Pospopulismo y derecha radical en el Ecuador del siglo XXI

Octubre 2019: la más grande movilización popular del siglo xxi asfixia al poder político. El presidente Lenín Moreno (2017-2021) abandona la capital y se refugia en Guayaquil, tras denunciar un intento golpista y ratificar el retiro de subsidios a los combustibles. Dicha medida, estipulada en los acuerdos de marzo 2019 con el FMI (80-3), disparó automáticamente la protesta del año siguiente. Desde inicios de los 80, con la crisis de la deuda externa y la presión para recortar el gasto público, todos los gobiernos contemplaron eliminar aquellos subsidios, pero recularon ante la posibilidad de desborde social. Paradójicamente, un gobierno electo para preservar el lugar del Estado en la economía —Moreno fue ungido por Rafael Correa como su sucesor en la Revolución Ciudadana (RC)— terminó por liberalizar el precio de los combustibles. Se trataba de una decisión largamente esperada por las elites y los representantes locales de la ortodoxia fiscalista y la austeridad pública.

Bajo estado de excepción, los/as manifestantes soportaron el más grande dispositivo represivo[1] que pueda recordar un país que vivió tres caídas presidenciales (1997, 2000, 2005), sin apenas derramamientos de sangre. La convergencia entre el movimiento indígena, transportistas, trabajadores, feministas, ecologistas, estudiantes, empleados/as públicos/as, desempleados/as y la izquierda partidaria, no había tomado cuerpo en lo que iba del siglo. La masividad del Paro Nacional sorprendió a sus propios protagonistas y reinstaló la crítica antineoliberal en el centro de la contienda (Ramírez Gallegos, 2020).

La protesta finalizó con un cara-a-cara entre las organizaciones indígenas, protagonistas mayores dela protesta, y representantes del Estado. El gobierno concedió, de modo perentorio, el retiro del Decreto 883/2019 (Gestión Digital, 2019) que elevaba el precio de los combustibles, pero ratificó a los/as ministros que condujeron la represión y dio continuidad al acuerdo con el FMI. Solo una de las tres demandas planteadas por los/as movilizados/as fue, aparentemente, atendida. Aun así la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) celebró las resoluciones como una victoria popular. En los días posteriores, el gobierno defendió la continuidad de la agenda ortodoxa y reforzó la arremetida judicial y las detenciones contra líderes indígenas y dirigentes de la RC. Ni su confluencia en las calles ni la común crítica al autoritarismo neoliberal pudo, sin embargo, propiciar el acercamiento entre ambos sectores —los más significativos de la izquierda nacional— en medio del vertiginoso encumbramiento de los intereses empresariales.

Ambas dinámicas, radicalización de la derecha y fragmentación del campo popular, atrapan la actualidad de la lucha política nacional. Una y otra son incomprensibles, no obstante, sin observar los reposicionamientos, confluencias y conflictos suscitados durante el mandato de la RC y en el curso de la «descorreización» ejecutada por Moreno. ¿Cómo la experiencia gubernativa del populismo de izquierdas empujó la vigente radicalidad de las derechas? ¿Hasta qué punto el gobierno de Guillermo Lasso (2021) está atravesado por tal espíritu? Tales cuestiones organizan este análisis.

Breve nota conceptual

En años recientes, abunda la literatura sobre las transformaciones de las derechas a nivel global. En la región, aun si la crisis de las izquierdas no ha tomado la forma de un cabal movimiento pendular hacia la otra orilla, también ha crecido el interés por sus recientes despliegues. El incierto escenario pospopulista aparece atravesado por la resiliencia de estas fuerzas (Luna y Rovira, 2014), por sus audaces reconfiguraciones o por sus intervenciones —límite para evitar el retorno al «pasado bolivariano». Si el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil se muestra como trágica evidencia de los cambios extremos de las derechas latinoamericanas, el golpe y la violencia desatada contra el Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano, en 2019, hablan de la exasperación de estas ante la animadversión de las urnas. No en vano las lecturas contemporáneas sobre tales dinámicas recuperan debates sobre el neofascismo (Ramírez Gallegos, 2019) o las derechas (populistas) radicales (Zanotti y Roberts, 2021), al costado de problemáticas menos visitadas, como la expansión de una derecha contracultural (Stefanoni, 2021).

