Los movimientos sociales afrolatinoamericanos ante los desafíos del siglo XXI

Autor(es): Zuleica M. Romay

El año 2020 devino primer hito sociohistórico de esta centuria, por su capacidad para revelar los derroteros del cambio de época iniciado en las postrimerías del siglo xx. La acción combinada de una pandemia —todavía incontrolable— y la consiguiente depresión económica internacional, con la más intensa y extensa movilización política que haya tenido lugar durante el último medio siglo, le confieren un simbolismo similar al de 1968, o 1989, fechas colmadas de extensiones hacia la posteridad.

El asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía provocó, «cual dique que se rompe», la expansión mundial de la protesta ciudadana. La metáfora del New York Times logró sintetizar la complejidad del examen de conciencia que, sobre la preeminencia del racismo y la discriminación racial, emprendieron las sociedades contemporáneas en coordenadas tan disímiles como Chile y Nigeria, Australia y Francia.

Las protestas tuvieron eco en países con relaciones sociales y estructuras de poder de acentuada asimetría, procesos de racialización que jerarquizan y organizan la vida cotidiana, e instancias gubernativas que criminalizan a inmigrantes y gente empobrecida, quienes son reprimidos por fuerzas policiales militarizadas, diestras en el empleo cotidiano de equipamiento y técnica concebidos para contextos bélicos.

En las Américas, la fragilidad existencial de afrodescendientes, indígenas y migrantes desprotegidos los sitúa a la cabeza en las listas de víctimas mortales. Es el resultado de desventajas históricas que correlacionan altos niveles de pobreza, y pobreza extrema, deplorables condiciones del hábitat, hacinamiento habitacional, precariedad laboral y considerables barreras de acceso a servicios básicos, educación, salud pública y seguridad social. Hijo dilecto del colonialismo, el capitalismo ejerce máxima violencia sobre la gente de piel oscura, sea a través de la policía, las políticas públicas o el mercado.

Entre 2002 y 2014, más de ochenta millones de personas emergieron de la pobreza, y la clase media se expandió hasta integrar un tercio de los habitantes de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2018: 92- 3). Tan estimulante tendencia se revirtió en la adversa coyuntura creada tras el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rouseff en Brasil, y el inicio de la contrarreforma conservadora de Lenín Moreno en Ecuador; la política de bloqueo, asfixia económica y aislamiento diplomático de las administraciones de Barack Obama y Donald Trump contra Venezuela; la prolongación del terrorismo de Estado en Colombia; y la consolidación del neoliberalismo en México y Argentina, parcialmente contenido por las políticas de nuevos gobiernos, encabezados por Andrés M. López Obrador y Alberto Fernández.

El impacto de la COVID-19 ha tornado más sombrío el panorama. Al cierre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) reportó 209 millones de personas empobrecidas y otros 78 millones en condición de pobreza extrema. Según el organismo regional, 24,8 millones de latinoamericanos y caribeños perdieron sus empleos; 44 millones padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave; y el crecimiento en 2,9% del índice de Gini expresó la ampliación de las brechas en la distribución de ingresos (20-1). Tras un sexenio de crecimiento promedio de solo 0,3%, el PIB de la región cayó 6,8%, la mayor contracción sufrida en 120 años (2).

En el orden político, 2020 fue un año de enconadas batallas populares contra los desmanes del neoliberalismo, con episodios relevantes como las marchas y demostraciones contra el régimen de Jair Bolsonaro, y la Minga Indígena que inundó las calles de Bogotá, reuniendo en un solo haz las insurgencias de pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos y obreros. La tenacidad de la gente de a pie resultó premiada con pocas, pero contundentes victorias, como el NO de los chilenos al continuismo pinochetista entronizado en la Constitución y la vuelta del Movimiento al Socialismo al gobierno de Bolivia. Los movimientos afrolatinoamericanos forman parte de esa ola insurgente. Unos, aprovechando la coyuntura para remontarse; otros, inducidos por el impacto mediático de las protestas. Pese a ello, la prensa digital y las redes sociales reflejaron la insatisfacción de muchos activistas con la insuficiente respuesta política de las organizaciones de afrodescendientes en la región, sobre todo durante el tercer trimestre de 2020 cuando el descontento en los Estados Unidos alcanzó su punto culminante.

