Gobiernos latinoamericanos de izquierda. Recorridos y perspectivas

Autor(es): Daniel Kersffeld

Más allá de las diferencias de modelos, recetas, historias y referentes, todos los gobiernos de izquierda, populares o progresistas de las últimas dos décadas del siglo xx, han coincidido en la centralidad protagónica del Estado por sobre la asignación de recursos desde el libre mercado. A partir de la recuperación del Estado, luego de años de neoliberalismo, desde la agenda política y, en ciertos casos, a partir de un conjunto innovador de políticas públicas, se asumió como prioritaria la redistribución económica y el combate frontal a las desigualdades sociales, justamente, en la región más desigual del planeta.

Prácticamente en todos los casos, el surgimiento y posterior consolidación de estos gobiernos deben ser considerados en el contexto del debilitamiento histórico del sistema de partidos políticos tradicionales en gran parte de América Latina. De igual modo, a la sorpresiva irrupción de nuevos líderes y dirigentes contribuyó el fracaso de las elites políticas «pro establishment», a favor del mercado. Así, en el caso de Venezuela, el agotamiento del sistema político explica, en parte, la aparición de Hugo Chávez como un caudillo del siglo xxi. De igual modo, la crisis de aquellos partidos en Brasil posibilitó el triunfo electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y de su máximo dirigente, Luis Ignacio «Lula» da Silva. Resulta evidente que en todos los países donde se produjo el acceso al poder de la izquierda y la centroizquierda, fue posible porque se respetó el sistema democrático, los mecanismos partidarios y electorales y, fundamentalmente, sus valores ciudadanos. En este sentido, experiencias anteriores, como las revoluciones cubana y nicaragüense, aportaron más desde lo ideológico y una «épica del cambio», que desde lo procedimental y lo rupturista.

Los cambios operados permitieron que el «Estado neoliberal» de los años 80 y 90 del siglo pasado, al final debilitado y fraccionado por la lógica de las privatizaciones y sucesivos planes de ajuste, pudiese ser transformado en uno social de nuevo tipo que, a su vez, recuperaría la impronta del Estado benefactor de las décadas de los 40 a los 70. Además, en la generación de nuevos sistemas políticos existió un renovado énfasis en aspectos reguladores, y en el contexto de una globalización en marcha y de varios proyectos paralelos de integración regional.

Las izquierdas gobernantes favorecieron la reconstrucción de sociedades diezmadas por crisis neoliberales, con elevados índices de desempleo, precarización y exclusión social, y amplios sectores en emergencia social, educativa y sanitaria. La recuperación de un creciente mercado interno pudo concretarse a partir de una política laboral efectiva, de mayor amplitud de seguridad y gasto social. En algunos casos, también se avanzó en una reforma tributaria y en la implementación de un conjunto de políticas de transferencias sociales, desde los sectores con mayor nivel adquisitivo hacia aquellos de menores ingresos (Moreira et al., 2008). El efecto redistributivo fue profundo y alcanzó niveles prácticamente inéditos en países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con diferencias, el avance de las reformas sociales se hizo sentir prácticamente en toda la región, entre las dos primeras décadas del siglo xxi. Y fue tanto el impacto ciudadano y popular que hasta los gobiernos conservadores y los partidos políticos neoliberales se vieron forzados a incluir la «cuestión social» dentro de sus propuestas electorales o en sus propias agendas programáticas (Serna, 2016).

Junto a la construcción de una extendida agenda social, estos gobiernos de izquierda y progresistas contribuyeron al reconocimiento de nuevos derechos ciudadanos, a partir de conceptualizar una sociedad cada vez más compleja, más diferenciada en su interior entre sus múltiples identidades, que ya no podía ser comprendida únicamente en términos de clase o de categorías de uso tradicional en la sociología latinoamericana como «trabajadores» y «pobres». En este sentido, se reconocen nuevos actores dentro de la sociedad civil como las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes. Ello motivó una activa política de afirmación de derechos colectivos hacia estos grupos, así como hacia las diferencias de género. En Bolivia y Ecuador, por ejemplo, existieron además varias aproximaciones a diversos principios de tradiciones ancestrales, como el «buen vivir» y el Sumak Kawsay, traducidos y reinterpretados desde la órbita de las políticas públicas.

