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La nación desvalida. Población, pobreza y beneficencia pública en Cuba (1899-1930)

Resumen: 

Se analiza la articulación y el funcionamiento del sistema de beneficencia pública en Cuba entre 1899 y 1930. Mi argumento es que a fines del siglo xix y principios del xx se produjo una transición en las estrategias de atención y control de la pobreza, durante la cual se desarrolla, y luego prevalece, una racionalidad que reclama de los poderes públicos mayor preocupación e incidencia sobre el fenómeno en cuestión.

 

Abstract: 

The main objective of this article is to analyze the articulation and the functioning of the public beneficence system in Cuba between 1899 and 1930. My argument is that in the late nineteenth and early twentieth centuries a transition occurred in the strategies of attention and control of poverty, during which a rationality that demands of the public powers greater concern and incidence on the phenomenon in question develops and then prevails.

 

En cierta ocasión fui invitado por el joven sociólogo Nelson Jaime Santana a realizar un trabajo de campo en La Cajonera, una comunidad del barrio Atarés perteneciente al municipio capitalino El Cerro.[1] Habitada fundamentalmente por migrantes orientales asentados en la capital en busca de mejores oportunidades, La Cajonera exhibe muchos de los rasgos característicos de las comunidades pobres emergentes en las últimas décadas. No estábamos descubriendo entonces el agua tibia, ya que los estudios sobre pobreza y desigualdad social han formado, en los últimos años, un campo priorizado de las ciencias sociales en Cuba. Las investigaciones al respecto, acometidas desde ángulos y problemas diversos, han profundizado, sobre todo, en el análisis de las brechas sociales abiertas en el contexto de la crisis subsiguiente al derrumbe del campo socialista.

Pero la experiencia en La Cajonera me produjo inquietudes que no podía explicar con los estudios sobre el presente o el pasado inmediato. ¿Cómo se transformó la pobreza en una cuestión social? ¿Históricamente, cuáles han sido las estrategias de control de ese fenómeno? ¿Qué criterios han regido el funcionamiento de las instituciones asistenciales? ¿Cómo se construyó la responsabilidad del Estado y los poderes públicos en torno a este tema? Este artículo ha estado motivado por esas preguntas, aunque se encuentre lejos de responderlas en profundidad. Su objetivo principal es analizar la articulación y el funcionamiento del sistema de beneficencia pública en Cuba entre 1899 y 1930. Mi argumento es que a fines del siglo xix y principios del xx se produjo una transición en las estrategias de atención y control de la pobreza, durante la cual se desarrolla, y luego prevalece, una racionalidad que reclama de los poderes públicos mayor preocupación e incidencia sobre el fenómeno en cuestión. Ello puede explicarse de forma abreviada en una trayectoria que, en lo esencial, va del concepto tradicional de caridad al moderno de beneficencia pública; un proceso asociado a cambios en las concepciones sobre la pobreza, que a su vez fueron el resultado de transformaciones en la vida económica y social de la Isla.

 

Población y pobreza en el umbral del siglo xx

Para muchos cubanos, la transición al siglo xx se produjo en la más absoluta miseria. La guerra recién librada agravó el estado socioeconómico de un país que en las últimas décadas del xix mostraba un aumento de la pobreza tanto en indicadores cuantitativos como en sus manifestaciones sociales. El historiador Jorge Ibarra enfatizó en que el levantamiento independentista en febrero de 1895 «no fue solo expresión de la voluntad y el ideal de los cubanos, sino también de la necesidad y la pobreza que asolaba la Isla» (Ibarra, 2003: 35). El impacto de la contienda sobre la agroindustria azucarera puede apreciarse en las cifras de producción. La zafra de 1895 alcanzó 1 004 264 toneladas métricas, mientras las de 1896 y 1897 no rebasaron las 225 000. En 1899, solo la cuarta parte de los ingenios y centrales en capacidad de producir en 1894 había reanudado las actividades productivas y el área ocupada por todos los cultivos del país, unas 26 000 caballerías, representaba solo 50% de la superficie cultivada treinta años atrás (Le Riverend, 1981: 551).

El desastre agrícola e industrial era solo el perfil de una sociedad quebrada por las traumáticas consecuencias demográficas del conflicto. Se estima que la guerra arrojó un déficit de cuatrocientas mil personas, teniendo en cuenta los cálculos del período intercensal 1887-1895 (Instituto de Historia de Cuba, 2004: 2). El descenso de la población, registrado en 79 de los 126 términos municipales existentes, fue notorio en la región occidental debido al mayor rigor de la reconcentración. Los índices de mortalidad revelan la hecatombe que significó la política genocida del teniente general español Valeriano Weyler para intentar sofocar la insurgencia revolucionaria. La tasa bruta de La Habana en 1898 fue de 89,19 por mil, la más alta de todo el siglo xix, y se elevaron a niveles históricos las defunciones por paludismo, fiebre tifoidea y tuberculosis, entre otras enfermedades comunes (Le Roy y Cassá, 1913: 218-39).

