El movimiento indígena en América Latina: viejos y nuevos problemas

Autor(es): Kati Álvarez

A pesar de que los modelos de gobiernos neoliberales y progresistas son distintos, estructuralmente comparten elementos coloniales que se reajustan y redireccionan en función de la acumulación capitalista, en un contexto global de extracción, despojo y desposesión. Entre las poblaciones más vulneradas por intervenciones del capitalismo global están las indígenas u originarias de América Latina.

Las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales,y de un desarrollismo agresivo implementado por gobiernos progresistas, se muestran en algunos de los problemas que enfrenta el movimiento indígena: territorios neoliberalizados y comodificados; racismo, discriminación y violencia; pobreza, precarización y desigualdad; desprotección de empleos y salarios dignos; Estados-nación que ven en las agendas del movimiento una amenaza a la soberanía; conversión mercantil de la educación, salud, alimentación y comunicación; así como los intentos por criminalizar y minimizar la reproducción de la vida, la memoria y la identidad.

El movimiento indígena en América Latina es heterogéneo, pero comparte, a nivel regional, algunas plataformas de lucha por el control de los territorios; la comprensión y tolerancia de la diversidad; el combate de la pobreza y las desigualdades; por los derechos humanos, colectivos, laborales; la autonomía y autodeterminación; la educación intercultural por la soberanía alimentaria; medios de comunicación alternativos; así como la exigencia de la verdad y la justicia en casos de asesinatos, desapariciones y secuestros. Para algunos pensadores de los movimientos sociales, el indígena sería antisistémico, transformador y descolonizador.

En este contexto, cuando a los problemas viejos se suman otros, aparece la pandemia de COVID-19. Con ella, se evidencia el abandono de las poblaciones por parte de los Estados, y el aprovechamiento de la crisis sanitaria para incrementar las presiones a los territorios, y aumentar la violencia contra lideresas y líderes indígenas defensores de derechos. Ante esta situación, el movimiento indígena y las poblaciones originarias responden desde la autodeterminación, recuperando saberes y prácticas de salud, economía y autogobierno.

El análisis de este artículo expone que los problemas estructurales de corte colonial, producidos dentro del contexto de políticas neoliberales y desarrollistas, persisten, y que a ellos se han sumado otros nuevos.

Movimiento indígena: entre el colonialismo y el proceso de descolonización

Al igual que Romina Accossatto (2015), considero que el colonialismo —además de su significado original—, desde la perspectiva de Silvia Rivera Cusicanqui (2010), es un marco teórico metodológico que permite comprender su multitemporalidad y la descolonización en el contexto historiográfico. Pero quisiera mirarlo como «forma de acumulación originaria que busca el control y el mantenimiento de los medios de producción no capitalista que aún no se hayan agotado» (Espinosa, 2013: 1). De esta manera, se ubica su carácter estructural y maleable, de escala global, a través del cual se extrae, se despoja y desposesionan territorios, tierra, recursos, cuerpos y mano de obra, sobre todo «a países colonizados, semicolonizados y dependientes» (González Casanova, 2006: 209).

Entre sus principales categorías están: la dominación y opresión como estructuras de larga duración que han permeado las mentalidades y las prácticas sociales, constituyendo modos de convivencia y socialidad (Rivera Cusicanqui, 2010); y la acumulación por extracción y despojo/desposesión de territorios, recursos y bienes comunes en general. Esta estructura de acumulación originaria se ha articulado, multitemporalmente, con ciclos históricos u horizontes que se reditan y refuncionalizan constantemente. Al respecto, Rivera Cusicanqui señala que «tanto las instituciones como las ideologías muestran una igualdad ficticia entre los individuos, pero en la representación política se mantienen monoculturales y excluyentes». Por otro lado, «el ciclo histórico u horizonte populista incorpora a las mayorías sociales a través de redes clientelares estatales, partidiarias y sindicales, lo que desvincula a los sujetos de las comunidades y de la procedencia étnica» (36-7). Esto último se evidencia en las cortas experiencias de los gobiernos progresistas. Rivera Cusicanqui denomina a estos ciclos históricos u horizontes de base colonial como «modalidades de colonialismo interno» (38).

