El Estado-propietario en Cuba y sus empresas

En Cuba se han adoptado medidas necesarias para dinamizar la economía. El camino escogido es audaz; las acciones se acometen en un momento muy complejo; muchas se generan desde las instancias institucionales y responden, según ha explicado el ministro de Economía, a opiniones recibidas en los órganos estatales (Antón, 2021).

Para la empresa estatal, las medidas aplicadas, y las anunciadas, están dirigidas a eliminar «trabas en la economía» y a la ejecución de acciones concretas, como el financiamiento de inversiones o de importaciones para asegurar programas específicos. Entre ellas se encuentran las orientadas a modificar relaciones con la Zona de Desarrollo del Mariel, y las empresas de turismo, e incluyen la posibilidad de esquemas para las exportaciones y la creación de ciertos canales (MEP, 2020). Más recientemente, a la luz del ordenamiento, estas medidas se han generalizado. Ellas plantean la retención de la totalidad del monto en divisas proveniente de las exportaciones en todas las empresas (Murillo Jorge citado en Alonso Falcón et al., 2020). A la vez, se trabaja para flexibilizar el plan con reducción de sus indicadores directivos y se confieren nuevas responsabilidades a los directores de las empresas; además, se ha enunciado la posibilidad de aplicar variantes estructurales para este sistema empresarial (MEP, 2020).

El ordenamiento ha impactado en los más diversos aspectos de la realidad empresarial. Sin extendernos en sus múltiples y decisivas facetas, al menos debemos resaltar la profunda transformación en la operación monetaria, los costos y precios, los pasos para solucionar el gravísimo problema del salario-escala, y nuevas reglas para la estimulación material. Son estas las esferas donde es necesario actuar y donde se valoran importantes reservas económicas movilizables, teniendo en cuenta los daños acumulados en la base productiva y los problemas económicos y financieros generados por el bloqueo y agravados por la pandemia de la COVID-19, cuyo carácter coyuntural se extiende (Gil Fernández, 2020).

Otras acciones se realizan para el despliegue de lo señalado en la Constitución de la República (2019), lo que ha culminado en una ley de empresas (DL 34/2021) que define aspectos básicos para el desarrollo de nuestra economía.

Estos son rasgos del escenario actual, desde una visión externa a los decisores. Como observadores, miramos al futuro para dibujar un pronóstico y valorarlo. El cuadro que resulta, si bien tiene rasgos positivos, no llega a proporcionar una imagen tranquilizadora. Y de ella surge una sensación que obliga a pasar de lo emocional a lo racional. De una u otra forma, nos sentimos acompañados por las valoraciones y exhortaciones que se producen desde la presidencia y el gobierno cubanos, sobre lo que se entiende como lentitud de respuesta a las medidas planteadas desde el sistema empresarial (Díaz-Canel citado en Cubadebate, 2019; Gil Fernández, 2020).

Y estas inquietudes vienen del reducido horizonte de la Cuba actual. Falta construir esa visión dentro del marco del pensamiento contemporáneo de la ciencia y el desarrollo mundial, problemática ya planteada como reto inmediato en las referidas instancias de dirección (Tamayo León, 2021).

¿Cómo debe ser la empresa estatal a la que aspiramos?

El sistema empresarial cubano debe pasar a planos superiores para alcanzar crecientes y acelerados niveles de efectividad y eficiencia. Esta es una afirmación reiterada en las definiciones más estratégicas del país (PCC, 2017), donde quedan, como condiciones abiertas, las soluciones concretas, a las que debemos acercarnos para iniciar un largo andar de realizaciones.

Los factores determinantes de ese futuro necesario están bien definidos. Lo primero es la existencia de una condición objetiva: el crecimiento exponencial de los conocimientos a cuenta de una dialéctica, dada en la inmediata aplicación de los nuevos conocimientos para su propio incremento. Esto y su efecto sobre la economía son ya saberes constituidos (Lage, 2011).

En términos más teóricos, aunque parecen innecesarios otros argumentos, existe la obligación de alcanzar niveles superiores en las empresas cubanas porque ello constituye una variable para lograr, en nuestra sociedad y en nuestros términos, una productividad superior a la del régimen precedente, como señalara Lenin (1960).