Tales expectativas no responden a mimetismo alguno. Desde el período de entreguerras, los proyectos de articulación de las luchas de los pueblos africanos y afrodescendientes, promovidos por la Tercera Internacional, estimularon el liderazgo estadounidense y el despliegue de su influencia hacia Sudáfrica y América Latina (Adi, 2018). La potencia norteña era considerada un laboratorio idóneo para el desarrollo de nuevas estrategias de emancipación, debido a la cultura política de su clase obrera —formada en la sociedad capitalista más avanzada y deshumanizada del mundo—, a la existencia de una intelligentzia negra, de acendrada identidad racial y visión antisistémica, y a su condición de principal destino de las migraciones panafricanas, lo que garantizaba un enriquecimiento constante de la experiencia.

Inmersos desde el siglo xix en diálogos, intercambios y cooperaciones diversas, los pueblos afroamericanos del norte, el sur y el Caribe fraguaron culturas políticas y formas de conciencia negra —cimarronaje, negritud, rastafari, nacionalismo negro, afrofeminismo— que suelen desencadenar procesos con dinámicas propias. A su vez, las ideologías y prácticas políticas de sus movimientos sociales, ajustadas a las necesidades de cada tiempo y lugar, han nutrido y ampliado los horizontes del pensamiento liberador en las Américas. Tal como argumenta el intelectual-activista puertorriqueño Agustín Laó Montes (2020):

La ola de movimientos étnico-raciales (afrodescendientes e indígenas) que ha emergido en América Latina desde la década de 1980 ha influido grandemente en la redefinición de las izquierdas, de tal manera que sus reivindicaciones —territorio, autonomía, etnoeducación, equidad, justicia reparativa, políticas antirracistas— han redefinido los proyectos emancipatorios y programas de gobierno y, por ende, el significado mismo de las izquierdas. (317)

Este ensayo pretende auscultar las luchas sociales de las poblaciones afrolatinoamericanas en la coyuntura de la pandemia y la oleada mundial de protestas contra el racismo, la discriminación racial y la violencia polici al. Se analizará un campo político diverso, flexible, con períodos de activación y letargo muy influidos por las circunstancias internas, integrado por iniciativas y agrupamientos ciudadanos asentados en zonas rurales y urbanas, que difieren en formas de organización, objetivos y modos de hacer, composición social, fortaleza y estabilidad de sus liderazgos; así como en grado de institucionalización (principios fundacionales o programa, normas para el reclutamiento, estructura organizativa, herramientas comunicacionales propias, etcétera).

La historia particular de cada país ha pergeñado un abanico de demandas y aspiraciones muy diversas: desde Cuba —primera en el continente por sus indicadores de justicia social y equidad racial—, hasta República Dominicana, donde las personas negras suelen clasificarse como «indias» y las estadísticas censales omiten el color de la piel; o el caso de Brasil, donde cada veintitrés minutos un joven negro es asesinado.

Informes de organismos internacionales y trabajos académicos sobre los movimientos afrodescendientes asumen las estimaciones de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), que reporta la existencia de 869 organizaciones (García Savino, 2016). Es probable que tal cifra yerre por amplio margen, pues solo en Brasil y Colombia se cuentan por cientos, con tendencia al crecimiento. Entre junio y octubre de 2020, un estudio realizado por esta autora en 245 organizaciones, agrupamientos ciudadanos y proyectos comunitarios con apreciable visibilidad en la prensa digital y las redes sociales, constata un dinamismo esperanzador en Argentina, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, países menos reconocidos entre los escenarios de luchas antirracistas en la región.

En buena parte de las organizaciones actuantes, la presencia y liderazgo de las mujeres y el protagonismo de los jóvenes erige nuevas prioridades, maneras de hacer, comunicar y relacionarse. Siguiendo la pauta de las movilizaciones de los universitarios negros en Colombia, decenas de organizaciones juveniles dinamizan hoy el espacio político afrolatinoamericano, sobre todo en Ecuador, Haití, Panamá, México y Brasil (UNFPA, 2020). La tendencia a trabajar en red, en coordinación o articulación con otras organizaciones e instituciones, estimula los liderazgos colectivos y la amplia utilización de tecnologías digitales, a pesar de las carencias materiales y dificultades de la mayoría de los activistas. Diferencias generacionales y de género matizan consignas y discursos.