Siguiendo con este enfoque, la acumulación por extracción y despojo/desposesión, en versión neoliberal o progresista, no ha cambiado su objetivo, sino que se reajusta y busca ir más allá de los límites del planeta y de los seres humanos. Se asiste a una sobreexplotación de los recursos naturales a pesar de las advertencias de que el planeta no resiste más. El cambio climático es irreversible y los seres humanos hemos sido despojados del tiempo y el espacio: precarización del trabajo digital, exclusión tecnológica, menores ingresos, inestabilidad laboral, destrucción de los medios de vida, entre otros. Este reajuste ocurre con o sin violencia. Aquí está el origen de los viejos y nuevos problemas a los que se enfrentan varios sectores de la sociedad latinoamericana, pero, en especial los pueblos indígenas u originarios, que han sido despojados de sus territorios y de los medios de vida, incorporados marginalmente a la sociedad nacional, racializados, discriminalizados y, en varios países, perseguidos y asesinados.

El colonialismo, como matriz de reflexión, también permite comprender la emergencia de varios sujetos políticos, entre ellos, el movimiento indígena en América Latina que, en sus luchas, rebeliones y resistencia, deja ver que los modos de acumulación capitalista atentan contra la vida en general, incluido el medio ambiente.

En todo caso, la amplia gama de estas luchas pasa por romper tanto el eje estructural de dominación y opresión como las modalidades del colonialismo interno, y los modelos de acumulación extractivistas, de despojo y desposesión. En este sentido, y focalizando los ciclos históricos, se puede afirmar que se combate por superar la globalización neoliberal y, aunque parezca paradójico, el progresismo lucha por el medio ambiente, los derechos laborales, sociales, por los derechos humanos, por democratizar las instituciones, concentrar las decisiones y el poder en los niveles más bajos posibles, dar prioridad al avance económico de los oprimidos explotados, convertir la economía global en un mundo sostenible conciliando las necesidades humanas con el medio ambiente. Controlar los capitales especulativos que puedan hacer colapsar las economías nacionales, luchar por la condonación de la deuda externa, entre otras. (Brecher et al., 2000: 102)

Las luchas son un proceso de descolonización continuo y sostenido donde los viejos problemas y luchas del pasado y las del presente se reeditan en simultáneo y se transforman alrededor de un enemigo común que siempre quiere triunfar y, como afirma Walter Benjamín (2005): «Ni siquiera los muertos estarían a salvo del enemigo, si este vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer» (45).

Thomas Hall y James Fenelon (2004) señalan que los movimientos indígenas estarían «construyendo una gran fuerza antisistémica de resistencia al capitalismo y a la globalización» (160). Para ahondar en los viejos y nuevos problemas a los cuales se enfrentan, es necesario examinar los contextos en que se manifestaron y manifiestan: la globalización neoliberal y los gobiernos progresistas.

La globalización neoliberal y el movimiento indígena

Varios son los elementos para la emergencia de la politización indígena en América Latina, aproximadamente entre los años 70 y 80 del pasado siglo:

Crisis del Estado desarrollista, descomprensión del mundo rural latinoamericano de la lógica del comunismo internacional durante la Guerra Fría, la desaparición de   políticas   agrarias   corporativistas, la nueva irrupción del capital neoliberal con proyectos mineros, agrarios, forestales en los campos, el agotamiento del proyecto eurocéntrico, entre otros. (Navarrete Saavedra, 2010: 491)

En este contexto, la globalización neoliberal aparece como un recetario para el crecimiento económico de los países, dependientes, sobre todo, y se centra en diezmar los avances obtenidos en los Estados de bienestar y en reducir su capacidad. ¿En qué consiste este recetario, a criterio de David Harvey (2008)?