Así, quedan definidas la posibilidad y la necesidad de alcanzar las más altas metas en la empresa estatal cubana; a lo que solo resta agregar la convicción del papel fundamental que se les reserva y exige en la economía cubana, argumento cuya demostración es innecesaria para el público meta de estas ideas. Para convertir en realidad esta empresa se necesita la conjunción de, al menos, dos factores imprescindibles: un desarrollo científico asequible y empresas que lo demanden, desde lo interno y lo vital.

Dado el planteamiento inicial de estas inquietudes, a las que debemos agregar el nivel de confianza social adquirido por nuestro sector ciencia, el objeto de atención recae en la empresa, para valorar su cultura, cuyo estadio actual se encuentra muy distante del comportamiento creador e innovador (Gómez- Selemeneva et al., 2013; Delgado Fernández, 2019; Díaz-Canel citado en Cubadebate, 2019; Gil Fernández, 2020; Tamayo León, 2021).

La necesidad de llegar a cambios profundos en la cultura empresarial es evidente, y ellos solo son realizables con mucha inteligencia y si se tiene un marco que no solo demande tal comportamiento, sino que lo propicie, lo favorezca y lo induzca (Del Castillo Sánchez, 2016). El país se encuentra ante uno de los retos más altos desde el punto de vista organizacional: el cambio en la cultura empresarial a escala de toda la sociedad. Será un proceso que ha de discurrir en un número de años, sumados a los ya consumidos, por lo que no deben dilatarse las decisiones para sus primeros pasos, como algo consciente e intencionado, con rigor, hasta el detalle (Nogueira et al., 2009).

El objetivo-problema

Las inconformidades sobre la conducta empresarial actual, unidas a las altas e imprescindibles metas hacia la ciencia y la innovación de la empresa socialista en Cuba, conforman un problema social trascendente. Este, de una u otra forma, se ha planteado desde hace ya algunos años en las esferas donde se generan señales que moldean tal conducta y donde resulta más propicio actuar, es decir, en las relaciones entre el Estado-propietario y la empresa (Del Castillo, 2016).
Todo lector que se haya enfocado en las ideas de los párrafos precedentes desde el estado actual de la sociedad, se ve en la obligación de posicionarse en la trayectoria histórica de la nación, para sentirse comprometido y seguro de la victoria. Así de grande es el reto inmediato del pueblo cubano que, dicho sea, este autor encuentra en estrecha relación con el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (2005), en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde planteó la posibilidad de reversibilidad de la Revolución. Así, es indefectible asegurar el éxito y dirigir el escrutinio a esas relaciones, bajo los compartidos juicios sobre deficiencias e insuficiencias empresariales, cuyo origen bien debemos suponerlo en lo esencial, por los paradigmas subyacentes en esas relaciones.

Las «trabas» y el «ordenamiento» por el camino de las esencias

Para responder a estas cuestiones se requiere avanzar hacia el campo de lo concreto, donde aparecen nuevas y poderosas palancas para amplificar las voces que hoy consideran la necesidad de cambios más profundos en la gestión empresarial, como condición sine qua non para alcanzar los niveles imprescindibles de eficiencia.

En el punto de partida se plantea la existencia de reglas y normas de conducta aplicadas sobre las empresas por los agentes estatales que, si bien permitieron y permiten determinados resultados, hoy mantienen la acción empresarial bajo una dinámica restringida e impiden el tránsito hacia niveles superiores de gestión.

Una empresa es única y vive en sus circunstancias. Lo que funciona en una, no necesariamente debe hacerlo en otra; y si se intenta forzar, será perjudicial, creará gastos superiores o afectará el cumplimiento de su objetivo; disminuirá la libertad de creación e impedirá su adaptación dinámica al medio.

Una regla general, muy dañina, básica para evaluar los resultados de la empresa, se aplica para valorar el cumplimiento del plan con todas las consecuencias posibles: en lo político, en lo sindical, en los estímulos y en todos los ámbitos. Si llega al total planificado o lo sobrecumple, todo estará perfecto. Quedarse a 99% se considera desastroso; no importan las causas, ni si hubo un cambio en la demanda o en la estructura de producción por cuestiones ajenas a la empresa: se le considera incumplidora, aunque haya movilizado todas sus reservas y casi compense un daño externo extraordinario.

De este modo, la empresa se defenderá y finalmente logrará la aprobación del menor plan posible, dentro de lo moral. Así eleva la probabilidad del imperioso cumplimiento.