La reconcentración de los campesinos empeoró la ya deficiente producción de cultivos menores, lo que provocó la carencia general de alimentos. Esta situación se agravó con el bloqueo a La Habana establecido por la Marina norteamericana, en abril de 1898. La desesperación general de la población y el caos reinante en el orden público se reflejaron en los niveles alarmantes de criminalidad (Díaz, 2005). El aumento de la mendicidad y la precariedad de la población infantil fueron otros de los problemas denunciados en la época. En 1898 se estimó para La Habana la existencia de unos veinte mil habitantes, entre menores y mujeres, necesitados de ayuda directa. Similares cálculos realizados en Matanzas arrojaron que solo en las localidades de Sabanilla, Jagüey Grande, Cabezas y Bolondrón existían más de dos mil quinientas personas sin amparo. Desde fines de ese año comenzó la distribución de alimentos y medicinas a esa población. En toda la Isla se repartieron más de cinco millones y medio de raciones de alimentos, ropas, medicinas y otros recursos, con un valor aproximado de un millón y medio de pesos (R. Suárez, 1902: 6-7).

Aunque fue intenso el proceso de rehabilitación desarrollado por la administración norteamericana, el gobierno interventor no logró solventar el crítico problema del desempleo (Instituto de Historia de Cuba: 44), y al estrenarse la República existía un gran contingente humano, integrado por un conjunto étnico y generacional diverso, carente de los recursos básicos para la reproducción de sus vidas. En 1903, Manuel Delfín, entonces director de Beneficencia, habló del asunto en los siguientes términos:

En las grandes ciudades, el bullicio de los parques y paseos, y el constante movimiento de las industrias y del comercio, hacen que no se oiga el sordo rumor de las clases pobres y desvalidas que yacen en el lecho de la miseria; tal parece, cuando el bullicio de los carnavales llena nuestra atmósfera, que aquí no hay quien no coma, quien no tiene un miserable lecho en que descansar. Y, sin embargo, en muchas casas los niños, las mujeres indefensas gimen en el más espantoso dolor, en la más amarga miseria. (Delfín, 1903: 3)

 

Durante las primeras décadas del pasado siglo, la pobreza fue endémica en la sociedad cubana. La fragilidad de una economía dependiente, la acentuada desigualdad en la distribución de la riqueza y la corrupción sistemática fueron algunos de los rasgos más evidentes del período. Los procesos urbanísticos y demográficos reflejaron con nitidez el subdesarrollo del país. Entre 1899 y 1919, la población habanera aumentó de 242 055 a 432 353 habitantes, hecho que estuvo acompañado por una tendencia acelerada a la ocupación del suelo. Se estima que entre 1871 y 1923 La Habana creció en unos 112 km2, pero ello se produjo en función de los intereses de la burguesía y las clases acomodadas. Tal fenómeno derivó en serios problemas sociales. Uno de los más delicados fue el déficit habitacional, por lo que resultó notable el progresivo hacinamiento de las capas populares. En 1904 se estimó que un tercio de la población de la ciudad vivía en unas 2 839 casas de vecindad (Tamayo, 1904). Con el tiempo, en el paisaje urbano habanero proliferaron de forma descontrolada las casas de inquilinato, los solares, las ciudadelas, y posteriormente los asentamientos de indigentes; formas de vida que se extendieron desde La Habana Vieja y los antiguos barrios de extramuros hacia la periferia de la urbe.

Un documento de la Jefatura Local de Sanidad de La Habana, fechado el 6 de marzo de 1913 y dirigido al alcalde municipal, denunció el hecho de que en distintos barrios de la capital se estaban edificando clandestinamente casas sin las condiciones establecidas en las ordenanzas sanitarias. Al final de la Calzada de Jesús del Monte, en el tramo comprendido entre la estación de tranvías y el barrio Arroyo Naranjo, se formaron nuevos repartos conocidos con los nombres de El Gavilán, Montejo, San José, Mameyes y Barrio Azul (López del Valle, 1913: 337-41). Tal situación fue denunciada por las autoridades sanitarias como «verdadero peligro a la salud pública», aunque preocupaba también el «estado moral» de los que vivían en ese medio (Méndez Capote, 1915: 620-26; Bay y Sevilla, 1924). En noviembre de 1914, la Secretaría de Sanidad y Beneficencia volvió sobre el asunto con la publicación de un libro que ilustraba algunas de las más conocidas viviendas pobres de la ciudad. Al realizar esa obra, según las palabras del secretario, Dr. Enrique Núñez, se buscaba «estimular los sentimientos humanitarios de los poseedores de esas miserables casuchas, ya que perciben alquileres remuneradores a costa de la comodidad y la salud de sus infelices inquilinos» (Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 1914; Chailloux, 2008).

