El símbolo Ayotzinapa

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El ataque a los estudiantes normalistas, en septiembre pasado, detonó en México la ira popular y el reproche al desempeño del gobierno ante este caso y ante otros igualmente estrujantes. Unió la indignación de años por la inseguridad y la impunidad y por la corrupción que las hace posibles.

Ayotzinapa, el poblado del sureño estado de Guerrero en el que estudiaban los normalistas, se convirtió en un símbolo: el del último límite al que llegó el país con aquellos reclamos. En la historia moderna de México solo hay otro símbolo semejante: la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, que aplastó a un movimiento de impulso democrático.[1]

El movimiento tenía demandas elementales contra la represión, pero su resorte interno era profundo: fue el último límite al que llegó el país, harto de un régimen político con férreas limitaciones a las libertades individuales y sociales y el agobio de la desigualdad.

Aún se desconoce la marca que dejará Ayotzinapa y si el escenario cambiará, como cambió después del 68 mexicano. Pero el otoño de 2014 ya mostró un ánimo popular, el brusco viraje en la agenda política nacional y el escepticismo dentro y fuera del país sobre la capacidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de reaccionar a la altura de los hechos.

 

La era del PRI

Desde mediados del siglo XX la economía mexicana tuvo un sector público fuerte y un proteccionismo que impulsó el desarrollo de una clase empresarial. Durante décadas México vivió con estabilidad de precios y un crecimiento por persona de más del 3% en promedio anual. De un país rural y agrario se convirtió en otro, industrial y urbano.[2]

Sin embargo, el fruto se repartía de manera desigual. La inequidad en el ingreso se volvió creciente, radical y tensa. El gobierno apeló a la retórica social y a los mecanismos de control a través del partido de gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI). Cuando esos diques fallaron vino la represión selectiva.

Durante ese periodo germinaron demandas populares, de las cuales las más visibles fueron la democracia y la equidad social. Conflictos locales y limitados (por reclamos agrarios, salariales o de condiciones de trabajo), a menudo se volvieron asuntos políticos nacionales.

La necesidad de esos movimientos de gestionar en forma democrática sus peticiones, chocaba con la esencia del régimen, el hueso duro del autoritarismo, que no dejaba espacio para deliberaciones. En las elecciones abundó el fraude. La asfixia civil y la tendencia represiva oficial, cobijada por un alegato rancio, propio de la guerra fría, culminaron el 2 de octubre.

Tlatelolco impactó al país entero. No resultó extraño que a los pocos meses, desde el mismo centro del poder, se ventilara la necesidad de lo que se llamó “apertura democrática”.

 

El péndulo se mueve

Desde mediados de los 70 se esperaba en México un giro que permitiera el pluralismo, la legalidad electoral, la vigencia efectiva de las garantías individuales y sociales y la existencia de un Estado de derecho bajo el mandato de la Constitución. En 1977 la primera reforma electoral abrió la puerta a nuevos partidos.

Al mismo tiempo, por esa época empezó a crecer en oficinas del área económica del gobierno el pensamiento neoliberal. Surgió una corriente de funcionarios de esa tendencia que pudo escalar posiciones, hasta llegar a la primera fila en los años 80.

Entendieron que solo dentro del gobierno y en estrecho contacto con el PRI podían convertir su pensamiento en políticas públicas. Había madurado lo que algunos llamarían “el ADN de Hacienda” (por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo así como el alma mater de la nueva fracción, cuya incubadora original fue el Banco de México).

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), esa corriente pudo influir decisivamente en la formación de la política económica mexicana. Lo hizo con el paraguas de combatir los excesos y desastres del estatismo del pasado inmediato (deuda externa imparable, emisión continua, inflación, obesidad gubernamental, indisciplina fiscal, ineficiencia del sector público, regulación extrema, despilfarro, corrupción).[3]

Pero la corrección se hizo por una vía fundamentalista, que movió el péndulo hacia el otro extremo: apertura comercial ilimitada y amplia privatización. En los años 90 los gobiernos de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) fueron el punto de inflexión.

Pareciera que todo era un mismo paquete inevitable: a más democracia, más privilegios al capital privado; a más libertades civiles, más desregulación interesada. Se impuso el discurso que mezclaba sin recato unos y otros componentes hasta hacerlos mellizos.

Un escenario político desconocido por generaciones en México llegó como un bombón envenenado. Hubo más partidos y un ancho margen para la libre expresión. Entes autónomos velaban por la transparencia oficial, el rigor de las cuentas públicas y la vigencia de los derechos humanos. El PRI perdió gubernaturas, la mayoría en el Congreso y la Presidencia de la República. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) gobernó de 2000 a 2012.