Otro expediente posible para allanar la situación, es buscar, luchar y lograr el ajuste de las cifras aprobadas. Así el plan pierde buena parte de su capacidad movilizadora, un daño económico grave sumado a la deformación social implícita en esa actitud de reserva, asumida por sus dirigentes, para defenderse de las circunstancias.

En relación con esto, y sin pretender absolutizar, un directivo de Azcuba trasmitió al autor la preferencia de Fidel, expresada en reunión con jefes del sector azucarero, por un plan elevado incumplido a los planes bajos sobrecumplidos. El plan tiene que ser una herramienta de movilización de los colectivos, y para hacerlo requiere de un toque de tensión y riesgo.

Mucho menos podrá crecer nuestro país si quedan reservas ocultas porque en el plan del año próximo se enfrentará la exigencia mecanicista de fijar un plan superior al precedente. Este requisito desestimula todo resultado extraordinario si tan solo tensa el próximo plan un poco más que lo debido. Así de simple sucede, año tras año.

Disponer de un porcentaje de las utilidades para las empresas resulta estimulante. Con las regulaciones del ordenamiento todas dispondrán de 50% de la ganancia después de descontar los impuestos, y se podrá estimular a los trabajadores a partir de esa fuente. Con la misma regla vendrán desajustes y problemas: como las empresas se diferencian por la rama de la economía en la que actúan, por la naturaleza técnica del proceso y por sus circunstancias, cuando se mide a todas por el mismo rasero, sin reconocer esas diferencias e intentando igualarlas, se incurre en un gran error.

El resultado es que se castiga a unas empresas sin razón económica y se excede en el estímulo a otras. La consecuencia es que se obtiene menos que lo posible, se despilfarra dinero, se deforma el estímulo, se corrompe. En ese acto, se daña la relación entre el trabajador y la propiedad, porque una parte de lo recibido, o de lo no recibido, no será por un resultado efectivo de la gestión empresarial. Una parte, mayor o menor, dependerá de las circunstancias, no de la gestión en sí misma. Y dentro de la empresa aparecerán problemas relacionados con la distribución de las ganancias entre sus unidades. Los intereses del estímulo emergerán como obstáculos contra las decisiones técnicas de mayor efecto económico.1

La vida material tiene fuerzas indetenibles, porque el hombre piensa como vive. Muchos ya hemos visto cómo se deforma la gestión económica en aras de alcanzar ciertos intereses, y los expertos en economía empresarial saben de cuántas formas es posible incrementar las utilidades sin beneficio social alguno. Y cuánto daño puede provocar sobre el futuro de la empresa la búsqueda de resultados anuales.

En nuestro país se han adoptado definiciones estructurales con el fin de lograr un salario más o menos legítimo para sus dirigentes, en función de las regulaciones sobre las estructuras organizacionales permisibles, y no exactamente de la economía real. Con más alcance, instituciones productivas completas se han creado o desaparecido, de todo o nada, por definiciones estructurales preconcebidas, con argumentos irrebatibles, desde el poder. Como ya señalamos, después del daño hecho y la demora, se perciben señales importantes de cambios, con nuevos moldes, juzgados desde lo que puede ser ya una expectativa o prejuicios del autor.

Todo lo expresado hasta aquí señala efectos negativos derivados de las reglas generales externas. Efectos similares tienen el método de regular desde afuera las acciones internas de la empresa: la forma de evaluar a los trabajadores, el control de los vehículos de carga, la contabilidad de la tarjeta de gasolina y sus registros de soporte, así como las firmas que lleva un vale de almacén, la forma de aprobar los contratos y el control de la electricidad, para enumerar solo algunas de esas reglas externas. Cuando estas se emiten, se piensa en dotar a la empresa del mejor procedimiento, ayudarla o permitir el control desde arriba. Pero ocurre que pueden no ajustarse a lo adecuado, o resultar inútil como ocurrió durante años con la hoja de ruta aplicada a los autos de la administración. A todo lo anterior se suma que lo regulado es plasmado en un anexo de una resolución ministerial y, en consecuencia, cada escaque no llenado, cada regla no cumplida o cumplida a medias, puede ser transformada en una violación de carácter estatal.

