Reforma constitucional y sistema político

Reforma constitucional y sistema político

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29 - Junio 2017
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Si bien no abunda la información sobre el tema, y todavía no está oficialmente declarado en qué momento comenzará el proceso, al parecer resulta inminente que se den los primeros pasos hacia una reforma constitucional en Cuba. Como señaló Juan Valdés Paz, en calidad de moderador del debate, esta sesión de Último Jueves pretendió contribuir a pensar estos cambios, antes de que se inicie su calendario de trabajo.

El panel, integrado por Julio César Guanche, jurista y académico; Israel Rojas, licenciado en Derecho y director del grupo musical Buena Fe; y Jorge Gómez Barata, periodista; abrió la discusión respondiendo a la primera pregunta: ¿Qué debemos entender por reforma constitucional? ¿Y en el caso cubano, qué alcance tendría?

A modo de resumen, Guanche recordó que la Constitución actual, aprobada en 1976, es la que más vigencia ha tenido en la historia cubana desde que somos república formalmente independiente; a diferencia de las de 1901 y 1940, que perduraron mucho menos.

La Carta Magna en vigor ha sido transformada tres veces: en 1978, para renombrar a la Isla de la Juventud, antes Isla de Pinos; luego en 1992 se modificaron 77 artículos, de 141 —prácticamente la mitad del texto—; y finalmente la reforma de 2002, que cambió parte de tres artículos, lo cual suele conocerse más como la cláusula de intangibilidad del socialismo cubano.

En 2011 comenzaron los anuncios públicos, por parte de la dirigencia del país, acerca de una reforma constitucional o la elaboración de una nueva constitución. Hasta ahora, la información pública sobre el tema no indica que se haya avanzado mucho en los trabajos de la reforma, subrayó Guanche.

En cuanto a lo que dice la Ley, el artículo 137 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional, y solo ella, puede modificar la Constitución por acuerdo de dos terceras partes de sus miembros. Luego, si el nuevo contenido reformado —que podría ser una nueva Carta Magna— afecta el catálogo de derechos, o la atribución de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, los cambios deben someterse a plebiscito. “Si se hace ahora —destacó Guanche—, sería el primer plebiscito para una nueva constitución, desde 1976”.

Desde el punto de vista técnico, deben darse tres momentos: una iniciativa para reformar, una deliberación al respecto, y la decisión final de un electorado, que aprueba, o no, un contenido específico que se haya sometido a su criterio.

Ahora, desde el punto de vista político, agregó el jurista, influyen otros aspectos. Por ejemplo, en 1990 se hizo una ley de reforma constitucional, y fue la que condujo a la reforma dos años después. “Algo parecido debería existir ahora —explicó Guanche— para definir cuál es el órgano, cuáles son los alcances, las fechas”. Una ley así también debería garantizar espacios de discusión y los mecanismos de respuesta frente a posibles coerciones del debate.

De igual manera, una reforma siempre interviene en los arreglos de poder en la sociedad, y debe dar cuerpo a ideas y prácticas que tienen presencia social. En opinión del académico y profesor, es muy probable que el contenido de los Lineamientos sea parte de la nueva Constitución, como ocurrió con el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyas demandas quedaron consagradas, en parte, a modo de reforma constitucional en 1992.

Sin embargo, Guanche precisó que no es lo mismo una discusión popular sobre los temas recogidos en los Lineamientos, que una reforma constitucional, pues esta aprueba o rechaza contenidos jurídicos específicos con valor normativo (obligatorio), y abarca mucho más campos, además de lo económico y lo social. Sería posible, desde la legalidad vigente, especificó, hacerlo de este modo: convocar a la discusión popular, debidamente reglada, para la cual se incentive la libertad de ideas y propuestas sobre el anteproyecto; con protección frente a cualquier acción encaminada a coartarlas, y con referendo popular, mediante el voto libre, directo y secreto, que adopte la decisión final sobre el contenido en consulta.

Foto: Randdy Fundora/ Temas.

Por su parte, Jorge Gómez Barata, consideró que los trabajos de reforma no pueden estar sujetos a tecnicismos ni precondiciones. Realizar una reforma constitucional en Cuba hoy sería un proceso político de una complejidad enorme —apuntó—, casi tanto como cuando se elaboró la Constitución, en 1976.

En aquel momento había que hacer una Ley Fundamental a la medida de la Revolución y de la construcción del socialismo. “Eso implicó un cambio extraordinariamente radical, difícil, porque había que omitir casi todo el pensamiento constitucional vigente, que es esencialmente liberal”, comentó Gómez Barata.

Volviendo a las definiciones, señaló que la Constitución no es un programa político ni una línea de deseos, sino una regulación de cómo funciona el Estado en todos los aspectos; por lo tanto, tiene que ser un documento muy realista, práctico, utilitario.