La pobreza no era menos dramática en el campo, fenómeno que adquirió particular relieve en el contexto de la crisis económica subsiguiente a la Primera guerra mundial (1914-1918). La «danza de los millones» significó, inmediatamente después, la ruina de un pueblo abusado por los comerciantes, que especularon con los artículos de primera necesidad en una coyuntura de reducción de las importaciones. La situación de penuria, generalizada en todo el país, fue más aguda en algunas provincias, donde se produjeron continuas protestas contra el gobierno del presidente Mario García Menocal (1913-1921). Con el fin de trazar un plan estratégico para resolver tal situación, Raimundo Menocal, secretario de Sanidad y Beneficencia, convocó a varios directivos de la Secretaría para una reunión que se efectuó el 8 de abril de 1917. Como medida inmediata, ordenaron el establecimiento de cocinas económicas en aquellas localidades donde las circunstancias producidas por la guerra habían provocado la concentración de campesinos pobres. Ante la carestía alcanzada por algunos frutos, se dispuso que los terrenos del Estado, especialmente los cercados en poder de los hospitales y centros benéficos, se destinaran a la siembra de cultivos de subsistencia para lograr, en la medida de lo posible, la autosuficiencia alimentaria de esos establecimientos (López del Valle, 1917: 491-2).

Algunos autores han argumentado con indicadores macroeconómicos el «notable» desarrollo de la Isla durante el período en cuestión, pero estos esconden la profunda desigualdad social existente. De acuerdo con un estudio publicado en 1924, Cuba ostentaba una riqueza nacional equivalente a 2 050 pesos per cápita, proporción solo superada por los Estados Unidos con 2 700 pesos. En nuestro caso, ese patrimonio estaba respaldado por la industria azucarera y relaciones comerciales preferenciales con la nación vecina. Una parte considerable del capital económico invertido en Cuba —1 250 millones de pesos en 1924— era de origen norteamericano, por lo que el desarrollo de la riqueza doméstica se produjo fundamentalmente en beneficio de aquel país.[2]

A propósito del sometimiento de la dinámica económica interna por parte de las inversiones norteamericanas, y su efecto negativo en el régimen de propiedad de la tierra, el abogado Manuel Froilán publicó en 1908 un trabajo en el que denunció el hecho de que se estuviera produciendo una gran acumulación de capitales y riquezas en pocas manos, sin que el gobierno hiciera nada para impedirlo. Este autor no solo consideró injusta, sino ilegítima la desigualdad económica, ya que era el resultado de leyes sociales y no naturales. En el caso cubano, señaló que ese fenómeno estaba favorecido por la existencia de condiciones que permitían la concentración de la propiedad, bajos salarios que facilitaban la explotación de unos pocos sobre el resto de la población, y una Ley de Presupuestos «escrita en favor de los ricos» (Froilán, 1908: 85-7). Años más tarde, en el I Congreso Nacional Obrero, el doctor Cristóbal de la Guardia volvió sobre los peligros que representaba para la sociedad cubana la consolidación de una economía de latifundios que, al aniquilar la pequeña propiedad, dejaba vulnerables a miles de familias trabajadoras, vagando por los campos y «dispuestas al latrocinio para comer» (De la Guardia, 1915: 198-200).

El despliegue del potencial azucarero en este período, como ocurrió en el siglo anterior, fue posible mediante la importación masiva de trabajadores. Aproximadamente, 1 141 000 inmigrantes arribaron entre 1902 y 1925, un tercio de ellos haitianos y jamaicanos, traídos para los trabajos de la industria azucarera. Prohibida en 1902 por Leonard Wood, la entrada de braceros antillanos con fines laborales fue permitida por José Miguel Gómez en 1913, en favor de la empresa norteamericana Nipe Bay Company. Este cambio en la política migratoria, ejecutado bajo presión de la burguesía azucarera, fue impulsado durante el gobierno conservador de Mario García Menocal (Pérez de la Riva, 2013). Pero, como refleja el Gráfico 1, el aumento de la población activa no estuvo respaldado por la dinámica del mercado laboral. Si los años 20 se iniciaron con un derrumbe vertical de la economía cubana, que gravitaba esencialmente sobre la producción azucarera, poco más tarde, el crack de 1929 agudizó la crisis existente. Hacia 1930, el valor del azúcar se redujo en 60% y el período de zafra de unos 150 días a 70. En algunos centrales, 90% de la fuerza productiva quedaba ociosa durante el «tiempo muerto» (De la Fuente, 2014: 141). De ahí que al finalizar la tercera década republicana varios informes oficiales reconocieran que «el problema más urgente que el gobierno tiene ante sí es el de desarrollar nuevas fuentes de ingreso y de subsistencia para su pueblo» (Comisión de Asuntos Cubanos, 1935: 489).