El binarismo implícito en la tipificación izquierda/derecha pudiera difuminar la diversidad de estos movimientos, cuyos intelectuales orgánicos prestan más atención a las prácticas políticas y los posicionamientos respecto a los poderes hegemónicos que al signo ideológico de documentos programáticos o declaraciones públicas. Así, organizaciones y líderes adscritos a la plataforma centrista reivindicada por los socialdemócratas pueden ser percibidos por el sector más radicalizado del espectro ideológico afrodescendiente como aliados de la derecha neoliberal. Un experimentado activista afrovenezolano caracteriza la «afroderecha»[1] del modo siguiente:

Una parte importante de ellos ocupan cargos políticos en gobiernos de orientación neoliberal […] Otro sector lo conforma cierta intelectualidad de origen afro, consagrada y ubicada en espacios privilegiados que manejan un discurso de reivindicación de los derechos, fervientes defensores de la identidad sobre la base de la neutralidad [y] ciertos voceros y voceras de organizaciones, fundaciones o colectivos generalmente con residencia en las grandes capitales, reconocidos por sí mismos como voceros de las comunidades afrodescendientes montan los eternos proyectos sociales, recibiendo financiamientos del gobierno de turno o de la USAID, organizando eventos, congresos o cualquier tipo de espectáculo que genere ruido ante entes gubernamentales. (Díaz, 2014: 147)

Dos eventos realizados en 2011 en Venezuela y Honduras, apenas con dos meses de diferencia,[2] coincidieron al proponer el impulso a la Declaración y el Plan de Acción de Durban, la celebración de un Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el establecimiento de un Foro Permanente en el sistema de Naciones Unidas[3] y la contribución de los Estados miembros a un Fondo de Desarrollo para los Pueblos Afrodescendientes. Sin embargo, visiones divergentes acerca de la democracia, la autonomía organizacional, los usos de la representatividad política y los objetivos estratégicos de las luchas sociales afrolatinoamericanas deslindaron entre ellos fronteras de signo adverso.

A escala global, la derecha neoliberal enfrenta la insurrección afrodescendiente con dos estrategias bien diferenciadas. La primera, de naturaleza contrainsurgente, resulta represiva y frontal en tanto correctivo doméstico. Su propósito es anular los liderazgos efectivos, diezmar las organizaciones mediante asesinatos y apresamientos, paralizarlas por medio del terror e inhibir la adscripción de nuevos miembros. La violencia se autojustifica con un discurso estigmatizador del activismo que identifica a las organizaciones más radicalizadas como «sucursales» de #BlackLivesMatter y las acusa de promover un «marxismo racial».

La segunda enhebra una agenda subversiva asentada en los esquemas de colaboración de organismos internacionales como el Banco Mundial, los sistemas institucionales de la ONU y la OEA, proyectos auspiciados por agencias gubernamentales extranjeras (USAID, AECID, entre otras), y solventes entidades sin fines de lucro. A través de estos organismos e instituciones, se trabaja para cooptar los liderazgos auténticos, mediatizar procesos políticos, controlar discursos antisistémicos, promover el individualismo y las expectativas burguesas de ascensión social dentro de los límites de la democracia representativa, y asegurar una coexistencia política que no perturbe la reproducción de la vida material y espiritual del capitalismo.

La estrategia contrainsurgente nutre las estadísticas de los organismos y agencias dedicados a la observancia de los derechos humanos en el mundo. Según estas entidades, los homicidios de afrobrasileños multiplican 2,7 veces los sufridos por el resto de los grupos poblacionales de ese país, y las mujeres negras experimentan 68% de las muertes violentas, mientras que los quilombolas asesinados escalaron de cuatro, en 2016, a dieciocho en el siguiente año (Cerqueira y Bueno, 2020). En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) reiteró su llamado de atención al gobierno brasileño por el recrudecimiento de la violencia estatal en el contexto de la pandemia, con crecimientos de la letalidad por acción policial, en grandes ciudades como São Paulo (53%) y Río de Janeiro (43%).

La intensificación de la violencia sistémica es constatable en otros territorios de Afrolatinoamérica. Tal es el caso de Colombia, que entre 1985 y 2018 registró 7,7 millones de desplazados por el conflicto armado, entre ellos más de 2 millones de afrodescendientes (ACNUR Colombia, 2018). A la consternación social provocada por una interminable guerra civil, se suma el terror selectivo del paramilitarismo, responsable del asesinato de más de mil líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, desde la firma de los acuerdos de paz, noviembre de 2016, hasta abril de 2021(Indepaz, 2021).