El neoliberalismo como teoría de las prácticas político económicas considera que el bienestar humano puede ser promovido desplegando las libertades y capacidades emprendedoras individuales, en el ámbito de una estructura institucional basada en la propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio. Es por esto que el Estado debe crear y preservar una estructura institucional adecuada a estas prácticas, y sus intervenciones en los mercados debe ser mantenida en un nivel mínimo. (12)

¿Qué se consiguió y se consigue con esto? Facilitar la acumulación de capital en las elites económicas. Por ello, en estos años, los derechos laborales y las políticas sociales fueron detenidas y destruidas. Como bien señala Harvey, «el trabajo y la naturaleza pasaron a ser tratados como meras mercancías promoviendo además la vulneración de derechos colectivos y de los derechos humanos».Y sobre la financiación, añade: «Se favoreció la integridad del contexto financiero y solvencia de las instituciones financieras en detrimento del bienestar de la población y de la naturaleza» (89). Por otro lado, los Estados redireccionaron sus instituciones y prácticas a los intereses de las elites económicas, usando, en muchos de los casos, las fuerzas armadas, la policía nacional o promoviendo grupos paramilitares.

¿Qué problemas surgieron alrededor de la globalización neoliberal para la población indígena en América Latina? Debido a la alta demanda de recursos naturales —hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad, oxígeno—, se han impulsado varias estrategias, incluso violentas, para incorporar territorios al mercado mundial. Se considera que las poblaciones indígenas son obstáculos que deben ser incorporados a los intereses de las elites económicas, o eliminados. Otros problemas son el racismo, la pobreza, los conflictos con los Estados nacionales, y más.

Los gobiernos progresistas y el movimiento indígena

Los gobiernos progresistas, en su mayoría orquestados por la izquierda y centro izquierda, y apoyados por los movimientos sociales, surgen como alternativa para cambiar la situación de miseria y apostar por la transformación social.

El apoyo inicial del movimiento indígena a estos gobiernos fue el resultado de luchas compartidas, principalmente con la izquierda latinoamericana; por ejemplo, dos victorias en Ecuador al derrocar a gobiernos neoliberales, o la experiencia de las luchas en el sector cocalero, y por el agua y el gas, en Bolivia, que dieron la victoria al Movimiento al Socialismo (MAS). Se creía que la izquierda, o las personas que lucharon hombro con hombro durante más de dos décadas, podían sintonizarse con el cumplimiento de varias demandas de los movimientos sociales, en particular, el indígena. Sin embargo, al llegar al poder con el discurso de construir sociedades alternativas, del buen vivir o el socialismo del siglo xxi, «no se consumaron las demandas y el movimiento indígena terminó siendo dividido, amenazado y en algunos casos reprimido» (Bringel y Falero, 2016: 28).

En general, la izquierda se mostró ambivalente en su gestión gubernamental. Hubo un continuismo en lo económico y lo político, que evidenció el cumplimiento de agendas del capitalismo global, y favoreció la acumulación de capitales en manos de viejos y nuevos grupos de poder. Así ocurrió «en Chile con la Concertación, en Brasil con el PT, en Uruguay con el Frente Amplio, y en Paraguay con la Alianza Lugo, en que se dio una gestión empresarial con gobiernos progresistas, sin intento de transformación de la sociedad»; o «la gestión contradictoria del intento de transformar la forma del Estado heredada en Ecuador y Bolivia con tensiones con los movimientos sociales, entre ellos con el movimiento indígena. Y las tensiones con el peronismo en Argentina y el chavismo en Venezuela» (32).

Consecuencias del neoliberalismo y el desarrollismo

Como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales y el desarrollismo implementado por los gobiernos progresistas se puede identificar una serie de problemas:

Territorios neoliberalizados y procesos de comodificación

Debido a condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas de sus territorios, por la implementación de estrategias militares, sociales, jurídicas y simbólicas, «los Estados nacionales buscaron controlar los territorios expropiando los derechos históricos de los pueblos originarios y sometiéndolos a condiciones de pobreza y exclusión» (Cimadamore et al., 2006: 22).

