Igualdad y libertad. Crisis y renovación de los idearios emancipadores en el nuevo pueblo chileno

La revuelta social que sacudió a Chile desde el 18 de octubre de 2019 no solo evidenció una aguda crisis social que un propalado relato del milagro chileno escondía, también puso en entredicho a una larga lista de mitos culturales que alcanzan las propias bases de la cultura política. Aparte de una geografía socioeconómica que se revelaba mucho más compleja y distinta que aquella tenida por verdadera, el estallido popular, carente de todo tipo de banderas partidistas (incluidas viejas y nuevas izquierdas), de liderazgos y oradores, e incluso de las organizaciones sociales tradicionales (sindicatos y gremios), ponía al desnudo una prolífica trama de líneas culturales que distaban considerable, y no menos impactantemente, de los idearios de las viejas bases sociales de sustentación de los proyectos políticos en Chile.

Un nuevo pueblo —que emergía de las propias transformaciones capitalistas de talante neoliberal que, en la sociedad chilena como ninguna otra, se encaminan ya hacia el medio siglo de trayectoria ininterrumpida— aparecía sembrando ante los ojos del mundo el nuevo panorama social y cultural que arroja semejante experiencia capitalista, en una de sus versiones más hondas y avanzadas, no solo a escala latinoamericana, sino universal.

Conocida es, pues, la condición pionera de la experiencia chilena al respecto. Solo que tamaño hecho palidecía en los usuales análisis bajo la imagen de una pretendida orientación socialdemócrata de gobiernos civiles que habrían seguido a la experiencia dictatorial. La extendida consigna popular de «no son treinta pesos, son treinta años» destapa la deuda reclamada a los gobiernos posdictatoriales; así como la medida

en que habían continuado profundizando dicha égida neoliberal. Atónito, el mundo entero se llenaba de preguntas sobre el «milagro chileno». La esfera política institucional del país, sin distinciones entre Montescos y Capuletos, profundizaba el abismo que creció bajo su ensimismamiento respecto a la sociedad. Unos déficits de representación política que mostraban las tasas más bajas de participación electoral en la región, la inexistencia, ya por más de una década, de mayorías políticas significativas; y una larga lista de espejismos, eran desnudados por la irrupción de este nuevo pueblo. Para la izquierda y las fuerzas orientadas a la transformación social, e incluso, aquellas que encajan en un horizonte antineoliberal más general, la nueva realidad que estallaba de forma tan avasallante terminó por plantar, de modo inexcusable, la urgencia de actualizar los viejos idearios y proyectos ante la nueva geografía de contradicciones y conflictos sociales y culturales; los procesos emergentes de constitución de fuerzas y de clases y grupos sociales; y los de diferenciación social, que cristalizan en nuevos mapas de desigualdades innombradas, carentes de relato, fisonomía política y reconocimiento institucional alguno.

Quizás, como ningún otro basamento de la cultura política, la irrupción de este nuevo pueblo ponía en entredicho las limitaciones de los viejos significados de los ideales de libertad e igualdad, reclamando, con intensidad, su actualización ante un mapa donde la explotación y el dominio se habían expandido mucho más allá de lo que las viejas fronteras de tales ideales comprendían como parte de los dilemas de la emancipación humana. La urgencia de un nuevo humanismo, capaz de abarcar la nueva realidad, hacía sonar su llamado histórico a enterrar el neoliberalismo en la propia tierra que lo vio nacer.

La transformación social neoliberal, una lectura pendiente en la izquierda

A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, el giro neoliberal en Chile se implanta de forma temprana y pionera en 1975, cuando los llamados Chicago Boys —los discípulos de la escuela de Milton Friedman— se hacen de la dirección económica de la Junta Militar, que abre un cambio radical tanto en la estructura social como en las pautas del conflicto sociopolítico. Influye en ello el tipo de rupturas que sigue su proyección hasta el presente, pues si la privatización de las empresas estatales es común a toda mutación neoliberal, en la nación andina esa ola también se cierne sobre los servicios sociales (Ruiz, 2019), y se caracteriza por una mercantilización de las condiciones de vida que adquiere una hondura singular sobre la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda e, incluso el suelo y las avenidas urbanas, entre otras cuestiones.