Sin embargo, ni el nuevo escenario ni la alternancia mejoraron las condiciones de vida de las mayorías. Grandes privatizaciones terminaron en operaciones fallidas o en la súbita formación de fortunas. Fracasos escandalosos de los privados (bancos, carreteras, azúcar) se convirtieron en deuda que pagarán generaciones de mexicanos.[4]

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte excluyó la fuerza laboral y salvaguardas o fondos de cohesión, como los europeos, por lo que resultó un pacto igualitario entre desiguales.[5] El Estado cedió herramientas y capacidad de actuación. La experiencia democrática se atascó con nuevas barreras, como la tácita alianza entre el gobierno y las principales cadenas de televisión y la concentración de facultades y privilegios en las cúpulas de los partidos. La desigualdad y la corrupción siguieron tensando la cuerda.[6]

 

Mezcla explosiva

En el último cuarto de siglo México vivió una mezcla explosiva. El desvanecimiento del Estado se unió al fortalecimiento de bandas criminales y al incremento del flujo de armas desde los Estados Unidos. Los carteles de la droga impusieron su ley en zonas del territorio nacional. Compraron o expulsaron a poderes locales. Establecieron alianzas en el exterior y se insertaron en el circuito negro de la economía global.

El endurecimiento del control estadounidense de la frontera común, después del 11 de septiembre de 2001, impulsó en México el almacenamiento, comercio y consumo de enervantes. Sin embargo, los Estados Unidos —primer consumidor mundial— han permanecido como el destino principal del tráfico de drogas desde el sur, cuya principal vía de acceso es México.

Los golpes a algunos consorcios del narcotráfico provocaron un desdoblamiento de agrupaciones delictivas, por lo que la hidra se regeneró con nuevas cabezas, en nuevos territorios.

Al mismo tiempo, algunas bandas añadieron a su cartera el secuestro, la extorsión masiva (cobro de derechos a poblaciones y regiones enteras); la infiltración económica (ocupación de empresas para ejecutar negocios ilegales con cobertura legal); el tráfico de personas, de vehículos y de armas.

El Estado cedió y el crimen organizado avanzó. México ha vivido una espiral de violencia con periodos de altas y bajas, pero incesante, desde mediados de los años 80.

Dos episodios recientes influyeron, además, para intensificar la vorágine: a) el presidente George W. Bush dejó expirar en 2004 la prohibición de venta de armas de asalto, y b) la Operación Rápido y Furioso (2009-2010), por la cual la Oficina de Control de Armas, Alcohol y Tabaco de los Estados Unidos diseminó más de dos mil armas entre redes delictivas mexicanas, con la intención de seguir el rastro del mercado negro; el seguimiento fracasó y las piezas se perdieron en la bruma del crimen organizado.[7]

La estimación oficial de México es que el 70% de las armas en manos de la delincuencia organizada procede de los Estados Unidos.

 

Delincuencia uniformada

Desde los años 50 el Ejército salió a las calles a reprimir estallidos sociales, que se hicieron más frecuentes en la década siguiente, hasta llegar a Tlatelolco. Luego hubo alzamientos guerrilleros que sucumbieron por la falta de apoyo social, las delaciones y la reacción oficial de extrema violencia.

Bajo los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) actuó la Brigada Blanca, un grupo de élite militar y policial, que devino escuadrón de la muerte. Con impunidad para sofocar a las guerrillas, secuestró, torturó, desapareció y asesinó. Con métodos similares, unidades del Ejército enfrentaron los alzamientos rurales en Guerrero.[8]

Cuerpos como la Dirección Federal de Seguridad (DFS, policía política) y policías locales, experimentados en la violación de derechos humanos en etapas anteriores, se cobijaron en la campaña anti-guerrillera para extender la arbitrariedad a toda persecución contra opositores e incluso contra la delincuencia común.

De esa época proceden las prácticas extremas en la tortura, la sevicia y el terror. Pertenecen a la misma escuela de otros episodios negros de América Latina, desde los Tigres de Masferrer de la Cuba de Batista hasta los militares brasileños, la Triple A de Argentina, la DINA o la Operación Cóndor, si bien en México no alcanzó esas dimensiones.

Esa práctica se expandió entre las policías. Ahora es foco de atención de la sociedad, los medios de información y los gobiernos federal y locales; objeto de legislación y litigio y tema prioritario en las instituciones de derechos humanos. Pero no ha desaparecido.

La escuela del crimen dentro de las corporaciones públicas se diseminó entre las bandas delictivas. Peor aún: la delincuencia organizada se nutrió de desertores del Ejército y las policías.