Durante el neoliberalismo, sobre todo, y en los países donde surgieron gobiernos progresistas, las empresas transnacionales tomaron el control de regiones y   recursos   naturales, transformándolos en territorios especializados, los cuales «se basan en economía enclave y exportadora: minerales, forestales, hidrocarburos, fruticultura fuera de temporada, productos comercializados antes de su transformación» (Szary, 1997: 66). Claros ejemplos son la ampliación violenta de la frontera de pasto en la Amazonía por ganaderos brasileños, los cultivos de soja en Perú y, recientemente, «el ataque de caficultores a las bodegas de café de las bases de apoyo del EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional]» (Espoir Chiapas, 2020). También, la construcción de infraestructuras y mega infraestructuras con fines extractivos como el tren Maya, el corredor transístmico, o programas estatales como «Sembrando la vida», impulsado por el gobierno mexicano (2020), y el de climatizar territorios, promovido por el gobierno de Lenín Moreno (Ecuador) y liderado por el Ministerio de Agricultura. Para aportar otro dato sobre el impacto de estas medidas de despojo, de «la tenencia de la tierra en Guatemala el 66% estaba ocupada en 1989 por el 3% de las haciendas» (Ascher y Hubbard, 1989: 111).

En cuanto a los procesos de comodificación, se «ha asegurado y estimulado la propiedad privada de los territorios y recursos como en el caso de Chile, del agua, los espacios públicos, los suelos, el aire, la diversidad» (Bauer, 2005; Romero y Vásquez, 2005: 12). En este sentido, la aplicación de políticas neoliberales, según Hugo Romero (2009),

[ha] facilitado una nueva organización espacial caracterizada por enclaves económicos y policentrismo urbano, así como procesos de expansión ilimitada de las ciudades, y de las fronteras agrícolas, explotación incontrolada y devastación de recursos naturales, contaminación del medio ambiente   y   otros. Esto ha producido enormes diferencias en cuanto a la distribución de la renta y de los ingresos familiares en la región. (6-7)

En Guatemala han denunciado explotación de mano de obra indígena en las plantaciones y ampliación de haciendas ganaderas; lo mismo se registra en la Amazonía brasileña.

Este mecanismo de acumulación originaria constituye un permanente problema para las poblaciones indígenas, ya que se repite en los gobiernos progresistas, los cuales instauraron megaproyectos en o cerca de territorios indígenas; por ejemplo, los de industrialización relacionados con minería y petróleo —mega industria petroquímica y de litio— durante el gobierno de Evo Morales, en Bolivia.

Ante esta dificultad, el movimiento indígena en América Latina expone como plataforma común de lucha retomar el control de los territorios. No solo como propiedad, sino para proteger el entorno, recuperar los medios de vida, y también como «desafío socioeconómico para la reducción de la pobreza en los pueblos indígenas» (Cimadamore et al., 2006: 24); pobreza y extrema pobreza ocasionadas por los ajustes estructurales, la corrupción y los sobreprecios en obras públicas.

Se une a esta problemática que los Estados buscan frenar los procesos de autonomía. Con el movimiento zapatista se empleó el hostigamiento y la manipulación civil a través de subsidios para dividirlo y disciplinarlo (Espoir Chiapas, 2020). Estas prácticas también se ven en otras regiones latinoamericanas.

Racismo, discriminación y violencia

El racismo y la discriminación son prácticas sociales y políticas heredadas de la colonia, pero se refuncionalizan y redireccionan en gobiernos neoliberales, e incluso en progresistas. Según Agustín Laó Montes (2018), «existen unas reconfiguraciones del racismo y un racismo neoliberal dentro del marco de una suerte de contrarrevolución hacia los movimientos antisistémicos» (247).

