Participación social sobre lo estatal

En un trabajo anterior,[1] se alertaba sobre el peligro que para una sociedad tendiente al socialismo representa la división de sus habitantes en dos grandes grupos: los que se sienten y actúan como propietarios activos de lo estatal y los que se consideran pasivos dependientes de la acción de los primeros. Consecuencias directas de esa división pueden considerarse los posibles burocratismo, impunidad y corrupción de los primeros, y la pedigüeña e impotente actitud de los segundos, conducente a su desatención a reclamos de participación en actividades sociales vinculadas a su organización estatal, la que consideran no propia, sino “de otros”, o “de nadie”.

El efecto social de tal peligro demanda objetivas investigaciones sociológicas que midan la existencia de tales síntomas y sus causas, pero tal acción investigativa deberá basarse en la simple existencia, por una sola vez, de lo que la sociedad propicia, y que los investigadores luego podrán valorar el grado de extensión e influencia que alcanza lo que posibilitado esa vez, deberá eliminarse por la colaboración de todos, o desatenderse por considerarse de menor efecto sobre el conjunto social.

A continuación se valorarán situaciones que pudiendo repetirse miles de veces en la vida cotidiana de quien tropiece con ellas considerándolas habituales, inevitables o sin importancia, pueden llegar a conformar personalidades nuevas, con las consecuencias sociales que luego puedan resultar.

Este análisis se fundamenta en el rescate del Estado como única organización social abarcadora del total de poblaciones y territorios, con capacidad para brindar recursos y servicios materiales y culturales, con trabajo productivo incluido. También se rechaza una reclamada “desestatización”[2] de la sociedad, que sin opciones elementalmente probadas, hoy no invita más que a su desmantelamiento neoliberal.

No hay otras reglas conocidas por cualquier persona para el uso de la propiedad estatal que las de la propiedad privada aplicadas a lo ajeno, con supervisión de sus propietarios reales, que en el Estado son sus gobernantes según legalidades y reglas de comportamiento establecidas para cada entidad estatal, sin importar si se llaman presidentes, alcaldes, diputados, reyes o patriarcas. Ellos establecen las cadenas de controladores-decisores que se les subordinan, y todo individuo que actúe sobre cualquier obligación o facultad estatal se les somete, ya sea para el uso de recursos naturales o artificiales, financieros o culturales, o para la prestación de servicios estatales como de ordenamiento urbano, habitacional o legal, de atención sanitaria o educacional, del entorno natural, de orden público, o de gestión empresarial estatal, productiva o comercial.

La relación entre los decisores y actuantes sobre los recursos y obligaciones estatales, sus “propietarios activos”, y el resto de la población de ellos dependiente, sus “propietarios pasivos”, de hecho establece en cada encuentro una subordinación de los segundos ante los primeros que repetida por decenios, puede consolidar irreversiblemente una división social requerida de rechazo consciente y colectivo.

Cualquier empleado estatal debe actuar como propietario activo, desde el conductor del autobús público que detiene y abre o cierra la puerta oportunamente, o quien autoriza el ingreso de un niño a una escuela, hasta quien aprueba inversiones y financiamientos multimillonarios, cada uno bajo reglas de comportamiento establecidas. Fuera del alcance de su marco laboral actuarán todos como propietarios pasivos, según lo acostumbrado, aunque excepcionalmente hayan podido descubrir su capacidad de influir sobre otros, asumiendo los papeles activos que de orientarse al bien público, será la deseable en toda la población.

Cualquier sistema social sólo podrá defenderse de la burocracia, y derivadas arbitrariedades, corrupciones e impunidades de sus gobernantes y funcionariado estatal, si desarrolla la formación de una gran mayoría de sus ciudadanos como defensores activos de sus recursos y poderes estatales, los compartidos, pero también propios. Sólo es concebible el socialismo sostenible si su organización social establece formas de comportamiento generalizadas y habituales que desarrollen a toda su población como propietaria activa de lo estatal, y obstaculicen por todos los medios su conversión en la abúlica, conforme o indiferente masa de pasivos sostenes de los activos decisores sobre lo de todos, y potenciales beneficiarios de sus privatizaciones sucesivas.

Es inevitable la formación de individualidades influidas por las miles de confrontaciones personales que se producen entre quien demanda una prestación cualquiera dependiente de la voluntad de su prestatario estatal, y este mismo. Ambos resultan influidos por diversas condicionantes e intereses, y se les puede reconocer dos escenarios básicos, el de ambos actuando bajo los principios éticos validados por la conciencia social y legislación vigente, y el de que uno, o ambos, consideren tomar provecho personal adicional al reconocido públicamente como fundamento del encuentro considerado.

