¿Consultar y decidir?

¿Consultar y decidir?

31 - Enero 2019
Moderador: 

“Hoy tratamos un asunto primordial para el funcionamiento de la democracia”, pues esta no significa solo elegir, nominar o votar, sino que conlleva el control popular. Así, Rafael Hernández, director de la publicación anfitriona y habitual moderador de UJ, dio inicio al primer encuentro de 2019, el cual, como en los dos años anteriores, confluyó con La Noche de las Ideas, evento auspiciado por la Embajada de Francia.  En la habanera sala Fresa y Chocolate, del ICAIC, lo acompañaban Yohanka León, investigadora del Instituto de Filosofía y con una larga experiencia en la investigación de campo; Guillaume Faburel, profesor de la Universidad de Lyon; Susana Acea, quien además de profesora, fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana, y ahora es delegada en Plaza de la Revolución; y Joel Suárez, director ejecutivo del Centro Martin Luther King, una ONG con un prestigioso trabajo en el ámbito de las comunidades.

Antes de entrar en disquisiciones académicas, Yohanka León se refirió a la consulta que tuvo lugar en fecha reciente en torno al nuevo proyecto de Constitución cubana, a la significación y características de este proceso, sobre el cual han convergido “diferentes miradas y maneras de participar”, desde visiones apocalípticas o críticas, hay las integradoras y propositivas. El debate organizado como proceso consultivo dentro de las normas jurídicas, se ha visto acompañado por la intervención, en las redes sociales, de diferentes personas, incluidos intelectuales con criterios amplios, tanto dentro como fuera de la Isla. Las vivencias “han sido ricas, profundas, no sin contradicciones y conflictos”. Luego, ya en el plano teórico, la filósofa enunció: “La consulta popular, terminológicamente, significa pedir consejo relativo al pueblo”. Es la articulación de los representantes políticos con la participación ciudadana; y, al mismo tiempo, un dispositivo jurídico moderno para incidir en la esfera de lo público. Además de definirla conceptualmente, tenemos que contextualizarla; la consulta popular, en el caso de Cuba, “es un mecanismo de emancipación política hacia un horizonte que es la emancipación social”.

Foto: Randdy Fundora/Temas.

El resto de los ponentes convino en que la participación de los ciudadanos constituye un elemento central en toda consulta. Tomando como base las experiencias europeas, Guillaume Faburel detalló funciones y especificidades, entre las primeras se encuentra la de “socialización y restauración de la confianza política, porque no solo se recoge la opinión de las personas, las reivindicaciones, los problemas, sino que la consulta es, asimismo, “una forma de aumentar el poder de actuación de los pobladores y otorgar dignidad al individuo en el espacio público”, donde “hay problemas por resolver, soluciones que se pueden aportar, y resulta necesario llegar a ellas de manera colegiada”. En cuanto a sus particularidades: “Durante la consulta, no existen distancias entre quienes hacen las preguntas y la información que se recopila; es una especie de diálogo, en el cual las partes se ven comprometidas, o sea, una especie de contrato social entre los organizadores y los participantes”. ¿En qué medida es importante? Además de propiciar la relegitimación política, en Europa, caracterizada por ostentar “democracias muy exclusivas, muy jerarquizadas, uno de los objetivos de la consulta es lograr que participen activamente los más pobres, los menos visibles en el espacio social”.

Según palabras de Susana Acea, “uno de los asuntos que hoy preocupan a toda Cuba, y a gran parte del mundo, es cómo perfeccionar la democracia”, si bien existen muchas maneras de enfocar tal empeño, en consonancia con los disímiles programas políticos.  Y agregó que la consulta popular “es consustancial a cualquier ámbito”, tan necesaria es a nivel nacional como en el territorial, local, comunitario. Su ejercicio reviste un valor ético y político; asimismo, conlleva múltiples beneficios, por ejemplo: da la posibilidad de apropiarse de la inteligencia colectiva, también evaluar si existe o no coherencia entre las aspiraciones que la sociedad o determinados grupos persiguen y los proyectos particulares de las personas, y permite a estas “legitimar su papel como sujeto fundamental de poder en la sociedad”. Al mismo tiempo, al entrañar un diálogo entre participantes que se encuentran en igualdad de condiciones, favorece la transparencia política.

Tras concordar con los aspectos esenciales expresados por sus compañeros de mesa, Joel Suárez señaló: “Estas consultas pudieran estar institucionalizadas y ser de carácter vinculante o no”. En ocasiones, una norma establece previamente ese carácter; en otras, la disposición ocurre a posteriori. La calidad de sus resultados depende del ambiente democrático dentro del cual se realicen y de que sus organizadores garanticen información oportuna acerca de los contenidos sometidos a escrutinio.

