Mayra Espina: Por un socialismo donde el conocimiento se vuelva política

Este artículo forma parte de la serie: 

Catalejo da continuidad a su serie ¿Qué socialismo? con esta entrevista a la socióloga cubana Mayra Espina Prieto.

Carolina García Salas (CGS): El actual proceso de reformas implica determinadas transformaciones en las concepciones y prácticas del socialismo cubano. ¿Cuáles considera que sean los rasgos que distinguen ese nuevo tipo de socialismo que se construye en el país?

Mayra Espina Prieto (MEP): Habría que empezar diciendo que un socialismo con reformas es válido. Esa discusión que parte de entender el socialismo como un momento de una revolución mucho más profunda y que lo considera, por tanto, más revolución permanente que reforma, ha sido superada por la propia vida. Además, me parece una mala comprensión, porque aunque el socialismo en la concepción tradicional es una etapa para llegar a otro momento, nadie puede predecir su duración, depende de muchos factores y contextos.

La práctica actual parece indicar que es un momento largo, prolongado, que no se ajusta a esa visión soviética de paso número uno y dos; que es un proceso también contradictorio, con avances y retrocesos, que incluso hay retrocesos imprescindibles para avanzar después, o para sobrevivir en determinadas circunstancias y preservar esencias. Aunque ya sabemos que la perspectiva de quienes comparten esta manera de ver el futuro y el progreso es que va a ser superado, desde el punto de vista temporal podemos pensarlo como un momento prolongado, como una sociedad de llegada en sí misma.

De este modo, creer que es perfectible e introducir reformas que tengan que ver con el avance de esa propia sociedad, de lo que no se logró, de los errores cometidos, o del contexto más o menos difícil o positivo para esa experiencia, es lo más normal del mundo. Es un socialismo que se reforma en la misma dialéctica, si recordamos toda esa visión de los cambios cuantitativos y cualitativos.

Ahora bien, pensar que siempre el cambio es revolucionario es excesivo. Si lo miramos desde la teoría de la complejidad y desde la dialéctica, los cambios cuantitativos o cualitativos no necesariamente son revolucionarios, pero son un elemento de progreso, quizás no en una línea general de concepción del desarrollo, pero sí para una circunstancia específica. Un cambio puede ser contradictorio con relación a un modelo, a un programa, a una visión, a un concepto, y sin embargo ajustarse a un momento y ser necesario. Esto puede parecer muy largo y complicado, pero lo que quiero decir es que dentro de una teoría del socialismo se ubican perfectamente cambios reformistas, que no necesariamente son revolucionarios, pero están en una línea de progreso de acuerdo con las circunstancias concretas. Una teoría general del socialismo que imagina que toda sociedad tiene que describir la misma trayectoria, también ha sido superada por la vida.

Creo que la reforma actual es consciente de la situación crítica del país especialmente en términos económicos, y de que sin sostenibilidad económica el proyecto político-social difícilmente pueda no solo sobrevivir, sino lo más importante, trazarse metas mayores. Tampoco está en el vacío. Podemos estar más o menos satisfechos con el final, pero creo que la Conceptualización, los Lineamientos y el Programa han recogido un montón de demandas que surgieron de la producción científico-social o de la opinión pública, y han tratado de hilvanarlas. Claro, no es una reproducción de todo lo que se ha propuesto, entiendo yo, mirándolo desde fuera, sino que tienen la visión y el enfoque del Partido, los grupos y los actores a los que se les encomendó la tarea de producirlos, que interpretaron esas demandas y pusieron su propio sello. El Partido tiene su propia teoría del cambio y ahí la plasma.

 

Fernando Luis Rojas (FLR): ¿Dónde estarían las continuidades y rupturas con etapas anteriores?

MEP: Creo que uno de los principales cambios de la actual reforma en relación con otros momentos y modelos es el tránsito desde ese socialismo estadocéntrico hacia una visión multiactoral. Eso había sido dicho por todas las vías posibles, creo que desde los años 80. Se trata de una propuesta que parte de aceptar que el socialismo es una construcción de actores múltiples y que no solo descansa sobre la propiedad estatal, sino sobre otro conjunto de actores económicos y sociales que tienen roles que deben estar coordinados por una intencionalidad social de la economía.