Este giro hizo volver a la economía chilena a su vieja orientación primario-exportadora, mientras la apertura externa, comercial y financiera, trajo consigo una drástica desindustrialización y tercerización. A ello se sumó un régimen de prescindencia estatal en la regulación de las relaciones laborales, que cierra el acceso de los trabajadores a los procesos de construcción institucional. En democracia, dicho marco rector se ahonda con la diversificación de los mercados de exportación (vía tratados y acuerdos internacionales); el mantenimiento de una política social focalizada, que cancela derechos sociales universales; y la ampliación de las garantías y exenciones para el capital privado, nacional y extranjero (Fazio y Parada, 2010). Esa inserción económica, no sin crisis, produjo en los años 90 un exitoso período de crecimiento económico, favorecido por los altos precios de los commodities en los mercados mundiales (Ffrench-Davis, 2018). Sin embargo, también se caracterizó por el aumento de la desigualdad —a pesar de que hubo una reducción de la pobreza— debido al abrupto auge económico, donde grupos minoritarios acapararon las oportunidades, al punto de conformarse otros grupos, a nivel local, que han buscado expandirse por toda América Latina (Ruiz y Boccardo, 2014).

Ligado a los procesos de privatización de la vida social, esa acumulación capitalista, que acentúa la concentración económica y la capacidad empresarial de captura estatal, origina un «capitalismo de servicio público» (Ruiz, 2015) sustentado, en buena medida, por el aval de subsidios estatales o vouchers, y que sigue el pregón monetarista de la Escuela de Chicago. Surge, entonces, un sector económico dependiente de las asignaciones estatales, bonos y licitaciones, que se fortalece mientras se debilitan los regímenes de provisión estatal de los servicios sociales que ya han sido privatizados.

Esa orientación proempresarial del Estado se nutre de la equiparación entre modernización y mercantilización, por la cual se reduce la idea de democratización a la de libertad mercantil y acceso al consumo, bajo un régimen de «responsabilidad individual» que agudiza la importancia del mercado en la reproducción social en Chile (Caviedes Hamuy, 2019). Tal avanzada mercantil se fortalece con la comunidad de intereses que se teje en democracia entre la elite política de la Concertación[1] y sectores del empresariado local y extranjero, hasta conformar un vínculo orgánico sobre la base de la participación de figuras políticas, como directores o asesores, en muchas de las empresas privadas que surgen de privatizaciones y concesiones. Un nuevo y colonizador entramado político-empresarial, base de una nueva dominación social, arraigó en el carácter socialmente excluyente que adoptara la salida de la dictadura en nombre de la gobernabilidad democrática (Ruiz, 2015). De este modo, lo que distingue a la desigualdad que crece en Chile bajo la concentración de la propiedad y los ingresos, no es su carácter mercantil —como reza el ideologismo de la libre competencia—, sino su amparo político; un patrón de concentración en torno al que se levantan pesadas barreras sociales y culturales entre una elite reducida y una sociedad homogenizada en sus formas de vida y posibilidades económicas, y que, aparte de la desigualdad económica, suma un cierre cultural de inaccesibles colegios, barrios, centros vacacionales e instituciones confesionales, que configuran una sociedad fracturada.

La consecuencia de ese abismo es una transformación profunda en la estructura social, en donde se origina un nuevo individuo, hijo del neoliberalismo avanzado, cuyas dificultades de reproducción social estallan en conflictos distintos a los de antaño. Y es que la privatización de la vida cotidiana acarrea un drástico cambio cultural que requiere convertir en mercancía —o sea, en un ámbito de lucro y explotación— aspectos de la condición humana hasta entonces excluidos de la esfera mercantil, lo que dificulta la reproducción, las expectativas y la integración sociales.

Con ello, las viejas identidades, que marcaron el siglo xx, son relegadas, en especial la clase media profesional de inserción estatal y la obrera de la industrialización sustitutiva. La expansión de los sectores medios que acarrea el giro neoliberal alcanza la mayor proporción en la estructura social, sobre todo su fracción asalariada de carácter privado (Ruiz y Boccardo, 2014). Con la reconversión causada por las privatizaciones, así como por el desmantelamiento de los servicios públicos y de las viejas burocracias estatales, expulsadas de la administración pública bajo la dictadura, aparecen servicios privados atados a los vaivenes del crecimiento económico. Tal asalarización mesocrática se nutre de fracciones medias dispares y de primera generación, diferenciadas por las credenciales educacionales que detentan, sus ingresos y niveles de consumo. Igualmente privilegian el esfuerzo individual por sobre la acción colectiva, a la vez que asumen representaciones del éxito y estilos de vida propios de los nuevos grupos económicos y las franjas gerenciales que administran sus empresas.

