¿En qué sentido podemos hoy hablar de izquierdas y derechas en Cuba? ¿Esta oposición da cuenta de un espacio político marcado por el enfrentamiento entre revolucionarios y contrarrevolucionarios? ¿Qué condiciones habilitan tales categorías de análisis?

En Cuba, el empleo de los términos «de izquierda» y «de derecha» (usuales aun en los años 60) quedó limitado para aludir a posturas, ideas y procesos políticos del pasado prerrevolucionario, a contextos que no pertenecen al ámbito nacional, así como a sus relaciones con el proceso revolucionario. Tales análisis solían distinguir una izquierda verdadera o revolucionaria, de otra reformista o entrecomillada, atemperada a las condiciones hegemónicas de la derecha capitalista.

Con referencia a la Isla, durante décadas el término revolucionario ha fusionado relaciones muy diversas. Muy tempranamente, dicha condición expulsó de la comunidad nacional a toda oposición, y la apostilló como contrarrevolucionaria. El uso del término «revolución» ha sido la síntesis de una excepcionalidad épica, cuyos logros y alcances han resistido a la sistemática beligerancia estadounidense. Ha valido también para eludir tanto el análisis de las contradicciones del proceso como de sus actores. La premisa de unidad frente al asedio externalizaba el conflicto político.

En el presente, hablar en términos de izquierdas y derechas en Cuba apunta a una cuestión de creciente relevancia: la representación política. Quizás su mejor expresión sea la disociación entre poder y proyecto revolucionario, entre Estado y Revolución. Se trata de un disenso que ha ganado fuerza tras la crisis y reajuste de los años 90, y que ha hallado suelo fértil en una sociedad más desigual y diferenciada. Ante el desgaste de las estructuras y mecanismos de participación, el desastre del sistema soviético agudizó la crisis del modelo y propició diversas perspectivas sobre el proyecto social. Un espacio público menos sujeto al control estatal sobre la reproducción de ideas coexiste hoy con una comunidad y un entorno digital y social transnacionalizados.

El empleo actual de la tradicional dicotomía (revolucionario vs. contrarrevolucionario) se muestra ciego a esa diversidad social, y al hecho de que los órganos representativos no responden ya a intereses, expectativas y demandas de grupos y sectores de la sociedad cubana. La aparición de una pluralidad de fuerzas y dinámicas sociales exige nuevos modos de hacer política hoy.

Izquierda y revolución: algunas paradojas

Izquierda y derecha son más que palabras de larga sobrevida respecto a sus orígenes y a toda suerte de avatares históricos. De denotar un espacio parlamentario, han devenido un modo general de estructurar el espacio político. Ya sean tratadas como nociones ontológicas o topológicas, conceptuales o meramente alusivas, poseen un probado efecto performativo. Es que en el campo político sucede la disputa entre principios de visión y división relevantes para un orden social. Tales principios son propios de grupos y fuerzas sociales, en un tiempo y espacio social determinados. La política es aquello que se dirime entre ideas-fuerza que disputan la capacidad de estructurar y movilizar el cuerpo social (Bourdieu et al., 2001).

Desde hace décadas, las derrotas que sufrieran las fuerzas de izquierda a nivel mundial pusieron en cuestión dicha dualidad. Mucho se ha hablado sobre el vaciamiento y retraimiento al pasado de las izquierdas, de la erosión de sus bases sociales tradicionales y del descrédito de sus órganos de representación, tras el agotamiento de los movimientos de descolonización, el abandono de la política internacional maoísta, la caída del muro de Berlín, y la connivencia neoliberal de las socialdemocracias. La breve oleada, a inicios de siglo, de los «progresismos» en América Latina apenas alteró este balance general, en particular, para una izquierda europea que durante dos siglos hegemonizó la producción teórica anticapitalista.[1]

El estupor de las izquierdas vio la restauración neoliberal como el final de un período que se remontaba a la Revolución francesa de 1789. Un período dominado por la categoría de revolución. El eclipse de esta palabra, «base a partir de la cual comenzaban divergencias masivas sobre el análisis de las situaciones, la referencia doctrinaria, las formas de organización, etc.», motivó confesiones del siguiente talante: «hoy ya nadie sabe qué es o qué puede ser una revolución» (Badiou et al, 2014). Privada de toda garantía axiomática, si pretende «sobrevivir como fuerza significativa, en un mundo abrumadoramente dominado por la derecha, la izquierda tendrá que luchar por ofrecer una verdadera alternativa» (Anderson, 2008: 154).

