por el Congreso. Los despidos continuos, la superexplotación de la mano de obra no calificada, la precarización del trabajo y la agudización del clima de tensión y represión pueden ser catalizadores de futuras protestas, huelgas y paralizaciones.

Por su parte, la izquierda se ha mostrado fragmentada y poco eficiente en la lucha contra el actual gobierno. Todavía trabaja, principalmente, en los espacios institucionales tradicionales y por intermedio de partidos políticos. Su fuerza no es significativa; por lo general, es minoritaria en los Parlamentos municipales, estaduales y el federal, donde sirve de contención, conciencia crítica y resistencia a los arrebatos autoritarios de la derecha y la extrema derecha. En otras palabras, opera aún en el marco de la lógica electoral y a partir de negociaciones y alianzas, en ocasiones programáticas. Pero, en algunos casos, esos sectores ni siquiera logran esto, pues se muestran incapaces de unirse en torno a un candidato único, con lo que dispersan los votos progresistas y amplían la posibilidad de ser derrotados en las urnas por candidatos conservadores.[7] Según Boletim Ponto, en su edición del 9 de octubre de 2020, las elecciones de noviembre de aquel año debían confirmar la ola conservadora. El artículo señalaba que el número de candidatos con grados militares saltó a más de 300% entre los alcaldes y 56% entre los concejales. Los que tenían vínculos religiosos crecieron poco más de 10% entre los candidatos a alcaldes, pero serán 4 500 entre los concejales, un aumento de más de 40%. O sea, las armas y la cruz se presentan como una solución fuerte para un país que vive una crisis prolongada. Entre los partidos, el Partido Social Liberal fue el que más candidatos militares postuló a las cámaras municipales (308), y los Republicanos contaron con la mayor cantidad de candidatos con vínculos religiosos (367). Los dos partidos son también las agrupaciones políticas con el mayor número de candidatos en todo el país: cada uno de ellos tiene cerca de 3 000 a los órganos legislativos municipales en las 95 mayores ciudades del país, una media de más de 30 por municipio.

En 2020, claques organizadas de los equipos de fútbol se reunieron episódicamente con grupos antifas,[8] estudiantes y movimientos sociales para promover manifestaciones por la democracia y contra el gobierno, en clara reacción ante las constantes provocaciones semanales de bolsonaristas en las calles. Con ello lograron frenar las actividades que la extrema derecha escenificaba todos los domingos en algunas ciudades brasileñas. Aunque sus integrantes no contaban con una gran preparación política e intelectual, ni tampoco con un programa definido acerca de lo que querían después de la salida de Bolsonaro del poder, al menos pusieron en evidencia que existía algún grado de movilización en torno a normas democráticas, lo que puede verse como un inicio, aunque tímido, de una ulterior reacción contra la far right, aun si los eventos fueron, al parecer, puntuales.

Existe también una izquierda identitaria y posmoderna, igualmente poco preparada en términos teóricos. Muchos de esos jóvenes de la generación de Internet son seguidores de modas intelectuales y segmentan las luchas por temas y asuntos relacionados con cuestiones étnicas, de género y de orientación sexual. Esos millennials emplean constantemente conceptos posmodernos importados de los medios político y académico de Europa y los Estados Unidos. Rara vez mencionan la palabra socialismo. En el fondo, aunque no lo admiten, luchan principalmente por incluir segmentos marginalizados de la población en condiciones más favorables para competir por el ascenso social y una mejor ubicación en el mercado de trabajo dentro del sistema, al que critican por sus desigualdades, pero creen que, si se le presiona, podrá tornarse más humano y justo; lo cual no es factible.

La izquierda «marxista», a su vez, tiene una influencia muy reducida, tanto en el terreno electoral como en relación con la sociedad de manera general.

Está restringida a pequeños partidos, editoriales independientes e intelectuales académicos, en su mayoría de universidades públicas.

Manifiestos y recogidas de firmas fueron otras expresiones del descontento de los sectores progresistas en 2020; por lo general, obra de representantes de la clase media urbana intelectualizada, que intentó darle un carácter plural a la resistencia contra el actual mandatario. Los más conocidos fueron «Estamos juntos», «Somos el 70%», «Pacto por la vida y por Brasil», «Por la democracia y por la vida», «¡Derechos ya!», «¡Basta!» y «Unidad antifascista». Todos clamaban por la unión de un arco amplio de fuerzas heterogéneas que podría abarcar desde la izquierda más radical hasta elementos moderados de la derecha. En realidad, iban a remolque de una burguesía y una pequeña burguesía cosmopolitas y globalizadas, pero nunca expresaron en sus documentos un claro carácter clasista de la lucha, y mucho menos el protagonismo de los trabajadores. Esa estrategia llegó a recibir críticas, incluso del expresidente Lula, que no aceptó la idea de establecer alianzas con personajes que pocos años atrás criticaran duramente los gobiernos del PT y apoyaran (o incluso promovieran) el impeachment de Dilma Rousseff.[9] Eso, por sí solo, muestra que no existe un proyecto de superación del actual modelo político, y mucho menos del sistema.