El período contrarrevolucionario en América Latina, con el golpe militar de 1964 en Brasil, o la dictadura en Argentina, es de ingrata recordación. Pero las derechas latinoamericanas tienen una experiencia acumulada en la utilización de la violencia física, las desapariciones, la persecución, la tortura. Ellas y los gobiernos neoliberales utilizan las instituciones militares y policiacas, así como grupos paramilitares, y un aparataje jurídico y mediático, para alentar y hacer efectivo el racismo y la discriminación contra grupos y poblaciones que se les opongan o resulten obstáculos para sus proyectos de acumulación de capital sobre la base de la extracción, los despojos y desposesión. Entre estas poblaciones afectadas están las indígenas.

Colombia y México encabezan la lista de asesinatos a defensoras y defensores de la naturaleza; 212 personas (40%) pertenecen a pueblos indígenas (Global Witness, 2021). Los awá, en Colombia, sufren la pérdida de varios de sus líderes por el control de su territorio, y grupos paramilitares mexicanos vinculados al Estado, a empresas o a redes de narcotráfico y criminales, acorralan a comunidades originarias. En Perú, la discriminación estructural que pensó   superarse con el presidente Alejandro Toledo, no ocurrió, y se han incrementado los casos de violencia hacia estos sectores. Sobre todo, los usurpadores de tierras amenazan y asesinan, principalmente, a los líderes.

En 2019, se reportaron 494 agresiones en Guatemala, de las cuales 111 fueron dirigidas a indígenas que protegían sus territorios. Lo mismo ocurre en Honduras con una ola de secuestros y criminalización que muestra irrespeto a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada (Vera, 2020). En octubre de 2019, durante la presidencia de Lenín Moreno, se mutilaron e hirieron en Ecuador a 1 340 personas que rechazaron el Decreto 883 que liberaba los precios de los combustibles, con un saldo de ocho fallecidos.

Llama la atención en todas estas acciones contrarrevolucionarias la similitud con ciertas estrategias fascistas/racistas, y su carácter supuestamente «popular y democrático», en defensa de los Estados nacionales o el statu quo. Los argumentos para la violencia estatal incluyen además la defensa del desarrollo, la democracia e incluso de los patrimonios tangibles. Estos discursos calan en la sociedad civil, y despiertan odios raciales que relacionan a los pueblos indígenas con el vandalismo.

Lamentablemente, esta estrategia ha sido aplicada en gobiernos progresistas. En Ecuador, hubo una oleada de «descalificación verbal y hostilidad a la movilización social independiente de Alianza País: 204 enjuiciados, 170 juicios penales y doce de 31 procesos penales con acusaciones de terrorismo y sabotaje» (Lalander y Ospina Peralta, 2012: 31). Además, se dio una suerte de epistemicidio cuando se incorporaron propuestas del movimiento indígena del Sumak Kawsay o el Buen Vivir en las instituciones, como política y principios; incluso se usaron símbolos y representaciones del movimiento indígena para neutralizarlo y legitimar un desarrollismo agresivo.

En Bolivia, Evo Morales avanzaba con proyectos petroleros y gasíferos en áreas protegidas, y propuso la construcción de hidroeléctricas, lo que suponía el desplazamiento de varias comunidades indígenas. «El pueblo Urus, asentado en el altiplano boliviano vio desaparecer su lago y con él su forma de vida, esto por beneficiar a grandes granjas agrícolas» (Casey, 2018: 4). En estos y otros casos se aplicó racismo ambiental.

El movimiento indígena en América Latina lucha contra el problema racial y étnico, la discriminación y la violencia ejercida sobre sus vidas, territorios y autodeterminación. Exigir justicia, y detener estos ataques, ponen en evidencia que no existe la «unicidad» ni la «nacionalidad homogénea presente en la construcción de los Estados nacionales» (Rivera Vélez, 1998: 58), sino una gran diversidad y heterogeneidad de grupos, con distintas posibilidades de ser y determinar sus formas de vida.