Un segundo cambio, relacionado con el anterior, es el de una organización descentralizada de la sociedad. Es decir, nuestro socialismo ha apelado siempre a una gestión económica, social y política centralizada, vertical, sectorial. No recuerdo que se haya usado oficialmente esta terminología, pero creo que es un poco inspirada en eso de “las poleas de trasmisión”, la idea de que hay un centro que está arriba, que tiene mayores responsabilidades y una visión integrada de la sociedad, que sabe más que los demás, y se relaciona así, de abajo a arriba, de arriba a abajo.

En la reforma actual se percibe una intención descentralizadora, de redistribución del poder económico, de gestión organizacional hacia empresas y hacia los actores territoriales, y dentro de eso un fuerte peso del desarrollo local, de la municipalidad. Todo eso está en el espíritu de los documentos, que son la plataforma de cambio.  

Un tercer punto está relacionado con el sistema tributario, es decir, organizar la base económica de la política social y del manejo gubernamental sobre la base de impuestos, de una fiscalidad más transparente, diferente. Eso me parece muy bien, la contribución directa. Entiendo que la intención perspectiva es que todos los que reciben ingresos por vías diferentes hagan una contribución al fisco. Cuando eso esté bien estructurado y tenga la otra parte, la transparencia sobre el uso de los recursos, será un elemento muy importante para la renovación del socialismo, porque esa idea de una propiedad estatal que nos representa a todos, que vela por todos, diluye al sujeto individual y colectivo diverso y también lo enajena de sus derechos y de sus deberes.

 

CGS: Y en términos de política social, ¿qué distingue a esta reforma de otras realizadas en etapas anteriores?

MEP: La política social también ha sido objeto de cambios, aunque no están demasiado explicitados. El primero es en el tema de la eficiencia y concentración de recursos en aquellos más necesitados. Es decir, no hay una intención de desmantelamiento de la universalidad —lo cual me parece excelente— y se quiere concentrar recursos en aquellas necesidades prioritarias de la población y en grupos vulnerables diversos, creo que la discapacidad y la tercera edad son los mejor visibilizados, con reconocimiento de la necesidad de su atención prioritaria.

Otra modificación importante, hay un cambio hacia una política social de acciones públicas que no esté por encima de los recursos reales con que cuenta el Estado, cuya base fundamental va a ser la política tributaria. De manera que la social se va a sostener cada vez más y, perspectivamente, a partir de los ingresos que el Estado tiene por la vía de los impuestos de los diferentes actores. Ese era un tema que no estaba muy claro en momentos anteriores.

También hay cambios importantes en la política de empleo e ingresos, que en el modelo tradicional corrió a cuenta del Estado. En los años 80 algunas cifras indicaban que entre 96% y 97% de la fuerza de trabajo estaba vinculada al sector estatal, entonces eran muy pocos los campesinos y un minúsculo sector no estatal urbano. Ahora hay un cambio radical en esto, que ha sido explicitado por diferentes autoridades.

En los inicios de este proceso de ampliación del pequeño sector privado escuché que se esperaba que absorbiera alrededor de 40% de la ocupación, no sé si la cifra es exacta, pero lo que quiero decir es que hay una declaración formal de las autoridades del papel del sector no estatal como generador de empleo e ingresos adecuados. Para mí ese es un cambio grande en la política social, que modifica mucho los regímenes laborales y donde queda pendiente recobrar un análisis crítico de todo lo que está pasando, en qué medida genera un trabajo de calidad, cómo se garantizan los derechos para esos trabajadores, etc.

Otro elemento que me parece trascendental es que, aunque tampoco está muy bien perfilado, se infiere de los documentos de la plataforma de cambio que tomarán mayor protagonismo los gobiernos locales, provinciales y municipales, tendrán mayores posibilidades de adaptación y de iniciativa propia. Por la Ley Tributaria todas las empresas enclavadas en un territorio tienen que contribuir con 1% de sus ganancias al gobierno municipal, y también está en proceso de afinamiento el mecanismo para que el gobierno use con fines de desarrollo local esa contribución. Ya ese es un recurso financiero que permite más libertad y autonomía para tomar decisiones.