Foto: Randdy Fundora/Temas.

Valladares ante el diálogo

Convencido de que la consulta popular no es un proceso sencillo, sobre todo en la instancia en que los criterios obtenidos se vinculan con la toma de decisiones, Rafael Hernández dirigió nuevas interrogaciones a sus invitados. ¿Están preparados las instituciones, el sistema, la sociedad, para utilizar este mecanismo de manera eficaz? ¿Qué obstáculos se presentan en la práctica?, fueron dos de ellas.

Complejidades del contexto cubano gravitan sobre la aplicación de ese tipo de consultas. Tenemos un “acumulado histórico diverso, contradictorio, incluso a veces incoherente”, por lo tanto, resulta importante ver dicho método como un proceso durante el cual, en medio de obstáculos internos y externos, debemos “construir la participación popular”, sistematizar experiencias ya vividas en Cuba en ese sentido y hacer que la práctica de la consulta se haga extensiva, “atraviese toda la institucionalidad” del país. Para nuestro proyecto de democracia socialista es vital “no solo la eficacia y la eficiencia de un procedimiento, sino construir el movimiento de hegemonía popular”; tal propósito transita por la conformación de una subjetividad social que haga posible el diálogo, como iniciativa surgida tanto de arriba hacia abajo, como a la inversa. De ahí el valor de los aprendizajes adquiridos a lo largo de las recientes deliberaciones en torno a la Constitución.  Una de las enseñanzas ha sido la necesidad de ofrecer información, de esa transparencia sobre la cual aquí se hablaba, declaró Yohanka León. Y finalizó su parlamento con un comentario a una frase pronunciada por la investigadora Isabel Rauber en el XIII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, organizado por el Instituto de Filosofía: “los protagonistas no pueden ser espectadores”; o sea, la consulta y la construcción de la hegemonía popular se obstruyen si quienes deben desempeñar permanentemente una función protagónica, luego de participar en la primera fase del proceso vuelven a convertirse en simples espectadores.

Hay dos formas de enfrentar la consulta, en la primera se regenera la confianza, pero no cambia el orden del poder; el otro caso implica una revolución democrática y “no conozco instituciones políticas en el mundo que se arriesguen a correr tal riesgo”, aseveró Guillaume Faburel. No obstante, varias condiciones podrían hacer que eventualmente las instituciones se conviertan en organizaciones de democracia más directa; habría que tener en cuenta el lugar, el hábitus, la transparencia de su gestión. Los dispositivos de consulta europeos –prosiguió el conferencista- deben confirmar, en el seno de la población, las orientaciones, informaciones o elementos ya conocidos mediante la controversia científica o mediática. Por lo tanto, es necesario prestar mucha atención al funcionamiento de esos dispositivos y a los enfoques brindados por los medios de comunicación, pues estos últimos, si bien dan cuenta del debate público, se hallan sometidos a limitaciones ideológicas y a las lógicas de la difusión. Un freno considerable radicaría en la inadecuada cultura política de los movimientos y cuerpos sociales.

Foto: Randdy Fundora/Temas.

Sin negar las numerosas acciones, “desde las cotidianas hasta las extraordinarias”, que muestran la existencia de un “ejercicio participativo” en la Isla, Susana Acea reconoce un obstáculo de envergadura: “la falta de integralidad de los mecanismos, medios y métodos para perfeccionar el sentido democrático de la sociedad”. Sobre todo en el ámbito “local, comunitario, organizacional”, se pierden algunas de las experiencias nacidas de nuestras propias prácticas a nivel macro social. “El asunto está –razonó- en cómo logramos que los cubanos se sientan protagonistas, desde el diseño de la idea hasta la evaluación del proceso”. En la práctica diaria, la consulta popular, “como un organismo eficaz para que la gente se empodere, sea un actor protagónico”, no es suficiente; urge buscar “otras maneras, otros procedimientos”, con el objetivo de emprender transformaciones “cuyo centro sean los ciudadanos y ciudadanas”. Una limitación también sustancial gira en torno a la cultura de diálogo, puesto que aún no forma parte de todas las organizaciones. Por citar una bien representativa, el Poder Popular tiene toda la estructura necesaria “para establecer permanentemente el diálogo” con la ciudadanía; la carencia no es achacable entonces a una deficiencia estructural, sino al modo de funcionamiento.