El cuerpo de recomendaciones realizadas a Honduras por la CIDH (2019) insiste en garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la libertad personal de los participantes en las movilizaciones sociales; asegurar diligencia e imparcialidad en las investigaciones de hechos de violencia; y desvincular a las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias. Pese a ello, cuatro defensores de los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), fueron secuestrados en julio de 2020 por un comando de la Dirección Policial de Investigación (DPI), sin que hasta ahora se sepa su paradero.

A este contexto generalizado de violencia también contribuyen los extractivismos compulsados por la geofagia neoliberal en tierras ancestrales y asentamientos de afrodescendientes en Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú. La norma en todos los casos es la inconsulta aprobación gubernamental de proyectos de megadesarrollo y el otorgamiento de grandes concesiones a empresas transnacionales (Front Line Defenders, 2019).

La agenda subversiva, por su parte, estimula un exceso de institucionalización que los intelectuales- activistas denominan ONGenización. Contra ella alertó hace tres lustros la afrodominicana Ochy Curiel (2006), en plena expansión de esos procesos en la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora:

Cuando se empiezan a financiar proyectos a las mujeres, la acción política se hace depender de si existe o no dinero, la conciencia y el compromiso político a través de procesos organizativos solidarios y colectivos político ya no es la prioridad […] Las organizaciones ya no son espacios políticos autónomos con agendas propias que vayan a tocar las bases de la subordinación de las mujeres, sino que lo que se crea es la «política de lo posible».

En realidad, estos problemas son mucho más antiguos. Los intelectuales que en 1977 se involucraron en los preparativos del Primer Congreso de Cultura Negra de las Américas —esfuerzo fundador de una articulación continental que liderara Manuel Zapata Olivella—   tenían   criterios   encontrados   respecto a los efectos que producirían los auspicios de la OEA y la UNESCO sobre la independencia política del movimiento en gestación (Zapata y Oliva, 2019). La mayoría de ellos era consciente de que los organismos internacionales, gobiernos y otras entidades suelen condicionar —desde la asimetría de poder inherente a la relación— la capacidad de agencia de las organizaciones de afrodescendientes, muchas veces con merma de su identidad y autonomía, e imponer criterios tecnocráticos que erosionan la radicalidad de las demandas populares, fraccionan los frentes de lucha y legitiman las prácticas clientelares.

Luego de veinte años de la Conferencia de Durban, el combate contra la pandemia amenaza la continuidad de las acciones de los gobiernos y la sociedad civil en la mayoría de los países, con presumible restricción o estancamiento de sus resultados. Sin embargo, lo avanzado no resulta poco. En la Declaración Final de Durban (ONU, 2002), la palabra racismo es mencionada, a secas, 270 veces. Que los debates de nuestros días se refieran cada vez más al racismo institucional y al estructural o sistémico, cuando la primera de tales nociones transita los circuitos académicos hace más de cincuenta años,[4] es resultado de los esfuerzos de intelectuales, activistas y líderes sociales para diagnosticar una totalidad opresora que se expresa en múltiples dimensiones, ampliar los marcos legales antidiscriminatorios e impulsar políticas públicas de igualdad racial.

En el ágora instaurada por las redes sociales, gente común confronta los discursos de odio; analiza los efectos divisivos del colorismo y la transracialidad; debate sobre la legitimidad de las reescrituras históricas implícitas en los derribos y desplazamientos de estatuas, monumentos y símbolos representativos de ideologías racistas; y toma partido frente a las técnicas de racebending puestas en práctica por la industria del entretenimiento para transferir más altos niveles de melanina a personajes icónicos de sagas cinematográficas, videojuegos y dibujos animados. A todas luces, la politización de la identidad implícita en el activismo afrodescendiente hoy apela en mayor medida a la ideologización de los discursos y las prácticas sociales.

El crecimiento ideopolítico del activismo afrolatinoamericano es el principal resultado de las batallas antisistema de este siglo, un trascendente primer paso que deviene imprescindible para encarar el más importante de los retos del futuro: la ampliación de la base social de los movimientos de afrodescendientes.