Otro efecto de las regulaciones impuestas desde afuera es su rechazo o aplicación mecánica, con franca tendencia a lo burocrático. La evidencia de lo peor, por su magnitud y prolongación en el tiempo, es la lucha por el control interno, identificado en la generalidad de los casos con la aplicación de una resolución exigida desde afuera y no como una necesidad vital de la empresa (Restrepo Medina et al., 2016).

En algunos países, esas reglas constituyen recomendaciones técnicas; en Cuba, con el ánimo de darles mayor relevancia, se obtuvo un resultado contradictorio, asociado, entre otros factores, a la resistencia natural a toda imposición externa o al reconocido síndrome del NIA (No inventado aquí) (Gómez-Selemeneva et al., 2013; Lores, 2020).

¿Quién dice que la empresa y el grupo empresarial requieren de una regulación externa convertida en acto legal para hacer las cosas bien? Si las empresas tienen que manejar procesos tecnológicos complejos, ¿por qué pensarlas incapacitadas para solucionar tales problemas? Hoy, claro está, pueden carecer de habilidades para enfrentarlos, acomodadas a las decisiones «de arriba», al poder centralizador del Estado y, de paso, conformes con reducir sus responsabilidades.

Dado el papel de «solución hecha» de muchas normas, eso tampoco permitió el surgimiento de pequeñas unidades capaces de actuar como agentes de asesoría y cambio en las empresas, otra fuente para alcanzar niveles superiores en la gestión y sacar del sueño eterno importantes conocimientos, parte del distanciamiento entre ciencia y empresa (Torres, 2020). Es imposible soslayar la continua tendencia a la tramitación burocrática, desde la empresa al agente estatal que ejerce la autoridad, de documentos técnicos económicos decisivos convertidos en meros formularios, para complacer visiones egocentristas y el síndrome del portero que operan en las instituciones de naturaleza administrativa. Basta recordar las críticas públicas a los «estudios de factibilidad» (Labrador, 2020). Mientras más aspectos de la actividad interna de las empresas estén sometidos a regulaciones del Estado, ya sea por decretos o resoluciones, más procesos continuarán mal ajustados a sus intereses y necesidades, y los de las empresas siempre trascenderán a los del país.

Otro efecto de los controles externos es el «plan de medidas para esto, para aquello o para lo otro»; dado por efectivo mientras más se controle y mientras más aceptación tenga, lo que condiciona las respuestas a demandas externas, y no a las necesidades propias de un organismo que existe en la economía por su carácter vital, como ente social, no como célula encerrada en un tejido. Estos planes pueden provocar insuficiencias en las coordinaciones en el interior de la empresa (Cuesta Santos et al., 2018).

Tales procederes de control existen en regulaciones o tienen un carácter social, muchos son insuficientes y parciales, ofrecen resultados deformados y ante ellos, por ley natural, la empresa aprende a sobrevivir. Cabe traer a colación la conocida sentencia de Kaoru Ishikawa (1995) quien señaló la manera en que mienten los de abajo, porque los de arriba no comprenden las dispersiones, expresadas en estas situaciones mediante conductas adaptativas, de sobrevivencia.

Con independencia del impacto económico relacionado con estos aspectos de la gestión, lo planteado es solo una parte del problema. En las actuales relaciones propietario-empresa, quedan por examinar los efectos de decisiones operativas adoptadas por órganos externos que inciden en los resultados empresariales, en aras de los llamados intereses sociales, cuya validez necesitarían otro escrutinio definidor.