En Cuba, este dominio de la revolución como horizonte de sentido posee un complejo correlato. Uno de los autores nacionales que más empleara la distinción, mientras revaluaba el proyecto socialista nacional, daba cuenta de una paradoja propia entre izquierda y revolución. La Revolución triunfante en 1959 legitimó y materializó, como nunca, el legado de una izquierda cubana radical, arraigando una cultura política en múltiples dimensiones de la vida nacional. Esta herencia cultural de izquierda tuvo como signo distintivo la rebeldía, y como contenido decisivo, las relaciones entre la independencia nacional y la justicia social, específicas para cada período histórico (y para sus prácticas, conceptos e identidades resultantes de las luchas contra la dominación). Sin embargo, el proceso revolucionario produjo, a la postre, un «cerco progresivo» a la elaboración de un pensamiento autóctono de izquierda, que le deslindó de los sentimientos y de la vida práctica de los cubanos, al tomar la ideología oficial como fundamento del conocimiento social (Martínez Heredia, 1995).

La normalización del proceso socialista cubano, ocurrida en condiciones de hostigamiento sostenido y de significativa inserción en el mercado soviético, supuso una revisión crítica del proyecto que agravó las tensiones del proceso: sujetó la participación ciudadana a una política estatal centralizada, cuya actuación se arrogó los atributos y garantías de la Revolución, y monopolizó amplias funciones de una sociedad civil que había potenciado una década antes (Acanda, 2005; Guanche, 2013a). El sectarismo halló nueva vida con la burocratización de relaciones y prácticas sociales, y subordinó la discrepancia a la unanimidad. La hegemonía de este intervencionismo estatal fue asegurada por el marcado carácter social del modelo establecido, por la materialización de valores nucleares como la igualdad y la justicia social, a través de políticas de distribución implementadas con mayor acierto que las estrategias de desarrollo económico.

Otra paradoja, que complementa la anterior, sostiene que la incidencia de la Revolución cubana sobre las ideas y prácticas de izquierda del mundo capitalista dependiente de los años 60 enrumbó hacia un desencuentro entre el desarrollo de esa izquierda revolucionaria y el devenir del socialismo cubano. De este modo, pese al alcance y vitalidad de su solidaridad internacional, la Revolución cubana dejó de representar una alternativa viable al capitalismo, a los ojos de una izquierda socialista que halló otros referentes para renovarse. De su heterodoxia inicial, al margen de cánones establecidos, reculó hacia un socialismo real, a la larga insostenible.

Este desencuentro es argumentado sobre una doble problemática, cuya resolución marcaría el destino y significado ulterior del proceso: a) la potencia renovadora, de creación de alternativas ante problemas propios del proceso revolucionario, quedó atrapada por una lógica que aunaba resistencia, reacción a condiciones externas y negación del pasado prerrevolucionario; b) la capacidad del sistema político para reformarse a sí mismo dependió en exceso de la impronta del liderazgo carismático de Fidel. Tales problemas responden a la hostilidad de las condiciones en que debió desarrollarse el proceso cubano (el bloqueo estadounidense, la sovietización parcial de los años 70 y el reajuste ante la abrupta crisis de los 90) (De Sousa Santos, 2009).

Si tales paradojas no socavaron entonces el consenso revolucionario, se debió, en parte, a la eficacia con que la premisa de la unidad revolucionaria logró externalizar el conflicto político.

Revolucionarios vs. contrarrevolucionarios

La Revolución cubana sentó las bases de un nuevo y duradero consenso en el país. Cambió las reglas de la política al depurarla de viejas dependencias y privilegios, a favor de un amplio protagonismo y dignificación del pueblo humilde y de una reconfiguración del horizonte nacional.