En general, los gobiernos de la izquierda latinoamericana asumieron una activa política de defensa de los derechos humanos y reconocimiento de las diversidades. Clausuraron así el último ciclo autoritario y militar, desarrollado principalmente entre las décadas de los 60 y los 80, a través de la investigación sobre el terrorismo de Estado cometido durante los años de represión contra militantes y activistas y, cuando resultó posible, el juzgamiento de represores y genocidas. Se invocó la plena vigencia de los derechos humanos y se efectuaron distintas iniciativas de justicia transicional como la creación de «comisiones de la verdad» y la reparación a las víctimas. Estas acciones ayudaron a la reconstrucción de la memoria colectiva y al surgimiento de un nuevo relato que, al mismo tiempo que situaba a los gobiernos como herederos de los «rebeldes» e «insurrectos» de décadas anteriores, también establecía líneas de continuidad histórica, política e ideológica entre los opositores de ayer y los de ese momento.

En términos internacionales, los gobiernos progresistas tuvieron un papel decisivo en la formación de varias organizaciones regionales: UNASUR, CELAC, ALBA, y en la consolidación de las existentes: MERCOSUR; lo cual promovió la unidad e integración latinoamericana, sobre la idea de que el afianzamiento de vínculos políticos podía promover a los países de la región frente a la histórica presencia de los Estados Unidos. De igual modo —y en reiteradas ocasiones—, a través de estas organizaciones, sus principales líderes desempeñaron una función clave en el apoyo a aquellos gobiernos que enfrentaron situaciones de crisis política. Es el caso de Venezuela, entre 2002-2003 y 2017-2018; Bolivia, 2006 y 2009, y Ecuador, 2010. Además, estas entidades forjaron lazos de cooperación Sur-Sur en diversos ámbitos: economía y defensa, salud, educación y políticas culturales.

Por otra parte, el nuevo posicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública señaló una nueva dinámica entre lo legal y la sociedad, propiciada principalmente por gobiernos y movimientos progresistas. Con todo, y a pesar de los importantes avances internacionales para garantizar tales derechos sexuales y reproductivos, estos provocaron tensiones entre los que favorecían su reconocimiento y quienes se oponían. Seguramente el tema más controversial fue el aborto, que contó con el reconocimiento de países donde la izquierda no gobernaba (como Chile), mientras que en otros donde esta era hegemónica, resultaba rechazado (Nicaragua). En retrospectiva, puede afirmarse que los principales logros de las izquierdas en América Latina, en las últimas dos décadas, consisten en el fortalecimiento de la democracia; el empoderamiento de la ciudadanía; y el cuestionamiento —eventualmente también la reversión— de las desigualdades sociales; una región que históricamente se caracterizó por la imposición de regímenes autoritarios, la consolidación en el tiempo de sistemas oligárquicos al margen de los intereses de las grandes mayorías, y la reproducción de tradicionales patrones de reproducción de dominación social.

Algunas problemáticas de las izquierdas en el poder

Las izquierdas que lograron llegar al gobierno en los distintos países latinoamericanos debieron hacerse cargo de aparatos estatales muchas veces maltrechos y seccionados por anteriores gestiones neoliberales. Sobre la marcha, y a veces sin mayores conocimientos acerca de gestión y políticas públicas —más allá de lo que se hubiera podido conocer por previas experiencias comunales y eventualmente provinciales—, aquellas fuerzas, constituidas en confrontación con los liderazgos y las estructuras tradicionales, debieron aprender a ejercer gobiernos efectivos y con resultados positivos en un corto plazo. Las expectativas sociales y el respaldo popular podían convertirse en un importante factor de presión, siempre necesario para gobernar y ampliar continuamente los márgenes de un sustento que en cualquier momento podía disminuir. Asimismo, para varias izquierdas latinoamericanas, el ascenso al gobierno podría complejizarse sobremanera por la constitución de frentes electorales con fuerzas y partidos de centro, o incluso de centroderecha, con los que debían llevar a cabo un tenso reparto de lugares y espacios estratégicos en la conformación de los elencos gubernamentales, y convivir —no sin sospechas y temores— en la gestión cotidiana, con una proyección a largo plazo. De igual modo, las dificultades podían acrecentarse al descubrir que llegar al gobierno no necesariamente implica construir poder, por lo que una organización relativamente nueva, o con limitada experiencia en la dinámica democrática, podía sufrir, en poco tiempo, las consecuencias de su confusión y hasta de su propia ingenuidad.