Pobreza, precarización y desigualdad

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, citado en De Dios, 2020), en América Latina existen aproximadamente cincuenta millones de personas pertenecientes a quinientas etnias. La mayor parte de la población indígena se encuentra en México, Guatemala, Perú y Bolivia. Aunque esto representa 8% del total de la población en la región, 14% está compuesto por pobres y 17% por extremadamente pobres. La pobreza material afecta a 43% de los hogares indígenas en la región.

El neoliberalismo ha generado niveles de pobreza y desigualdad social sin precedentes en el mundo, en particular en Latinoamérica, considerada hoy como la región más desigual del mundo en desarrollo. El Índice de Desarrollo Humano revela diferencias de pobreza en la ubicación de los países de la región. En Costa Rica, 34; Panamá, 45; México, 49; Belice, 63; Guatemala, 111; El Salvador, 114; Honduras, 119; Nicaragua, 126(Alarcón-Cháires, 2006: 22).

Las cifras del Banco Mundial (2015) confirman que la población indígena en América Latina presenta una tasa de pobreza dos veces más alta que el resto de los latinoamericanos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? De acuerdo con el mismo informe, entre ellas se encuentran: no acceso a la educación y a la salud, menores ingresos de la población indígena en comparación con otros grupos humanos (Alarcón- Cháires, 2006), y la mayoría se ubica en los sectores informales de la economía, sobre todo en las ciudades. Los indicadores aplicados responden al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Pero si se consideran otros indicadores como la canasta básica, las cifras son alarmantes. Por otra parte, el grado de precarización social varía en cada país. En el caso de México,

en la región sureste, donde existe mayor población y diversidad cultural indígena, se registra un índice de analfabetismo de diez puntos porcentuales por encima de la media nacional, causado por la alta dispersión de localidades, la deserción escolar por las necesidades económicas familiares, y la desnutrición infantil. La carencia de servicios de salud y de acceso a sanidad local se pone en evidencia en las siguientes cifras: el 29% de las viviendas posee agua entubada, el 49% tiene servicio de drenaje, el 30% son viviendas con piso de tierra, el 44% utiliza leña como fuente de energía doméstica, y el 18% posee una sola habitación. El 74% de la población indígena habita en esta región, y representa el 16% de la población total. (42)

La región mesoamericana «contiene una población de damnificados crónicos, que incluye a quince millones […] que no comen como debe ser, dos terceras partes de los cuales se encuentran en el campo». Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (citado en Alarcón-Cháires, 2006), una quinta parte de los mesoamericanos están desnutridos, porcentaje que casi duplica el de toda América Latina, con el agravante de que, mientras que en el subcontinente el índice disminuyó dos puntos porcentuales en la última década, en los países del istmo se incrementó en dos puntos.

En general, gran parte de la población activa está desempleada o en vías de estarlo, el acceso a servicios de salud y educación ha disminuido, y los derechos humanos básicos son vulnerados. Los grupos más afectados por el deterioro social son los niños, las mujeres y las poblaciones indígenas.

Asimismo, «Centroamérica se enfrenta periódicamente a desastres naturales como los huracanes y sismos, que influyen fuertemente en el proceso de pauperización regional» (42).

En Colombia, la pobreza ha sido medida a través del NBI, que considera pobres a aquellas personas y hogares que tienen insuficiencias en materia de vivienda, servicios y escolaridad, entre otras. Así lo señala Carolina Borda Niño (2006):

Los datos de 1997 muestran marcadas diferencias entre las regiones o departamentos: los de mayor incidencia de la pobreza medida por este indicador son Chocó, Córdoba, Sucre, Nariño y Boyacá, con valores que superan el 50% de la población, y los de menor incidencia están Bogotá y los departamentos del Valle, Atlántico, y el eje cafetero: Caldas, Quindio y Risaralda. (72)

Por otro lado, las comunidades indígenas chilenas, concretamente los mapuches, presentan niveles de indigencia y pobreza duplicados en relación con el promedio nacional. Eugenio Guzmán (2000) señala que «en materia de ingresos el 42% de la población mapuche se encuentra en el primer quintil de ingresos. El analfabetismo es cuatro veces mayor en promedio del país, y la mortalidad infantil tres veces superior al promedio nacional» (10-1).