En estas valoraciones, vale incluir el efecto de algo llamado por un ingeniero amigo «carácter sinusoidal de la gestión en Cuba»; es decir, las acciones por altos impulsos —muchas veces altísimos—, que luego se desvanecen para regresar con un nuevo contenido en una nueva ola. Ellas pueden ser sobre la contratación, los reglamentos disciplinarios, los convenios colectivos, las cuentas por pagar, etc. Este último fenómeno es demostrativo de francas incongruencias en nuestro sistema de gestión y de la dudosa eficacia de estos métodos de control. Para entender la magnitud del problema, es útil examinar las legislaciones sobre las empresas de alta tecnología y las de software. Estas no son regulaciones corrientes, están dirigidas a las empresas de la esfera del conocimiento, creadoras de un alto valor agregado. En ellas deben estar plasmados conceptos muy avanzados sobre las relaciones propietario-empresa para la visión de los decisores. Ambas proponen reglas necesarias para la correcta operación de la empresa, pero solo si se cumplen determinados requisitos. Parte de aquellas ya han quedado rezagadas a la luz del «ordenamiento», pero quedan como ejemplo. En su conjunto, recuerdan dos procesos de perfeccionamiento basados en fijar parámetros de cumplir y otorgar: la Reforma General de Salarios y el Perfeccionamiento Empresarial, esto último con su requisito de «contabilidad confiable» inconcebible, pero necesario, dado el carácter de nuestras entidades2 (Castro Fuente, 2007); algo que, dicho sea, debemos poner en la misma línea de las cuentas por cobrar y pagar. Aquellos dos procesos alcanzaron resultados, pero ninguno solucionó a cabalidad el problema planteado y ambos tendieron al mecanicismo, en contradicción con sus propias bases (Infante Ugarte, 2014).

Una empresa es de alta tecnología por la naturaleza de sus actividades. No empieza a serlo porque alguien le otorgue el título. Si no se comporta a la altura de su naturaleza, se deben adoptar todas las medidas necesarias para solucionar sus problemas en el menor plazo y de forma segura. Crear esa contradicción entre los resultados actuales y los demandados, para aplicar las ventajas permitidas en la regulación, puede ayudar, no hay dudas, a la vez que moviliza a los empresarios; pero provoca una relación extraña, anómala y perjudicial que ralentiza la solución de problemas en empresas decisivas, debido al impedimento para aplicar medidas que solucionen dificultades —como las salariales—, hasta lograr ciertos resultados que pudieran incrementar la productividad si dichas medidas fueran aplicadas, en primera instancia, como palanca solucionadora.

Lo decisivo en la empresa de alta tecnología no es alcanzar un estatus. Su dinámica tiene que ser continua, acelerada y creciente. Es decir, de nada sirven los límites inferiores, lo importante es el desarrollo. Esa conducta permanente no la garantizan las regulaciones, sin una cultura de excelencia aplicada a todos los ámbitos de la gestión, y esto no aparece como intencionalidad en las emitidas, ni depende de ellas, sino de una concepción, de las ideas (Delgado Fernández, 2019).

¿Qué pensar del futuro si una de las acciones más audaces en el actual entorno de cambios se aprecia lastrada en su propia esencia? ¿Qué pensar al valorar el lapso desde que el profesor Agustín Lage (2011) argumentó la necesidad de adoptar medidas para dinamizar las empresas de alta tecnología hasta la promulgación del decreto correspondiente?

No nos referimos a simples asuntos de método, sino a la esencia de las relaciones Estado-propietario y empresa. Y como se trata de problemas esenciales, se manifiestan indefectibles. Así, vuelven a golpear en la tarea ordenamiento. Ya lo vimos con la estimulación a través de las utilidades. Dentro de ese conjunto de medidas se estableció otra regla: la estimulación mediante el salario solo podrá aplicarse por el pago a destajo. Sus implicaciones son importantes. Luego de emitida, se ha reconocido la necesidad de pagar, en una empresa determinada, por el coeficiente de disponibilidad técnica de un parque de equipos (Castro Morales, 2021). Asimismo, hay un gran número de puestos de trabajo que, al margen de las cantidades producidas, pueden generar efectos directos en los resultados finales, y que, al igual que los autorizados, pueden estimularse de forma directa por el salario y no dejarlos a expensas de las utilidades. Son opciones con potencial; pero no es posible valorarlas, porque el estímulo a través del salario no lo autoriza.

Casi como una conclusión

¿A dónde nos han llevado las reglas generales, las medidas promovidas desde arriba, las decisiones operacionales adoptadas fuera de la empresa? ¿Podrá pasarse a un plano superior en la gestión empresarial bajo ese ambiente? Por lo pronto, este autor identifica en esas acciones la presencia, muy generalizada, de un paradigma subyacente, deformador, en las relaciones del Estado con la empresa, que descansa en la supuesta obligatoriedad de las regulaciones externas y de una influencia superior continua, para generar en ellas acciones pertinentes, como un factor, entre los determinantes, de las tendencias contrarias al cambio, las que impiden su desarrollo hacia planos superiores.