Los retos del siglo XXI

En las Américas, el pensamiento neoconservador, consolidado en 2001 tras el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, es el principal nutriente de las ideologías de derecha. Sus patrones de eficiencia, rentabilidad, orden social y respetabilidad, promovidos desde organizaciones partidarias, instituciones y políticas públicas, y reforzados por industrias culturales y redes comunicacionales de alcance global, alimentan el conservatismo social, influencia a la que no escapan los movimientos afrolatinoamericanos.

En el sector poblacional de ascendencia africana, tal ideología retardataria fue favorecida por el crecimiento de las clases medias negras, sobre todo en Colombia y Brasil; el «efecto Obama» —con su optimista fijación de los límites que el orden social capitalista impone a los subalternos «excepcionales»—; y los procesos de cooptación y despolitización del activismo que ejecuta la derecha neoliberal. La irradiación del pensamiento conservador en estructuras de gobiernos locales y regionales, especialistas nativos de agencias y organismos internacionales y liderazgos de organizaciones «ONGenizadas», ejerce un notable contrapeso sobre la autonomía e identidad política de los movimientos sociales. Operar bajo esas condiciones y, pese a ello, impulsar procesos transformadores, constituye todo un desafío.

La primera mitad del Decenio Internacional de los Afrodescendientes registra avances en la modificación del contexto legal en que los movimientos sociales y sus aliados de la sociedad civil demandan derechos colectivos. A su empuje y capacidad de negociación se debe la aprobación por varios gobiernos de nuevos mecanismos de promoción de la igualdad racial y de afirmación de derechos, a tenor de las aspiraciones contenidas en el Programa de Durban (2001), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, y el programa de actividades del Decenio (2015-2024), cuya consigna es reconocimiento, justicia y desarrollo.

Entre 2015 y 2020, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay promulgaron decretos, programas y políticas públicas de reivindicación de las identidades afrodescendientes y combate contra la exclusión social, el racismo y la discriminación racial (CEPAL, 2017: 145). No obstante, autoridades de la CEPAL y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2020) reconocen que en la mayoría de estos países el destino de tales iniciativas dependerá de «la sensibilidad de los mecanismos a los ciclos económicos y políticos». Ejemplo de esa fragilidad institucional es la decadencia de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR) desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil.

El triunfo electoral de fuerzas de izquierda en Argentina, México y Perú, el masivo respaldo del pueblo chileno a la instalación de una Convención Constituyente y la ratificación del MAS como principal fuerza política en Bolivia, generan esperanzas de que la contraofensiva de la derecha neoliberal puede ser frenada. No obstante, ella tiene sus reductos más importantes en los regímenes neofascistas de Iván Duque (Colombia) y Jair Bolsonaro (Brasil), y en el Estado neoliberal que refundara Lenín Moreno antes de «pasar el batón» a la derecha en Ecuador. Estos tres países reúnen 64,9% de los 134 millones de descendientes de africanos que pueblan la región y son los que atesoran la más larga tradición de lucha de los movimientos sociales de origen afro.

Los escenarios, siempre complejos, se distinguen por su diversidad. Firmes alianzas de los líderes y activistas con los gobiernos respectivos confieren protagonismo a las agendas afrodescendientes en Argentina y Costa Rica. Confiada en sus extraordinarias conquistas sociales y constreñida la acción ciudadana por un injustificable verticalismo institucional, Cuba avanza en su agenda antirracista, pero no incorpora de manera orgánica a los intelectuales y activistas afrodescendientes. Los afrobrasileños, profundamente afectados por la pandemia, perseveran en sus acciones de calle para exigir la salida de Bolsonaro, mientras los afrochilenos, obstaculizados por la derecha para obtener un escaño en la Asamblea Constituyente, pactaron su representación oficial con los dos convencionales de la región de Arica y Parinacota y continúan sus batallas cotidianas por la conquista de sus derechos usurpados.

Entre abril y junio, una protesta popular en Colombia aunó durante 49 días las demandas de comunidades urbanas y rurales, de estudiantes y trabajadores, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, muchos de ellos afrodescendientes. La tercera ola de la pandemia de COVID-19 puso pausa a la tensa negociación del Comité Nacional de paro y la administración de Iván Duque, sin que el gobierno, que retiró el proyecto de nueva ley tributaria —detonante de la protesta— y prometió una reforma policial, tenga voluntad o capacidad para enfrentar las fallas estructurales que incentivan el descontento social. Algo que sí promete hacer la coalición de izquierda Pacto Histórico, principal contendiente contra el uribismo en las elecciones presidenciales de 2022, y a la cual se han sumado importantes líderes afrocolombianos.