Como no podía ser de otro modo, el proceso generó, muy tempranamente, su propia contrarrevolución. La dinámica del cambio tornó imposibles determinadas expectativas, abriendo escisiones en las filas revolucionarias. Si el mito de «la revolución traicionada» aunó entonces el reclamo de «propósitos iniciales» de la lucha, los programas de la oposición reivindicaron virtudes de un pasado que el proceso mismo negaba en su totalidad. La temprana fijación de «contrarrevolucionario» motivó el estancamiento de sus demandas, al ser imposible incorporar nuevos contenidos a un proceso radicalizado con cada contragolpe. Invocaban una tradición nacional que la propia subversión recreaba de modos inéditos. Restaba aprovechar los errores para lograr, en esencia, los mismos fines (Usallán, 2001).

La dispersión, debilidad y escasez de sus fuerzas iniciales, dado el apoyo popular a la Revolución, la condujeron a buscar el respaldo estadounidense, y a recomponerse en su territorio luego. Sus posibilidades reales de legitimación iban a contrapelo de su desnacionalización, consolidada en el imaginario  popular tras el fracaso de la Brigada 2506. Por tanto, su conformación ocurre desde una posición disociada del poder y duplicada en su ámbito de actuación, fijando así un conflicto que ha trascendido las fronteras nacionales, de efecto centrípeto sobre la cosmovisión revolucionaria.

La generalidad de ambos términos —revolucionario/ contrarrevolucionario— condujo a una oposición cada vez más excluyente, y fue «el discurso político el responsable de destacar cada matiz de la confrontación» (Díaz Castañón y Rodríguez Suárez, 2001: 116). Esta estructura dual no autoriza, sin embargo, a forzar demasiado la analogía: si la contrarrevolución quedó definida por el proceso que enfrentaba, la figura del revolucionario conservó cierta autonomía que varió sus contenidos en la medida en que se desarrolló el proceso y se consolidó su participación.

Obviando su azarosa historia y su papel en la política norteña, sin dudas la administración neoconservadora de Reagan y la debacle soviética brindaron a esta contrarrevolución ocasión de rehacerse, a tono con la estrategia imperialista que debió comandar la restauración neoliberal. Algunos elementos de esta recomposición han conformado, con pocas variaciones de sustancia, el núcleo duro de la contrarrevolución cubana actual: a) el entrelazamiento entre la política estadounidense y su agenda de cambio para Cuba, ya se trate de partidarios de un «desmontaje gradual y pacífico del sistema», o de quienes promueven una intervención armada, previo fomento del caos interno por asfixia económica; b) una estrategia global, reformulada como «promoción de la democracia» made in USA, que halló su correlato interno en dispersos «grupos defensores de derechos humanos» (que brotaron una década antes), y su sustrato material en organizaciones de nuevo tipo —Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Fundación Nacional para la Democracia (NED)—; c) la base programática de esta democracia es la estereotipación de arreglos institucionales de distribución de poder, y la privatización del espacio público y la sociedad civil, bajo auspicios liberadores del mercado global; d) la «reconciliación nacional» en tanto estrategia de reinserción de esta emigración como actores internos de la vida política nacional; e) un uso creciente del control hegemónico transnacional sobre las plataformas propias de un modelo político-cultural hegemónico, para tipificar una imagen negativa de Cuba (Arboleya, 1999).

Esta síntesis no apunta hacia la heterogénea comunidad de emigrados cubanos, ni agota el espectro de una disidencia de al menos tres generaciones coexistentes, surgidas en contextos bien disímiles. Sus modos de actuación y de interpelar al gobierno cubano, sus identidades, propuestas, fines y alcance social hacen del binarismo tradicional una criba demasiado gruesa. Si como categoría analítica es poco pertinente, como terminología ideológica puede conducir a efectos políticos contraproducentes (Hernández, 2021b).

Sin embargo, el elemento actualmente decisivo sobre el uso distorsionado de la oposición entre revolucionarios y contras, sobre la eficacia y significados de la actuación política que la sostiene, son los cambios ocurridos en la sociedad cubana, en las relaciones entre el poder político y la sociedad, en las condiciones que legitiman la intervención política hoy. Tales cambios, por fuerza, han afectado el lugar y funciones del disenso en la Cuba actual.

Crisis, reforma y desigualdades

La crisis de los años 90 modificó radicalmente el patrón igualitario alcanzado en décadas anteriores por la sociedad cubana. Dio lugar a un conjunto de reajustes económicos, políticos e ideológicos, encaminados a superar la coyuntura, a reinsertar al país en el mercado internacional, y a enfrentar la exacerbada hostilidad estadounidense.