La existencia de estos métodos para influenciar y conducir a las empresas en Cuba data desde las nacionalizaciones, hace más de sesenta años. Funcionaron por un largo período, algo bien demostrado en nuestra historia económica y en múltiples investigaciones (Infante Ugarte, 2014). Dejaron de funcionar porque cambió el contexto, mientras se mantienen conductas que se corresponden con las condiciones anteriores. El ideólogo francés Régis Debray (1967) expresó, estableciendo un símil entre la sociedad y el teatro, al referirse a la capacidad de cambio de nuestra Revolución dentro de la corriente revolucionaria y progresista mundial, que esta última mantenía las máscaras de los escenarios anteriores cuando ya se encontraba en uno nuevo.

Por el camino de la solución, un esbozo

Los pasos actuales deben ser de tránsito hacia un estadio más elevado, algo que debe definirse ahora, para emprenderlo, sustentados en la ciencia y con una clara definición política, de amplio alcance social, hasta convertirlo en un verdadero movimiento nacional y parte de una nueva cultura.
Dada la complejidad de los objetivos, cada empresa dará sus propios pasos. Eso requerirá de un órgano propietario efectivo, con libertad para adoptar las medidas que superen el estadio actual de cada una, permitirles su ajuste dinámico a los cambios en el ambiente económico y la introducción acelerada de los nuevos conocimientos.

Las actividades de cada empresa deben desarrollarse a partir de definiciones claras de las demandas y expectativas de la sociedad, concretadas desde ese órgano, con el poder absoluto del propietario, ejercido en nombre de, y en estricta correspondencia con, los intereses de la nación o de un segmento, que puede ser desde una junta de gobierno en una provincia, un municipio o una asociación representativa, algo ya previsto en la Constitución.

A cada entidad y al sector empresarial de que se trate hay que exigirles la más alta realización de esas expectativas, expresadas en un plan de negocio propuesto desde el sistema empresarial, ajustable cuando sea necesario y bien coordinado en un dinámico plan general de la economía, bajo una expectativa positiva, por las capacidades de sus cuadros y trabajadores.

La evaluación de los resultados de cada empresa, el grado de cumplimiento de sus objetivos y sus imprescindibles porqués serán facultad del órgano fiduciario de su propiedad, auxiliado por agentes técnicos —centros universitarios, centros de investigación, consultorías, bancos, aparatos administrativos— adecuados a las diversas circunstancias, cuando sea necesario.

Evaluar la gestión empresarial tiene que ser un acto complejo e integral, basado en la técnica y el arte de la dirección, ejecutable por especialistas y cuadros de dirección experimentados, que deben responder siempre a una aproximación consensuada (Hernández Nariño et al., 2002).

La evaluación de la junta de gobierno será la base para estimular a las empresas y a los cuadros, en la magnitud y forma que decida el órgano que ejerza la propiedad. Y lo será también para mantener a los cuadros en el desempeño del cargo. Quien no demuestre la realización de un máximo considerado posible no puede dirigir.

Posibilidades estructurales

Soluciones a ese ejercicio de la propiedad puede haber varias, asociadas al sistema empresarial que resulte de la nueva ley, que, como ya se sabe, admite su diversidad. Dentro de ellas, se puede conferir ese papel de propietario pleno a las juntas de gobierno, cuyo número sería reducido si en cada grupo empresarial se ejerciera la propiedad del sistema por solo uno de estos órganos, que no pueden perder su carácter netamente económico y, como tales, relacionarlos al ya planteado consejo económico nacional, que se supone no sea de naturaleza administrativa (MEP, 2020).

En estas juntas de gobierno, su presidencia y miembros no serán empleados del grupo, aunque podría serlo algún directivo o empleado socialmente significativo. Como la junta ejercerá las funciones de propietario, las acciones ejecutivas recaerán en el presidente y su consejo de dirección, donde ocuparán sillas dirigentes de una importante oficina auxiliar, de empresa y quizás representantes de otros órganos económicos o sociales.

Este enfoque sobre el ejercicio de la propiedad eliminaría la contradictoria «subordinación» del sistema empresarial —parte fundamental de la base económica de la sociedad— al aparato administrativo del gobierno, situado entre lo más denso de la superestructura social, donde el carácter económico de la empresa queda diluido según transita por escalones jerárquicos de ese aparato administrativo, llamado a cumplir requisitos y normas, parte de su forma natural de vida.