Dentro del primer escenario de comportamientos públicos y éticos, puede considerarse que en cualquier encuentro con pedido de atención y decisión de cualquier alcance, el propietario activo tiene funciones dominantes sobre el pasivo, por principio subordinado a las decisiones del primero.

Ese nivel de subordinación puede variar, resultando mínimo cuando el peticionario puede acudir de inmediato a un superior del decisor actuante, y reclamar en base a derechos y deberes conocidos, y condicionantes también conocidas para el caso considerado.

Como matices que debilitan la mínima subordinación deseable en la confrontación considerada, el encuentro con el jefe inmediato puede ser diferido; a su vez él puede estar subordinado a otro, y puede existir toda una cadena de subordinaciones administrativas, estatales y políticas que podrá transitarse o no en toda su extensión. El reclamante también podrá o no, según lo establecido por leyes y prácticas sociales no necesariamente coincidentes, llegar a los representantes que, como elector, haya elegido para los órganos de gobierno de diferente alcance territorial o funcional. Esta cadena, caso de existir, podrá romperse por la no comunicación de un nivel a otro, o por silencio de cualquier nivel que así obstaculice el seguimiento del reclamo planteado.

Un motivo de debilidad del pasivo frente al activo es el desconocimiento del primero de los deberes y derechos vigentes sobre cada uno, y aplicables al caso. A ello puede contribuir su dependencia de leyes, regulaciones institucionales o simples instrucciones a las que responda el decisor sin la correspondiente información comprobable por parte del peticionario, tanto en la confirmación de su existencia, como en su aplicabilidad al caso. Ello puede también resultar complejizado por su reconocida aplicación discrecional, según interpretaciones siempre personales de quien decide cada caso, y también por el rechazo oficial a la reclamación ante un nivel superior.

Un obstáculo a la subordinación del pasivo frente al activo es la existencia de organismos independientes de las entidades involucradas, y facultados para demandar, o para arbitrar, sobre el caso de inconformidad planteado. Esta potencial fortaleza del pasivo desaparece si solamente se le reconocen demandas individuales - sin respaldo institucional- en el esclarecimiento de situaciones de inconformidad siempre inicialmente singulares.

Otros matices en la subordinación del reclamante los establecen el serle solamente aceptada su demanda por una entidad que se autodefina como veladora de los intereses ciudadanos para que imparcialmente los defienda, pero pertenezca a la misma organización estatal a que pertenezca el reclamado, y consecuentemente le sea aplicable la valoración pública de ser juez y parte... También puede regir la inexistencia de vías legales para denuncias de incumplimientos de funciones administrativas legisladas, o el establecimiento de vínculos verticales de relación entre entidades, donde un nivel superior territorial o funcional de una sólo pueda tener comunicación con el nivel equivalente de otra, y el reclamante quede subordinado a la cadena de aprobaciones “superiores” que asuman su distanciada representación con criterio propio.

 Para mejor equilibrar la posición relativa entre propietarios activos decisores, y pasivos reclamantes de lo estatal, deberá valorarse, como la forma más efectiva a largo plazo, la consciente transformación y desaparición de los pasivos, educándolos como propietarios activos, sin ser por ello empleados estatales. Ellos han sido y son resultado de la larga y utilitaria educación social promovida por las élites gobernantes inconscientes cultoras de la incuestionada y omnipotente propiedad privada, especialmente la ajena, siempre individualizada en lo gubernamental, mientras que la estatal, la responsable de recursos y de servicios “de nadie”, o “de todos”, o “de otro”, siempre distante y sin algo propio, no ha requerido defensa, ni propietario activo, espontáneo y permanente.

Es determinante para cualquier país que los gobernantes y funcionarios encuentren en cada interlocutor la persona capaz de contraponer conocimientos y pasiones sólo alcanzables a través de prácticas sociales que fuerzas solidarias conscientemente desarrollen mediante la participación popular sobre la gestión estatal, no sólo genéricamente política. Participación que demanda ejercitación y dominio concreto sobre componentes económicos y legales vigentes, que las vanguardias la promuevan tanto desde el ejercicio de cualquier nivel de gobierno que alcancen, como desde mucho antes. Independientemente del logro de su poder político sobre lo estatal, en todo momento podrán irse formando los propietarios activos con cuestionamientos y denuncias concretas, y exigencias, que por múltiples formas y enfoques puedan encontrarse para ejercitar la propiedad estatal por cada uno, y junto con otros.