En su formato clásico, la consulta puede formar parte de la cultura, el estilo y los métodos de conducción o dirección de las empresas, las instituciones, la familia, reafirmó Joel Suárez. Al mismo tiempo, puede fungir “como mecanismo de diálogo en la construcción de políticas y en la toma de decisiones, mediante espacios habilitados para las organizaciones de la sociedad civil en su relación con el Estado y el gobierno”. No es posible obviar que en Cuba las problemáticas en torno a la consulta se vinculan con “los problemas centrales de la democracia, la participación y el poder en las experiencias socialistas” (en el sentido amplio de socialismo como proyecto moderno); y se relacionan “con la comprensión, mayor o menor, de lo que definimos, entendemos y ejercitamos como soberanía popular”. Un obstáculo fundamental a las relaciones dialógicas lo encontramos en la tendencia del Estado –personificada en sus funcionarios- a considerar que posee un saber por encima de todos y, por consiguiente, sus respuestas, per se, son las únicas correctas. Para que la soberanía radique en el pueblo, el ciudadano, las comunidades, la sociedad civil, es preciso instaurar un diseño democrático, “donde se garanticen mecanismos formales de control de la representación”. La otra vía, es decir, la democracia directa, sigue siendo un horizonte ideal; además –subrayó el panelista- “un sistema no es más democrático que otro por tener democracia directa, sino por cuánto delega, y en qué medida esa delegación, mandato o encargo es controlado por el soberano”. Cuando esto no sucede, se generan condiciones que favorecen el surgimiento de formas de anomia, enajenación y desconexión con la institucionalidad y el proyecto en su conjunto.

No un instrumento, sino el instrumento

Desde la concurrencia, una doctora arguyó que si aplicáramos con mayor asiduidad la consulta popular podríamos avanzar más rápidamente en la solución de nuestros problemas. Un profesor universitario instó a no ignorar elementos esenciales para cualquier tipo de consulta y la ulterior toma decisiones, al respecto mencionó los medios de comunicación masiva, porque ellos crean un estado de opinión; las organizaciones no gubernamentales, entre ellas las religiosas; las generaciones más jóvenes, cuyas vivencias y formas de pensar son diferentes a las de sus predecesores; y la necesidad de que la gente posea cierto grado de formación política acerca de los asuntos sometidos a discusión. Sobre ese último aspecto abundó la siguiente oradora: si las personas carecen de una cultura cívica (incluye la capacidad de dar seguimiento al proceso de la consulta, hasta saber cuál ha sido la decisión en cuanto a lo que exigimos o solicitamos, cómo se ha manejado, a quién ha beneficiado o perjudicado), no comprenden los códigos que rigen la vida política del país ni son capaces de analizar de manera crítica su realidad, entonces su incidencia en el ejercicio consultivo sería irrelevante. Al propio poder compete, y para esto precisa de cultura y orientación democrática, educar a la ciudadanía en tal sentido.

La interrogante de un economista jubilado apuntó hacia las modalidades de la consulta, ¿para qué hacer una no vinculante?, amén de que podría generar desinterés, si al final el criterio de los representados se descarta, los representantes dejan de serlo y se convierten en jefes. Lo secundó otro profesional ya retirado, quien manifestó: “Cuando la consulta y las decisiones están desvinculadas nos enajenamos”; y las instituciones cubanas, en múltiples áreas e instancias, carecen de dirección colegiada.

Un asiduo participante en UJ retornó a cómo se afecta el diálogo cuando subsisten asimetrías en el ejercicio del poder. Así lo vemos en la desconexión entre los gobiernos municipales y las grandes empresas asentadas en sus territorios, pero subordinadas a un ente superior: el Consejo de Ministros. Ellas actúan al margen de las necesidades específicas y los criterios de quienes viven en la comunidad.

 “Vengo de un país donde no hay ninguna democracia y felicito a Cuba por realizar la consulta al nivel que la han hecho”, dijo otra concurrente antes de preguntar al panel de qué manera en un proceso de esa naturaleza se asegura la voz de las nuevas generaciones, pues los jóvenes, en todo el mundo, se quejan de no ser escuchados.

Y precisamente un joven cerró la ronda de valoraciones por parte del público. Solicitó al grupo de expertos que expusiera, a partir de experiencias prácticas y teóricas, cómo sería un proceso de consulta ideal, en contraposición al otro extremo, en el cual quien convoca no prepara adecuadamente a los participantes, maneja con enfoques diversos los resultados, para que ratifiquen sus intereses y puntos de vista, hace un rejuego con la formulación de las ideas y mediante su decisión final aparenta haber seguido los dictados de los consultados, cuando en realidad ha conseguido legitimar el poder existente.