A despecho de la voluntad política del gobierno revolucionario de mediar sobre los efectos sociales de la crisis (garantía de derechos no mercantilizados y de políticas sociales universales), tales condiciones cambiaron la sociedad cubana y redimensionaron el poder político y su cuerpo institucional. Destaco algunos de estos impactos:

  • Pérdida de legitimación teórica e ideológica, resultado de la debacle de la alternativa sistémica al capitalismo y del marxismo a su hechura, que alteró los fundamentos ideológicos del Estado (por ejemplo, la Constitución reformada de 1992).
  • Redistribución del poder económico, a raíz de la introducción de mecanismos dinamizadores (iniciativa privada, capital extranjero y dispositivos de mercado), vinculada al retraimiento de las capacidades del Estado sobre las relaciones económicas y para atender las demandas sociales.
  • Limitaciones de las instituciones políticas para «representar los intereses de los distintos grupos y sectores, controlar los comportamientos y socializar pautas y valores» (Valdés Paz, 2009: 138), debido a la depauperación de las condiciones sociales de vida, el aumento de las desigualdades sociales respecto al acceso y consumo de bienes y servicios, y a la diversificación de actores sociales (137-8).

La erosión de la base social de la Revolución, la ampliación de los márgenes de disenso y la proliferación de demandas de cambios económicos, jurídicos y políticos han sido fenómenos en ascenso. A la postre, la sucesión de distintas crisis y las breves recuperaciones económicas han dado lugar a la transformación de las medidas paliativas de 1993-1996 en una estrategia de reformas dirigida hacia un modelo de desarrollo económico y social «mixto», y que ha sostenido un patrón de mayor desigualdad social.

Los cambios sociales acumulados durante tres décadas condicionan hoy la efectividad de políticas públicas, cuyo carácter universal ha sido poco sensible a una sociedad más desigual y diferenciada. Tales cambios pueden resumirse en:

  1. una estructura demográfica congelada y envejecida;
  2. la convivencia de siete generaciones políticas, las tres últimas marcadas por experiencias de crisis socioeconómicas sucesivas;
  3. una composición socioclasista modificada: ascenso de un sector campesino y de una burguesía mercantil urbana; estructura ocupacional marcada por un creciente sector privado; estatus social en función de la autoridad, la propiedad y los ingresos; patrón de desigualdad duplicado (mayor empobrecimiento y marginación) (Bertot y Guanche, 2021).

El éxito de las reformas económicas depende de fomentar condiciones sociales y políticas. Se ha advertido, en sus ejes fundamentales, un posible tránsito desde un modelo estadocéntrico hacia un socialismo afincado en la sociedad: descentralización de la toma de decisiones, expansión del sector no estatal, sujeción del poder discrecional de la burocracia y modificación del peso y el lugar de la ley en las políticas (Hernández et al., 2013). Sin embargo, la transición que se propone ha estado supeditada a su accidentada y lenta implementación, a la carencia de controles sobre el ritmo y eficacia de su ejecución, y de mecanismos complementarios sobre sus medidas. En rigor, las reformas han carecido de una agenda social sistemática que esté enfocada en el problema de las desigualdades y el empobrecimiento;[2] así como de capacidad para superar las distorsiones de la economía, en tanto fuentes para reelaborar un consenso tan contradictorio y fragmentado hoy.

Las diferencias sociales se han estructurado en el país y han pasado a ser un elemento disruptivo sobre una unidad nacional que sostuvo la estabilidad sobre la base de prácticas y políticas justas e igualitarias. Como muestran los eventos traumáticos de San Isidro, el 27N y el 11J, las diferencias y desigualdades realmente existentes han quebrado los moldes ideológicos dominantes y promovido un amplio repertorio de discursos y acciones que expresan los cambios sociales ocurridos, y presionan por constituirse a nivel político.

Auscultar el panorama político actual

Una sociedad más desigual y diferenciada que en las últimas seis décadas ha conformado una compleja gramática política que resulta ilegible desde un prisma binario. La propia Constitución de 2019 sirvió de barómetro sobre las ideas-fuerzas que se dirimen hoy en la sociedad cubana, y consagró, de hecho y derecho, la discrepancia respecto al orden establecido. La inédita dinámica social que desató ha cambiado los marcos para concebir y ejercer la política; toda vez que promover mayor igualdad y redistribución de poder pasa por la disputa de un Estado socialista de derecho consistente con dicha meta.