“Como el proceso político cubano que estamos viviendo es tan complejo, igualmente complejo será el problema de reformar esta Constitución para hacer, como diría Raúl, un traje a la medida de lo que queremos y necesitamos”, sostuvo Barata.

Israel Rojas valoró que la discusión de los Lineamientos adelanta un poco el proceso de reforma, y que estos pasarán a convertirse en fuente de derecho, por el debate popular que han generado. “Creo que la reforma constitucional al final no va a hacer otra cosa que consagrar, ordenar, lo que ya en la práctica está sucediendo”, dijo.

Además, no se debería desaprovechar todo ese análisis precedente. A nuestro país le hace falta una reforma de este tipo, comentó, por la necesaria implicación de las nuevas generaciones en un proceso fundacional como este, de refundación incluso del contrato social… “Me parece muy importante que el proceso no se alargue tanto, que sea lo más breve posible”, añadió.

En cuanto a transformaciones de las cuales se ha hablado, o que han comenzado a desarrollarse, Valdés Paz mencionó la descentralización, la estructura de la propiedad, el derecho a la información, la separación entre gobierno y Estado, la nueva Ley Electoral… ¿Qué cambios los panelistas advierten, desde ya, se incluirían en esa reforma, a partir de los lineamientos, el debate de la conceptualización, las proyecciones de desarrollo, etc.?, preguntó el moderador. ¿Cuáles serían sus implicaciones políticas?

Teniendo en cuenta declaraciones oficiales, y lo que se desprende de los documentos y las discusiones sobre la actualización, Guanche listó algunos elementos que están en el tintero. Respecto a la descentralización, el experimento de Artemisa y Mayabeque indica que se va a separar Estado y gobierno a nivel provincial, y que la autonomía a nivel de los territorios está mirando más a la provincia que hacia los municipios.

En materia de límites de edad para ocupar cargos públicos, lo que se ha informado, y debería pasar a ley, según el jurista, son los dos límites de mandato, de dos períodos; o sea, diez años. Porque la edad máxima de 60 años para ocupar cargos del nivel central, y 70 para altos cargos de dirección del Buró Político, responde a cuestiones del Partido, que no deberían aparecer en la Constitución.

Foto: Randdy Fundora/Temas.

Asimismo, se había anunciado una nueva Ley Electoral, pero las próximas elecciones ya están en curso para octubre próximo, y fueron convocadas en virtud de la ley vigente (de 1992); de modo que no habrá una nueva normativa inmediatamente. No obstante, acotó que la regulación electoral que surja debería considerar reformas en el Poder Popular, además de aspectos específicos como el tiempo de residencia en el país para votar y para ser votado, en coherencia con la reforma migratoria de 2012.

También ha tenido mucha presencia el tema de los medios de comunicación como servicio público, y la discusión sobre darle un papel más activo a la Asamblea Nacional, tanto en términos de legislación como de actividad política, lo cual incluye el debate sobre el tiempo y la forma de sus sesiones.

Deben constitucionalizarse figuras ya existentes como la Contraloría General de la República, las pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas no agropecuarias. Igualmente, cuando se habla de propiedad del Estado sobre los medios fundamentales de producción, es preciso destacar que no existe hoy una descripción constitucional específica de cuáles serían estos.

“Hay que definir —desde el prisma político e institucional, y no solo téorico— qué se entiende por un artículo vigente de la Constitución de 1976, que es la prohibición de la explotación del hombre por el hombre”, abundó Guanche. La lista de contenidos por otorgarle rango constitucional incluye cuál sería el tamaño ideal de las empresas, estatales y no estatales, la proporción deseada entre tipos de propiedad, y la regulación entre lo público y lo privado.

En cualquier caso, queda la interrogante de si la reforma va a consagrar lo que está siendo puesto en práctica, o abrirá un campo más amplio para otros asuntos que hoy no están en discusión, pero que podrían estarlo.

Gómez Barata insistió en que la Constitución debe regular el funcionamiento del Estado de la forma más general posible, de modo que quepan dentro de los procesos de desarrollo nacional diferentes iniciativas y asuntos por resolver. “Creo que es inevitable, es lógico, abordar la cuestión de los poderes del Estado: algo tiene que haber que distinga al ejecutivo del legislativo”. “La Constitución tiene que dar un marco a las libertades: a la libertad de pensar diferente, de opinar y conducirse de un modo diferente”, expuso.

Israel Rojas comentó que el proceso de reformulación constitucional habría que verlo como una oportunidad para convocar a sectores sociales que hasta hoy quizás están al margen de estas discusiones, “porque lo importante es la participación. Al final, es el pueblo quien se supone que tenga la última palabra en este tema”, afirmó.