 

Gráfico 1. Población activa y empleo en Cuba, 1890-1931

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en los censos de Cuba de 1899, 1907, 1919 y 1931.

 

La depauperación de las condiciones de vida en el campo obligó a muchas personas a probar suerte en las ciudades. No obstante, una parte de esa población quedó al margen de las redes productoras u otros mecanismos legitimados de integración social, y por tanto, sometida a oportunidades intermitentes, el trabajo en negro, o simplemente la mendicidad. Uno de los resultados visibles de ese fenómeno fue el auge de la marginalidad. Las mujeres resultaron, por lo general, más vulnerables que los hombres, debido a su posición subordinada en el mercado laboral y el control de los bienes. El ciclo de pobreza presentó para ellas un perfil específico, acentuado en ausencia del marido. A los determinantes macroeconómicos hay que agregar la incidencia de fenómenos habituales como accidentes, catástrofes naturales, enfermedades crónicas, u otras situaciones que podían desembocar en un estado de miseria. En definitiva, la línea divisoria entre tener un trabajo estable, que garantizara los recursos básicos para la vida; trabajar, pero carecer de parte de esos recursos; y ser pobre a secas, era en realidad muy frágil.

 

Fundamento de la beneficencia moderna

«La sociedad tiene el deber de cuidar a los menesterosos, recayendo en la beneficencia una de las más elementales obligaciones del Estado».

                                            Luis L. Adam Galarreta

                                           (Presidente de la V Conferencia Nacional de Beneficencia

                                           y Corrección de la Isla de Cuba, 1906)

 

Por definición, la beneficencia integra al conjunto de instituciones que, de forma gratuita, una administración pone a disposición de los más necesitados para su atención, de las cuales las más recurrentes han sido casas de expósitos y maternidad, asilos para mendigos, hospitales y manicomios. Históricamente, se ha discutido mucho sobre los efectos sociales de la beneficencia. Al respecto, podemos distinguir dos enfoques básicos. Una línea de pensamiento ha considerado el impacto negativo de los mecanismos asistenciales sobre la conducta de los pobres y su actitud frente al trabajo. El argumento de que la ayuda pública, lejos de ser una solución a la pobreza, era en realidad su causa, fue esgrimido contra los defensores de la beneficencia. Con ese criterio, se fundamentó el despliegue de la represión a los pobres y sus perfiles concretos como la vagancia, la mendicidad o la prostitución. Otra tendencia valoró positivamente la intervención pública, destacando que el desvalido no debía quedar a merced de las ayudas voluntarias o la asistencia religiosa, y que era necesario desarrollar instituciones benéficas dirigidas por el municipio o el gobierno. Algunos defensores de esta línea fueron más lejos en su valoración al considerar la importancia económica y moral de sacar del mercado laboral a las personas menos productivas: niños, ancianos, enfermos.

La forma en que se estaba operando la transición de la caridad a la beneficencia fue observada con precisión por la escritora y feminista española Concepción Arenal Ponte. Veamos lo que al respecto escribió en una memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, en concurso de 1860:

La caridad oficial que se llama Beneficencia ha sustituido a la caridad que, sostenida por el espíritu religioso, auxiliaba a los enfermos y a los necesitados. El Estado, representante de la nueva sociedad, ha recibido de la que se extingue la sagrada misión de amparar al desvalido. (Arenal Ponte, 1861: 42)

 

Tal cambio fue frecuentemente acompañado de otro principio fundamental: «la Beneficencia de ayer era socorrer al menesteroso, la de hoy consiste en proveer que no haya menesterosos» (Sánchez Agramonte, 1902: 72).

