La Economía Social y Solidaria y la actualización del modelo económico cubano

Introducción

El 1º de Mayo de 2013, Día Internacional de los Trabajadores, miles de cubanos —incluyendo grupos de trabajadores privados o “cuentapropistas”— desfilaron por decenas de ciudades y pueblos de Cuba, bajo la novedosa consigna lanzada por el gobierno, “Por un socialismo próspero y sostenible”. Los convocó la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que aspira a organizarlos y representarlos como hace con los trabajadores del sector estatal.

El mensaje implícito es que los trabajadores privados cubanos son aliados de los estatales y cooperativos en la construcción del nuevo modelo de economía socialista. Implícito, también, es que los ciudadanos que construimos ese socialismo compartimos los valores de solidaridad y responsabilidad social y ambiental, consustanciales al socialismo.

Pero ¿qué socialismo se supone que estamos construyendo? Según Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros: “Socialismo es propiedad social sobre los medios fundamentales de producción. Prosperidad se refiere al estado de satisfacción de las personas. Sostenible es la capacidad de mantenerse esa sociedad por sí misma en lo económico y también en lo social, medioambiental, y equivale además a desarrollo, porque lo que no se desarrolla, no se sostiene”.[1]

En términos económicos, supone que desarrollamos una (macro) economía que en su esencia es social y solidaria, compuesta de un conjunto de actores económicos —empresas estatales, cooperativas, trabajadores privados— que asumen como parte de su gestión (micro)económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, principios de responsabilidad con la sociedad (con la familia,trabajadores, clientes y otros involucrados en el emprendimiento, y la comunidad) y con el medioambiente natural y construido.

Sin embargo, muchos consideran que la sociedad cubana en realidad evoluciona hacia la deconstrucción de la economía social y solidaria, y que los actores económicos sentimos cada vez menos responsabilidad con la sociedad y el entorno. ¿Será cierto que corremos el riesgo de que la codicia y el mezquino interés personal arrebaten valores sociales como bondad, generosidad, compasión, cooperación, empatía y comunidad?

En este trabajo analizamos el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) aplicados a la realidad cubana, partiendo de una caracterización de su sistema económico basada el modelo de economía mixta, o tres economías. Concluimos que la ESS cubana es, potencialmente la unión de las tres esferas —pública, empresarial y privada— compuesta de un conjunto de actores económicos —estatales, asociativos y autónomos— que asuman los principios de responsabilidad con la sociedad y medioambiente.
La economía socialista en Cuba: conceptos implícitos y cambiantes

En Cuba, la responsabilidad social y la solidaridad constituyen —teóricamente— la razón de ser de la actividad económica, promovidas desde el gobierno central, “de arriba hacia abajo” y en una economía con fuerte predominio del sector estatal. El término empleado en Cuba para caracterizar su modelo es “economía socialista”, no “economía social y solidaria”, a pesar de sus coincidencias. Dicho modelo se creó por el Estado a través del sistema socioeconómico y político, la planificación central y las empresas estatales. Estas empresas tienen objetivos solidarios implícitos, pero raramente son explícitos o trazados por sus directores y trabajadores. Tampoco gozan —hasta el momento— de autonomía financiera como para destinar una parte de sus ingresos a acciones sociales o ambientales, que no sean explícitamente contempladas en el Plan de la Economía nacional.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social,el más importante proyecto de “actualización” del modelo socialista cubano desde 1976, estipulan que el sistema económico que prevalecerá continuará basándose en la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, y que en la distribución de bienes y servicios primará la planificación y no el mercado. Proponen mayor independencia de las empresas estatales y el desarrollo de formas de gestión no estatal en la producción y los servicios, “para lograr una mayor liberación de las fuerzas productivas, incrementar los niveles de producción y elevar el nivel de vida de la población.” Afirmando el carácter social de la economía, ratifica “el principio de que en la sociedad socialista cubana nadie quedará desprotegido,” y establece que “las entidades económicas en todas las formas de gestión contarán con el marco regulatorio […] teniendo en cuenta las normas de responsabilidad social y medioambiental establecidas”.[2]

Se trata de una Responsabilidad Social Empresarial (RSE) basada en normas y regulaciones externas, establecidas por el estado, no como iniciativa de la empresa, voluntaria, discrecional, gestionada como compromiso de sus accionistas y públicos interesados (“stakeholders”).