Ya no habría lugar para un órgano administrativo superior que ejerza autoridad sobre la empresa, salvo aquellas otorgadas por la junta de gobierno a la presidencia del grupo.

Estas ideas, dimanadas de nuestra realidad, conducen, por razonamientos conocidos en las escuelas de administración del capitalismo, a la teoría de agencia. Sus enseñanzas y experiencias se han elaborado a lo largo de los años y no podemos despreciarlas, porque, en definitiva, la empresa, en cuanto agente económico, es fruto del desarrollo capitalista. Herencia cuya necesidad histórica está refrendada en toda la experiencia socialista acumulada, y que solo podremos superar sin ignorarla y ajenos a todo maniqueísmo (Rumelt et al., 1991).

Sobre esta misma línea, es decisivo recordar el reconocimiento en los orígenes de esta teoría capitalista, de insuficiencias en las utilidades como motor de la empresa, lo que aún hoy continúa como problema del capitalismo, algo que quizás estemos trasladando a nuestra sociedad (Jensen, 1994).

Ejemplos de resultados en empresas con esas libertades los tenemos en la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Centro de Ingeniería Molecular, así como en las pertenecientes al Grupo de Administración Empresarial (GAE) —una institución con autonomía para decidir lo más conveniente para su desarrollo—, todas con sus ineludibles aspectos negativos.

En esa empresa nueva será imprescindible un sindicato que represente los intereses de los trabajadores, que acompañe a un actor económico, con posibilidades de demostrar sus amplias capacidades. Para garantizar que ese agente actúe en correspondencia con los intereses del pueblo, en el día a día, en lo invisible de las contradicciones, dentro de la cultura de la empresa, se exigirá cada vez más la presencia de las ideas, de los revolucionarios y del Partido Comunista de Cuba.

Cuándo y cómo se avanzará en este objetivo no depende solo de lo subjetivo. Su marcha está relacionada con las medidas que puedan adoptarse en materia de asignación de recursos, el sistema monetario y el financiamiento, en estrecha dependencia de las acciones y situaciones en cada sector de la economía.

Una nota final, como epílogo

Los problemas planteados y su solución son complejos y requieren más discusión y análisis. Otras lecturas son necesarias, imprescindibles, para tener múltiples puntos de vistas. Lo que sí parece quedar como sentencia, es la plena certeza de la necesidad de cambiar de forma radical los métodos de influencia empleados sobre nuestras empresas, que las deforman e impiden su pleno desarrollo, algo suficiente para sentarnos a meditar.

El objetivo está claro: la empresa estatal socialista cubana tiene que transformarse para llegar a ser un ente económico vivo, independiente e interrelacionado, en los grados que le corresponda, según la naturaleza de su actividad, con fuerzas interiores para asegurarle su más alto desempeño al servicio de la sociedad. Esta es una tarea larga y compleja que debe empezar a resolverse desde ahora, con gradual intensidad, a un ritmo creciente, en un camino liberador interminable. Para iniciarla, quizás convenga discutirla a escala de toda la sociedad, como muchas veces hacemos; una acción con capacidad, por sí sola, para darnos un retorno más alentador cuando levantemos la vista hacia el futuro.

Notas:

  1. Sobre el estímulo a partir de las utilidades se dejó al margen la discusión de otros aspectos, visibles ya. 1) La paradoja de estimular con las utilidades a un número alto de empresas cada año sin que estas alcancen los aportes comprometidos con el presupuesto estatal ni tener en cuenta las causas del hecho. 2) El impacto de la nueva regla en las relaciones sociales de producción, por reconocer a dos actores con iguales derechos en la distribución de los dividendos: los del Estado-propietario y el colectivo empresarial. 3) El efecto real del estímulo, si la mitad de lo retenido debe ser empleada en otras acciones vitales como la capacitación, inversión e investigación. 4) Las respuestas de la empresa cuando se requieran minoraciones en la ganancia para mejorar impactos sociales o cuando puedan presentarse contradicciones entre los resultados actuales y el desarrollo en años siguientes.
  2.  El problema de la contabilidad en las empresas cubanas es una demostración fehaciente, incontrovertible, de problemas esenciales, cercanos a su descalificación como agente económico. En ninguna economía puede existir un agente carente de esta herramienta, sinónimo de la «no confiabilidad».

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