La idea de una radicalización de la derecha ecuatoriana dialoga con estos trabajos desde la reconstrucción del antagonismo político de este sector con la RC y, en lo posterior, de su desenvolvimiento como agente de gobierno tras dos décadas de derrotas electorales sucesivas. Así, tal radicalización emerge en un punto dado dentro de la oposición al correísmo y como legado histórico de su eventual superación. Se asume, entonces, que: a) la confrontación al «populismo neodesarrollista» no siempre asumió formas extremas; y, b) la radicalización se despliega de modo escalonado en diversas arenas sociales y políticas, pero tiende a acelerarse una vez que desemboca en el control del poder político. En términos teóricos, la noción de radicalización refiere a procesos políticos que suponen, al tiempo, la defensa intransigente de marcos ideológicos rígidos (partidos programáticos), la intensificación de ciertas preferencias, la valoración puramente instrumental de las vías para obtenerlas, la proclividad a desconocer adversarios, y la ampliación de esferas de intervención política (Pérez-Liñán, 2016; Duque, 2019).

Irrupción popular y cambio estatal

El acceso de Correa y su movimiento (Alianza País —AP) al poder, en 2007, se produjo en medio de la crisis hegemónica del bloque que impulsó la liberalización económica desde los años 80. Aún, a pesar de las reformas constitucionales que en 1998 intentaron relegitimar al proyecto neoliberal, las sucesivas caídas presidenciales de fin de siglo señalaban hasta qué punto las elites y partidos dominantes, desde la transición democrática (1978-1979), habían perdido capacidad de dominio del conjunto social. Desde el primer levantamiento indígena de 1990, la movilización popular se intensificó y participó activamente en el desgaste de las derechas «noventistas». Tal dinámica contenciosa abrió, no obstante, espacios de negociación que concedieron garantías, ventajas o nichos de representación corporativa a los sectores populares. La relativa permeabilidad del Estado neoliberal era la contracara del cierre de la tecnocracia financiera a la influencia democrática, en ámbitos neurálgicos para la agenda promercado (Chávez, 2020). Antes de la aparición de Correa, el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005) fue el último intento del sistema político para conciliar los intereses de la gran banca, de los militares y de diversas organizaciones populares. Gutiérrez llegó al poder en alianza con Pachakutik, brazo electoral del movimiento indígena, y el Movimiento Popular Democrático (MPD)[2] —las dos fuerzas más visibles de la izquierda para entonces—, pero terminó rehén del capital financiero. En 2005, una inédita movilización ciudadana, ajena a las expresiones clásicas del campo popular, derrocó al coronel. El prestigio del movimiento indígena quedó herido. La agenda de reformas estructurales estaba asfixiada.

El agotamiento de los actores centrales del conflicto político activado desde los 90 —la derecha tradicional y el movimiento indígena— facilitó el ascenso de Correa y AP en medio del carrusel electoral abierto con la convocatoria a la Constituyente (2007-2008). En la moderna historia democrática, ninguna fuerza había sostenido tan altos niveles de respaldo popular: reelecciones presidenciales sin balotaje, sucesivas mayorías parlamentarias y nacionalización de la representación. Semejante legitimidad electoral operó siempre como recurso democrático para que la RC se colocara por encima de grupos económicos y fuerzas políticas y sociales con capacidad de veto. Diversas reformas institucionales reforzaron, al tiempo, el desacoplamiento entre intereses privados y acción pública. Una coyuntura de autonomía relativa del poder político viabilizó entonces el desmonte del núcleo duro de la agenda del Consenso de Washington y la reconstrucción de las capacidades de planificación del desarrollo, regulación de los mercados y redistribución del acumulado social. La implantación neodesarrollista del Estado tomaba cuerpo, mientras la nueva clase gobernante asumía que garantizar los intereses generales exigía evitar la captura institucional por parte de los intereses particulares. Tal descorporativización del Estado se acompañaba de un decisionismo presidencial poco propenso a la negociación y al intercambio político. La matriz estatal heredera del «neoliberalismo multicultural» entraba en crisis.