Por supuesto, habrá gobiernos municipales en los que ese 1% represente mucho en términos cuantitativos porque tienen mayor cantidad de empresas o algunas importantes enclavadas, mientras que en otros será menos. El hecho concreto es que representa un avance en términos de financiamiento al desarrollo local. Para mí es el potencial de renovación más importante en materia de política social, de manejo de la desigualdad, de promoción de equidad. Ello requerirá que los gobiernos municipales adquieran capacidades y competencias, porque el marco jurídico está por debajo de lo necesario, habrá que aprender a usar recursos con finalidades de política económica y social, y tendría que haber una preparación ciudadana más efectiva para mejorar su estructuración de demandas. Entonces yo veo ahí una fortaleza, aunque por el momento esté solo esbozada.

Como ves, yo me siento afín a estas tendencias de cambio, me parece que han identificado bien diferentes retos económicos y sociales de la sociedad cubana actual. Para mí fue una sorpresa muy agradable encontrar que en los documentos que se produjeron, debatieron y  aprobaron en el VII Congreso del PCC, la noción de participación tomó un protagonismo mayor que en el Congreso anterior. En uno de ellos, aparece como eje central el tema del gobierno eficaz, y varias veces se refiere al componente de la participación como un elemento del mismo. También hay un eje de desarrollo humano y sostenible donde se contempla la participación, la descentralización, la multiactoralidad. Estos serían los aspectos más renovadores para un modelo de socialismo en Cuba, junto con esa política social más local, más centrada en vulnerabilidades.

Foto: Kaloian Santos.

FLR: ¿Cuáles son los puntos débiles de este proceso?

MEP: A mi modo de ver, la premura o la fuerza del reto económico termina solapando lo demás. En los Lineamientos está muy claro, la Conceptualización y el Programa lo matizan un poco, pero de todas maneras lo que percibo es que todo se subordina al reflote económico del proyecto, y por lo tanto parecería que hay un conjunto de tareas sociales y políticas que dependen de esto. Entiendo y comparto esa fuerza decisiva que impone el reto económico, pero no la idea de los después. El llamado "efecto derrame" es un concepto que el neoliberalismo usó mucho y parte de la noción de que “cuando tengamos más, repartiremos más”. Pero para una distribución equitativa, para emprender tareas de política social de mayor fortaleza, no hay que esperar a tener más, cuando tienes más lo haces mejor.

La intencionalidad social de la economía es un rasgo irrenunciable del socialismo. Claro que para esto hay que tener economía, y casi no tenemos, pero en cualquier  caso la intencionalidad social tiene que regir el proceso. Entonces este es un déficit en el diseño de la plataforma de transformación del país, la subordinación a la tarea económica le resta potencial a esta renovación en términos sociales y políticos.

En mi campo, el de las políticas sociales y la desigualdad, esto se aprecia muy bien en términos prácticos, se está implementando un conjunto de acciones: el cuentapropismo, la ampliación de las Pymes, la entrega de tierras en usufructo, los créditos, los subsidios, etc. Ahora bien, cuando uno hace una lectura de estas como generadoras de nuevas oportunidades de trabajo e ingresos y la cruza con quiénes son los que pueden acceder, lamentablemente no hay estadísticas, al menos públicas, que trasciendan datos generales. Las investigaciones sociales apuntan que el patrón de desventaja que ha atravesado todo el proceso y que se hizo muy fuerte en la crisis de los 90, se sigue reproduciendo. Mujeres, negros y mestizos, los adultos mayores, y algunos territorios específicos, tienen menos oportunidades para aprovechar esos nuevos nichos de ingresos. Hay cifras que señalan que las mujeres están subrepresentadas en el trabajo por cuenta propia y que la mayoría de ellas no es propietaria sino asalariada, lo mismo pasa con los jóvenes, los negros y mestizos. Los estudios de caso alertan sobre la posibilidad de una sobrerrepresentación de hombres blancos, adultos no jóvenes que están copando las mejores oportunidades en las Pymes o en otros sectores como el turismo.  Estas cuestiones fueron señaladas por diversos centros de investigación del país desde los años 90; recuerdo varias del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y del Instituto de Antropología.  Estudios recientes, como los del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), dan cuenta de estas desigualdades; los de Dayma Echevarría sobre mujeres en el trabajo por cuenta propia son un ejemplo. Todas esas investigaciones indican que se continúa reproduciendo que los grupos en desventaja tienen menos oportunidades para aprovechar estos nuevos nichos.

