Informatizar versus secretizar: los delgados hilos de la transparencia

Derecho humano, bien público, condición esencial para una administración saludable; fueron estas algunas de las ideas compartidas en el espacio de debate de la revista Temas, Último Jueves, y que tuvo como hilo conductor la polémica Informatizar vs. secretizar.

Sobre los principales obstáculos que enfrenta la eficacia de la informatización y el uso proactivo de la transparencia y la relación entre estos dos procesos abundó el panel integrado por Marta Gloria Morales, Doctora en Ciencias Sociales, politóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, México; Mayra Mena, Doctora en Ciencias de la Información, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana – UH; Martha Ferriol, Máster en Gestión Documental y Administración de Archivos, y Directora General del Archivo Nacional de la República; y Juan Fernández, Asesor del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba; y moderado por Rafael Hernández, politólogo y director de la revista.

A juicio de Martha Gloria, el tema de la informatización tiene que verse dentro del desarrollo tecnológico —que facilita una velocidad extraordinaria de información en todo el mundo—  como una nueva etapa del desarrollo capital y particularmente de la globalización.

Pero “el secretismo está en la medula del poder”. El secreto no es, como suele pensarse, exclusivo de los regímenes autoritarios, si no que es parte de la esencia del poder; por tanto un gobierno que impulsa la transparencia sería la distribución del poder, sean o no gobiernos democráticos. “La democracia también es poder y también guarda secretos, si no cómo nos explicamos la cancelación de asilo político al cabeza de Wikileaks”, reflexionó la politóloga. “Violentar el secreto es distribuir el poder y la democracia burguesa no se propone eso”, explicó.

En su opinión el “secreto’ está fundado en dos grandes argumentos sólidos: el secreto a mi enemigo porque estamos en guerra permanente, y el viejo argumento de que los ciudadanos no somos capaces de sobreponernos a los intereses individuales en favor de los intereses colectivos y por lo tanto cierta información se convierte en un "secreto de Estado".

Son temas, dijo la politóloga, esenciales para entender por qué  la transparencia no está asociada con la informatización, que si bien ha llegado a niveles impresionantes no quiere decir ni sociedad del conocimiento ni necesariamente transparencia. “La transparencia es un acto de gobierno, la informatización es una tecnología”, opinó. “Vincular la transparencia con la tecnología es como una especie de trampa; la informatización genera velocidad, herramientas, pero si no hay voluntad de transparentar y abrir puertas no hay transparencia. Tiene que haber una razón política”, insistió.

De acuerdo con Martha Ferriol, “estamos ante la presencia de un interés totalmente marcado en función de la administración del poder”. En Cuba no fue hasta 1900 que se decide abrir el Archivo Nacional, que el próximo 28 de enero cumplirá 180 años de fundado en soporte papel, y no es hasta 1960, con la Ley 714, que se define que toda la documentación que se genera en las instituciones públicas debe ser transferida al Archivo para el estudio y conocimiento de todos, en cuanto a aquella información que va teniendo valor histórico.

Según explicó la directora del Archivo Nacional, las primeras ordenanzas en materia de archivo en la mayor de las Antillas datan del siglo XVI y mandataban que los documentos de la Real Hacienda se preservaran, pero que eran de acceso solo a ciertos funcionarios públicos.

“En esta nueva realidad, con un ambiente digital, toda esa información que se genera se supone debería tener un uso más abierto y ponerla a disposición de terceros; algo que aún no ocurre. Los sistemas institucionales no se han consolidado, y ello representa un obstáculo para que esa administración pública pueda hacer uso más abierto de la información que se genera en las instituciones”, refirió.

 

Cuba: transparencia en los nuevos escenarios socioeconómicos

Juan Fernández insistió en que si bien informatización, etimológicamente, es poner informática y tecnología de la información, no es un proceso que deba mirarse de modo estrecho, porque además depende del contexto en que se lleve a cabo.  “Muchas personas creen que es un proceso tecnológico, pero no es solo eso, y aunque lo fuera no puede obviarse que la creación y aplicación de la tecnología es un proceso social”.

La informatización no opera solamente en este ámbito tecnológico. Ello es evidente en el Plan de desarrollo económico y social hasta el 2030 que el Estado cubano aprobó, donde este se declara como un sector estratégico para el desarrollo del país, entendiendo así que la misión de la informatización en Cuba es lograr que las TIC contribuyan al desarrollo sostenible del país, la calidad de vida de los ciudadanos y a la defensa y la seguridad nacional, enfatizó el asesor del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. “Pero este no es un tema para un ministerio sino que es transversal a todas las empresas e instituciones del país”.

En su opinión, más allá de los significados que en el capitalismo neoliberal se le atribuye a vocablos como transparencia, en el caso de Cuba la mejor manera de evaluar la transparencia informativa es asociarla a qué queremos hacer con ella, para qué nos sirve y eso nos permitiría poner los límites; por ejemplo, la rendición de cuentas al pueblo de cada entidad estatal o privada. “Ahí es donde se convierte en una vía para esa gestión colectiva o social de la información, para ejercer esa función reguladora de la sociedad y solo vista así es que en nuestro ámbito cobra sentido", expresó.

“No debemos perder de vista que la transparencia no funciona en un mundo de inequidad, donde los flujos informativos los controlan los poderosos; no es un ente abstracto: conocemos poco de Google y Google lo sabe todo de nosotros”, ejemplificó.

“Desde el ámbito de la academia y las ciencias de la información, la informatización de la sociedad implica una transformación digital profunda de la administración y en particular de la pública, en tanto supone adecuar los procesos administrativos a una nueva realidad con un impacto social”, comentó la profesora Mayra Mena. Y añadió: “Es una forma de modificar la gestión de la administración, la relación entre la administración y los ciudadanos, utilizando la tecnología”.