En medio del auge de AP, la principal fuerza de la derecha —el Partido Social Cristiano (PSC)— perdió representatividad nacional y quedó acantonada en Guayaquil, ciudad más poblada del país. Jaime Nebot, alcalde de dicha urbe y líder histórico de la tendencia, supo erigirse como portavoz de la insatisfacción de las elites frente a un régimen de acumulación calificado de estadocéntrico, centralista y poco amigable con los mercados. Dicho malestar no tomó la forma, sin embargo, de un conflicto nacional frente a la RC. Nebot procuró, más bien, resguardar las bases de su modelo local de administración: un reducido aparato municipal sostenido en alianzas con corporaciones privadas y fundaciones para proveer mínimos servicios públicos, ordenar el espacio urbano y garantizar seguridad a las elites (Allan, 2009). La defensa de la autonomía del poder local fue la consigna inamovible del alcalde en su resistencia contra los «excesos del centralismo». La buena evaluación de su gestión le permitió reelegirse sucesivamente (gobernó entre 2000 y 2019), mientras AP se asentaba en el puerto principal. Durante una década, el electorado guayaquileño votó entonces, a la vez, por Correa y por Nebot, forjando una insólita cohabitación política no exenta de tensiones. La decisión del PSC de no inscribir candidaturas presidenciales, en 2009 y 2013, revelaba la virtual entente entre ambos líderes respecto al alcance de sus ámbitos de predominio territorial.

El sigilo de Nebot no era endosable a su entorno. Desde inicios del ciclo progresista, grupos económicos, cámaras empresariales y medios de comunicación abrieron fuego contra la apuesta refundacional, la retórica socialista y la visión estatal-nacionalista del desarrollo de la RC. La debilidad de las derechas en la Constituyente incentivó su mayor agitación extrainstitucional. En posteriores legislaturas[3] sucedió otro tanto. Con representación partidaria menguada, un ejecutivo reacio a la conciliación, y una reforma estatal descorporativizadora, las elites y las derechas estuvieron alejadas de las redes de decisión que siempre vieron como sus dominios naturales. Para los grupos económicos, en efecto, el gobierno de Correa fue mucho más acuciante por provocar su extrañamiento del poder que por una pérdida de sus ventajas estructurales de acumulación (Chiasson-Lebel, 2016).

Derechas ampliadas

El 30 de septiembre (30-S) de 2010 estalló una oscura protesta policial que reordenó la lucha política en el Ecuador de la RC. El motín impugnaba la Ley Orgánica de Servicio Público (de 6 de octubre de 2010) que, entre otros aspectos, planteaba reordenar categorías laborales en el Estado, reducir poderes gremiales y recortar prebendas a las fuerzas del orden. Mientras el gobierno denunciaba un golpe en ciernes, el gremio docente del MPD llamaba a la movilización, ciertos sectores del movimiento indígena se solidarizaban con la revuelta y asambleístas de la derecha celebraban los sucesos y pedían amnistiar a los sublevados (Stoessel, 2013). Para R. Quintero y E. Silva (2010), el putsch puso a prueba una coalición entre derechas y corporativismo (popular) contra la reforma estatal en curso. Como fuere, hacia adelante la polarización se intensificó y la judicialización del conflicto ganó terreno.

La querella entre Correa y los amotinados fue significada, en la derecha y más allá, como un abuso de poder de un presidente con largo control sobre las funciones del Estado y baja tolerancia a la crítica pública. Un marco antiautoritario tomó, entonces, protagonismo en el discurso público de las elites, al costado de sus denuncias contra el estatismo y el recorte de las libertades de mercado. La «lucha democrática» permitía mostrar cierta renovación en las narrativas de la derecha criolla. Si tal cuestión tuvo un lugar todavía secundario en la campaña con que la derecha tradicional volvió a la disputa electoral en 2013 —primera candidatura de Guillermo Lasso—, la tentativa de Correa, en 2015, de reformar la Constitución para habilitar la reelección indefinida, permitió hacer de la «defensa de la democracia» un objeto mayor de movilización. El habitual despliegue cupular de la derecha lucía insuficiente: los llamados a movilización dieron visibilidad a diversos frentes civiles y partidarios opuestos a la «concentración de poderes», y evidenciaron su voluntad de incluir a más amplios sectores en su espacio político. La explícita batalla en (por) la sociedad civil ampliaba la comprensión de lo político en las derechas. Aquella era invocada, a la vez, como fuente de resistencia al populismo autoritario y como espacio de resolución de problemas que el «Estado adiposo» no conseguía tramitar. Tras el terremoto de 2016, emergió la tesis libertaria de que la solidaridad social debía sustituir al Estado en la gestión de la catástrofe.