Generado en una expansión universitaria privada, sustentada en subsidios estatales, y que desborda los planteles tradicionales (Sanhueza y Carvallo, 2018), dicho crecimiento no encuentra amparo en una estructura ocupacional que, ligada a la pujanza empresarial, sin embargo, se construye sobre bases altamente flexibles e inestables. Ello frustra la pretendida ventaja que tales condiciones les habrían dado a las nuevas franjas medias frente a las viejas, como se insistiera entre los años 90 y los inicios de los 2000, lo que tornó dudoso el cartel de «nuevas clases medias», debido a su creciente heterogeneidad. Es que la diferenciación social se diluye en cuanto aquella condición profesional decanta, lo que la lleva a contrastar con la prosperidad material, la estabilidad social y la diferenciación cultural respecto al mundo obrero que similares credenciales entregaban, antiguamente, a la vieja clase media. Con ello, la pretendida expansión se expresa, más bien, como una aglomeración muy segmentada de nuevas capas profesionales que acceden de modo inestable a mejores condiciones de consumo, pero sin las proyecciones y estabilidad, antes típicas, de esa condición, a la que generalmente deben sumar un alto endeudamiento arraigado en la aventura universitaria chilena.[2] Se produce, en suma, la destrucción de la condición mesocrática a manos de la rotación e inestabilidad laboral y la fragmentación que arrojan las nuevas formas de diferenciación social sobre los sectores medios, antaño más homogéneos. En su lugar, actualmente se abigarran diversas capas y culturas, que no alcanzan a constituir una clase.

Sobre la condición obrera, su desarticulación corre a manos de la desindustrialización y la represión dictatorial sobre sus organizaciones, así como la mutación de la legislación laboral que se proyecta, sin mayor cambio, en la etapa democrática, lo que hace desaparecer su peso político y cultural en la sociedad. En su lugar, se desata en los años 80 la expansión de los servicios al mundo privado, siguiendo el mismo patrón de los sectores medios. Sucesivos cursos de desalarización y reasalarización, a que la inestabilidad somete a los obreros desplazados del sector productivo, desembocan en democracia debido a la absorción de franjas de origen marginal y a la feminización masiva del mercado de trabajo formal (Ruiz, 2015), aunque bajo valoraciones sexistas y precarizaciones potenciadas por constructos patriarcales. La absorción en los servicios, donde mayoritariamente se produce tal mutación laboral, abre en estas franjas una imagen integrada, aunque sea periférica, a la modernización neoliberal chilena. Ello, además de burocratizar el sindicalismo tradicional en democracia y enfatizar los obstáculos legales a las prácticas asociativas, impone una gran fragmentación en el nuevo mundo laboral, que incluye desde modalidades asalariadas tradicionales con contrato indefinido, previsión laboral y cobertura de salud, hasta fórmulas de gran precariedad, como el empleo subcontratado o dependiente de empresas descentralizadas. Estas diferencias, que en el modelo vigente quedan ligadas bajo las mismas cadenas de producción de valor, se integran, de disímiles formas y grados, a tal modernización capitalista (Ruiz y Boccardo, 2014), donde el trabajo es desplazado de sus locus tradicionales, como la fábrica o la oficina, y de sus tiempos habituales, ligados a la clásica jornada laboral. Desbordadas esas dimensiones y sin regulaciones, deviene una deslocalización espacial y temporal del trabajo que invade la vida cotidiana y amplía la precariedad social. Todo esto acrecienta los obstáculos institucionales para la organización de los trabajadores, amplía la rotación y la fragmentación laborales en una diversidad de empleos parciales y puntuales que coexisten y se alternan. Se erige así una heterogeneidad en las condiciones laborales que, igual que en los sectores medios, hace que la ligazón productiva de todas estas experiencias, más que articular, distancie a los trabajadores en una disparidad de contratos, remuneraciones y posibilidades de organización.