Llamamiento a la 8ª Acción global por Ayotzinapa y México, 26 de enero de 2015.

 

La izquierda

A pesar de su escasa presencia entre la mayoría de la población, la izquierda mexicana en el siglo pasado influyó en numerosos movimientos sociales. Sin embargo, fue altísima y desproporcionada su cuota de víctimas (perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados), en particular procedentes de la principal formación, el Partido Comunista Mexicano (PCM).

Su propia experiencia y la realidad nacional impulsaron a la izquierda a privilegiar entre sus metas la defensa de las libertades democráticas. Después de décadas de clandestinidad, el PCM llegó a la vida legal con la reforma de 1977. Luego se fusionó con otros grupos, que llevaron a la fuerza unificada a la creación en 1989 del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El perredismo alcanzó presencia en las instituciones públicas y desde ahí empezó a cambiar su perfil, para hacerse más parecido a los demás partidos. Se organizó en corrientes internas, que se reparten candidaturas y cuotas de poder según su fuerza. Se concentró en pactar alianzas de cualquier tipo para obtener posiciones de cualquier nivel, sin importar ideología, práctica, historia o intereses de los aliados. En una variante radical de esa línea, hubo aliados que fácilmente se convirtieron en miembros y hasta dirigentes del partido.

La obsesión por llegar a los gobiernos y acumular diputaciones, alcaldías y presupuestos públicos llevó al PRD a vender su alma al diablo. La expresión plástica de esa trayectoria es Guerrero: el ex alcalde de Iguala, procesado como presunto autor intelectual del ataque a los normalistas en ese municipio y por homicidios y secuestros anteriores, fue postulado por ese partido; su esposa, consejera estatal del partido, es identificada como jefa regional de un grupo delictivo; el ex gobernador del estado, omiso ante la presumible conducta delictiva de ese matrimonio, también fue candidato perredista.[9]

La ira popular en las manifestaciones del otoño resume las últimas décadas de la vida política mexicana con este grito: “Ni PRI, ni PAN, ni PRD”.

 

Un mar de víctimas

Después de Tlatelolco y la guerra sucia, la mezcla explosiva de los últimos tiempos cobró nuevas víctimas. Una ola de feminicidios lanzó al mundo el nombre de la fronteriza Ciudad Juárez. A metros de un retén de policía, paramilitares asesinaron a 45 indígenas que oraban en un templo en la localidad de Acteal, Chiapas (sur). En el paraje de Aguas Blancas, Guerrero, policías locales mataron a 17 campesinos que iban a un mitin por la desaparición de uno de los suyos.

Un individuo apodado El Pozolero (por pozole, una sopa típica), fue detenido y confesó sus crímenes: disolvía con sosa cáustica en agua hirviente los cadáveres de víctimas de un grupo delictivo. En el poblado de San Fernando, Tamaulipas (noreste, frontera con los Estados Unidos), aparecieron en una fosa clandestina los cadáveres de 72 migrantes latinoamericanos. El poeta y periodista Javier Sicilia cambió su vida para dedicarse a la defensa activa de los derechos humanos: una noche su hijo adolescente fue asesinado sin motivo, en la antes tranquila ciudad de Cuernavaca. Tres funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos fueron asesinados en el norte del país; dos agentes de la CIA fueron heridos en un ataque a balazos a su vehículo, en el estado de Morelos.

En un paraje rural del municipio de Tlatlaya, Estado de México, a unos 240 kilómetros de la capital del país, murieron 22 personas a manos de una patrulla militar; siete efectivos están procesados, tres de ellos por homicidio calificado.

Todo esto ocurrió antes del ataque a los normalistas, solo en las últimas dos décadas, entre muchos otros episodios similares.

En una carretera del norte fueron acribillados el jefe regional de seguridad de Tamaulipas, un general de brigada, retirado del Ejército y su esposa. En ese estado fue asesinada una tuitera que divulgaba hechos de violencia. En la ciudad de Guanajuato (centro), un universitario que asistía al Festival Cervantino fue detenido por la policía local; su cadáver apareció al día siguiente. En el cerro del Ajusco, al sur del Distrito Federal, una estudiante de química de la Universidad Nacional, fue hallada muerta después de que sus padres pagaron parte del rescate que exigían sus secuestradores.

Esto último ocurrió después de Iguala, en un lapso de dos meses.

La mañana del 27 de noviembre, horas antes de que Peña Nieto anunciara un plan de seguridad, se descubrieron siete cadáveres decapitados en el municipio de Chilapa, Guerrero.