Con los gobiernos progresistas no se resolvió el tema de la pobreza; en algunos casos, mejoraron indicadores como la salud y la educación, no así el de empleo, que continuó en cifras rojas. Como respuesta del movimiento indígena, otra plataforma de lucha común es la autonomía productiva y cultural. Por esta razón, busca preservar sus territorios y los mecanismos de cohesión socioeconómicos y organizativos. En los Andes amazónicos: trueque, cambios, el presta manos y mingas, planes o proyectos de vida, estrategias de resistencia. Esto como requisito para combatir la pobreza resultante del neoliberalismo, pues, como bien señala Borda Niño (2006), las poblaciones indígenas consideran que «mientras más autónomos, más ricos» (83).

Movimiento indígena y soberanía de los Estados nacionales

En general, los Estados nacionales «producidos dentro de la colonialidad del poder» (Quijano, 2005: 641) han favorecido distintos modos de opresión, marginación y exclusión de los pueblos indígenas. La aplicación de políticas inadecuadas, o la omisión de otras, han empobrecido y vulnerado a su población. De hecho, en algunos países, son perseguidos como contracultura o se procura homologarlos creando un espejismo de igualdad entre los individuos (liberalismo). También los consideran como una amenaza a la soberanía de los Estados y las naciones, por reclamar la autonomía, y un obstáculo para el desarrollo y el progreso, al «mantener actividades económicas y objetivos que suelen entrar en conflicto con las agendas estatales» (Dunaway, 2003: 13) de grupos económicos que obtienen y mantienen el poder político.

Los gobiernos progresistas procuraron difuminar las diversidades con la identificación de ciudadanos partidarios y no partidarios. En el caso de Ecuador, correístas vs. no correístas. Así se buscó igualar identitariamente a los ciudadanos en beneficio de un partido político y de la idea de un Estado monolítico, y quienes no se sumaban eran enemigos u opositores: organizaciones indígenas y de mujeres, sindicatos, ecologistas, entre otros.

Al respecto, el EZLN afirma que, en el caso del Sur, se estaría en la Cuarta Guerra Mundial: «Todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas» (Subcomandante insurgente Marcos, 2001: 3); y los agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales o privados, ya que en muchos casos trabajan juntos, y comparten los mismos objetivos.

Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación y reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado. Nuevamente, la reivindicación de los derechos territoriales constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional, y una respuesta directa a las situaciones de desventaja que ellos padecen. La cuestión de la autodeterminación emerge entonces «como un aspecto central para entender el desafío socioeconómico de la reducción de la pobreza en los pueblos indígenas» (Cimadamore et al., 2006: 25). En términos políticos, Wilma A. Dunaway (2003) señala:

La demanda por la autonomía y la autodeterminación no busca deslindarse de los Estados nacionales. Sino más bien es una estrategia de articulación en relación a los Estados y a organismos internacionales, pues se entiende como un derecho que les permite ejercer sus formas de vida, de organización social, de elegir el autogobierno, acceder a los territorios y a los recursos de forma colectiva, así como mantener idioma, cultura, espiritualidad e identidad. (17)

Muchas de las luchas del movimiento indígena han sido para asegurarse recursos del Estado, servicios y mayor participación política. Esto lo confirma Álvaro Bello (2004) cuando cita la frase del movimiento zapatista: «Nunca más un México sin nosotros». Algo parecido ocurre en Ecuador, donde se busca construir un Estado y ciudadanías plurinacionales e interculturales.

Viejos y nuevos problemas para el movimiento indígena

A los problemas identificados en los gobiernos neoliberales que no fueron resueltos por los progresistas, se suman otros donde el movimiento indígena cobra un carácter más de clase que de etnia, debido a la globalización de los conflictos laborales. En efecto, este

«lucha por los salarios, por los derechos laborales, por empleo, por protección social. Por la reivindicación del trabajo rural en base a cooperativas» (Cimadamore et al., 2006: 27). Además, el movimiento se incorpora a la lucha por el trabajo en los espacios públicos, pues la mayoría de las y los trabajadores informales son indígenas.