Como parte de este proceso de renovación del modelo económico cubano, el gobierno explora formas de fortalecer y brindar mayor autonomía a la empresa estatal socialista en sectores clave, a la vez de transferir una gran cantidad de empleos del sector público al creciente sector cooperativo y privado y descentralizar gran parte de la actividad económica.
Las tres economías en América Latina

¿Cómo caracterizar la economía cubana? Partimos del enfoque de José Luis Coraggio, de que las economías realmente existentes son siempre economías mixtas —o plurales— resultante de la articulación de tres esferas o dominios de la economía: la pública, la empresarial y la popular.[3]

La economía pública es la esfera donde los gobiernos, a diferentes escalas —nacional, regional y local—, suministran bienes y servicios a la ciudadanía, generalmente gratuitos o a precios subsidiados, incluyendo educación, salud, defensa y orden interior, seguridad y asistencia social, viviendas y servicios comunales, cultura y arte, deportes, ciencia y técnica, espacios públicos, agua y saneamiento, viales, servicios ambientales y muchos más. Es orientada a partir de una dirigencia política que sustituye la decisión ciudadana, o la encabeza mediante un proceso democrático que construye consensos o amplias mayorías.

La economía empresarial puede ser de carácter capitalista, orientada por el lucro y la dinámica de acumulación del capital, o socialista, encaminada al cumplimiento de planes sectoriales y la generación de ingresos para el estado. Puede ser de capital cien por ciento privado, estatal o mixto; nacional, extranjero o mixto; o alguna combinación de estos. En cualquier caso hay límites externos a las decisiones de propietarios y/o gerentes, impuestos por las casas matrices, la competencia del mercado, la política regulatoria, los planes económicos, la dirigencia política y el poder social.

La economía popular está compuesta por individuos, familias, comunidades y colectivos diversos que actúan en función de la utilidad material pero también inspirados en valores de solidaridad y cooperación. En su base está la economía doméstica familiar, orientada a la producción de condiciones de vida, de valores de uso capaces de satisfacer necesidades sin pasar por el mercado (huerto familiar, crianza de animales, servicios domésticos). Pero también incluye la economía popular mercantil, basada en combinaciones variables de venta de trabajo asalariado y de trabajo productor de bienes y servicios, por cuenta propia o cooperativa, en microempresas privadas o en el sector informal, actividades dirigidas a obtener ingresos para procurar en el mercado, bienes y servicios para el consumo.

Entre los tres sectores hay intercambios mercantiles y transferencias unilaterales, monetarias o no (subsidios, impuestos, donaciones, bienes públicos, remesas, etcétera).[4]

En la intersección de las tres esferas aparece “otra” economía, la Economía Solidaria, en la que coinciden: de la economía pública, los servicios a la población, la planificación del desarrollo y los presupuestos y gestión participativos; de la empresarial, las empresas público-privadas; y de la popular, las cooperativas y otras organizaciones de la sociedad civil con actividades económicas. Según Coraggio, se trata de la constitución de nuevas relaciones sociales que construyen una economía alternativa cuyo eje no es la reproducción del capital, sino la centralidad del trabajo en la reproducción de la vida. Según Paul Singer, economista y sociólogo brasileño, es una economía sin patrones a través del trabajo autogestionado por los trabajadores. Para Singer, la autogestión generalizada de la economía y la sociedad es el principal papel de la economía solidaria en la lucha por el socialismo.[5]

 

Las tres economías en Cuba

¿Cómo se puede aplicar este modelo, concebido para caracterizar economías de mercado como las de América Latina, a la economía cubana? Partimos de la caracterización de la economía cubana a partir del modelo de la economía mixta.

En el sistema socialista cubano, la economía pública o sistema presupuestado constituye una esfera de importancia y peso, pues el Estado asume, de manera exclusiva, la provisión de los servicios básicos. En 2012, las actividades presupuestadas representaron las dos terceras partes de los gastos corrientes del presupuesto del país, y 40,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total de ocupados en 2012 (4,9 millones de trabajadores), 40% (1,9 millones) trabajaba en la actividad de Servicios comunales, sociales y personales. En 2012, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) contabilizó 2 382 unidades presupuestadas, de un total de 10 556 entidades en el país.[6]

Otros bienes y servicios, como la vivienda, comercio, gastronomía, transporte y determinados servicios comunales, sociales y personales, que en la mayoría de los países son privados, en Cuba constituyen parte de la economía pública, si bien una parte (no cuantificada) es suministrada por la economía popular.