Aunque existieron iniciativas previas, considero que no fue hasta fines del siglo xix y principios del xx cuando se desarrolló en Cuba una matriz de pensamiento que asumió la pobreza desde presupuestos modernos, rompiendo con la concepción tradicional que asociaba ese fenómeno a disposiciones divinas, y la intervención sobre ella un ejercicio legítimo solo de la caridad y la filantropía. Una de las cuestiones fundamentales fue la secularización de la asistencia a los pobres, aunque ese proceso no afectó por igual a todos los dominios de la institución eclesiástica.

En la transición al siglo xx, los cambios en los mecanismos asistenciales en Cuba operaban sobre un hecho más decisivo. El estreno republicano fijó, no sin limitaciones, las reglas de un juego social diferente. En medio del proceso formativo de la República de Cuba como Estado independiente, la Constitución de 1901 estableció en su Artículo 11 la igualdad de todos los cubanos ante la Ley. Esa fecha podría marcar el «estallido» de la «cuestión social» en el país, entendida como la tensión irresoluble entre la igualdad política y la desigualdad en las condiciones de vida, que está en la base constitutiva de las democracias liberales modernas (Guerra, 1999: 33-61).

El cambio enunciado encierra una clave metodológica definida por Giovanna Procacci del siguiente modo: «El problema no es la pobreza, sino que los pobres no pueden no ser considerados como iguales» (Procacci, 1993). Con ello quiero significar que, a principios del siglo xx, la pobreza en Cuba y la acción sobre ella se erigen sobre nuevos fundamentos jurídicos y políticos. Desde entonces, los pobres se transformaron en asunto de «interés oficial» y se volvieron más «preocupantes» en una sociedad que José Martí soñó «con todos y para el bien de todos». La nueva relación entre pobreza y ciudadanía fue manejada tanto por las élites políticas en sus programas electorales, como por las capas populares, que armaron con esa fórmula sus discursos de lucha y enfrentamiento al sistema. De ahí que en estos años se desarrolle un discurso que sitúa al Estado como actor principal en la solución de los problemas asociados con la pobreza. La intervención de los poderes públicos fue exigida con mayor interés, teniendo en cuenta las difíciles condiciones en las que operaba la asistencia religiosa y privada. Muchas de las instituciones de ese tipo que funcionaron en las primeras décadas del siglo xx carecían de los recursos necesarios para mantener, no digamos ampliar, sus prestaciones.

La asistencia a la nación desvalida buscaba, en principio, preservar a la «población sana y vigorosa» de las enfermedades trasmisibles, el crimen y otros males. Por ello, la beneficencia moderna no solo emanaba de la virtud cívica del ciudadano y el Estado, sino de la responsabilidad de ambos en la seguridad colectiva. Convencidas del «cáncer moral» que engendra la miseria, las élites intelectuales no dejaron de reclamar a la sociedad civil el deber de socorrer al menesteroso, pero consideraban «atribución obligatoria del Estado —no potestativa— conocer y solucionar cuanto se refiera a los problemas de beneficencia en su fundamento y derivaciones; pues la violación de deberes sociales, como son los de beneficencia, constituye delito» (Adam Galarreta, 1913: 68). En un contexto de incremento de las protestas de capas populares con planteamientos radicales, como los de algunos sectores dentro del movimiento obrero, los reformadores liberales invocaron la beneficencia pública como un importante ejercicio de control social:

La sociedad está obligada por el interés de la propia conservación a ejercer la Beneficencia, puesto que la Caridad es insuficiente para remediar la pobreza. La desesperación de los verdaderos pobres, espontánea o explotada, es materia dispuesta a todo género de agitaciones, y la salud pública se compromete con el abandono de la miseria. La historia de las revoluciones y de las pestes lo confirma. La Beneficencia es, por consiguiente, obra del raciocinio y una verdadera necesidad. (Sánchez Agramonte: 69-70)

 

Perturbados por la recurrente y polisémica imagen del progreso, urbanistas, médicos, criminalistas, educadores, entre otras voces del campo intelectual cubano, advirtieron los síntomas de la temida decadencia cubana, en esos espacios míseros. Convirtieron el infortunio de niños, mujeres, ancianos, «pobres hombres» —en su condición de «idiotas», mendigos, criminales, prostitutas, alcohólicos y enfermos— en fuente de conflicto y objeto de estudio. Sobre ellos ensayaron las diversas y sutiles técnicas con las que los poderes modernos monitorean, castigan y suprimen las potenciales amenazas al sistema. Si en un principio se consideró que la pobreza era el nefasto legado del dominio colonial, y que el nuevo sistema generaría, en su devenir, los mecanismos necesarios para erradicarla, tales consideraciones, impregnadas del biologismo positivista en boga, pronto se deshicieron en la congénita paraplejia republicana. El cambio político que representó el anhelado estreno de la república, metáfora de una vida independiente que despertó en el imaginario colectivo expectativas sublimadas, no generó, por sí mismo, la también necesaria «regeneración de la sociedad cubana».