Al calor de este clima político, se han propuesto inventarios sobre elementos que sostienen cierta «naturalización del disentimiento» que ha acompañado las reformas. La desconcentración institucional de la reproducción de ideas y la porosidad de fronteras políticas que realizan las redes y medios digitales de alcance transnacional son decisivos. Al pluralizar fuentes  de información  y recolocar problemas y debates, reelaboran afinidades, pertenencias y discrepancias de una esfera pública que no se sujeta a ortopedia administrativa alguna. Tales condiciones evidencian, además, la riqueza de una cultura política de izquierda fraguada durante años. Un amplio registro de concepciones y propuestas acerca del socialismo —sobre fines y rutas del proyecto cubano de sociedad— rebasa no solo el actual entramado institucional y jurídico, sino las normas cívicas existentes.[3] Si incide sobre miradas y actitudes acerca del presente y modos de imaginar el futuro, tampoco asume nuestro pasado histórico como algo ya dado, pues su modo de interrogarlo sostiene las diversas posiciones (Hernández, 2021a).

Sin mayores pretensiones analíticas, se han propuesto bocetos para comprender las identidades que pueblan el universo político cubano actual (diáspora incluida), algunos limitados a lo que llaman la «nueva izquierda». Se trata de descripciones que tipifican tendencias ideológicas a partir de valores e ideas, plataformas públicas de interpelación y agendas de cambio, y en función de su vínculo con las estructuras de poder (Dilla, 2014; Chaguaceda, 2015; Prieto Samsónov, 2019).

Dos grandes polos de disímil raigambre histórica y cultural, tienden a subordinar orientaciones ideológicas comúnmente entendidas como de izquierda o derecha. Sin implicación necesaria, ambos dan cuenta, unidos o por separado, de la polarización de posiciones propia del ámbito político nacional. El primer antagonismo indica el modo de entender el interés nacional, la soberanía y la autodeterminación de la nación y, por tanto, las actitudes frente a la política estadounidense contra Cuba. El segundo parteaguas es el reconocimiento del gobierno cubano como interlocutor legítimo para promover los cambios que el país necesita, con disímiles apreciaciones sobre la índole de tales cambios y del sistema imperante. Si el primero engloba disposiciones y conductas mayoritarias de cubanos de una y otra orilla, el segundo alude a posiciones que impugnan la capacidad y legitimidad de la agencia estatal y partidista para enrumbar el proyecto cubano de sociedad.

Si tales antagonismos actúan como núcleos de adhesiones políticas e ideológicas, no por ello reducen la variedad del panorama político actual. Grosso modo, esta diversidad puede ser remitida al problema de la democratización del sistema, a condición de extenderlo a todos los ámbitos donde imperan relaciones desiguales, no sujetas a normas y controles colectivos. En Cuba, este problema es asumido hoy desde concepciones liberales, republicanas, participativas, deliberativas, comunitarias. La diversidad en torno a un marco tan amplio de contenidos y relaciones permite dar cuenta de aparentes solapamientos conceptuales como de oposiciones ficticias, cuyo discernimiento rebasa el ámbito discursivo.

Sin ánimo de ser exhaustivo, distingo dos campos de relaciones mutuamente dependientes. Uno es la centralización de atribuciones y recursos del sistema, que entrelaza dimensiones políticas y económicas de redistribución de poder y desestatalización de la propiedad social. En una economía de amplio predominio estatal, la descentralización que las reformas promueven solo puede ser efectiva mediante una horizontalización de las estructuras estatales y del proceso de toma y control de decisiones (por trabajadores y ciudadanos), garantizado por un entorno jurídico e institucional adecuado. Concierne a maneras de entender y gestionar un sector público predominante y sus vínculos con sectores privados, cooperativos, comunitarios, así como con la inversión extranjera. Además, se trata de renovar la planificación y regular el mercado, pero también del comportamiento y diseño de las instituciones políticas, de la autonomía de los órganos locales de gobierno, control de la burocracia por instancias representativas y deliberativas, fomentar formas y mecanismos de cogestión y autoorganización, y de una información pública pertinente.