Una opción de profundo efecto político y social tendrán los partidos políticos orientados al socialismo que asuman la promoción y defensa de la propiedad compartida, la estatal, entre todos sus miembros, de modo que ellos conduzcan al resto de la población en ese aprendizaje práctico de reclamo de actuación eficiente y justa sobre lo estatal. Pudiéndose identificar como “protectores y formadores de la ciudadanía”, y atentos a lo estatal con su muy amplia gama de potencialidades y servicios, de su acción se derivarán correctivos de groserías graves, y detección de violaciones y comportamientos corruptos, incluidos los derivados de la actuación de entidades de propiedad mixta -estatal y privada- y que por ser también estatales, deberán estar también sujetas a la supervisión popular.

Lo así validado para cualquiera que sea la ubicación de esos partidos políticos respecto al poder estatal, demandará adecuaciones ante el logro de tal poder, con la transparencia requerida por ese proceso de concientización popular. La confrontación con los funcionarios podrá facilitarse, con mejores opciones de comunicación y de cambios éticos para ellos mismos, y los militantes podrán enriquecer su comprensión de la actuación estatal con informaciones que incluso conviniendo que no sean de abierta divulgación pública, según la agresividad con que los oponentes actúen, les posibilitará ampliar la comprensión popular de actuaciones estatales históricamente inexplicadas[3].

Se deberá transitar por la solución práctica de la delegación de funciones sin pérdida de vínculos entre elegidos y electores según la organización estatal que exista, o forzarlos si la existente es inoperante[4]. Otra práctica reconocida de aprendizaje tangible a decidir sobre lo compartido es la de los procesos definitorios de inversión a nivel local e inmediato, como los trabajos comunitarios y los presupuestos participativos históricamente compensatorios de la desatención estatal, y requeridos de un efectivo diálogo equilibrado con las estructuras territoriales y funcionales de gobierno, cada una con alcances, obligaciones y facultades propias, y requeridas de instrumentos de planificación adecuados, continuos y participativos para todos, y por ello, también novedosos en la práctica social.[5]

Buena parte de los mencionados factores actuantes en la relación personal entre el propietario activo y el pasivo están condicionados por su existencia social, establecida o en proceso de maduración, y dependiente en alto grado de su reconocimiento público. Entre los propietarios activos en funciones estatales podrán encontrarse aquellos cuyos objetivos sociales sean estimular la participación popular formadora del máximo de propietarios activos, o quienes se interesen en inhibirla, incluso con el utilitario propósito de facilitar así su propia gestión de gobierno sin la multiplicidad de posibles interferencias que pudieran derivarse por el aprendizaje social del gobierno de la propiedad compartida, la estatal.[6]

La promoción pública de comportamientos disciplinados y con orden –en implícita subordinación al orden establecido por los propietarios activos de lo estatal- de hecho refuerza la diferencia en el desarrollo de ambos tipos de personalidad[7]. Igual efecto tiene la exhortación a que los planteamientos, reclamos y propuestas, se hagan en el momento oportuno, y en el lugar y del modo adecuados. Lo subjetivo de estas valoraciones introducen dudas en los ponentes, que esperando, y de hecho callando, pueden evitarse así señalamientos ingratos, entre los que el simple y siempre agresivo silencio puede así suponerse por muchos como respuesta aceptable, y también justificar la no actuación –que también es una actuación- de los destinatarios así activamente desactivados.

La práctica social resultante de los condicionamientos anteriores, diferenciadora entre los propietarios activos y pasivos de lo estatal bajo condiciones de actuación ética y socialmente reconocidas como públicamente válidas, puede resultar gravemente alterada, y las diferencias agudizadas, por la incorporación de espurios intereses individuales en uno o ambos participantes. Desde los sutiles compromisos bien promovidos por las escuelas gerenciales capitalistas, con regalos o convites de difícil diferenciación con gestos de cortesía habituales entre amigos y conocidos, hasta el intercambio explícito de servicios o recursos, los financieros incluidos, para beneficio personal directo, o para hijos u otros parientes, amigos o elegidos. También podrán pactarse concesiones a largo plazo, como posiciones laborales privilegiadas, basadas en probadas confianzas en valores éticos mafiosos que corruptos propietarios activos de lo estatal reconocerán en sus corruptores.