Las reivindicaciones territoriales son un tema muy sensible para las relaciones de gobiernos y movimientos sociales, habida cuenta de que las comunidades afrolatinoamericanas de más larga data cumplen un patrón de asentamiento en territorios de inmensas riquezas naturales, reservas hídricas, yacimientos de hidrocarburos y minerales o, en algunos casos, espacios susceptibles de planes urbanísticos o turísticos objetos de la mentalidad desarrollista y de esquemas neoliberales. (Díaz, (2014: 150)

La lucha por la tierra en la región ha fundado una honrosa tradición y obtenido importantes triunfos políticos, plasmados en preceptos constitucionales y disposiciones legales. Sin embargo, en Brasil los avances en la aplicación del Decreto 4.887/2003 sobre titulación de tierras colectivas son muy discretos, ya que a finales de 2019 solo 303 comunidades quilombolas, entre poco más de 3 000, habían recibido sus títulos de propiedad (CEPAL-UNFPA, 2020: 90).

De manera similar, la implementación de la Ley 70 de 1993 —la mayor victoria política de los sectores populares afrocolombianos— es permanentemente saboteada por los desplazamientos que imponen la violencia paramilitar y las acciones depredadoras de las industrias extractivas. Para el activista Aiden Salgado, la Ley 70 es una conquista incompleta, requerida de una paz duradera que garantice la implementación del «capítulo étnico» del Acuerdo de Paz de La Habana,[5] en beneficio de las comunidades, y que prevea un proyecto de inversión para el Pacífico y otras zonas habitadas por gente negra empobrecida, complementado por un programa estatal de generación de empleos para la población afrocolombiana, raizal y palenquera (Salgado Cassiani, 2020).

La lucha de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Ecuador para hacer cumplir la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, promulgada en 2016, y la amenaza que para sus similares de Honduras representa la Ley de Fomento al Turismo —aprobada por el Congreso Nacional en 2017—, demuestran que la existencia de un cuerpo legal es apenas la etapa inicial en el largo camino de reapropiación territorial que los pueblos demandan. La misma senda han de transitar comunidades afrodescendientes de Bolivia, Chile, Paraguay y Perú para reivindicar como propios los territorios en que habitan hace cientos de años.

Con voluntad política que trasciende la complejidad de sus relaciones con los gobiernos, intelectuales e investigadores se suman, de forma creciente, a la coordinación con autoridades y movimientos sociales para la formulación de políticas de identidad y herramientas legales contra la exclusión, el racismo y la discriminación racial. El déficit, cuantitativo y cualitativo, de mujeres y hombres negros en las academias latinoamericanas influye, en alguna medida, en la amplitud y velocidad del avance. Lo primero, es resultado de desventajas acumuladas durante siglos. Lo segundo, de procesos de formación que privilegian los circuitos de producción de saberes de las sociedades capitalistas avanzadas —sobre todo, los Estados Unidos— y entronizan enfoques, corpus teóricos y modelos de análisis no siempre coherentes con la historia y las acumulaciones culturales de los pueblos afrolatinoamericanos.

La mayor parte de las denuncias realizadas por activistas e intelectuales negros contra prácticas de extractivismo epistémico, empleo intensivo de fuentes de segunda mano y «traducciones» espurias, que asumen la interpretación de las demandas de los pueblos afrodescendientes expropiando o apropiándose de los discursos populares, son totalmente justas. Pero las necesidades de la lucha política han develado posibilidades de cooperación en procesos complejos, como la preparación técnica de la ronda censal de 2010 en Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá y Uruguay (Paschel, 2018: 303), y campañas de sensibilización social, entre ellas la fase previa a la declaración del 30 de septiembre como Día contra el Racismo en Chile, y Coopera, primer esfuerzo para impulsar agendas contra el racismo antinegro en México.