Sin embargo, más allá del empeño puesto en cambiar anteriores patrones sustentados por elites conservadoras y tradicionales, hubo varios aspectos del ejercicio del poder que tuvieron mínimos cambios e incluso permanecieron inalterables. Así, las izquierdas apenas pudieron romper con antiguas dinámicas clientelares para conformar, en varios, nuevos de esos esquemas que pudieran resultarles funcionales. Pese a que muchos de los nuevos miembros gubernamentales tenían una vasta experiencia militante como exiliados, perseguidos y hasta detenidos políticos; y pusieron su empeño en reformar la corporación de militares y los siempre esquivos sectores de seguridad, cierto es que no tuvieron tantas posibilidades de transformar esas estructuras autoritarias del Estado. Tampoco se pudo modificar los aspectos más salvajes del poder económico, pues, en términos concretos, existieron pocos cuestionamientos a las bases económicas estructurales, las cuales siguieron ostentando un modelo primario-extractivista, que a su vez se enlazó con un sector financiero sustentado, en lo fundamental, por capitales multinacionales.

Conviene, por tanto, analizar tres aspectos centrales en la vida política de los gobiernos de izquierda, que han generado distintas dificultades en la gestión cotidiana y les han restado apoyos y respaldos en un momento donde la decadencia de aquellos modelos se presentaba como vía alterna para el desarrollo y bienestar de las sociedades latinoamericanas.

La tendencia al autoritarismo

La progresiva pérdida del ideal democrático y la derivación hacia regímenes autoritarios constituyen las principales críticas vertidas sobre las izquierdas en la región. Los opositores —preferente aunque no exclusivamente liberales— han tomado el eje democracia-autoritarismo como sinónimo de mercado-Estado, donde el primero se identifica como

«libertad» y el segundo como «opresión». Así, por necesidad, la izquierda latinoamericana opera para sus opositores como un movimiento político destinado a coartar los mecanismos democráticos y cercenar las libertades individuales. Esta interpretación de la realidad política se extrema, además, cuando se califica como «adoradores» del Estado a quienes, alejados de cualquier consideración doctrinaria de izquierda, plantean un intervencionismo estatal en la economía; por ejemplo, para mejorar las condiciones de demanda e incentivar la dinámica del mercado interno, desde posiciones que apenas podrían ser consideradas «neokeynesianas».

Bajo las lentes deformantes que aseguran que solo en Europa podrían desarrollarse organizaciones y gobiernos realmente de izquierda, la conclusión de los críticos es que en América Latina, a lo sumo podrían generarse «regímenes populistas», dada la naturaleza social de la región y, sobre todo, una cultura política sin mayor vinculación con los valores de la democracia.[1] Se suma a esta conceptualización que varios movimientos populares y de izquierda han sido formados o liderados por figuras militares (como el ejemplo paradigmático de Juan Domingo Perón en Argentina, Líber Seregni en Uruguay y, más cerca en el tiempo, Hugo Chávez en Venezuela), o constituidos o conducidos por líderes y caudillos (Fidel Castro en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua). En todos los casos, según los críticos de derecha, se percibe  la impronta  autoritaria del «comunismo» (convertido en un concepto arbitrario y polisémico) o, más puntualmente, del leninismo y, más aún, del estalinismo. Incluso, para una oposición tal vez un poco más ilustrada, de un marxismo como inspiración y prefiguración de los regímenes autoritarios (sobre todo totalitarios) del siglo xx, sean de izquierda o de derecha.

Más allá de las críticas provenientes de sectores que, en general, cuando han sido gobierno tampoco se han caracterizado por su respeto a los valores de la democracia, ni por la defensa de los procedimientos participativos y republicanos, el autoritarismo de la izquierda se ha manifestado, por lo general, en situación de debilidad política o de acoso interno y externo, lo que ha contribuido a restarle legitimidad o apoyos frente a la necesidad del fortalecimiento estatal o para mejorar la efectividad del Ejecutivo o el cumplimiento de las leyes y normativas.