Sin embargo, a partir de la implementación de los Lineamientos,comenzó una reducción significativa de la esfera de la economía pública a favor de las esferas empresarial y popular. Un número importante de las actuales unidades presupuestadas nacionales y locales, que producen bienes o prestan servicios personales y productivos, pasarán al sector privado o a cooperativas, por lo cual debe reducirse significativamente el peso del sistema presupuestado en la economía cubana y, en consecuencia, el gasto público en este sector de la economía.

En Cuba, la economía empresarial es estatal, pues no existen empresas privadas y las mixtas son resultado de inversiones entre empresas extranjeras y el Estado cubano. En 2013, la ONE contabilizó un total de 2 472 empresas estatales, 30% menos que en 2006. Una fotografía del sistema empresarial estatal cubano mostraría a la cabeza unas treinta nuevas Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), especie de casa matriz de los grupos empresariales del Estado, atendidos de forma atomizada por el ministro o la ministra del ramo, con muchos grupos y uniones de empresas en cada una, suerte de corporaciones, y en la base cerca de dos mil Unidades Básicas Empresariales (UEB) sin ninguna autonomía, atadas por vínculos verticales.[7]

En 2014 se emitieron decretos y resoluciones ministeriales que proponen un conjunto de cambios para las empresas de propiedad estatal.[8] Entre ellos está que las empresas podrán vender, a precios acordados, el excedente de su producción, una vez cumplidos sus contratos con entidades del Estado, así como comercializar sus inventarios ociosos y de lento movimiento con otras empresas y directamente en el mercado mayorista. La empresa no tendrá que aportar al presupuesto del Estado la depreciación y la amortización, solo 50% de la utilidad después de impuestos. Las empresas podrán crear reservas voluntarias a partir de las utilidades netas, si están debidamente autorizadas. Sin embargo, los posibles destinos no incluyen inversiones sociales.

Estas reformas del sistema empresarial cubano llevarán a las empresas estatales a mayor autogestión —tomar internamente las principales decisiones estratégicas y operativas— y a operar en base a la lógica del mercado —maximizar sus utilidades y acumular capital, acercándolas al comportamiento de las corporaciones y empresas capitalistas.

La empresa estatal socialista cubana siempre ha tenido objetivos solidarios implícitos, pero rara vez han sido explícitos o trazados por sus directores y trabajadores. En tanto se mantenga la facultad de los organismos estatales de determinar el uso de sus reservas, poco podrán hacer aun cuando exista voluntad interna. Las transformaciones en proceso pueden contribuir a que la empresa estatal definitivamente deseche su vocación responsable y solidaria, en aras de priorizar sus utilidades y capitalización, o constituir una oportunidad de asumirla consciente y explícitamente, de manera democrática.

Un trabajador de una de las empresas estatales cubanas más exitosas del momento escribe:

Toda empresa socialista, al fundarse,[9] debiera responder las siguientes preguntas básicas: ¿cuál será su aporte a la sociedad?, ¿qué beneficios ofrecerá a sus trabajadores y cuáles de las necesidades de estos serán satisfechas (a través del salario u otras vías)?, ¿cómo garantizará su crecimiento continuo, el máximo nivel de eficiencia y ganancias?[10]

En cuanto a la economía popular en Cuba, a los efectos de este trabajo la definimos como igual al sector no estatal, integrado por las cooperativas y los trabajadores privados: campesinos individuales, artistas y artesanos, y trabajadores por cuenta propia (TCP).

En su base está igualmente la economía doméstica familiar, orientada a la producción de valores de uso capaces de satisfacer necesidades sin pasar por el mercado, así como la economía popular mercantil, basada en combinaciones variables de venta de trabajo asalariado y de trabajo productor de bienes y servicios, dirigidas a obtener ingresos para procurar en el mercado bienes y servicios de consumo.