Sobre la base de la extensión de sus esferas y discursos, las derechas lideraron el miniciclo contencioso 2015-2017. El punto más alto de su despliegue fue la movilización contra «los impuestos marxistas» que Correa pretendió colocar, en 2015, a las grandes herencias y a la especulación inmobiliaria. Bajo la consigna «con mi familia no te metas» —usada también por grupos provida—, las elites hicieron una potente demostración de fuerza callejera que, aunada a la aceleración de la expatriación de divisas, terminaron por doblegar al presidente. El rechazo a toda idea de igualdad, la defensa de los patrimonios familiares y el ataque al Estado redistribuidor (y corrupto) articularon a sectores clasemedieros y populares en la disputa contra una medida que afectaba al 2% más rico de la población. En medio del conflicto, una caravana de autos de alta gama y banderas negras en sus ventanas pretendió emboscar a Correa. Si la RC se presentaba como su objeto predilecto de odio, eran ya inocultables los símbolos de un antiprogresismo extremo entre los circuitos movilizados. La formación de un «contrapúblico ultraliberal» (Rocha, 2019), asociado a la nutrida presencia en medios y redes sociales de economistas ortodoxos y voces contrarias a cualquier noción de un Estado reparador, fue un legado de la coyuntura. La implicación de cierta izquierda y algunas organizaciones sociales en la protesta ocultó que tras el «frente antipopulista» se erguía una inflexión radical de la derecha.

La campaña de 2017, con Lasso otra vez como candidato, encontró a la derecha en un vaivén entre batalla ideológica y cruzada moral. El ataque al Estado popular-redistributivo excedía la lectura liberal clásica. Años atrás, la Fundación Ecuador Libre[4] —un tanque de pensamiento presidido por Lasso— expandió la impregnación de ideas libertarias en el debate público de la mano de un club de cultivados jóvenes profesionales que rodean hasta el día de hoy al híperconservador banquero y supernumerario del Opus Dei. Desde esa amalgama de ideas, el candidato retomó el guion regional contra el «comunismo» y encuadró la contienda como si su rival fuese Nicolás Maduro. Una gramática moral se levantó, a la vez, prometiendo sanear al país de la «corrupción populista». El correísmo se presentaba como el mal público que debía ser extirpado. La virulencia de la campaña no tenía precedentes. Entre la maquinaria mediática oficialista, la red de medios privados (convencionales y digitales) y el despliegue a todo vapor de la web 2.0, el país despertó cada día con nuevas denuncias y escándalos que configuraron un escenario de guerra abierta. Un enjambre de medios digitales, asociados a la resonancia ultraliberal, hicieron su estreno en esos días, sin no poco impacto.[5]

Además del retiro del proyecto de tasar las herencias, la movilización de las elites también condicionó el abandono de la reelección indefinida y la designación de Moreno como candidato de AP. Así, en medio del pertinaz ataque a las políticas redistributivas, se cerró toda opción de sucesión por izquierdas en la RC. Lenín Moreno siempre se mostró como una figura conciliadora, y en campaña se confesó distante del programa posneoliberal de su movimiento. Aun así, no pudo imponerse en primera vuelta. En el balotaje, incluso Pachakutik y el MPD se pronunciaron por el banquero. El anticorreísmo se tornaba en una identidad colectiva labrada a instancias del activismo de las derechas. Su relato ensamblaba la crítica a la corrupción en altas esferas gubernativas, y en particular a la conducta ímproba del candidato a vicepresidente, Jorge Glas, al control presidencial de las instituciones democráticas y a los excesos del estatismo revolucionario.