Según explicó la doctora en Ciencias de la Información, este proceso está asociado a lo que podríamos llamar modernización de la administración pública, y en coherencia con elementos de la Conceptualización del modelo económico y social cubano, donde se dice que la información es un bien público y un derecho ciudadano, y que necesitamos llegar a tener una administración pública eficaz y eficiente.

“Transparencia informativa desde el ámbito académico para nosotros es, básicamente, acceso a la información”, comentó. Para ella, si se puede asociar ciertos procesos de la administración pública con lo peligroso y dañino que puede ser la opacidad para los procesos de gestión de las administraciones públicas, en las distintas formas que la teoría los  presenta: nueva gestión pública, gobernanza, gobierno electrónico, gobierno abierto, inteligente... “Todos esos procesos de cambio en las formas de gestión de las administraciones también han estado aparejados a la promulgación en más de 120 países de leyes de acceso a la información y la transparencia".

Sin embargo, en tanto documento normativo regulador, no es un cheque en blanco. Estas leyes tienen un principio, y si bien marcan que la regla es el acceso ciudadano a la información de la administración pública, también dicen que el secretismo debiera ser la excepción. Enfatizan que el ciudadano tiene derecho a solicitar información sin que se les pegunte para qué la necesitan y también regulan los problemas relacionados con la seguridad nacional, la privacidad de las personas, el principio de la transparencia proactiva, y establecen qué tiene que informar cada ente activo, destacó la experta.

Otro de los principios a los que se refirió Mayra Mena es la eficiencia de los procesos de gestión documental, sin los cuales no habrá posibilidad real de acceso a la información.

¿En qué medida la falta de transparencia es un daño y produce efectos contraproducentes al desarrollo y debe limitarse? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que enfrentar la eficacia de la informatización y el uso proactivo de la transparencia?, indagó Rafael Hernández.

Marta Gloria Morales señaló que la información y las nuevas tecnologías podrían facilitar la transparencia. Esta es “un tema que está determinado por dos actores: los que detentan el poder y los que no. De los cambios en el acceso a la información prácticamente indiscriminado por las nuevas tecnologías no tengo dudas. Ahora bien, no estoy segura de que esa ampliación del acceso esté generando más conocimiento. Antes con poca información nos manipulaban, ahora con mucha, también. Tanta información sin elementos para procesarla es igualmente confuso”, dijo la politóloga.

De acuerdo con Martha Ferriol, en Cuba se está trabajando en una ley de acceso y transparencia. “No existe un sistema documental y de archivo en correspondencia con las nuevas necesidades; se trabaja en normas jurídicas para establecer que estos sistemas institucionales de archivo funcionen. Hoy no se gestiona la documentación como evidencia, no existen los metadatos que se requieren para lograr su recuperación en las múltiples plataformas informáticas. Creo que hay voluntad política para avanzar en este sentido, los pasos en función del gobierno electrónico lo ejemplifican”, abundó.

La informatización en Cuba se soporta en tres pilares: el desarrollo de la infraestructura, los contenidos y servicios, y la ciberseguridad... este último fundamental para pasar procesos de la economía al ámbito de lo digital. El gobierno electrónico es el área en las que más se ha avanzado, dijo Juan Fernández.

“Todos los Órganos de la Administración Central de Estado y los gobiernos provinciales tienen su portal y más del 70% tiene canales digitales para interactuar con la población. La presencia del gobierno electrónico es la primera etapa, y este año la prioridad es pasar a la etapa de interacción. Se trata no solo de ver la información, opinar y recibir respuesta sino de poder realizar trámites en línea. Pero ello no es garantía de transparencia”.

De acuerdo con el académico, las nuevas TIC dan inmediatez, pero si el que está del otro lado no desea contestar, se está tan desconectado como si no existieran. Son tecnologías habilitantes y por sí solas, como las leyes, no resuelven. La transparencia es un tema cultural, de civilidad ciudadana.

Cómo se generan, gestionan y preservan los datos e informaciones que son la evidencia de los actos y transacciones de la administración con los ciudadanos, es fundamental, opinó Mayra Mena. “Si la administración no tiene eficiencia, si esa información no es debidamente gestionada, podemos hacer muchísimos esfuerzos en la informatización, pero nunca vamos a tener acceso a servicios y contenidos eficientes. Los procesos de gestión documental garantizan la seguridad y veracidad de la información”, enfatizó.

Desde el público, reunido esta vez en los Estudios de Animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, y que agrupó a más de setenta personas, las principales inquietudes estuvieron dirigidas a qué puede hacer la ciudadanía con la información desde el punto de vista de la toma de decisiones; las brechas en el acceso a la red de redes marcadas por los elevados precios, y la significación de la transparencia para erradicar fenómenos como la corrupción.

Para Marta Gloria Morales, las universidades tienen un rol significativo en la decodificación de la  información, específicamente vinculado a la transparencia. “Los ciudadanos se van alejando cada vez más de la vida política y la democracia porque se está haciendo banal, y la transparencia nos permitiría tomar decisiones sobre políticas públicas en este sentido”, dijo.

La nueva carta magna aprobada en referéndum popular el pasado 24 de febrero reconoce en su artículo 78 que todas las personas tienen derecho a información precisa y veraz, y en su artículo 80 expresa el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, subrayó Juan Fernández.

“Se necesita además un enfoque, un cambio cultural de la gestión documental y de archivo. No son solo papeles viejos y documentos antiguos que se utilizan para  construir investigación histórica. Son garantes en la misión de ofrecer servicios, acceso, y calidad de la información que se comparta en el ambiente digital incluyendo veracidad y accesibilidad”, concluyó Mayra Mena.

Fotos: Randdy Fundora/Temas.

 

 

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