En 2013, los trabajadores privados ascendían a 1 064 200 (21,6 % de los ocupados) entre campesinos y otros privados (60%) y TCP (40%). Se estima que la cifra puede llegar a dos millones, o 40% de los ocupados, en 2015. Los TCP, que en septiembre de 2010 eran unos 157 000 en 178 actividades, en julio de 2014 llegaban a casi 467 000 en 206 actividades.[11]

Como el principal recurso de un trabajador es su capacidad de trabajar, y el trabajo puede ser vendido a cambio de un salario, los límites entre la economía popular y economías pública y empresarial se confunden, y estas se entrelazan por vínculos formales e informales. Como los salarios reales no alcanzan para cubrir las necesidades materiales de las personas y sus familias, muchos trabajadores de la economía estatal —pública y empresarial— dedican parte de su capacidad de trabajo a la economía popular, para aumentar sus ingresos monetarios o en especie. El doble y triple empleo es una característica de la actualidad cubana.

Según el investigador Richard Feinberg, si sumamos los 575 000 campesinos y trabajadores agrícolas, los informales que desempeñan actividades privadas no autorizadas, y los estatales que tienen también empleos en el sector privado, el total de trabajadores privados puede llegar a dos millones, o 40% de la fuerza laboral.[12]

Esto coincide con el pronóstico para 2015 de trabajadores no estatales ocupados solo en la economía formal. De hecho, los ocupados en la economía estatal disminuyeron de 83,7% del total en 2009 a 73,8% en 2013, mientras que el porciento de trabajadores privados se duplicó.[13]

La ley cubana no reconoce la empresa privada como persona jurídica, sin embargo, entre los TCP se entremezclan la propiedad privada individual, donde el dueño y trabajador coinciden en una sola persona, y la propiedad privada capitalista, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, propiedad de un TCP que contrata habitualmente mano de obra asalariada.[14]

De los 456 000 TCP, 20% son contratados por otros cuentapropistas. Si asumimos que las empresas existentes tienen un promedio de cuatro empleados, se puede estimar que actualmente existen unas 23 000 empresas no agropecuarias en Cuba. Si aplicamos un índice similar a los 575 000 campesinos y trabajadores agrícolas, existen otras 32 000 empresas o fincas agropecuarias. Ninguna de ellas tiene personalidad jurídica como empresa mercantil privada, por lo que no pueden abrir cuentas bancarias o firmar contratos; solo tiene potestad el TCP o campesino titular, como persona natural.

Las cooperativas son consideradas “una forma socialista de propiedad colectiva […] que constituyen una organización económica con personalidad jurídica y patrimonio propio, integradas por personas que se asocian aportando bienes o trabajo, con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad y asumen todos sus gastos con sus ingresos”.[15] Por tanto, se diferencia tanto de la propiedad estatal como de la privada, y puede calificarse como una propiedad social o asociativa.

Desde el triunfo de la Revolución hasta 2013, las únicas cooperativas autorizadas fueron las agropecuarias. A partir de ese año, el Consejo de Ministros comenzó a aprobar la constitución experimental de las primeras cooperativas en otros sectores de la producción y los servicios. Hasta marzo de 2014 se han aprobado 498, en los sectores de comercio y gastronomía, construcción, servicios técnicos y personales, recuperación de materias primas, industria ligera, transporte público y energía. Del total de cooperativas aprobadas, 77% surge del desprendimiento de actividades estatales entregadas a sus trabajadores, y 23% del sector no estatal, a solicitud de TCP interesados en asociarse.[16] La ausencia de las profesiones universitarias entre las 206 actividades por cuenta propia autorizadas, limita grandemente el número de cooperativas no estatales, a pesar de las muchas solicitudes recibidas por las autoridades.

Es significativo que los Lineamientos solo contemplan a la empresa estatal como forma de propiedad socialista, y a la cooperativa como forma de propiedad social. El término “sociedad civil” ni siquiera aparece mencionado, por lo que se desprende que la estrategia de actualización económica no contempla que asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y religiosas, sindicatos, organizaciones de masas y asociaciones comunitarias y de base (como consejos de vecinos, consejos de padres de las escuelas, Talleres de Transformación del Barrio, etc.) pudieran ser actores económicos que produzcan y comercialicen bienes y servicios sin fines de lucro. Sin embargo, en la práctica lo son y lo hacen: las organizaciones no gubernamentales (ONG) cubanas comercializan publicaciones de sellos editoriales propios, cobran entrada a sus museos, reciben turismo internacional, ofrecen cursos y alojamiento a estudiantes pagos, poseen fincas y talleres que comercializan sus producciones, y desarrollan otras actividades para generar ingresos que ayuden a cubrir sus gastos.
La economía social y solidaria en Cuba: potencial y aspiración