Lasso retomaba tales tesis en un guion más abiertamente ortodoxo. Para el segundo turno, no obstante, debió retirar sus tesis más agresivas (zonas francas de salud). El persistente acuerdo ciudadano con el dinamismo del Estado social no facilitaba el aterrizaje de cualquier idea promercado. Aunque su crecimiento fue exponencial (de 28 a 49 puntos entre las dos vueltas), fue derrotado por una estrecha diferencia. Inmediatamente denunció fraude —con pruebas inconsistentes o inexistentes— y llamó a la movilización. Quito se paralizó por varios días. Ni la apertura de las urnas ni los informes de observadores internacionales lo persuadieron sobre la idoneidad del proceso. Lasso nunca reconoció su derrota; más bien su militancia intensificó discursos de odio contra la RC. El desprecio de la voluntad popular encendió las alarmas democráticas.

Captura gubernativa y radicalización originaria

La tesis del fraude debilitó, de entrada, a Moreno. Para revertir tal escenario, el nuevo presidente asumió que debía dialogar con adversarios y romper con su antecesor. Las demandas de la derecha modelaron así el súbito giro neoliberal del gobierno. A cambio de su apoyo, las elites exigieron a Moreno «descorreizar» el Estado. La activación del aparato mediático- judicial para erosionar el prestigio de la RC y acosar al expresidente y a otras figuras de su entorno se complementó con la virtual proscripción del correísmo como organización electoral. No se trataba, apenas, de reducir la influencia estatal de Correa, ni de procesar sospechosos por mal uso de fondos públicos —Glas fue destituido y apresado—, sino de poner fin a la RC como sujeto político.

La cruzada contra la corrupción habilitaba todo. En el camino, la justeza de los procesos fue avasallada. Doblegar un enemigo tan poderoso autorizaba instrumentalizar las instituciones. Convocada, precisamente, sin apego a derecho (OEA, 2018), la Consulta Popular de 2018 legitimó el embate al populismo correísta. Quedaron autorizadas así diversas reformas institucionales que permitieron destituir a autoridades estatales electas bajo eventual influencia de Correa. Se anularon también algunas de sus decisiones emblemáticas (tasas a la plusvalía). Los funcionarios cesados fueron reemplazados por figuras anticorreístas de todo signo (dirigencia empresarial, indígena, etc.). Desde entonces, la derecha y los grupos económicos blindaron a Moreno y pasaron a ocupar cargos centrales de su gabinete.

Capturado el poder institucional y con el ejecutivo bajo control, la derecha exacerbó sus expectativas y retomó una serie de reformas pospuestas desde el auge de los «Chicago boys» criollos, entre 1992 y 1996. La Ley Orgánica para el Fomento Productivo… (de 21 de agosto 2018) es un sofisticado y agresivo instrumento para reencuadrar la sociedad de mercado: sancionó la austeridad, facilitó una enorme apropiación de rentas a grupos económicos (vía amnistías tributarias) y desmontó los instrumentos maestros del Estado desarrollista-distributivo. En 2019, la firma del acuerdo con el FMI —que no pasó por el legislativo y fue solo discutida con el empresariado— vigorizó la política ortodoxa. Aprovechando el aterrizaje de la COVID-19 y el obligatorio confinamiento, se liberalizaron, además, los precios de los combustibles —medida neutralizada con la protesta de octubre 2019— y se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (de 19 de junio de 2020), que redobla el poder de los empleadores y la precarización del trabajo. El recurso gubernativo de gestionar la pandemia bajo estado de excepción permanente, facilitó la gestión autoritaria de la protesta, siempre enmarcada como tentativa de desestabilización correísta. Paradójicamente, la RC concentró sus energías en sobrevivir como organización electoral y no tuvo músculo para la acción callejera. El acoso judicial al movimiento ha conseguido dar forma política al miedo. El impacto de la pandemia en las comunidades desmovilizó también a las organizaciones indígenas (Dávalos, 2021).