Más allá de las justificaciones y contemplaciones que pudieran hacerse, con el correr de los años a algunos gobiernos de izquierda les ha costado el mantenimiento de diálogo con sectores de la oposición, e incluso con aliados tácticos que, frente a críticas y desavenencias, terminaron siendo considerados también actores negativos para el desenvolvimiento de determinado proyecto o relato. En este sentido, no deja de ser cierto que cuando todavía se desenvolvían en sus períodos de campaña electoral, o aun en los primeros tiempos de gobierno, algunos movimientos de izquierda propusieron formas novedosas de participación política, y hasta de democracia directa, como ocurrió con el PT de Brasil; un partido que desde fines del siglo pasado pudo innovar en el panorama regional del progresismo a través de iniciativas originales como el presupuesto participativo y la realización de foros sociales. A estas propuestas debe sumarse también el diálogo y, eventualmente, la articulación con movimientos sociales de todo tipo, o iniciativas como la defensa de asambleas comunitarias y de la autonomía indígena, las cuales, bajo determinados parámetros de izquierda, resultaron cada vez más complejas en su realización.

Las críticas al autoritarismo también se asocian el uso de prácticas sectarias, sobre todo frente a movimientos sociales que, en líneas generales, rechazan las políticas llevadas adelante por los gobiernos, en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en torno al extractivismo o, más ampliamente, frente a iniciativas de preservación ambiental. En determinados casos, incluso se presentó una contraposición entre el diálogo y el debate, y la necesidad de gestión por parte de gobiernos con distinto tipo de presiones internas y externas, y con requerimientos específicos respecto a su propia agenda de políticas públicas.

Por otra parte, los gobiernos de izquierda, en los últimos años, no contaron con mayores elementos de democracia participativa y de participación ciudadana, y en los casos en que estos siguieron existiendo, muchas veces los usaron sin apertura hacia sectores disidentes, no necesariamente opositores. También debe señalarse que frente a aquellos ámbitos institucionales ganados por la oposición, como asambleas o parlamentos, se conformaron entidades paralelas alineadas con el poder ejecutivo, lo que sin duda aumentó el nivel de críticas, internas y externas, hacia los gobernantes de izquierda.

El autoritarismo constituye en la actualidad uno de los argumentos más duros, pero también más controversiales, frente a la izquierda. Más allá de que no siempre las críticas son reales, y que constituyen parte de la agenda política y mediática de diversos sectores de oposición, resulta evidente la necesidad constante de los gobiernos de izquierda y progresistas por volver a establecer prácticas democráticas y participativas, y generar renovados vínculos con sectores que se alejaron ante el dogmatismo y el sectarismo. Puede considerarse, por tanto, que la negación de la dialéctica entre el mantenimiento de una clara línea ideológica y discursiva, y la apertura necesaria al diálogo y búsqueda de consensos duraderos en el tiempo con sectores críticos, y hasta opositores, ha sido una de las causas de la disminución del número de gobiernos radicales en la región en los últimos años.

El incremento de la corrupción

Uno de los factores que se ha arraigado de manera todavía limitada en el universo de las izquierdas y el progresismo es la lucha contra la corrupción. Se trata de uno de los principales lastres para fuerzas que se autodefinen como populares y transformadoras, a tal punto que, salvo casos excepcionales, el «combate a la corrupción» pasó a ser en los últimos años un patrimonio de gobiernos de orientación neoliberal y conservadora, los cuales se han valido de acciones ilícitas ocurridas durante la gestión de gobiernos progresistas para encarar acciones de persecución y acoso legal a sus principales referentes y dirigentes. Así, desentrañar anteriores casos, reales pero también fraguados, se utilizó como detonante principal del Lawfare y del hostigamiento político, a través de instancias judiciales.

El combate a la corrupción no suele encararse como política prioritaria de la izquierda, porque, en términos electorales, se asume que se vincula principalmente con demandas ideológicas de sectores de clase media, y con grupos y corporaciones ligados económicamente a partidos y gobiernos conservadores.

Antes de la llegada al gobierno, las fuerzas de izquierda tampoco lo asumían como propio, pues consideraban que se trataba de una práctica indisolublemente vinculada con el sistema dominante, con la estructura política establecida entre partidos neoliberales y tradicionales (llamada «partidocracia») y, en general, con el modelo de sostenimiento y acumulación generado por el capitalismo. Sin embargo, ninguno de los gobiernos de orientación popular pudo escapar del problema de la corrupción, ya sea por la evasión impositiva de sus dirigentes en torno al financiamiento poco claro de partidos políticos, sobornos y sobreprecios en obra pública y, de manera amplia, a la ausencia de transparencia y capacidad de accountability por parte de entidades ciudadanas y políticamente neutrales.