La desarticulación social y política de las viejas identidades de la etapa nacional-popular reconfigura, además, el patrón de conflicto social en la sociedad chilena; concretamente, porque, desplazado de su viejo centro de labor estable, no se reconoce en la pugna distributiva o clientelar y en sus presiones corporativas, que persisten aún en América Latina, sino en una lucha contra el agobio neoliberal por las nuevas condiciones de trabajo y la expansión mercantil sobre las condiciones de vida. Las demandas apelan a los tiempos individuales y colectivos fuera de la lógica de la mercancía, y el conflicto desborda la idea de capturar, como salario o prebendas, mayores porciones de la riqueza para usarla como consumo —la demanda tradicional de integración socioeconómica—, y abarca un desafío por desmercantilizar la vida cotidiana. Este antagonismo con la intrusión mercantil sobre la vida social que ha promovido el neoliberalismo brota, sin embargo, como un reclamo de individuos aislados, con alta demanda de asirse a una identidad sociocultural, más que a los antiguos grupos sociales clásicamente organizados. De allí su talante germinal como protesta contra el trabajo que invade la vida social e individual, las nuevas modalidades de explotación y desigualdad que conlleva, así como contra la incertidumbre y sufrimiento que genera. Surge así una nueva subjetividad de los hijos de la modernización neoliberal, bajo una privatización de la reproducción social llevada al paroxismo.

Cambios en la cultura política popular

Los idearios de igualdad y libertad han dado varios giros en la historia chilena inmediata. Bajo el proceso de transición a la democracia, en el que desemboca la lucha popular antidictatorial, se asocian con el dilema Estado versus mercado, de un modo que se vinculan de forma intensa a los propios conglomerados que encabezan aquella confrontación y se expresan en el mítico plebiscito de 1988 [3] (Lechner, 1992).

La anotada emergencia y proyección sostenida de una suerte de «capitalismo de servicio público» trastoca aquel clivaje, al tiempo que un ininterrumpido curso de individuación forzada reduce el ideal de libertad a un magro horizonte mercantil. Anidan allí las bases de la insatisfacción, que crecerá, tanto con esa idea de Estado como de mercado y sus promesas subyacentes de igualdad y libertad, en una historia concreta que no trae ninguna de las dos certezas ofrecidas.

Primeramente, cobija un crecimiento sostenido del gasto social estatal; sin embargo, en lugar de una esperada reconstrucción de los viejos servicios estatales, propios de los sistemas de seguridad social en áreas sensibles como la educación, la salud, la vivienda, la vejez, entre otras, lo que ocurre es que semejante gasto acrecentado fluye, principalmente, bajo un régimen de «subsidio a la demanda» en forma de vouchers que pregona el monetarismo, y con ello termina cifrando un subsidio estatal a oferentes privados —bajo diversas modalidades, que van desde créditos con aval estatal, concesiones, becas, licitaciones, según el área específica—, lo que redunda en una desatada ganancia sobre la mercantilización de la vida cotidiana que ello supone; una privatización de las condiciones de reproducción social que se extiende cada vez más, hasta convertir al propio crédito (incluido el de las tiendas comerciales) en una suerte de extensión del salario, y hasta hacer de la explotación clásica, cifrada sobre la jornada laboral tradicional, prácticamente un privilegio antiguo ante semejante multiplicación de las formas de apropiación de los frutos del trabajo humano; aquello que Foucault llamaba el «poder productivo de los cuerpos». La salud, la educación, la vejez, el uso de la infraestructura pública y una larga lista de aspectos de la vida se convierten en áreas de lucro y acumulación capitalista, a lo que se le suman los subsidios estatales en nombre de gobiernos civiles posdictatoriales.

En fin, aquello de que a más neoliberalismo menos Estado ya apenas resonaba como una vulgata de cierta antigua candidez de izquierda, obnubilada con la privatización de las viejas empresas estatales del desarrollismo, por todo neoliberalismo posible. Esta expansión mercantil sobre nuevas zonas de la reproducción social de la vida cotidiana queda fuera de su atención y registro, de los horizontes de sus luchas políticas, de los relatos y las bases culturales que las animan. Es una izquierda absorta ante la reciente privatización de las condiciones sociales de reproducción de estos nuevos individuos y, junto a ello, ante las contradicciones y conflictos que proyectan.