Ni el pico de pandemia detuvo entonces el trayecto reformista: mientras los hospitales públicos colapsaban, se anticipó pago de deuda externa y prosiguieron los recortes de burocracia y la reducción de presupuestos. Ecuador es uno de los países de América Latina que menos protegió (menos de 1% del PIB) a su población en medio de la catástrofe sanitaria. La austeridad profundizó la parálisis económica, la exclusión social y el padecimiento colectivo, a niveles sin precedentes. La crisis fue utilizada, en suma, como punto de apoyo para el hundimiento del Estado social y la materialización de los más caros intereses de las elites. Naomi Klein (2007) habla de doctrina del shock cuando los desastres colectivos son usados para apalancar reformas favorables a los poderosos, a las grandes corporaciones y a la profundización de la desigualdad.

Moreno cerró su mandato con el más bajo apoyo popular que se recuerde en el vigente ciclo democrático (1979-2021). A diferencia de otros presidentes ilegítimos, sin embargo, logró culminar el período para el que fue electo. Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) fueron depuestos en circunstancias de fuerte movilización social, fracturas entre las elites y pérdida de apoyo militar (y de la embajada de los Estados Unidos). La cohesión sin precedentes de las clases dominantes, así como el alineamiento en su favor de los otros factores de poder real (las fuerzas armadas, los medios, los Estados Unidos), permitieron el normal cierre del ciclo gubernativo de Moreno, a pesar de su pleno desanclaje de la voluntad popular. Tal desacoplamiento aludía no solo a un mandato cuyo programa tomó una dirección diametralmente contraria al programa por el que fue electo —neoliberalism by surprise—, sino al hecho de que una vez que rompiera con la RC, dejó de responder a cualquier lógica de legitimación y de control democráticos.

Al abandonar toda pertenencia a una organización política competitiva, y habiendo quedado descartado tempranamente de la posibilidad de relegirse, el presidente pasó a operar sin ningún incentivo de responder a las más amplias demandas populares. De este modo, divorciado de toda intermediación democrática con el conjunto social, el poder ejecutivo podía asumir sin reparos los costos políticos de la brutal implantación del proyecto de quienes, efectivamente, controlaban el poder. El reconocimiento y la protección de las elites era todo a lo que Moreno aspiraba con dicho intercambio.

La desconexión entre el poder presidencial y los intereses de las mayorías produjo, entonces, el escenario que encumbró a la derecha. Su radicalización originaria proviene así de un proceso político en que, tras la crisis hegemónica del populismo redistributivo y para evitar por todos los medios su recomposición, el voto ciudadano es violentamente disociado del ejercicio gubernativo que el soberano supo autorizar. Mientras el discurso anticorrupción quiso operar como mecanismo de legitimación de dicha disociación, la conversión del anticorreísmo, en coalición legislativa, dio a Moreno la gobernabilidad perdida tras la ruptura con su antecesor. La elección de Lasso (abril 2021) confirmaba que la derecha y las elites eludieron, en gran parte, los costos de la aplicación de su proyecto en el cuatrienio previo. Se abría, además, la pregunta de si, al reestablecer el vínculo democrático con la sociedad, proseguiría su previa trayectoria de radicalización.

La republiqueta libertaria

En su toma de mando, el nuevo presidente insistió en la defensa de las libertades individuales y el equilibrio de poderes. Restaurar la república fue su promesa mayor. Pocos días antes, sin embargo, Nebot admitía que sectores de la derecha y el empresariado preparaban un golpe si triunfaba la RC en el balotaje.[6]Si el entorno de tales revelaciones era el fin de la alianza entre el PSC y el gobierno, el trasfondo del asunto remite al nexo instrumental de las elites con la democracia y a la negativa a reconocer al populismo de izquierdas como adversario legítimo. Lasso nunca aceptó su derrota en 2017.