Desde un análisis de políticas sociales y de acciones de promoción de equidad, lo que está faltando es el acompañamiento de acciones de redistribución de activos, porque para aprovechar estas oportunidades hay que tener activos: casa, carro, dinero, vivienda en lugares céntricos… hay que tener condiciones favorables de partida, o dinero o el bien como tal, y esos son activos que en la sociedad cubana están asimétricamente distribuidos, por grupos sociales, por territorios. Entonces una reforma que lance estas oportunidades tiene que prever que hay grupos que no van a poder aprovecharlas y tiene que acompañarlas entonces de instrumentos, microcréditos para grupos en desventaja, capacitación para mujeres y negros, hay que hacer una especie de discriminación positiva.

Desde los niveles centrales se podrían impulsar estas propuestas de herramientas, pero donde mejor ajustan es a nivel local, porque se trata de poder tomar decisiones para mejorar cosas que solo se conocen con exactitud allí y, por otra parte, también contribuiría a mejorar al actor sociedad civil, para que pueda construir mejor sus demandas, porque por el momento nuestra sociedad se queja mucho del pan, de los trámites de vivienda, del trasporte, pero creo que hay un déficit de construcción de demandas para mejorar su acceso a oportunidades. Esta es una sociedad civil que espera mucho y usa poco la concertación para identificar, proponer y presionar. La reforma está urgida de este otro tipo de herramientas de redistribución de activos para que los grupos en desventaja, cuyos puntos de partida están en un nivel inferior, puedan aprovechar las nuevas oportunidades.

Otra cosa que me parece imprescindible, la institucionalidad cubana de política social a mi modo de ver está un poco atrasada, requiere de una modernización, es todavía muy sectorial y fragmentaria: educación, salud, trabajo, etc. No quiere decir que no haya que tener tal estructura institucional, este tipo de tema requiere especialización, pero exige también una especie de complemento, una institucionalidad transversal, un ministerio, una secretaría, una comisión… de desarrollo social y equidad, cuya función sea la de coordinar esas instituciones sectoriales en términos de acciones y de presupuesto, y de decisión sobre a qué cuestiones se le dedica qué y cómo. Entonces habría una visión transversal que se concreta en lo local también.

Es muy difícil llevar adelante este tipo de reformas sin consecuencias negativas sobre la equidad si no se moderniza la institucionalidad de las políticas públicas, sociales, y si no se le ponen otros ingredientes de herramientas más direccionadas, afirmativas hacia los grupos en desventaja. No se trata para nada de desmantelar políticas universales, sino de complementarlas con este otro tipo de herramienta.

 

CGS: El tema de las desigualdades en el socialismo ha sido siempre objeto de polémica. En Cuba en algún momento devino tabú. ¿Estamos en un momento distinto en términos de reconocimiento de las desigualdades y la pobreza?

MEP: Estamos en un momento distinto, pero por debajo del necesario. Los documentos de los que hemos estado hablando (Lineamientos, Conferencia del Partido, Conceptualización…) son una expresión de la política social en un nivel más general, de toma de decisiones macro, y en estos visualizo algunos cambios. Los Lineamientos, por ejemplo, apuntan que se requiere atender las vulnerabilidades, no es muy explícito, no hace un conteo, pero ahí hay un reconocimiento de las desigualdades, de que hay gente que está en una situación peor.

Luego, el documento de la Conferencia del Partido —me quedan dudas de cuál es su rol, si es solo algo interno u otra cosa— también lo leo como programático de la reforma. Ahí hay una declaración de que no se puede permitir discriminación en el acceso a cargos por razones de sexo, de edad, género, raza, etc., y se refiere a los desbalances territoriales. No habla de clases ni de pobreza, pero al menos acepta que en nuestra sociedad puede existir la discriminación. En cualquier caso, se trata de un momento de mayor apertura hacia el reconocimiento de desventajas, lo cual es algo muy positivo, porque para atenderlas y desplegar acciones hay que reconocerlas. Me parece, por ejemplo, que a pesar de todos los déficits que tenemos, las acciones de inclusión a la discapacidad y a la tercera edad marchan a un ritmo mayor, creo que es por la conciencia de que ahí hay un nicho de desventaja muy fuerte.