En la concepción de economía mixta en América Latina de Coraggio, la economía solidaria es descrita como la intersección de las tres esferas, integrada por un subconjunto de actividades y actores solidarios de cada una. Es imposible concebir que una economía capitalista, no importa cuán progresista, sea en su esencia, social y solidaria. Al menos la mayoría de las corporaciones responderán mayoritariamente a la lógica de la reproducción del capital. Solo una economía verdaderamente socialista, “con” y no “de” mercado, puede aspirar, en palabras de Coraggio, a la constitución de nuevas relaciones sociales que construyan una economía alternativa cuyo eje sea la centralidad del trabajo en la reproducción de la vida.[17]

Por tanto, la economía social y solidaria cubana es, potencialmente la unión de las tres esferas. Es posible desarrollar una (macro)economía que en su esencia sea social y solidaria, compuesta por un conjunto de actores económicos, estatales, asociativos y privados, que asuman como parte de su gestión (micro)económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los principios de responsabilidad con la sociedad y medioambiental.

La clave para construir una economía verdaderamente social y solidaria en Cuba el asumir conscientemente la Responsabilidad social/medioambiental empresarial desde el modelo macroeconómico hasta el comportamiento de todos sus actores, pasando por las políticas públicas que lo faciliten. La RSE debe complementar el marco regulatorio establecido por el gobierno, no relevar al Estado de su deber cívico de servir el interés público. Se trata de forjar una “ciudadanía empresarial” capaz de contribuir al “socialismo próspero y sostenible” que seguimos comprometidos en construir.

 

 

[1] Marino Murillo, Congreso Internacional sobre Gestión Económica y Desarrollo de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, noviembre 2013, reportado en El Economista, ANEC, octubre 2013.

[2] Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, Partido Comunista de Cuba, 2011.

[3] José Luis Coraggio, “Los caminos de la economía social y solidaria”, Íconos, n. 33, Quito, enero de 2009, pp. 29. Según la Constitución de Bolivia, “La economía plural está conformada por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

[4] José Luis Coraggio, “Tres corrientes en la ESS”, Temas, n. 75, julio-septiembre de 2013, pp. 4-11.

[5] Citados por Susana Hintze, “Políticas públicas para la ESS en América Latina”, ponencia presentada en el Seminario “LA ESS: enfoques para su inserción en la Economía Internacional”, Mayabeque, Cuba, 15 al 18 de setiembre de 2013.

[6] ONEI. Anuario Estadístico de Cuba2013. Edición 2014.

[7] Luis Marcelo Yera, “Tipos de propiedad económica y transición socialista en Cuba”. Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), 2014

[8]José Luis Rodríguez, “Cuba y la compleja transformación de la empresa estatal (I)”, Cubadebate, 15 de julio de 2014, www.cubadebate.cu/opinion/2014/07/15/cuba-y-la-compleja-transformacion-d...

[9] O redimensionarse, en el caso que nos ocupa.

[10] Adolfo Castillo Vitlloch, “¿Revolución en la Revolución? Hacia un nuevo modelo de empresa estatal socialista”, Temas, n. 75, julio-septiembre de 2013, La Habana, pp. 82-89.

[11] O. Fonticoba y Susana Lee, “Recuperar ritmos de avance que aseguren el desarrollo socialista sobre bases sostenibles”, Granma, 7 de julio de 2014, La Habana, p. 4.

[12] Richard E. Feinberg. “Soft Landing in Cuba? Emerging Entrepreneurs and Middle Classes”, LatinAmerica Initiative at Brookings Institution, noviembre de 2013.

[13] ONEI, ob. cit.

[14] Luis Marcelo Yera, ob. cit.

[15] Lineamiento nº 25, Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, ob. cit.

[16] Camila Piñeiro Harnecker, “Diagnóstico preliminar de las cooperativas no agropecuarias en La Habana, Cuba”. Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana, mayo de 2014

[17] Citado por Susana Hintze, ob. cit.

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