Entre los imprescindibles promotores políticos de la participación popular sobre la propiedad compartida podrán aparecer también militantes del gobiernismo, históricamente provechoso, que sus propias organizaciones deberán detectar y depurar según procedimientos que la experiencia, y su vinculación con las masas ya activadas respecto a la propiedad de cada uno y de todos, podrán perfeccionar paulatinamente.

La existencia de propietarios activos y pasivos de lo estatal no determina el surgimiento de clases diferenciadas donde los primeros tomen en su provecho las potencialidades de los recursos estatales que por sus responsabilidades de gobierno y servicio puedan captar. De hecho, todos podrán identificarse como propietarios pasivos de lo que no esté subordinado a sus funciones, y el que algunos se categoricen como clase privilegiada sólo podrá validarse cuando además de los propios funcionarios y gobernantes en funciones, sus familiares, colaboradores, protegidos y protectores, se nutran y organicen para desvíos y privilegios ajenos a los valores éticos promovidos socialmente.

 Los resultados sociales de las prácticas corruptas que pueden aparecer aisladamente en cualquier entidad, y su posible consolidación generalizada en términos clasistas, requerirá de investigaciones objetivas, y comprometidas ideológicamente, que convendría fueran promovidas por los mismos que responsabilizados con el gobierno de cualquier entidad estatal, serían los sujetos que junto a sus familiares y afines se sometieran a tan sensible investigación sobre ellos mismos, con trascendentes efectos para la sociedad toda, y para ellos en lo individual. Lo que por confianza en los cuadros revolucionarios cabe transferirles en primer lugar, convendrá también ubicar en estructuras de gobierno donde la temporalidad y la transparencia demanden el aprendizaje social que se propicie por el tratamiento público del tema, no dependiente solamente de entidades estatales como las existentes en muchos países, como los latinoamericanos, que también muestran su ineficacia en ausencia de movilizaciones políticas adecuadas.

Está por empezar el complejo y consciente aprendizaje de los pueblos modernos para el logro efectivo de una propiedad compartida de lo estatal, que sin sonrojo pueda llamarse socialista, y sea percibida por cada persona con la viveza con que siente su propiedad privada. Las condiciones están creadas por las múltiples crisis descarnadamente destapadas por el capitalismo sustentado en la omnipresente propiedad privada, y sólo su reconocimiento, y comienzo de actuación social consecuente, podrán conducirnos al futuro de sostenible buena vida para todos, y que también pudiéramos perder, irremediablemente.

 

La Habana, 19 de Marzo de 2012

 

[1] Gerardo Ortega Mendiburu,  Dos responsabilidades trascendentes  enfrentamos los cubanos  en http://www.temas.cult.cu/catalejo/economia/Gerardo_Ortega.pdf

 

[2] Así reclamada por reconocidos comunicadores sociales cubanos (ver  Alfredo Guevara, Fundar es nuestra tarea, en  http://www.rebelion.org/noticias.pht?id=115284) y muy diferente de la plausible “desfinancierización” propuesta por Emir Sader (ver  Es el Estado,  en  http://www.rebelion.org/noticias.pht?id=95723).   

[3] Múltiples vías de comunicación con el pueblo, no necesariamente públicas,  pueden encontrarse en las experiencias alcanzadas por Cuba en su resistencia ante la hostilidad externa.

[4] Con necesaria revaloración de los parlamentos como factores movilizativos de las fuerzas revolucionarias, tomando experiencias como la checa presentada por Jan Kozak (en:    http://www.rebelion.org/noticia.php?id=53245)  y promovida por Malime (en:  Estado y poder,  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57049)

[5] Ortega Mendiburu, Gerardo, “Frente a la crisis de la propiedad privada, crear la propiedad compartida”, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85262.  

[6] Ejemplos evidentes de interferencias  aparecen en Bolivia, donde poblaciones aborígenes, obnubiladas por su tangible participación en las decisiones estatales, siguen bajo los principios del propietario privado desvinculado y hasta violentamente contrario a los intereses menos evidentes  de  todo el resto de la sociedad, con escenarios y escalas de actuación mayores a las de sus referencias vitales previas.

[7] También reflejado en el  rechazable  centralismo democrático  entendido como  “principio organizativo en una sociedad de orientación socialista”  (ver  Darío Machado, Algunas notas sobre la experiencia del centralismo democrático, en http://www.rebelion.org/noticias.pht?id=104698).  

 

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