La primera derrota presidencial del correísmo en quince años encumbró a Lasso al podio de los próceres antipopulistas. La ruidosa aclamación de elites y grandes medios hizo olvidar al presidente que solo fue votado por 20% del electorado (primer turno) y que su bancada ocupa menos de 10% de la Asamblea. Al sobreestimar su fuerza democrática, el gobierno pasó a replegarse sobre su espacio y a asumir que eventuales aliados le debían obediencia. El diseño del gabinete dio una primera señal al respecto: su núcleo duro lo conforman sus colaboradores de Ecuador Libre y la vieja derecha democristiana. Ningún espacio relevante recayó sobre otras fuerzas. Del polo libertario surgió el primer megaproyecto del régimen. Entre otros aspectos, tal reforma propone una legislación que desconecta trabajo y derechos: el dogma de la flexibilidad laboral a todo vapor. Los presupuestos de 2022 aceleran, a su vez, austeridad, privatizaciones y pago de deuda. La posibilidad de cierta morigeración programática del ejecutivo, por la extensa presencia legislativa de la centroizquierda (Pachakutik, RC, y otros), quedaba enterrada.

Cuando el presidente acusó a la oposición de conspirar —tras la negativa parlamentaria de tratar su reforma por vicios de procedimiento—, quedaba también en duda su empeño republicano. La asociación automática entre protesta y desestabilización —ha recurrido incluso a la jerga uribista de «terrorismo»— y la continuidad de la lógica amigo/enemigo —que se extiende de RC al movimiento indígena— confirmaban la clausura del espacio democrático. Tal giro autoritario se hizo inocultable tras el escándalo de los Pandora Papers: mientras Lasso se niega a comparecer ante la Asamblea, la Fiscalía activó querellas contra los parlamentarios que emitieron el informe de control sobre sus opacas operaciones financieras. El resto de instituciones de control guardan perturbador silencio. Al tiempo, el incremento de la inseguridad y una serie de atroces masacres carcelarias, condujeron a Lasso a decretar un estado de excepción, militarizar la vida pública y ofrecer a las fuerzas del orden resguardo estatal especial en caso de que, en el ejercicio de su deber, sean acusadas por violaciones de derechos humanos. Desde el campo popular, tales decisiones fueron leídas (solo) como una reacción ante la creciente protesta. La cuestión, sin embargo, luce más siniestra: mientras se judicializa a la oposición política y a la resistencia social, y se entierra al Estado social, se reactiva el demagógico dispositivo punitivista que procesa con más violencia a quienes ya han sido abatidos por la crisis social y la austeridad recargada. La derecha electa, en suma, prosigue la trayectoria abierta en el ciclo en que gobernó sin autorización popular. Tras la radicalización originaria se abre un tiempo en que una ambivalente legitimidad electoral pretende hacer de un gobierno de minoría, avalado por los poderes fácticos, el solo instrumento de imposición del proyecto refundacional de las clases dominantes. La prioridad coercitiva diluye toda construcción del consenso. Eventuales negociaciones transcurren sobre asuntos periféricos de su programa y con un puñal bajo el cuello de sus interlocutores.

El desconocimiento de adversarios se ensancha de la RC a toda disidencia antineoliberal. ¿Es así como entiende el ultraliberalismo criollo —ahora orquesta oficial y no contrapúblico— la batalla cultural que invoca como principal imperativo de un gobierno empeñado en deshacer las condiciones de reproducción del estatismo populista y sus (vergonzantes) parientes en la izquierda?


Notas:

[1] El saldo de la represión estatal fue de once muertos, más de mil quinientos heridos, mil doscientos detenidos, entre otros.

[2] Expresión electoral del Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano (PCMLE).

[3] En la Convención, la derecha (cuatro partidos) obtuvo solo 25% de los asientos en disputa; en la legislatura 2009-2013, alcanzó 38% de las curules (cuatro partidos), y entre 2013-2017 descendió a 17%.

[4] Parte de la Red Atlas Network que agrupa, a nivel global, a círculos libertarios y derechas extremas.

[5] Si tal fenómeno atraviesa el arco político, ya se han documentado su centralidad en las redes de la derecha radical. El caso brasileño es emblemático al respecto (Machado y Miskolci, 2019).

[6] Véase parte de dicha entrevista en <https://twitter.com/ecuainm_ oficial/status/1394743625519706112>.

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Zanotti, L. y Roberts, K. (2021) «(Aún) la excepción y no la regla: La derecha populista radical en América Latina». Revista Uruguaya de Ciencia Política, v. 30, n. 1, 23-48. Disponible en <http://bit. ly/3GlXw2k> [consulta: 19 enero 2022].

 

 

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