Entre las cuestiones a modificar, resaltó la forma en que se legisla en Cuba y cómo se administra justicia. “Me parece que este es un momento inexcusable para crear en las nuevas generaciones una cultura jurídica que genere responsabilidad, que genere el valor del ser humano como ciudadano, como portador de deberes, derechos y obligaciones”.

La revista Temas realizó una encuesta, a través de Facebook y de forma presencial, sobre los tópicos que deberían incluirse en la reforma constitucional. De las quince propuestas, las cinco más votadas fueron:

  • El derecho a la información.
  • La nueva Ley Electoral.
  • La descentralización de la toma de decisiones.
  • La participación ciudadana en la consulta legislativa.
  • El papel y el estatus jurídico de los medios de difusión.

En cambio, los asuntos que recibieron menos votos fueron las regulaciones migratorias, la ciudadanía, el límite a la edad para ocupar altos cargos, el sistema de educación, y el sistema de salud.

Desde el público, un joven profesor de Derecho llamó la atención respecto a que en el país tenemos una cultura constitucional donde la realidad primero se va construyendo —por supuesto, con sus patologías y sus aciertos— y después entonces la constitucionalizamos. A su juicio, el gran reto político es lo que llamó “constitucionalización de la Constitución”: “No podemos pensar que poner una institución en la Constitución va a resolver el problema”.

Otro de los asistentes al Último Jueves preguntó: ¿Hasta qué punto, en este momento, sería más necesaria una nueva Constitución que una reforma constitucional? También recalcó que, aun cuando la discusión de los Lineamientos haya sido amplia y participativa, tuvo un propósito diferente a una modificación constitucional. Entonces podría ser riesgoso asumir que esos debates, que buscaban otros objetivos, validan el basamento popular que necesita cualquier reforma de la Carta Magna.

“La Constitución no se puede ver como un problema de los juristas, exclusivamente”, remarcó otro de los participantes. En su opinión, las definiciones deben llegar a los cimientos: qué entendemos por Estado socialista, por ciudadano, pueblo, democracia... Otro joven que intervino sugirió que la transformación constitucional debe estar precedida por un cambio de mentalidad.

Juan Valdés Paz planteó la tercera pregunta, acerca de cuáles otros temas cabría tener en cuenta, con vistas a la reforma, o inclusive ante una nueva Constitución.

Partiendo de lo que, a su criterio, resulta un consenso entre los juristas cubanos, Guanche propuso una extensa relación de asuntos susceptibles de cambiarse: la ampliación de la electividad de los cargos públicos, frente a la extensión de la  práctica de designación; el aumento de la eficacia y el poder de los mecanismos de mandato imperativo, revocación de mandato y de rendición de cuentas; y la ampliación de poderes a las bases ciudadanas, lo cual se extiende a las actuales Comisiones de Candidatura.

Además de ser un programa, la Constitución debe ser un instrumento normativo, exigible frente a cualquier tribunal en cualquier lugar. Tiene que servir también —prosiguió— para fomentar debates políticos y constitucionales y para generar prácticas judiciales.

Habría que ampliar el catálogo de derechos y sus mecanismos de defensa; regular mejor el proceso de creación normativa y pluralizar los actores que pueden promoverlo; fortalecer los mecanismos de control constitucional; asegurar la jerarquía de la Asamblea Nacional como máxima emisora de leyes y de práctica política; y, acaso, describir constitucionalmente al Consejo de Estado y fijar la composición del Consejo de Ministros, entre otras cuestiones.

También se hace necesario constitucionalizar el modelo de desarrollo a seguir. “Es algo que las constituciones más recientes han venido haciendo, y que es bastante útil porque se regula imperativamente qué se quiere hacer, o hacia dónde se quiere ir, y hacia dónde no”, explicó Guanche.

Israel Rojas defendió la idea de redactar una nueva constitución y, en ese sentido, sugirió aprovechar la experiencia constituyente de los procesos progresistas de América Latina. “Pienso que nuestro país adolece de una visión, una conceptualización económica: hacia dónde vamos, en correspondencia con nuestras posibilidades, nuestras circunstancias”, afirmó.

De igual forma, coincidió con Guanche respecto a la necesidad de un tribunal —o institución similar— constitucional. Cada cierto tiempo un ministerio u otra entidad elabora una normativa que puede ser lesiva a la Constitución, y no hay un tribunal que actúe al respecto. “Definitivamente hay mucho por discutir. Todo esto valdrá la pena en la medida en que se vuelva un proceso profundamente democrático, que llegue hasta los últimos confines de la sociedad”, resumió Rojas.

Gómez Barata añadió que tanto para la reforma como para la redacción de una nueva Carta Magna es preciso convocar a una asamblea constituyente, o alguna estructura similar; compuesta por personas capacitadas, que sean electas y trabajen de modo transparente.

“A la asamblea constituyente que acordemos, no se le debe admitir que deje nada pendiente para que otro lo legisle. Porque ya pasó en 1940 y en 1976, con las leyes complementarias, que no se ha dictado ninguna”, recordó el periodista.