Ante Estados nacionales de estructura colonial, se continúa la batalla por su transformación. En Ecuador, por la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. En este sentido, ante los crecientes proyectos de conversión mercantil de la educación, la salud, la alimentación y la comunicación, se combate por el derecho a salud y educación pública de calidad, donde se consideren otros sistemas, sobre todo el intercultural. También se trabaja por estar informados; para esto se impulsan los medios de comunicación alternativos.

En contra de la violencia estatal, están las luchas vinculadas a la reproducción de la vida, memoria, identidad, verdad y justicia. En Ecuador se criminaliza la protesta social, varios dirigentes indígenas son privados de libertad, tanto en gobiernos neoliberales como progresistas. En Colombia se demanda por los asesinatos, y se exige justicia y reparación. En algunos países el movimiento indígena se vincula a organizaciones de derechos humanos; así mismo, ante los intentos homologizantes, se trabaja por la recuperación de la memoria, derechos de reconocimiento e identidad.

Un nuevo problema para los movimientos indígenas es que la izquierda latinoamericana busca, a toda costa, asumir su representación, y disputa la hegemonía de los sectores populares e indígenas. Es una izquierda con tintes coloniales y patriarcales que los considera desprovistos de agendas propias y manipulados, como lo hace la derecha latinoamericana. No reconocen el intento de construir un Estado plurinacional e intercultural y, mucho menos, su derecho a la autodeterminación. Nuevamente, el caso ecuatoriano es un ejemplo.

Pandemia de COVID-19

A todos los problemas señalados, se suma la pandemia de COVID-19. De acuerdo con Lucia Lacurcia (2020), «la pandemia está diezmando a las poblaciones indígenas debido a las precarias defensas ante las enfermedades, la desatención de los Estados y la pobreza» (2). Según datos de la Organización Mundial de la Salud (Chuquimia, 2021), hasta el 22 de julio de 2021 se habían contabilizado 617 326 casos positivos y 14 646 fallecidos. Existe riesgo de extinción del pueblo yuqui en Bolivia, y el estado del pueblo siekopai —entre Ecuador y Perú— es grave. Ante esta situación, los pueblos indígenas y sus organizaciones han respondido con medidas de protección de su territorio y recurrido a saberes y prácticas ancestrales en términos de salud, alimentación, economía y autogobierno. En la Amazonía peruana surge el «Comando Matico» para afrontar problemas de salud. Se provee de plantas medicinales, alimentación, asistencia con evaporizaciones y baños (García, 2020).

En Nicaragua y México se práctica el intercambio de productos alimenticios y la venta en redes con servicio a domicilio. En Costa Rica se creó un estanco indígena de trueque virtual. En Ecuador, organizaciones como el Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador (CONFENAIE) han incentivado el trueque interregional y abastecido de equipos, medicamentos y trajes de bioseguridad a los centros médicos que se ubican en los territorios.

Conclusiones

El movimiento indígena en América Latina enfrenta varios problemas; todos como resultado del colonialismo que se articula con ciclos históricos como el liberalismo o el populismo. En el contexto de gobiernos neoliberales y progresistas, la extracción, el despojo y la desposesión de territorios en busca de recursos naturales y bienes comunes continúa. Se han redefinido estrategias de contrarrevolución que violentan, asesinan, persiguen e incentivan el odio y el racismo hacia estos pueblos. La pobreza, la pauperización y la desigualdad social, resultantes de la implementación de políticas neoliberales y desarrollismo agresivo, dejan a sus poblaciones aún más vulneradas ante el nuevo problema de la pandemia por coronavirus. Pero se combate por los territorios, los derechos humanos y colectivos, la reproducción de la vida y la autodeterminación. La resistencia y la posibilidad de cambiar el mundo aún siguen vigentes en la agenda de estos movimientos.

Referencias:

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