El caso Odebrecht y sus múltiples ramificaciones en distintos países de la región señalaron públicamente las debilidades de gobiernos que habían conseguido un éxito relativo en la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión, y también de aquellos mandatos vinculados con sectores tradicionales y con el aumento de brechas sociales y económicas. El tratamiento político, y sobre todo mediático, del asunto Odebrecht se ensañó especialmente con aquellos gobiernos que, al corromperse, habían «traicionado» las demandas populares por una mejor situación social. En cambio, los de derecha fueron expuestos desde una lógica tradicional, de una corrupción estructural y permanente. Por lo tanto, debía provocar más reacciones negativas el caso de dirigentes que, supuestamente, habían llegado al poder para transformar las cosas y marcar «un antes y un después». En este sentido, resultan expuestos hasta el hartazgo, distorsionados o directamente inventados por los medios de comunicación y las redes sociales, a la vez que son capitalizados por dirigentes opositores que presumen de transparencia a toda prueba, aunque también puedan estar vinculados a casos similares en el pasado o, incluso, en el presente. La corrupción se convirtió en un arma electoral utilizada por organizaciones de derecha para desacreditar a la izquierda en sus múltiples expresiones, generando una desconfianza creciente en el electorado y el rechazo —a veces sin prueba alguna— de quienes se definen como opositores cerriles, encolumnados en las banderas de la «moralidad» y la «transparencia», pero presentes en reprobables denuncias y operaciones políticas de todo tipo.

En la perspectiva adoptada por los medios hegemónicos, la izquierda, en sus múltiples variantes, sea moderada o radical, debe ser asociada con prácticas corruptas, se trate de la Venezuela de Nicolás Maduro o de la pasada experiencia de gobierno del Frente Amplio en Uruguay.[2] Para esta interpretación, resultan de la misma magnitud hechos menores y procesos profundos de corrupción estructural de un sistema político: ambos son igualmente censurables y repudiables en la misma medida. En todos los casos, el señalamiento público promueve una consecuente despolitización y la creencia de que son los partidos tradicionales, y aquellos capaces de reproducir las condiciones sistémicas, los mejor preparados para combatir la corrupción. De ahí, el fuerte hincapié en posicionamientos tecnocráticos y administrativos que, en principio, serían «desideologizados» y, por ende, más capacitados para resistir la seducción que suponen las prácticas corruptas y deshonestas.

Por lo tanto, la corrupción genera dos tipos de problemas estrechamente vinculados para las izquierdas gobernantes: su progresivo debilitamiento y la consecuente retracción de adherentes y votantes, y el fortalecimiento del discurso de la oposición que, de todas maneras, se vale de cualquier artilugio para señalarla, principalmente, en la cúspide del poder estatal.[3]

Sin embargo, especialistas en el tema como Manuel Aris (2017) refieren la importancia que el combate a la corrupción podría tener para fuerzas y partidos de izquierda, ya que dichas prácticas reproducen «la desigualdad y cercenan el principal capital de las centro-izquierdas latinoamericanas, desprestigiando las instituciones públicas y la solución de problemas a través de proyectos colectivos». En consecuencia, el progresismo a nivel regional debería encarar frontalmente el problema como un elemento constitutivo, asumido con convicción y no con mera pretensión electoral. Se trata, en definitiva, de construir una identidad específica a partir de comprender la ética política con un rol predominante; más aún si se pretende encarar reformas —por ejemplo, en los sistemas de financiamiento de la política—, ya que se trata de transformaciones radicales, profundamente democratizantes, siempre que se asuman con íntima convicción, al forzar la cesión de poder por parte de las elites acomodadas y los sectores tradicionalmente dominantes.

En busca de una política de seguridad

En las últimas dos décadas del siglo xx, los gobiernos de izquierda debieron hacer frente a lo que especialistas como Lucía Dammert (2019) han denominado «populismo penal», esto es, «la expresión política y social del énfasis en el control y la sanción penitenciaria de quienes infringen la ley» (9). Desde ese tiempo, este es concebido como principal alternativa frente al problema de la inseguridad, a él se suma, en nuestra región, la debilidad de las instituciones estatales encargadas de combatir distintas expresiones de delincuencia. La llamada «mano dura» responde a un contrato convertido en dominante entre los políticos, la ciudadanía y, en último lugar, los expertos en seguridad; en dicha relación, la opinión pública asume un papel preponderante y demanda el accionar del Estado y, en definitiva, la respuesta política más allá del aspecto meramente punitivo.