El símbolo Ayotzinapa expresa el reclamo por los asesinatos y desapariciones en Iguala, pero resume el agravio acumulado, la impotencia y la ira de una población que no alcanza a mirar el principio del fin de esta espiral de violencia.

Si los normalistas corrieron la suerte que describe la pesquisa oficial (atacados y secuestrados por la policía de Iguala, entregados a la policía de Cocula, asesinados e incinerados por una mafia), todo ocurrió, en primer lugar, por una realidad estremecedora: secuestrar, matar y desaparecer gente es algo común y corriente en esa parte del país (y también en otras).[10] Así lo demuestran las fosas clandestinas halladas en la zona, que testifican otros crímenes aún sin la resonancia del caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Aunque los datos varían según la fuente, no hay duda de que México está entre los países de América Latina con más alto índice de homicidios dolosos (en el rango de 20-30 por 100 mil habitantes, en una escala en la que otros seis países están arriba de 30).[11]

 

Un país ante un símbolo

La bola de fuego que se expandió por México como protesta saltó al exterior y se volvió titular de portadas. De Washington al Vaticano, de la ONU a los jóvenes en la calle en decenas de países, el mundo se preguntó cómo llegó México a este punto y como saldrá de la crisis.

La imagen de Peña Nieto cambió de pronto. De un presidente reformador, que prometía disparar al país a una era de progreso y modernidad y que había apartado la violencia del discurso oficial, pasó a ser otro, enfrentado al México real, a la crítica y al reclamo internacional de orden y legalidad.

Dentro del país, las impugnaciones al mandatario recorrieron toda la gama posible. En medio de la protesta masiva por Ayotzinapa, un factor adicional sacudió la figura del presidente. Informes de prensa y reportes oficiales abrieron la interrogante de si Peña Nieto pudo incurrir en un conflicto de intereses por lo que parece un trato preferente a una constructora, beneficiaria de contratos oficiales desde que el ahora presidente era gobernador del Estado de México (2006-2012).

El gobierno mantiene abierta la investigación del caso Ayotzinapa e impulsa una reforma legislativa sobre seguridad. El presidente ha dicho que seguirá con su plan de gobierno, continuación en otra escala de los ejecutados en las últimas tres décadas.

En la calle subsiste la oposición encendida y el repudio a los partidos, que se extiende a las instituciones. Pero no se advierte una forma clara de convertir esa energía en un programa o en hechos políticos decisivos. En las franjas extremas de la protesta callejera han surgido brotes de violencia descontrolada.

En ese vacío entre gobernantes y gobernados hay una crisis de legitimidad de los poderes públicos. Se expresa en la defensa popular del pluralismo y las libertades individuales y sociales y en la exigencia simultánea de rendición de cuentas y en el repudio a la corrupción.

Semejante crisis coincide con el retroceso en las capacidades del Estado y la espiral de violencia. En este tenso cambio de año no se mira cerca una salida al estilo del caracazo o el argentinazo, pero México ya es otro. El símbolo de ese cambio es Ayotzinapa.

 

[1] Un listado de fuentes sobre Tlatelolco en http://www.jornada.unam.mx/2003/09/28/mas-estante.html.

[2] Véase Tello, Carlos; Notas sobre el desarrollo estabilizador: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/364/09carlostello.pdf.

[3] Una panorámica en Méndez Morales, José Silvestre; Neoliberalismo en México http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf.

[4] El caso emblemático es el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro. En el sitio de la Cámara de Diputados hay esta cronología:http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm.

[5] El ex presidente Carlos Salinas defiende el pacto que firmó, pero reconoce las fallas y ausencias: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220ademas-del-tlc-falto-un-tratado-migratorio-8221-213007.html.

[6] Sobre las televisoras, un resumen en Toussaint, Florence, Televisa y Azteca: ¿un duopolio televisivo?, http://www.proceso.com.mx/?p=296485. Sobre la degeneración del sistema de partidos: Lorenzo Meyer, Partidocracia: un gran problema nacional, http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/140529.pdf.

[7] Cronología de Rápido y furioso en http://aristeguinoticias.com/2006/mexico/rapido-y-furioso-la-cronologia-del-escandalo/

[8] Breve historia de la Brigada Blanca en http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=014n1pol. Informe final de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero:http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

[9] Un emblema de esta crisis son las renuncias sucesivas al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, ex líderes y ex candidatos presidenciales.

[10] Véase http://www.jornada.unam.mx/2014/11/08/politica/002n1pol.

[11] PNUD; Informe regional de desarrollo humano 2013-2014www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL Resumen Ejecutivo.pdf.