 

Estructuras y funciones de la beneficencia pública

Al finalizar el siglo xix, existían en Cuba varios centros asistenciales para la población desvalida, la mayoría radicados en La Habana y gestionados por la Iglesia o particulares.[3] Por lo general, el gobierno colonial prefirió auxiliar a esas instituciones y no administrarlas directamente. En 1887, se dictó una Real Orden que regularizó el oficio de la beneficencia. De este modo, los servicios de la administración central, conocidos con las denominaciones de beneficencia general y particular, pasaron a formar uno solo, con el nombre genérico de Beneficencia, bajo el protectorado del Ministerio de Gobernación («Instrucción para el ejercicio…», 1887: 1). A pesar de esa reforma, que buscó optimizar el funcionamiento del ramo, los últimos años de esa centuria se caracterizaron por el progresivo abandono del sistema asistencial en la Isla.

En enero de 1899, con la instauración oficial de la ocupación norteamericana, fue surgiendo el orden en los servicios públicos. Las condiciones en las que había quedado la población del país luego de la guerra, y el estado que presentaba la mayoría de las fundaciones benéficas existentes, hizo considerar al gobierno interventor que el socorro a los miles de seres sumidos en la más profunda indigencia era uno de los más apremiantes problemas que debía atender. La actividad del poder central se conjugó con la de las autoridades municipales, la Asociación de la Cruz Roja y algunos particulares. Aunque se improvisaron hospitales, asilos, dispensarios, cocinas económicas y otras medidas transitorias, la administración norteamericana buscó sentar las bases de un sistema de beneficencia «racional» y «moderno» (R. Suárez: 5).

Para responder a las necesidades de la capital y sus inmediaciones, en 1899 el general William Ludlow —gobernador militar del Departamento de La Habana— creó una oficina llamada Departamento de Beneficencia y Hospitales, bajo la dirección del doctor Charles L. Furbusch. En enero de 1900, se ordenó a los jefes de los departamentos militares establecer un sistema ordenado de inspección mensual de cárceles, hospitales y otros establecimientos públicos, y se remitiera al gobernador militar informes detallados de cuanto estimasen conveniente para su mejor funcionamiento. De este modo, se renovaron por completo muchas instituciones, y en otras se introdujeron reformas importantes. En febrero de 1900 se dispuso la creación del primer Departamento de Beneficencia y Hospitales de la Isla de Cuba. Fue nombrado superintendente el comandante de artillería Edwin St. John Greble, responsable entonces de la supervisión directa de unos 118 establecimientos entre hospitales, asilos y dispensarios, varios de los cuales funcionaron temporalmente.

Las autoridades norteamericanas se apoyaron en la experiencia de expertos con reconocimiento internacional en materia de beneficencia como Homer Folks, secretario de la Asociación de Auxilio a la Beneficencia, del estado de Nueva York. El apoyo brindado por este al comandante Greble se materializó en la formulación de un proyecto de Ley que dio por resultado la promulgación, el 7 de julio de 1900, del Decreto no. 271, el cual introdujo modificaciones en la legislación anterior, para hacer más eficaz la acción del gobierno en esta área. El Decreto creó un Departamento y una Junta Central de Beneficencia en la Isla de Cuba, que funcionaron bajo la superintendencia general de la Secretaría de Estado y Gobernación. Dicha Junta estaba compuesta por once miembros —cinco de nombramiento libre del gobierno más otros seis delegados, uno por cada provincia—, y tenía como objetivo fundamental analizar y dar respuesta a todos los asuntos sometidos a su consideración, incluida la aprobación de las resoluciones adoptadas por las Juntas de Patronos, que regentaban los establecimientos asistenciales («Departamento de Beneficencia de Cuba», 1900: 65-70).

Según lo estipulado en la Ley de 1900, las obras benéficas a cargo del Estado eran: 1) el cuidado de los niños desvalidos, debidamente puestos a su custodia; 2) la custodia de todos los menores «delincuentes» de 10 a 16 años de edad; 3) el establecimiento de instituciones para la instrucción de niños sordos, ciegos o afectados de otros males; 4) la protección de los dementes recluidos en centros públicos, y la inspección de los centros privados dedicados a ese fin, y 5) la inspección regular de todas las instituciones benéficas existentes. Aunque se otorgó al Departamento facultades extensas, el gobierno cuidó, en el ejercicio de ellas, de no suscitar conflictos con las corporaciones religiosas y particulares que administraban varias entidades benéficas. No obstante, ello no impidió que se aplicaran medidas racionalizadoras, suprimiendo o fusionando centros que, por motivo de su precaria situación, dependían, en su totalidad o en gran parte, de los fondos del Estado (Valdés, 1927: 377-429).