De la otra vereda, donde la derecha hace nido, las promesas meritocráticas que agitaba como justificación de la desigualdad (si todos tenemos las mismas oportunidades de ser desiguales, entonces, los resultados dispares parecerían legítimos en tal credo), el ensalzamiento de una competencia apenas existente bajo la aguda monopolización de las oportunidades, y los patrimonios y los ingresos terminaban por echar luz sobre una producción más política que mercantil de la desigualdad y, con ello, la medida en que semejante versión avanzada del neoliberalismo cobijaba, en realidad, una consiguiente neoligarquización que hacía palidecer el alcance de los liberalismos alegados sobre democratizar la vida cultural y política propiamente. El conservadurismo acendrado y las sostenidas restricciones a la democratización política, instaladas en la transición, terminaban por abrir una crisis de legitimidad elitaria extendida, sin distinción, donde los idearios de libertad desbordaban tales restricciones. El neoliberalismo proyectaba, en definitiva, una sustitución de la racionalidad de la deliberación política de la sociedad por conductas que maximizan oportunidades de mercado, lo que reduce todo horizonte de autodeterminación humana contenido en las clásicas construcciones de la idea de libertad (Ruiz, 2019). Por otro lado, la oferta política, y electoral en particular, de más Estado tampoco conseguía anclaje con este nuevo individuo que, en su estallido, no duda en demandar, a un solo tiempo, derechos sociales universales y mayor autonomía individual. Si lo primero contraviene el régimen de responsabilidad individual y su consiguiente prescindencia estatal en materia de regulación de relaciones sociales, que enarbola la derecha neoliberal chilena, lo segundo pasa factura a las dificultades históricas de la izquierda para lidiar con los espacios de autonomía individual desde los propios proyectos de sociedad, donde la libertad aparece como un costo a pagar por la igualdad, como dentro de sus propios partidos y experiencias de politicidad, a las que no escapa la anterior socialización forzada.

En estas condiciones, en que confluye la más larga experiencia histórico-concreta de individuación forzada neoliberal, con el colosal estallido reciente de las nuevas contradicciones que cobija, ante un pueblo movilizado y puesto en claro pie de lucha, los horizontes emancipadores enfrentan la urgencia de actualización, así como de ensanchamiento concreto, práctico e inmediato, de sus viejas limitaciones.

Proceso constituyente, expansión de la democracia y redefinición de la política

La lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política. Al momento de la transición, la configuración de la democracia abría el dilema de establecer cuál sería el campo de la política y sus límites. En ese momento, no incorporaba el en campo institucional definido algo como un horizonte legítimo remitido a la sociedad por hacer, a la capacidad de construir un nuevo orden. Carente, entonces, de perspectivas de transformación, la política se encerraba en un presente recurrente, en un tiempo sin horizonte ni futuro.

En su ofensiva, el neoliberalismo no solo ataca la intervención estatal, sino la idea misma de la soberanía popular y, al cuestionar la construcción deliberada de la sociedad por sí misma, cuestiona a la democracia y a la política moderna propiamente tal.

Pero, como se sabe también, nuestra historia inmediata está marcada por la revuelta popular más grande de las últimas décadas. Sus alcances todavía no terminan de asentarse, de cuajar en moldes trascendentes y estables. Sin embargo, lo que ya es claro e indiscutible, es que los moldes de la política institucional se corrieron, que los marcos de la deliberación institucional se desplazaron. Aunque ello no tenga forma definitiva aún, consagrada en una reorganización todavía clara de la esfera política, es indiscutible el hecho que ello está corriendo y tales fronteras viven hoy un ensanchamiento.

Un conservadurismo desesperado acusa aquí maximalismo, en un obstruccionismo que, amparado en los grandes medios de comunicación de masas, insiste en presentar demandas masivas ciudadanas como una estrategia que avanzará sobre toda propiedad y autonomía de la vida privada.

Muy a diferencia de ello, las fronteras desplazadas, los límites temáticos que han sido corridos, son los de la política de la transición. Ese fue el anterior proceso, de dimensiones comparables, de redefinición de la esfera política.