En el VII Congreso se rescató bastante la idea de la equidad, en varios documentos se hace referencia a la necesidad de un desarrollo con equidad social. Entonces me parece que, efectivamente, estamos en un nuevo y mejor momento. Pero quedan varios puntos flojos por resolver. Como decía antes, en esos documentos, en los discursos y las acciones concretas, no hay referencia a la pobreza. Sin embargo, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), que pertenece al Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a inicios de los 2000 hizo pública la existencia de un 20% de pobreza urbana. Esa es una realidad que no ha sido superada, por lo tanto, un programa de cambio como este debería comprometerse y aceptar que existe una “pobreza amparada” —como le ha llamado Aurelio Alonso—, que no es extrema, pero la hay. Ese es un reto para las políticas sociales, porque pobreza significa desventaja colocada, desigualdad colocada al nivel de necesidades muy básicas. Hay amparo, pero también muy poca perspectiva de que los grupos que están en esa situación tengan opciones para superarla. Reconocerlo es lo que permite actuar, y este sigue siendo un déficit importante.

Con otros asuntos sucede lo mismo. Por ejemplo, en el tema de la desigualdad racial, existe la Comisión Aponte que lidera la UNEAC, pero esta no es una institución para hacer política social. Aunque me parece muy bien su liderazgo y la manera en la que han logrado colocar un asunto que es también cultural, creo que tendría que haber un mayor comprometimiento público con estas desigualdades (género, raza, edad, territorios, ingresos…) y una institución transversal e interseccional sería la que podría atenderlas mejor. Ahí hay un nudo difícil de desatar, creo que por tradición política, porque asumir esas desigualdades y la existencia de pobreza es fuerte, es como una autocrítica, y justo ahí está el error. El país ha vivido una crisis, es pobre, subdesarrollado, viene de una tradición de integración, de superación de desigualdades, pero hay cosas que han hecho reemerger o han fortalecido desventajas que nunca pudieron ser eliminadas. Esto requiere de un enfoque complejo y si se reconoce, la política sería diferente.

Creo que uno de los pocos instrumentos que es una aceptación tácita de esas desventajas es el subsidio para viviendas. Me parece muy bien, porque justamente el acceso a una vivienda decorosa y con estándares mínimos, dignos, es uno de los marcadores de desigualdad más grandes que hay en el país. Y otra cosa interesante: el subsidio es un instrumento, sus fondos surgen de las ganancias por ventas de materiales de construcción locales; es decir, se forman en los municipios, lo otorgan los gobiernos municipales. Todo el proceso transcurre en la comunidad, esto implica el reconocimiento de que hay grupos que requieren atención especial, y de que solo sería eficiente hacerlo a escala local. Lo que hace la autoridad central es crear el mecanismo, la herramienta, pero se gesta con dinero local y se aplica, se decide, en la localidad. Tiene montones de fallas en las que no podría detenerme ahora, pero veo ahí un atisbo del tipo de instrumento que se puede aplicar para hacerse cargo de desventajas sustantivas, reconociendo que el microespacio es el más adecuado para hacerlo.

 

CGS: Me parece muy interesante esta lectura de la reforma en Cuba que mira más allá de sus posibles efectos negativos en términos de incremento de las desigualdades. ¿Dónde más están esos nichos de potencialidades para la ampliación de la equidad?

MEP: Creo que tiene mucho potencial; en primer lugar, ese del que acabamos de hablar, el reconocimiento del espacio local y de las políticas sociales a escala micro, legitimando también el protagonismo del actor gobierno y del actor sociedad civil para identificar las desventajas más agudas, las prioridades. Si se uno cruza esto con una desconcentración de poder económico por la vía de las Pymes, de las cooperativas, de las tierras en usufructo, te das cuenta que todavía es mayor el potencial, porque lo que quiere decir la reforma es que la capacidad de un Estado empleador, productor, distribuidor, llegó hasta un tope. Nunca debió haber sido así. Algunos piensan que esto sucedió porque la crisis cercenó la capacidad del Estado para hacerse cargo de todas esas cosas, pero para mí esa es una comprensión errónea de los roles del Estado socialista. Independientemente de los criterios de base, la idea es que ese modelo se agotó, entonces, ¿dónde está la solución?: en la generación de otros actores. Creo que podría haber más —comunitarios, organizaciones sociales— que pueden ser también sujetos de propiedad y de iniciativas. Con las condiciones —internas y externas— en las que se desenvuelve nuestro país, yo apostaría por las soluciones que diversifique los instrumentos de acción, de generación de ingresos y presupuestos, de cambios a escala micro. No quiere decir que esto vaya a resolverlo todo, pero ahí hay un potencial que hay que desatar y hacer correr con todo lo correspondiente al espacio macro: la inversión extranjera, la empresa mixta, las iniciativas estatales productivas y de otro tipo. Es decir, apelar a una disimilitud de herramientas, y creo que la reforma es consciente de ese potencial, quizá no todo lo que quisiéramos.