Pese al auge del «populismo penal», generalmente reivindicado por una derecha dura y, considerablemente, por amplios sectores populares, no existen mayores evidencias de que solucione el problema de la inseguridad; además que tiende a generar problemas colaterales que resultan de una magnitud cada vez más amplia. La «mano dura» en materia represiva se ha extendido como una jugada electoralista, pero también como una propuesta de gestión que pretende responder a un profundo anhelo ciudadano en torno a la inseguridad y la delincuencia, sin revisar las causas integrales y estructurales de un fenómeno cada vez más complejo, que no se soluciona con la simple sanción al delincuente, ni el endurecimiento de las penas, ni con su eliminación selectiva vía mecanismos represivos.[4]

Más allá de su discurso progresista y sus intentos por diferenciarse de una derecha que, en las últimas décadas del siglo pasado, hizo de este método uno de los elementos característicos para garantizar la seguridad, lo cierto es que las experiencias de gobierno de la izquierda y la centroizquierda apenas mostraron algunos cambios respecto a este tipo de accionar. Según Lucía Dammert (2019), los regímenes progresistas latinoamericanos se diferenciaron de los gobiernos neoliberales e ideológicamente regresivos al plantear limitados «programas sociales que tendieron a luchar contra las causas de la delincuencia». Se trató, sobre todo, de la construcción de espacios comunitarios y deportivos que fungen como malla de contención en barrios y zonas con altos índices de pobreza, desempleo y precarización. Con todo, y más allá de este nivel básico de combate a la inseguridad, bajo los gobiernos progresistas y de izquierda «las policías siguieron siendo convocadas a reprimir, hubo leyes que definieron tipos penales novedosos, en algunos casos se llegó incluso a disminuir la edad de imputabilidad penal y no hubo un reconocimiento real de los problemas del sistema carcelario».

De acuerdo con esta reconocida especialista, una de las prioridades de una política progresista de seguridad debería apuntar, en todos los casos, a la transparencia en el uso de los recursos públicos, principalmente vinculada a la prevención del delito. En una perspectiva social, los gobiernos progresistas deberían centrarse en aquella población vulnerable, con tendencia a ingresar en las redes de la delincuencia, brindando efectivas posibilidades laborales y educativas.

De igual modo, y en la óptica de que la inseguridad es de naturaleza social y colectiva, se debe rechazar todo intento de privatización de los mecanismos de seguridad; más, en cuanto a aquellos incentivos aprovechados por la industria para generar miedo en la ciudadanía y, de ese modo, aumentar el deseo por soluciones rápidas y fáciles como presupone toda política de mano dura. En este sentido, las izquierdas gobernantes deberían apartarse del camino del populismo punitivo, intrínsecamente vinculado a la identidad y al derrotero de las actuales expresiones de las derechas. En términos de política corporativa, resulta imprescindible el control civil sobre el cuerpo policial para posibilitar su profesionalización y mejores retribuciones, y eliminar así sus negocios históricos, relacionados con la corrupción, la extorsión y el soborno.

En materia de seguridad, actualmente la izquierda gobernante navega entre la defensa de los derechos humanos y su vocación progresista —denostada por la derecha que, sin mayor fundamento, la acusa de «garantista», por respetar las garantías constitucionales de quien delinque—, y una realidad marcada por la pobreza y la desigualdad como gran generadora de inseguridad, en una compleja situación de por sí exacerbada por la pandemia del coronavirus. Son, de manera puntual, los escenarios que se desarrollan hoy en países como Argentina y México, gobernados respectivamente por Alberto Fernández y Andrés M. López Obrador. En ellos no se elude el carácter de la represión, aunque a diferencia de aquellos gobiernos enrolados en las premisas neoliberales, la consideran como el último recurso en ser adoptado. Para evitar el conflicto, su incremento en el tiempo o surgimiento, se apela al diálogo y al consenso a través de vías alternas que incluyen carteras como desarrollo social, trabajo y vivienda.