Entre el público, un sociólogo mencionó otras normativas necesarias, como la Ley de Asociaciones, la de Municipios, la Ley de Empresas… Sin embargo, la elaboración de esas regulaciones podría ir en contra del espíritu o la letra de la constitución vigente. “Creo que estamos en una especie de trampa: hasta qué punto las leyes, si se hacen, contradicen a la Constitución, o esta debería ser preliminar a las leyes”.

Por la magnitud de los cambios realizados y sus impactos posibles, y por la dimensión de los reclamos y expectativas de muchos debates que se han realizado, valoró que debe crearse una nueva constitución, y convocar a una asamblea constituyente.

Foto: Randdy Fundora/Temas

Otro asistente al debate, mecánico de oficio, apoyó la importancia de contar con un tribunal constitucional, y opinó que muchos aspectos deben realizarse primero, para después ser legislados. Un jubilado, asistente habitual al foro de los últimos jueves, afirmó que la Constitución debe ser un documento primario en la formación de un ciudadano.

“Me parece que la cuestión reforma constitucional o asamblea constituyente deja intacto un problema —valoró Rafael Hernández, director de Temas—: ¿Cuántos aprobaron la Constitución de 1940? El asunto consiste en hasta qué punto se representa a sectores muy diversos de la sociedad”.

Otro joven jurista llamó a entender nuestro sistema político, para respetarlo y conocer sus posibilidades. “Si queremos comprender nuestra Constitución, tenemos que remitirnos a la constitución soviética —estalinista— de 1936, para entender cuáles fueron los fundamentos ideológicos y particularidades de los que nosotros bebimos”, expresó. A su juicio, en función de lo vigente, no podría existir en la actual circunstancia un tribunal constitucional, puesto que la Asamblea no es un órgano legislativo —al cual podría contraponerse un aparato judicial—, sino un órgano supremo de poder. Como la Asamblea tiene las mayores facultades, tampoco podría convocarse a una constituyente con independencia de ella, a menos que antes se cambiara la propia Constitución. Finalmente, agregó que las discusiones que antecedan a la reforma deben tener carácter vinculante, para que verdaderamente sean incorporados sus planteamientos.

Siguiendo la opinión anterior, Gómez Barata subrayó que el sistema político tiene que cambiar, y atemperarse a las nuevas realidades, nuevas correlaciones y pensamientos. “No es lo mismo una Revolución triunfante, que un sistema institucional sesenta años después”, enfatizó.

Guanche se refirió a la significación de recuperar prácticas constitucionales y políticas propias de la historia de los sectores populares y trabajadores cubanos. Dado que la Asamblea Nacional resulta el único actor constitucional, se perfilan dos alternativas: por ejemplo, ampliar el rango de la iniciativa legislativa —que hoy solo se refiere a leyes— a iniciativa constitucional, y también a las de nivel territorial, para actos normativos de provincia y municipio. “Eso sería un campo de desarrollo interesante, a favor de grupos organizados de ciudadanía, para estimular desde abajo el orden constitucional cubano”, sostuvo el jurista.

Israel Rojas insistió en un punto neurálgico: un proceso como este solo puede tener sentido mientras sea profundamente democrático, vinculante de todos los sectores sociales, participativo, de abajo hacia arriba.

Al cierre, el moderador recalcó que, más allá de que pudiéramos aspirar a una nueva constitución, y por tanto a un proceso mucho más complejo, estamos convocados en este momento a una reforma constitucional, basada en los mecanismos de la actual Constitución. Ese es el punto  de partida. “Creo que este debate social y político por una reforma constitucional, va a ser la gran batalla de ideas, porque ahora se pueden distinguir corrientes sociopolíticas demarcadas en la sociedad cubana, hay diferencias notables en la estructura social, y además estamos por la séptima generación política”, anotó.

Los sectores revolucionarios, comprometidos con el socialismo y la justicia social, deben prepararse para ese escenario, pues otras fuerzas políticas también querrán que sus intereses aparezcan en la nueva Constitución. Ya se sabe que el procedimiento cierra con un referendo —prosiguió Valdés Paz—, pero lo más importante es la participación y todo el debate de concientización.

El sociólogo hizo hincapié en reducir la desviación entre el ordenamiento jurídico cubano, la letra; y las prácticas y el funcionamiento institucional real. “Si vamos a una reforma constitucional, vamos a producir otra normativa suprema, y tampoco se va a cumplir, encontraremos lo que creo es el problema más profundo de la realidad política del país, que es que su normativa institucional no es la que está rigiendo”.

Alrededor de 135 participantes llenaron la sala del centro Fresa y Chocolate, una concurrencia proporcional a la alta significación política y social de este tema para Cuba hoy.