El otro campo conjuga relaciones desiguales que se atienen a la diversidad social; o sea, demandas de inclusión y reconocimiento de las diferencias, de legitimación de la diversidad social como ruta para enfrentar desigualdades y discriminaciones. Cubre un amplio abanico de relaciones que actúan en redes de dominación: raciales, de género, sexuales, generacionales, territoriales, familiares, religiosas, ambientales, comunitarias. Al tiempo que la demanda de derechos constitucionales recompone el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, contrasta el desgaste entre los órganos de poder instituidos y el pluralismo social, político y organizativo de tales reclamos por igualdad de oportunidades y posibilidades de realización.

Posiciones y grupos tan disímiles promueven el papel de las ideas como fuerzas de movilización política en coyunturas de cambio. Sus modos de interpelar al poder político y a la sociedad hacen también necesario problematizar los sentidos y alcances de las funciones que desempeñan en una transición tan incierta. La legitimidad de tales funciones puede ser interrogada por aquello que reivindican. ¿En qué medida representan a la sociedad cubana en su pluralidad y diversidad, o bien a movimientos arraigados en sectores de la sociedad civil cubana, o a grupos sociales en desventaja?

¿Representan una alternativa sustentada en el interés nacional frente a los males y deficiencias del sistema? Mientras se dio por sentada la validez universal de un modelo de socialismo, parecía excusado discutir los fines de nuestro proyecto de sociedad. Se trataba de ventilar los medios más adecuados para la altura o profundidad de las metas, o para sortear obstáculos en la ruta trazada. En ausencia de tal certidumbre, debatir y consensuar a dónde deseamos y podemos llegar en nuestras actuales condiciones es hoy una cuestión política crucial, por causa, y no a pesar, de nuestras urgencias económicas y sociales.


Notas:

[1] Sin menoscabo alguno de las múltiples implicaciones para Cuba. En el sentido que aquí interesa, los logros de tales procesos y sus posibles implicaciones nacionales han sido tratados por J. A. Fernández Estrada y J. C. Guanche (2008) y Guanche (2013b).

[2] Durante el breve intervalo de la Batalla de Ideas se ensayaron formas de intervención social sobre sectores marginales y empobrecidos que no fueron institucionalizadas.

[3] El llamado debate sobre el centrismo, en torno a la función y fines de la plataforma digital Cuba Posible (2017), ha sido arquetipo de un modo de operar propio de medios estatales o afines para producir antagonismos en lugar de promover consensos. Sin el alcance punitivo de campañas anteriores (Caso CEA), ha revitalizado y multiplicado efectos de una cultura de trincheras que obstaculiza hoy el alcance de soluciones compartidas a los problemas comunes de la sociedad (Cuba Posible, 2017).

Referencias:

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Anderson, P. (2008) Spectrum. De la izquierda a la derecha en el mundo de las ideas. Madrid: Akal.

Arboleya, J. (1999) «Una aproximación conceptual al fenómeno contrarrevolucionario cubano». Temas, n. 16-17, octubre-junio, 94-103. Disponible en <https://bit.ly/3jUNgdp> [consulta: 18 febrero 2022].

Badiou, A., Milner, J. C., Petit, P., y Pons, H. (2014) Controversia: diálogo sobre la política y la filosofía de nuestro tiempo. Buenos Aires: Edhasa.

Bertot, H. y Guanche, J. C. (2021) «Del socialismo de Estado a la República socialista. Entrevista a Juan Valdés Paz». Voces cubanas (serie). OnCubaNews, 10 agosto. Disponible en <https://bit. ly/3gDbFCQ> [consulta: 11 febrero 2022].

Bourdieu, P., Caron, N. y Poupeau, F. (2001) El campo político. La Paz: Plural Editores.

Chaguaceda, A. (2015) «Intelectuales, izquierda (s) y poder en Cuba: Oteando el horizonte en tiempos de cambio». Cuban Studies, v. 43, 151-68.

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Usallán, L. (2001) Las dos caras de la subversión: la formación del «re» y el «contra» (Cuba 1959-1962). Tesis de grado. Universidad de La Habana.

Valdés Paz, J. V. (2009) El espacio y el límite: estudios sobre el sistema político cubano. La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural «Juan Marinello».

 

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