En resumen, en la diversificación de los actores económicos que generan empleo e ingresos, y en el papel de los gobiernos y las sociedades locales, hay un potencial grande de promoción de equidad. Pero hay que acompañarlo de herramientas para modificar los puntos de partida de los grupos en desventaja, porque de lo contrario vuelve a ser hegemonizado por los que están en mejor situación, y se termina creando nuevas oportunidades que solo favorecen a los que ya estaban en un nivel superior.

Foto: Kaloian Santos.

FLR: Un concepto que también ha sido muy problematizado desde las ciencias sociales cubanas es el de sociedad civil. ¿Qué rasgos y espacios usted cree que son propios de la sociedad civil en el socialismo?

MEP: Esa vieja polémica de que el socialismo no tiene sociedad civil siempre me ha parecido caricaturesca. De hecho, la Revolución cubana generó una muy inclusiva. Si se mira la cantidad de organizaciones sociales que surgieron, de gente que nunca tuvo representación, se evidencia que entre sus primeros impactos estuvo justamente ese efecto político-inclusivo, de potenciación de una sociedad civil muy amplia, que reconocía la heterogeneidad de actores.

Para hablar de este tema con profundidad habría que ser experto y no es el área en la que me muevo. Mi acercamiento tiene más que ver con el potencial de la sociedad civil para construir demandas e involucrarse en políticas sociales de equidad. No lo trabajo desde la política, no tengo instrumentos de la sociología política para analizarlo con profundidad, pero mi impresión es que esa sociedad civil inclusiva y muy abarcadora que creó el socialismo, reprodujo también el modo de organización de la gestión de Estado, la verticalidad, la centralidad de sus estructuras. Eso supuso también un estilo de agregación de demandas, el de abajo le informa al otro nivel, este al otro, y lo que va llegando a eso que se llama “arriba” ya es un filtraje donde los individuos y el grupo pequeño quedan desdibujados totalmente. Entonces se crea una sociedad civil poco dinámica, que se mueve mucho por demandas de las direcciones centrales y poco por iniciativas de base. En algún momento eso pudo haber funcionado, quizás hasta los 80, por el tipo de tareas emprendidas, pero ya cuando los actores se diversifican mucho, cuando se vive una crisis, hay un conjunto de factores que hace que esa organización de la sociedad civil tenga que ser superada, porque la hace casi inoperante.

Entonces se requiere un diseño más horizontal, más dinámico, más de participación directa y menos de agregación. No se trata de desechar estas formas, sino de acompañarlas de otras donde le quede claro al individuo, a los grupos, a las organizaciones, cuál es su vínculo con la decisión final en cualquier esfera. La distancia entre las personas y los niveles en los que se decide a veces es tan larga que terminan alejándose del proceso y descomprometiéndose.

Un rediseño de la sociedad civil es también el reconocimiento de nuevos intereses y organizaciones. La gente quiere formar grupos a partir de otras motivaciones, con otras maneras de relacionarse. Habría que potenciar entonces un activismo a escala local. Quedan muchas cosas por hacer para dar una expresión más concreta al compromiso individual con un proyecto social que ya no es muy visible.

 

FLR: Y en función de esto, ¿qué renovaciones usted cree que necesitaría el sistema político cubano?

MEP: Para hablar de este tema también hay que ser experto. Mis propuestas quedan en un nivel general: horizontalidad, mayor diversidad de organizaciones, otras maneras de colocar las demandas de la gente para balancear un poco ese sistema agregado de abajo para arriba, una representación más directa, etc.

Creo que debería modificarse la manera en que son elegidos los diputados —mi percepción aquí es como ciudadana—; cuando he tenido que votar por alguien en mi municipio me pregunto, ¿pero de verdad corresponde votarlo por aquí? Esa persona no debería representar un municipio sino una idea. La democracia representativa es un tema que requiere revisión, pero no puedo hacer ninguna propuesta seria porque no tengo herramientas sobre cómo se estructura de modo participativo un sistema de toma de decisiones de gobierno.