Solamente hubo una proclama más significativa a favor de un frente clasista exclusivamente de izquierda, el «Manifiesto por el frente único de izquierda en Brasil», que contó con el apoyo de algunos sindicatos y profesores de enseñanza superior. Pero este documento tuvo una menor repercusión en los medios de comunicación. De cualquier forma, proponía un programa mínimo que incluía reivindicaciones, como la defensa de las empresas estatales; la reestatización de las compañías privatizadas; la anulación de la entrega de las riquezas nacionales (principalmente el presal); la defensa intransigente de la soberanía nacional y de los intereses y derechos del pueblo; la asignación de recursos públicos para la población carenciada, ante la insuficiencia del llamado «auxilio de emergencia»; la disponibilidad de fondos públicos para salvar empresas pequeñas, y evitar así su bancarrota debido a la pandemia; una movilización contra todas las medidas provisionales, proyectos de leyes y enmiendas constitucionales encaminadas a restringir las libertades de expresión y organización, o a criminalizar e intimidar a los movimientos sociales; el control de los bancos y el sistema financiero por los trabajadores; el no pago de la deuda interna y externa, responsables de la crisis fiscal, para preservar los ahorros de trabajadores en activo o jubilados; el cobro inmediato a los mayores deudores del Estado; la aplicación de un impuesto a las instituciones financieras proporcional a sus ganancias líquidas, que se destinaría a la construcción de hospitales y a la distribución gratuita de alimentos y medicinas a todos los que los necesitaran; un impuesto general a las grandes fortunas del país, con vistas a crear un fondo público, controlado por el proletariado, para combatir la pandemia por todos los medios; una jornada laboral máxima de treinta horas semanales sin reducción del salario; la regularización de las propiedades de la población de bajos ingresos en los barrios populares; el fin del latifundio y la realización de la revolución agraria; la revocación de la reforma laboral y de la seguridad social; la estatización y centralización de los hospitales para la atención inmediata a las necesidades de la población; el control del Sistema Único de Salud por sus empleados; y la organización de un gobierno popular sin representantes del capital.

Pero la discusión en torno a la constitución de un posible «frente amplio» para combatir el bolsonarismo y, quizás, hacer salir al mandatario del poder, o a la construcción de posibles coaliciones electorales entre sectores de izquierda, centroizquierda y centroderecha, que podrían incluir el apoyo de elementos vinculados a los bancos y el empresariado, continúan. No obstante, es necesario esperar por la dinámica de los acontecimientos, que cambian constantemente en la política brasileña, para tener una idea más clara del rumbo que tomarán esos actores.

En el primer semestre de 2022, la situación política y económica de Brasil siguió siendo inestable y tensa. Los ataques de Jair Bolsonaro al STF y al TSE se intensificaron, con constantes críticas y difusión de fake news sobre la eficiencia y adecuación de las urnas electrónicas, dando a entender que, si el resultado no le es favorable en las elecciones de fin de año, puede impugnar el resultado (apoyado por algunos militares cercanos a él) e incluso incitar a sus partidarios a atacar aún más las instituciones de la República. Se teme que convoque a sus partidarios para intentar asaltar el Congreso y el Tribunal Supremo, en una acción similar a la ocurrida en Estados Unidos, cuando multitudes de extremistas trumpistas entraron por la fuerza en el Capitolio. Esto se debe, en parte, a que en todas las encuestas electorales recientes, el candidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, muestra una amplia ventaja sobre el actual mandatario, y ha ido creciendo constantemente en su porcentaje de intención de voto. Algunos analistas creen que Lula podría incluso ganar en la primera vuelta, aunque es demasiado pronto para decirlo (ya que los sondeos solo representan una instantánea del momento en que se realizan).

El país vive en la barbarie y los más pobres demuestran cada día que están cansados de esta situación. Brasil atraviesa una profunda crisis, con altas tasas de desempleo, aumento de la inflación, incremento de los tipos de interés, crecimiento económico irrisorio y recortes recurrentes en sectores como la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. El «centrão» sigue controlando el gobierno, que a su vez garantiza millones de reales en fondos para sus partidarios de la base aliada a través del llamado «presupuesto secreto». Todos los días se denuncian casos de corrupción, como las acusaciones del CPI de Covid en relación con el Ministerio de Sanidad, el escándalo con los pastores en el Ministerio de Educación, las compras indecentes realizadas por las Fuerzas Armadas, la sobrefacturación en la compra de autobuses escolares y el desvío de dinero de la ayuda a los pobres para comprar tractores para amigos políticos. Eso por no hablar de los recortes, desguaces y despidos en el área de medio ambiente y cuestiones indígenas, como el IBAMA, el ICMbio y la FUNAI. Las invasiones de las tierras de los pueblos nativos, los asesinatos de sus líderes, las cifras récord de destrucción de la selva amazónica y la falta de aplicación de la ley y de las multas contra los acaparadores de tierras, los madereros y los mineros dan una sensación de impunidad y parecen dar carta blanca a todos los que cometen actos ilegales para seguir actuando sin castigo. Además, se han producido varias masacres iniciadas por la policía, como las recientes masacres en dos favelas de Río de Janeiro (se han producido 39 masacres desde que el gobernador Cláudio Castro, del PL, el partido del presidente, asumió el cargo), así como el caso de la tortura y el asesinato con gas lacrimógeno de un ciudadano en Sergipe dentro de un vehículo de la PRF, después de que fuera abordado por no llevar casco mientras conducía una moto, un crimen atroz que conmovió a todo el país.