Más allá de las intenciones, llevar adelante políticas de seguridad en el actual contexto latinoamericano, y por parte de gobiernos de orientación progresista, supone un desafío que trasciende al mismo combate a la inseguridad, ya que presupone una visión estructural en torno al desarrollo contemporáneo de una sociedad que atraviesa vertientes de pobreza, desempleo, marginalidad, xenofobia, odio de género y exclusión.

La agenda futura de la izquierda  latinoamericana

La izquierda latinoamericana requiere reinventarse de manera continua para recuperar su anterior fortaleza y proyectarse hacia el futuro, a partir de la incorporación de nuevas propuestas en función de problemáticas actuales y novedosas. En este sentido, parte de su importancia en la escena política latinoamericana está en el tratamiento de asuntos que, o bien no han sido contemplados por las derechas, o resultan encubiertos debido a diversos mecanismos de complicidad dada la existencia de intereses oscuros o directamente no revelados. Así, la izquierda y el progresismo, en sentido general, deberían apuntar a los nuevos desafíos que enfrentan los gobiernos y, más ampliamente, los regímenes democráticos, en materia de migración y movilidad humana; la generación de nuevos movimientos sociales; la conformación de nuevas y múltiples identidades en aspectos tan diversos como el género y la etnia; la profundización de la brecha de desigualdad que se viene operando cada vez con mayor intensidad en los últimos tiempos; y el cambio climático y la crisis ambiental, entre otros factores.

Requieren recuperar su vitalidad aprovechando el contexto producido por la pandemia del COVID-19. Así, la reflexión no solo se enfocará hacia lo inmediato, sino también en las condiciones que posibilitarán la supervivencia del género humano en un futuro cercano. Más allá de que la izquierda se constituya como nacional o latinoamericana, no por ello debe olvidar o soslayar un sentido amplio de universalidad, desde la conceptualización de problemáticas locales, pero de dimensión planetaria. Surge por tanto la interrogación en torno a los modelos económicos que deberían ser puestos en marcha a partir de factores clave como la redistribución de la riqueza y la lucha contra la pobreza, es decir, más allá de las necesidades más urgentes del mercado y, obviamente, con una visión crítica sobre la naturaleza y la dinámica del sistema capitalista.

La izquierda necesita reflexionar e idear nuevos modelos de democracia; requiere innovar en las nuevas formas de participación ciudadana, en el redimensionamiento de las categorías sociales y económicas tradicionales, a través de las cuales pueda dar cuenta de novedosas expresiones identitarias y configuraciones culturales. La democracia demanda ser analizada una vez más, no para generar una institucionalidad que, a la larga, se superpondrá sobre la anterior, sino para que surja como un verdadero horizonte de posibilidades de desarrollo de nuestras sociedades, desde el reconocimiento de nuestras diferencias y diversidades.

Una apuesta reciente en el marco de la recreación de las izquierdas a nivel global está constituida por la Internacional Progresista, que ofrece un entramado novedoso, conformado por intelectuales, dirigentes políticos y sindicales y, especialmente, por jóvenes vinculados a los movimientos ambientalistas, feministas, y contrarios a la discriminación y el racismo. Si bien la Internacional Progresista tiene su base en Estados Unidos y en Europa Occidental, posee crecientes prolongaciones en territorios como el sudeste asiático, África y buena parte de América Latina. De acuerdo con dos referentes argentinos de esta red de pensamiento, Alcira Argumedo y Juan Pablo  Olsson (2020), se pueden establecer y sistematizar las siguientes propuestas para la izquierda y la centroizquierda de toda la región:

  • Consolidar el sistema de salud pública, recuperar la calidad de la educación pública y fortalecer el sistema científico-técnico. Se trata de reaccionar ante la revolución científica y tecnológica que opera actualmente en todo el mundo, y que precisa del conocimiento como recurso de primer orden, prioritario para la agenda de políticas públicas y necesitado de inversiones de naturaleza estratégica.
  • Establecer y consolidar el control estatal de las finanzas, como único camino para revertir la impunidad con que se han comportado los bancos y los grupos financieros en las últimas décadas. Desde su imposición a principios de los años 70, y en desmedro del conjunto de la población, el neoliberalismo ha beneficiado a reducidos grupos a través de prácticas negativas, como los endeudamientos fraudulentos e irracionales, junto con prácticas de especulación financiera, fuga de capitales, y limitación general de créditos para el desarrollo industrial. A esto se une el pedido del Papa Francisco a los países más poderosos, respaldados por organismos financieros, para la condonación de las abultadas deudas externas de los países periféricos.
  • Profundizar las iniciativas en defensa del agua, pues el calentamiento global causa el retroceso de glaciares y cascos polares, en tanto la creciente deforestación masiva afecta el régimen de lluvias, y los modelos extractivistas (cultivos transgénicos, megaminería y extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking) generan distintos procesos de contaminación de los recursos hídricos. El Informe Mundial de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (UNESCO, ONU-Agua, 2020), estima que hacia 2050, siete mil millones de personas, sobre una población total de nueve mil millones, padecerán de escasez de agua por efecto del cambio climático. Sudamérica, gracias a la cuenca amazónica, es uno de los principales reservorios acuífero de todo el planeta; la izquierda puede tener un   importante   protagonismo   en la defensa del agua como elemento central para la subsistencia humana en un futuro cercano.
  • Fortalecer los procesos de reconversión energética y reorientación de producciones contaminantes. Según se afirma en el Informe especial sobre calentamiento global, publicado en octubre de 2018 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), el mundo experimentará graves problemas si las emisiones de gases de efecto invernadero y los procesos de deforestación no se revierten en las próximas décadas. Los gobiernos y, en general, las fuerzas y organizaciones de izquierda y progresistas podrían desempeñar un papel clave en potenciar una reconversión energética a gran escala, que incluya un cambio en la matriz productiva —desde parques automotores, construcción de viviendas, y alimentación de industrias y fábricas— por la utilización de energías renovables (solar, eólica e hidráulica, entre otras).
  • Mejorar las condiciones laborales con el empleo creciente de tecnologías de avanzada, que no reemplazan personas sino tiempo de trabajo humano. La disminución en gran escala de la jornada laboral podría reducir a la mitad los problemas del desempleo y contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo, con la puesta en marcha de industrias multiplicadoras. Asimismo, y dentro de las reivindicaciones históricas de la izquierda, se debe contemplar la recalificación de trabajadores en áreas de avanzada, a partir de mejores condiciones para su desempeño profesional, con salarios acordes a las responsabilidades de cada trabajador o trabajadora.

Notas:

[1] En torno a la compleja relación entre populismo e izquierdas, recomendamos Roger Bartra (2019) y Carlos de la Torre (2019). Así, «podemos reconocer la existencia de una especie de árbol genealógico del populismo latinoamericano que, si bien tiene algunos rasgos comunes con las tradiciones europeas y norteamericanas, constituye un tronco de cultura política peculiar que podemos reconocer, aunque no encerrar en la jaula de una definición. En esta cultura política podemos reconocer hábitos autoritarios, mediaciones clientelares, valores anticapitalistas, símbolos nacionalistas, personajes carismáticos, instituciones estatistas y, muy especialmente, actitudes que exaltan a los de abajo, a la gente sencilla y humilde, al pueblo» (Bartra, 2019: 84).

[2] De igual modo, y según sus opositores, «la presidencia de Daniel Ortega podrá ser narrada con justicia en términos de abuso, corrupción y represión, así como las reformas constitucionales para que el exguerrillero sandinista pueda reelegirse sin límites» (Carpio Cervantes, 2018).

[3] Ver, por ejemplo, las críticas vertidas por Jair Bolsonaro hacia los ex presidentes de Brasil Lula da Silva y Dilma Rouseff, en Pablo Stefanoni (2018).

[4] Un análisis sobre las causas sociales de la inseguridad, vinculado al problema del desempleo, y en general a la marginalización y la precarización de las condiciones de existencia de una cantidad cada vez más amplia de personas, puede ser leída en Loïc Wacquant (2015).

Referencias:

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Bartra, R. (2019) «Populismo y autoritarismo en América Latina». En: La izquierda como autoritarismo en el siglo xxi. Kozak Rovero,

  1. y Chaguaceda, A. (eds.), Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) / Universidad de Guanajuato / Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC / Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 75-98.

Carpio Cervantes, E. (2018) «Giro —¿y fin del giro?— a la izquierda en América Latina». Andamios, v. 15, n. 38, septiembre-diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3iA57Wh> [consulta: 27 febrero 2022].

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De la Torre, C. (2019) «La izquierda seducida por el populismo». En: La izquierda como autoritarismo en el siglo xxi. Ob. cit., 121-48.

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