De acuerdo con el informe presentado por J. R. Klean, cirujano del Ejército de los Estados Unidos y superintendente del Departamento de Beneficencia de Cuba, hasta el 20 de mayo de 1902, entre los resultados más importantes conseguidos hasta esa fecha estaban: la redacción de la Ley de Beneficencia; las reformas introducidas en el cuidado de los niños desvalidos, que perfeccionaban el sistema de colocación de menores en casas de familia y el establecimiento de escuelas correccionales y de oficios; las mejoras en la atención a los enfermos mentales; la creación de escuelas para enfermeras, cuya iniciativa mejoró la calidad de la asistencia en los hospitales; el perfeccionamiento de la administración, higiene y comodidad de los establecimientos benéficos; la definición, con exactitud, de las relaciones entre las instituciones privadas y el Estado; y la inauguración de las Conferencias Nacionales de Beneficencia y Corrección (Valdés: 392).

Sobre lo que significó el proceso de reformas en la beneficencia entre 1899 y 1902, un evaluador contemporáneo expresó, con marcado acento político:

Tres años de relativa libertad y bienestar han bastado para que nuestros hospitales y asilos hayan sufrido una radical y completa transformación, tanto en el orden administrativo como científico: se ha hecho más en ese corto período de tiempo, que en los largos años en los que éramos desgraciados colonos de un gobierno inmoral y corrompido. (Álvarez Cerice, 1902: 250)

 

Las Conferencias Nacionales de Beneficencia y Corrección de la Isla de Cuba marcaron un cambio de época en la historia de los debates sobre la pobreza y los mecanismos asistenciales en este país. La primera se realizó con gran expectación en La Habana, del 19 al 25 de marzo de 1902, mientras se ultimaban los detalles para investir como presidente a Tomas Estrada Palma. Las ediciones posteriores se realizaron en Santa Clara (1903), Matanzas (1904), Camagüey (1905), Santiago de Cuba (1906), Cienfuegos (1907), Cárdenas (1908) y Sagua la Grande (1910). Se proyectó la realización de la novena conferencia en la provincia de Pinar del Río, única en la que no se había consumado ese evento, pero no llegó a realizarse. Al parecer, problemas de financiación hicieron desistir de ello a sus promotores. Aunque en los años siguientes tuvieron lugar otros eventos en los que fueron analizados los problemas de la beneficencia cubana, ninguno alcanzó la magnitud de estas conferencias.

El Departamento de Beneficencia continuó subordinado a la Secretaría de Gobernación hasta 1909, fecha en que surge la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, primera de su tipo en el mundo. Esta quedó integrada por dos direcciones nacionales, una de Sanidad y otra de Beneficencia, y por una Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia. Tal acontecimiento reflejó la voluntad estatal por mejorar el trabajo en ese ramo. La nueva disposición comprendía, bajo la denominación de instituciones de beneficencia, a todos los hospitales —exceptuando los que estuvieran bajo la jurisdicción de las autoridades de Sanidad—, los asilos de huérfanos; correccionales para niños; hospicios para ancianos, dementes, «imbéciles», ciegos y sordo-mudos; obras pías; escuelas de enfermeras, y demás organismos cuyo fin principal fuera el cuidado de las personas impedidas de procurarse el sustento o de velar por sí mismas. Las provincias y municipios podían desarrollar, con fondos propios, cuanto estimasen conveniente al mejoramiento de la beneficencia, siempre que ello no violara las normativas del poder central («Ley orgánica del Poder Ejecutivo…», 1909: 96-103). Escapa de los límites de este artículo realizar un análisis detallado sobre cada una de las esferas regentadas por la nueva Secretaría.