Esa petición coincidió con la tercera pregunta del moderador: ¿Qué hacer para superar problemas relacionados con la consulta popular? ¿Cuáles experiencias en Cuba y otras naciones pudieran servir como modelo?

 

Independientemente de que, por el tiempo disponible, estos análisis son escuetos, no son polícromos -ni profundizan en experiencias innovadoras como la desarrollada por Susana Acea al frente del gobierno de Centro Habana-, la crisis económica y la presencia de la desidia, la burocracia, “han elevado entre nosotros la incredulidad en la eficacia de las instituciones a nivel local”, opinó Joel Suárez. La consulta, como método perenne, resulta crucial para restablecer la confianza en esa zona de la institucionalidad político-gubernamental. Debe convertirse en mecanismo imprescindible de participación, de control por parte de la ciudadanía, y en los procesos de toma de decisiones relativas a las comunidades. “Porque la autonomía municipal sin control popular es un peligro”, puede incluso prohijar –el disertante aportó ejemplos- actos de corrupción y apropiaciones indebidas, o soslayar urgencias de la localidad.

Después de tres meses dedicados a reuniones, a firmar documentos y a tomar acuerdos en el Consejo de la Administración Municipal, mientras aprendía, a la par, a desempeñarse en un cargo cuya práctica le era por completo desconocida, Susana Acea comprendió –según relató al auditorio- que “lo más ético, lo más elemental” era consultar al soberano acerca de las medidas que implementaba en su nombre; o sea, preguntar a los electores hacia dónde querían encaminar el municipio. Y así lo hizo en lo adelante. Pero no ocurre siempre de esa manera, observó; depende de las cualidades personales de quienes ejercen esas funciones, de su actitud y aptitud. Y añadió: la demagogia, la poca transparencia política, hacen mucho daño, tanto que después no hay cómo curarlo; por el contrario, “la eficacia de una buena consulta, como estilo de trabajo, no solo en situaciones coyunturales, ayuda a que la gente se sienta parte del proyecto y este sea más creíble y legítimo”. Por eso, la cultura de diálogo ella la enseñaría desde la escuela. Con similar énfasis aboga por que el pueblo participe en la revocación de cualquiera de sus representantes si da la espalda a los intereses de los electores; y que los vecinos conozcan cuándo tienen lugar las sesiones de su Consejo Popular –de acuerdo con lo legislado, son abiertas- y asistan a ellas.

De lo explicado por Guillaume Faburel se infiere que, en Francia, a pesar de contar con consejos de barrios, para muchos ya no es suficiente la democracia participativa, y en la actualidad “hay personas con chalecos amarillos que piden democracia directa”. Se busca arrancarle a la autoridad la autonomía. La experiencia demuestra –continuó el especialista, en sintonía con lo comentado por Suárez- que a escala local, en las comunidades, el control y la legitimidad popular no deben ser postergados.

Modalidades de consulta popular, surgidas de abajo hacia arriba, constituyen hoy en América Latina herramienta de lucha de los movimientos sociales y las comunidades, en defensa de sus territorios, contra el extractivismo, las transnacionales y el neoliberalismo. Hay muchas dominaciones todavía vigentes en el mundo, y también en la sociedad cubana -una es el patriarcado-, ellas atraviesan nuestra subjetividad y la cultura acumulada. Frente a tal realidad, “la consulta es una oportunidad que nos abre múltiples posibilidades”, ratificó Yohanka León. Sin embargo, en lugar de asumirla acríticamente, vale mantener, como en cualquier otro proceso, cierta “dosis de advertencia y de escepticismo”, atentos a no caer “bajo la ley totalitaria y tiránica” de instituciones creadas por nosotros mismos. Ahí radica un desafío para la democracia socialista, un reto que debemos enfrentar no solo conceptual y teóricamente, sino desde lo cotidiano. Solemos decir que los decisores están en otro lado, no poseemos clara conciencia de las potencialidades que tenemos.  “La consulta –recalcó- no significa una opción más, sino que es el instrumento de la democracia socialista”.

Como es usual, las consideraciones de Rafael Hernández concluyeron el encuentro, mientras desplegaban ante sus oyentes líneas para meditar de camino a casa: “Quizás si las escuelas, los centros de trabajo y las familias fueran más consultivas, menos verticales, los ciudadanos estarían más capacitados para ejercer la consulta”. Y tal vez, por las prácticas que generan, la consulta y el debate vividos en torno a la Carta Magna cubana “sean tan importantes como la Constitución misma”.