También creo que debería complementarse ese sistema con otras herramientas de participación directa, como consultas públicas, presupuestos participativos, etc. Hay un conjunto de nociones que pueden ser mejor usadas a nivel local y no necesariamente tiene que implementarlo todo el mundo a la vez, sino que un determinado gobierno municipal puede decidir qué somete a consulta, qué tipo de presupuesto otorga a una experiencia participativa, qué convocatorias hace a su ciudadanía de manera directa, qué quedaría para un sistema de delegados y representantes, y qué otras cosas pueden hacerse de manera directa, etc.

Por otro lado, esa renovación del sistema político requiere información clara para una participación efectiva. Habría que trabajar en función de un gobierno electrónico, de mayor acceso a la información. Aquí reacciono como una ciudadana que piensa en su contexto, en dónde y cómo quisiera participar.

 

CGS: ¿De qué manera cree que las ciencias sociales han acompañado todo este proceso de cambio? ¿Cuáles serían los principales desafíos?

MEP: Las ciencias sociales en nuestro país siempre han tenido una vocación de participación en el cambio. En todo el proceso de organización de la ciencia de los años 80 era un requisito para la presentación de proyectos que concluyeran con propuestas concretas, incluso debían tener —no sé si sigue así— un usuario. Formalmente eso siempre ha estado en las concepciones sobre su papel en la sociedad.

Pero este tema es más complejo, no es cualquier investigación ni toda la investigación. Hay un tipo cuya intencionalidad final es mejorar políticas y que tiene una metodología particular. No se trata de entregar al final un mandamiento al decisor, sino que es un estilo donde el operador de políticas tiene un mayor grado de involucramiento, donde los dos actores dialogan y se conocen más para que cada uno pueda colocar en el otro sus prioridades, su manera de construir saberes.

Entonces creo que las ciencias sociales cubanas hacen un esfuerzo grande por que sus resultados lleguen a la política, pero están lastradas por metodologías, por tradiciones que limitan mucho la posibilidad de colocarse en el tempo y en la lógica del decisor. Por supuesto, de esa parte también se ponen obstáculos; existen muchos prejuicios mutuos.

Todo el proceso de los Lineamientos y de la reforma ha modificado un poco ese contexto, porque los encargados políticos han convocado a muchos investigadores para que participen de los grupos. Entiendo que muchas de las llamadas “tareas” para la solución de temas concretos, que se organizan alrededor de la Comisión de Implementación, son ejecutadas por investigadores e instituciones de las ciencias sociales. Ahí está un poco esbozado ese modelo de la producción de conocimiento para la toma de decisiones.

Mi percepción, desde fuera, es que efectivamente hay un momento renovador, pero todavía no ha sido leído y sistematizado en función de cómo se podrían mejorar esos vehículos.

Justamente, el reto está en que la reforma no abandone el conocimiento científico como factor de desarrollo y encuentre una manera de diálogo. No quiere decir que toda la investigación deba tener un propósito práctico inmediato, eso sería erróneo, porque esta es fundamental en todas las áreas y es imprescindible para que no se atrase la ciencia. Se trata de identificar un tipo de conocimiento, un área, para tributar directamente a las políticas, a las decisiones en diferentes escalas, y construir ese conocimiento de otra manera, establecer otro tipo vínculo con la toma de decisiones, mucho más cercano, de producción conjunta, de retroalimentación.

Otra cuestión que me parece decisiva: no se trata solo del diálogo investigación-decisores, también tiene que estar la sociedad. Esto es más complicado porque la noción tradicional de conocimiento científico supone que el portador es el investigador, el que tiene la metodología. Esa es una parte de la verdad, pero el conocimiento cotidiano, la manera en que la sociedad civil percibe sus propias condiciones es un nutriente fundamental en esa relación, para que el conocimiento se vuelva política. Ese es el desafío: el involucramiento de la sociedad civil y sus diferentes grupos y la implementación de una manera distinta de dialogar entre políticos, investigadores y sociedad civil, y que eso quede construido como una herramienta de la sociedad en su conjunto, como una forma de gestión.

El socialismo en su utopía siempre apeló a esa idea de la ciencia como resorte del desarrollo, yo creo que eso hay que hacerlo realidad, y estamos en un momento que podría traducirse en otra manera de gestionar la ciencia.

 

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