Lo que hace hoy la Convención Constituyente es consolidar las libertades propias a los derechos humanos de primera generación y recuperar para el pueblo chileno los derechos sociales, que habían sido conculcados por la Constitución de 1980, y que el gobierno de Lagos no reinstaló, en el año 2005, referidos a la libertad y la participación ciudadana en la vida política, así como otros, de segunda generación,  referidos a garantizar a todos los miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato e incluyendo además el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y la seguridad social.

Más allá de su propia e indiscutible valía concreta en cuanto a las temáticas aprobadas, involucran entonces un reconocimiento que conlleva a una expansión de la esfera política, de sus fronteras institucionales de tratamiento de los problemas de la sociedad. De ser aprobado el nuevo texto constitucional, se concretará un ensanchamiento de los asuntos e intereses sociales que la esfera de la política institucional tendrá que abordar, que no podrá eludir amparándose en los recursos a los que recurría antes, otorgando un estatuto legítimo, un reconocimiento racional y legal a dichos asuntos antes negados.

El proceso constituyente en curso, a pesar de todas las limitaciones que se puedan señalar, representa por sobre todas esas cosas un ensanchamiento de la democracia a partir de los intensos procesos sociales que le preceden.

Los procesos de reconocimiento de intereses sociales, humanos en definitiva, registrados en los contenidos aprobados, conminan y prefiguran a la esfera política democrática futura, hoy todavía en curso de reorganización, a hacerlos suyos, a hacerse cargo de los conflictos de intereses legítimos que tengan lugar en la sociedad sobre tales temas, a terminar, en definitiva, con el silencio ante el abuso empresarial y de otras elites, sobre tales asuntos (no solo económicos, también reproductivos y de otra índole).

Esa es la gran transformación en curso, donde se fragua una nueva historia de la sociedad chilena.


Notas:

[1] La Concertación de Partidos por la Democracia fue una coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, que gobernó Chile durante cuatro administraciones (11 de marzo de 1990-11 de marzo de 2010).

[2] La atribución mecánica de una condición de «nueva clase media» a las expandidas capas profesionales, producto de una generalización de la educación terciaria bajo modalidades agudamente mercantilizadas y de gran heterogeneidad, aparte de ignorar la emergencia de nuevas formas de diferenciación social en su interior, por mucho tiempo sostuvo el mito del «milagro chileno», que estalla en octubre de 2019 con la profusa participación de estos nuevos profesionales, en gran parte de primera generación en sus trayectorias familiares. Se trata de una cuestión que interroga sobre las pautas actuales de conflictividad social producto de la expansión neoliberal.

[3] El plebiscito nacional de Chile, de 5 de octubre 1988, fue un referéndum realizado durante el Régimen Militar, para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. El triunfo del «No» condujo a las elecciones democráticas de 1989, conjuntas de presidente y parlamentarios, que lograron tanto el fin de la dictadura como el comienzo del período llamado de transición a la democracia.

Referencias:

Caviedes Hamuy, S. (2019) «Condiciones políticas y disputas ideológicas en la consolidación del “neoliberalismo avanzado” chileno en la postdictadura». Observatorio Latinoamericano y Caribeño, v. 3, n. 1, 98-119. Disponible en https://bit.ly/3l0xgAw [consulta: 12 enero 2022].

Fazio, H. y Parada, M. (2010) Veinte años de política económica de la Concertación. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

Ffrench-Davis, R. (2018) Reformas económicas en Chile, 1973-2017. Santiago de Chile: Taurus.

Lechner, N. (1992) «El debate sobre el Estado y el mercado». Nueva Sociedad, n. 121, septiembre-octubre.

Ruiz, C. (2015) De nuevo la sociedad. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

_______(2019) La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

Ruiz, C. y Boccardo, G. (2014) Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social. Santiago de Chile: Ediciones El Desconcierto/Fundación Nodo XXI.

Sanhueza, J. y Carvallo, F. (2018) «Conflictos y transformaciones en la educación superior chilena». En: Entre el mercado gratuito y la educación pública. Orellana, V. (ed.), Santiago de Chile: Lom Ediciones/Fundación Nodo XXI.

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