Al finalizar los años 20 quedaban pendientes la creación de diferentes obras y la implementación de reformas que a través de los años fueron exigidas en más de una ocasión. Esta etapa se caracterizó, grosso modo, por el estancamiento de la iniciativa estatal, la inestabilidad administrativa y las afectaciones de la crisis económica y política que vivía el país. Varios centros benéficos funcionaron permanentemente con escasos recursos e irregularidades en su administración, de modo que una parte importante de la población desvalida quedaba al margen de la cobertura que aquellos podían prestar. Las deficiencias de la red asistencial se hicieron más notables en una nación donde, en esos años, se generalizó el desempleo, se acentuaron las desigualdades sociales, se impulsó la desintegración familiar, se incrementó el número de enfermos mentales, se elevó el índice de suicidios y la delincuencia juvenil, entre otros males. Sobre el estado de los hospitales públicos y otras instituciones benéficas bajo la administración de Gerardo Machado, la comisión que redactó el informe Problemas de la nueva Cuba realizó la siguiente observación:

Los hospitales, como otras instituciones oficiales, sufrieron mucho durante el régimen de Machado. Los presupuestos de aquellos se quedaron sin créditos para el necesario equipo científico o las necesidades dietéticas; y aunque se construyó una nueva prisión en Isla de Pinos, los reformatorios y las cárceles en general se encontraban en condiciones repugnantes que permitían el libre desarrollo de las enfermedades contagiosas. Los más desvalidos de la tierra, los enfermos, los pobres, los locos, los ancianos y los niños, eran las víctimas desconocidas e innumerables de la corrupción administrativa y de la tiranía. (Comisión de Asuntos Cubanos, 1935: 176)

 

En medio de la profunda crisis que resquebrajó aún más la discutida legitimidad del sistema republicano existente, se articuló un proceso de reformas legislativas que abarcó también el ramo de la beneficencia pública. Por Decreto no. 708, del 30 de marzo de 1936, se creó la Corporación Nacional de Asistencia Pública (CNAP). Dicha institución aglutinó diferentes organismos: creches, asilos, hogares infantiles y de ancianos, centros de servicio social, clínicas psicopedagógicas, etc. Años más tarde, el Ministerio de Salubridad y Asistencia Social sustituyó a la antigua Secretaria de Sanidad y Beneficencia. Pero tales acontecimientos caracterizan otra etapa en el desarrollo de las políticas asistenciales en Cuba.

 

Final

En este artículo nos hemos centrado en algunos rasgos generales de la articulación y funcionamiento de la beneficencia pública como ejercicio de gobierno en las primeras décadas del siglo xx, y queda pendiente un análisis más riguroso sobre los campos específicos que esta acción engloba. Asimismo, es necesario profundizar, en trabajos posteriores, en la relación entre las políticas que actúan sobre la población en los márgenes y otros asuntos como el trabajo infantil, el de la mujer, los accidentes laborales, el despido obrero y el salario o jornal mínimo, por citar solo algunos temas transversales al mercado laboral y la pobreza, sobre los cuales existe abundante información, pendiente de análisis por la historiografía cubana.

Por otra parte, conviene examinar las estrategias desplegadas por los sectores desvalidos para hacer frente a su condición, o sea, partir de enfoques más socioculturales y menos institucionales, como el aquí realizado, movimiento que ha sido impulsado por corrientes historiográficas contemporáneas.[4] Ello es necesario para superar la perspectiva binaria del problema en cuestión, que no reconoce más que las contradicciones básicas entre capital y trabajo. Si bien en las sociedades modernas la posición frente a los medios de producción, la dinámica del mercado laboral y la calidad del empleo son ejes indispensables para analizar la movilidad y las posibilidades de los ciudadanos, está claro que la pobreza es un fenómeno más complejo, multideterminado, y perceptible en modos que oscilan desde condiciones específicas, conmensurables, hasta prácticas culturales, actitudes y sentimientos asociados a los criterios que cada población tiene sobre sus necesidades, sus carencias y los extremos de la desigualdad social que experimenta.

 

[1]. El proyecto que desarrollaba mi colega fue premiado con una beca del Programa CLACSO-CROP en su edición de 2013.

[2]. El peso de la actividad azucarera en el ingreso nacional pasó de 29% en 1904 a 42% en 1925. Ver Trelles (1927).

[3]. Sobre la participación de la Iglesia en la organización de la beneficencia colonial, véase Torres-Cuevas y Lajara (2008). Entre los pocos estudios contemporáneos realizados sobre las instituciones benéficas de aquel período están Hidalgo (2006) y Torres Pico (2013). Aunque discrepamos de sus fundamentos, para una periodización general sobre el desarrollo de la actividad asistencial en la colonia, véase Bouza Suárez (2001: 66-70).

[4]. En esta línea pueden leerse los trabajos de María del Carmen Barcia (2005) sobre la sociabilidad de las capas populares, fundamentalmente negras y mestizas, en el período que abordamos, y de Dolores Guerra (2008) sobre las instituciones regionales de beneficencia organizadas por los inmigrantes hispanos en Cuba entre 1841 y 1923.

 

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La nación desvalida. Población, pobreza y beneficencia pública en Cuba (1899-1930)