La invisibilidad estadística de los sectores poblacionales y grupos sociales preteridos es una de las más persistentes señales del racismo estructural en la región. Como se sabe, en los años 40 y 50 del siglo xx, el optimismo excluyente de las teorías del mestizaje promovió la eliminación de identificaciones raciales en los censos latinoamericanos. A finales del siglo, solo Brasil y Cuba colectaban información referida al color de la piel, si bien en la Isla el análisis de esta variable se manejó, hasta fecha reciente, con una discrecionalidad que activistas y académicos criticaron en innumerables ocasiones (véase Morales Domínguez, 2010; ONEI, 2020). Ser negra/o, o afrodescendiente en América Latina y el Caribe tiene implicaciones en casi todos los órdenes de la vida social. De ahí que la asunción consciente de esa cualidad constituya piedra ancilar de las políticas de identidad del Estado y la sociedad civil. En general, la comparación de los dos últimos censos reporta incrementos de la población afrodescendiente en varios países, tanto en términos absolutos como relativos. Los crecimientos más notables —atribuibles a la autoafiliación racial más que a la reproducción natural de la población— se observan en Brasil (5,9%), Costa Rica (5,9%), Guatemala (2,6%) y Ecuador (2,2%) (CEPAL-UNFPA, 2020). No obstante, activistas de Perú y Venezuela mostraron su inconformidad con la subrepresentación de los afrodescendientes en la ronda censal 2010. En Colombia, por su parte, varias organizaciones presentaron una demanda civil contra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al que imputan negligencia debido a la «desaparición» de 30% de la población afrocolombiana en las estadísticas poblacionales de 2018.

El efecto psicosociológico de estadísticas demográficas más fiables ha sido reforzado por la ampliación progresiva del debate social en casi todos los países, y por un mayor énfasis en las celebraciones oficiales de la afrodescendencia, proceso que comenzó en 1997 en Ecuador, al que se sumaron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y las culturas garífunas de Nicaragua, Belice y Guatemala. Durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el calendario regional ha incorporado cuatro nuevas dedicatorias en Chile, Costa Rica, México y Puerto Rico.

Bastante menos se ha avanzado en la descolonización del imaginario social afrolatinoamericano, habida cuenta de que las acciones de mayor impacto sociopolítico se localizan en unos pocos países. En 1994, la Ley General de Educación, promulgada en Colombia, estableció la etnoeducación como principio pedagógico. En la siguiente década, Guatemala declaró el garífuna lengua oficial y adoptó medidas para instituir un sistema de enseñanza bilingüe e intercultural, mientras que Honduras reformó los currículos escolares, teniendo en cuenta las particularidades históricas, lingüísticas y culturales de las diferentes regiones del país. Con similares propósitos, Nicaragua creó el Sistema Educativo Autonómico Regional, y Brasil decretó la obligatoriedad del estudio de la historia y culturas africanas y afrobrasileñas (Banco Mundial, 2018: 92-3). Sin embargo, muchas de estas iniciativas carecen de financiamientos adecuados, políticas públicas articuladas a escala nacional, programas de capacitación para los docentes y procedimientos de monitoreo y fiscalización que den cuenta de sus resultados.

Las políticas de identidad impulsadas por los movimientos sociales entienden Internet como espacio de diálogo y articulación política (Franco, 2018). Videos e imágenes que documentan denuncias ciudadanas, cursos y foros de discusión sobre temas de actualidad, comunidades en línea como Afroféminas, publicaciones contestatarias como Blogueiras negras y Afrocubanas, libros y documentales autoeditados, así como un incesante reporte de eventos institucionales y comunitarios aportan contenidos para la preparación política y la movilización de la gente.

En igual sentido, la afroestética, una subversión cultural de largo aliento, apela a las redes para difundir consejos y recomendaciones para el autocuidado e innovaciones populares al servicio de las mujeres negras, históricamente invisibilizadas por los cánones eurocéntricos de las industrias de la moda y la cosmética. La viralización de muestras de arte callejero, performances políticos ejecutados en marchas, actos de calle y terrenos deportivos, pintadas en calles y plazas, entre otras expresiones de desobediencia simbólica, articulan las acciones de personas distanciadas por cientos de kilómetros, pero afines por sus motivaciones y propósitos políticos.