El presidente Bolsonaro, por cierto, se ha dotado de organismos estratégicos, como la PGR y la PF, para blindarse. Pero, al parecer, tiene miedo de que, si pierde las próximas elecciones, él y sus hijos puedan ser procesados e incluso detenidos. Por ello, su actitud se ha vuelto cada vez más violenta y hostil, especialmente hacia la prensa y la judicatura, que critican constantemente a su gobierno. Así, todo indica que la campaña electoral, que comenzará efectivamente en el segundo semestre, será muy dura y agresiva.Y que hasta finales de este año, la tensión política continuará.

Traducción: Esther Pérez.


Notas:

[1] Son notorios los casos del ex comandante del Ejército, general Villas Bôas, y de Augusto Heleno, de mismo rango y jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, además de los diferentes manifiestos y recogidas de firmas divulgados por los clubes militares.

[2] Entre abril y mayo de 2020, según la Atlas, 58% de la población desaprobaba su gestión y 23% la aprobaba; la Fórum registró 39% y 26%, respectivamente; y la Quaest, 49% y 19%; o sea, el apoyo efectivo al presidente posiblemente oscila entre 8% y 12% (Coimbra, 2020).

[3] Es el caso del autodenominado «300 de Brasil», que alegaba recibir entrenamiento paramilitar y portar armas, y que últimamente ha estado ausente de las noticias.

[4] Por ejemplo, en abril de 2020, 70% del «empresariado» representado por tenderos, dueños de pequeñas industrias y de negocios en shopping centers, todavía expresaba su apoyo al gobierno en encuestas solicitadas.

[5] Esos sectores se identifican con el llamado centrão, representado por partidos de derecha (algunos con una clara orientación programática), así como agrupaciones políticas de alquiler que promueven costumbres conservadoras y el trueque de apoyo por dinero y cargos. [N. de la T.]

[6] Operação Lava Jato (Operación Autolavado) es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil, que se hizo pública el 17 de marzo de 2014. Investigaba un esquema de lavado de dinero y es considerada por aquella como la mayor en la historia del país. [N. de la E.]

[7] En la última elección para la alcaldía de São Paulo, la mayor y más importante ciudad de Brasil en términos económicos, el PT, el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Comunista de Brasil postularon candidatos propios, lo que podría disminuir las posibilidades de victoria de todos ellos; ese fenómeno también ocurrió en otras metrópolis, e incluyó, además, a agremiaciones de centroizquierda como el Partido Socialista de Brasil y el Partido Democrático Laborista, por ejemplo.

[8] El movimiento Antifa tiene su origen en Brasil, en el período entreguerras, a partir de las acciones de inmigrantes italianos y alemanes que se manifestaban contra los regímenes de sus países de origen. En 2018 el movimiento resurgió contra la postulación de Jair Bolsonaro, y actualmente continúan actuando contra las decisiones del presidente. Igualmente se posicionan contra los discursos eugenistas, machistas, populistas y homofóbicos. [N. de la E.]

[9] Hubo quienes quisieron incluir en esa heterogénea coalición nombres como los de Fernando Henrique Cardoso o, incluso, el del ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, lo que encontró una enorme resistencia en las filas de la izquierda tradicional.

Referencias:

Boletim Ponto (2020) «Camarão que dorme a onda leva». Brasil de Fato, 9 de octubre. Disponible en <https://bit.ly/3l4KqwP> [consulta: 18 febrero 2022].

Calais, B. (2021) «Brasil tem 10 novos bilionários no ranking de 2021». Forbes, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3AtCMt2> [consulta: 25 enero 2022].

Casarões, G. (2020) «Religião e Poder: a Ascensão de um Projeto de “Nação Evangélica” no Brasil?». Interesse Nacional, a. 13,

  1. 49, abril-junio, 9-16. Disponible en <https://bit.ly/3p0BSj3> [consulta: 18 febrero 2022].

Cem Flores (2020) «Contra Bolsonaro: Frentes Amplas de Classes ou Resistênci e Luta Operária e Popular?». Disponible en <https:// bit.ly/36qvmvF> [consulta: 18 febrero 2022].

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