Las formas de conciencia negra que dieron origen a los movimientos sociales en Afrolatinoamérica se afianzan en una doble articulación que estimula crecimientos «hacia dentro» y «hacia afuera». El Movimiento Negro Unificado de Brasil (1978) y el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (1982) se suelen citar como las más potentes articulaciones endógenas del pasado siglo, si bien en los contextos nacionales ha sido muy importante la experiencia de trabajo conjunto del movimiento afrobrasileño con sindicatos de ese país y las organizaciones integradas por pobladores indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Honduras, México y Nicaragua, sobre la base de similares reclamos de derecho a la propiedad comunal de la tierra, control sobre los recursos naturales, autonomía territorial o política y reconocimiento de sus culturas ancestrales (véase Hooker, 2010).

Como resultado de los diálogos con, y la influencia de, el movimiento de liberación negra de los Estados Unidos —hogar y campo de batalla de no pocos pensadores caribeños—, las ideas del nacionalismo negro, el panafricanismo y el afrofeminismo permearon el ideario político de los movimientos sociales, e indujeron articulaciones «hacia afuera», como la Red de Mujeres   Afrolatinoamericanas,   Afrocaribeñas y de la Diáspora (1992), que tiene presencia en 24 países; Afroamérica xxi (1996, 15 países) y la Red Iberoamericana de Juventudes Indígenas y Afrodescendientes (2009, 14 países).

En enero de 2020, el gobierno y los movimientos afrovenezolanos convocaron a activistas y líderes de las Américas, Europa y África para la instalación formal del Cumbe Internacional Antiimperialista de africanos y afrodescendientes (Conferencia Mundial…, 2020). Con una estructura organizativa que articula los movimientos sociales en Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, África y Europa, el Cumbe Internacional se propone incentivar la solidaridad, la igualdad, el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos; así como promover la paz, combatir el neoliberalismo, el racismo y todo tipo de discriminación. El desarrollo futuro de esta alianza trasnacional dependerá, en gran medida, de las posibilidades financieras y organizativas del gobierno y las izquierdas de ese país, tan solidario como asediado por los imperios.

La Conferencia de Durban dinamizó los procesos emancipatorios en la región, al proporcionar un basamento ético-legal y una arquitectura política trasnacional, estimular una sensibilidad transracial y generar un polifónico discurso identitario contra la exclusión, el racismo y la discriminación racial. Durban es resultado de las luchas históricas de los descendientes de africanos y de la cristalización, durante el siglo xx, de una multiforme conciencia negra universal. Veinte años después, ampliar esas bases, universalizar sensibilidades y articular cada vez más las voces y los discursos figuran entre las tareas más importantes de los movimientos sociales afrolatinoamericanos.


Notas:

[1] Término acuñado por el intelectual-activista afrovenezolano Jesús «Chucho» García, al calor de las contiendas ideógicas que caracterizaron el 2011, declarado por la ONU «Año Internacional de los Afrodescendientes».

[2] En junio de 2011 tuvo lugar en Caracas el IV Encuentro de Afrodescendientes y Transformaciones Revolucionarias en América Latina, con fuerte presencia de líderes de formación marxista y un amplio espectro de activistas y organizaciones adscritos al nacionalismo negro. Dos meses después, La Ceiba, en el Atlántico hondureño, fue escenario de la Cumbre Mundial de Afrodescendientes, realizada al amparo del gobierno ilegítimo instalado tras el golpe parlamentario contra el presidente Manuel Zelaya. El comité organizador hondureño, encabezado por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), contó con fuertes apoyos de la ONU, la OEA y USAID.

[3] Esta aspiración fue respaldada por la Asamblea General de la ONU en 2018 mediante la Resolución 73/262 que prometió establecer un foro permanente, «como mecanismo de consulta para los afrodescendientes y otras partes interesadas, como plataforma destinada a mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia de los afrodescendientes». Dicha instancia fue oficializada el 2 de agosto de 2021 y designada, además, como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos.

[4] Esta noción fue acuñada en 1967 por los nacionalistas negros Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton en Black Power, obra clásica del pensamiento social afroamericano.

[5] Como resultado de la presión ejercida por los movimientos afrocolombianos durante más de cuatro años, sus representantes participaron en la recta final de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. El acuerdo alcanzado en septiembre de 2016 incorporó el llamado capítulo étnico, que reconoce la contribución de los pueblos indígenas y afrodescendientes «a la construcción de una paz estable y duradera, al progreso y desarrollo económico y social del país», y el derecho de estas poblaciones a participar en la implementación de los acuerdos, «con el fin de proteger sus derechos y avanzar en mejorar sus condiciones de vida». (Salgado Cassiani, 2017).

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