Informatizar vs. secretizar

Informatizar vs. secretizar

25 - Abril 2019
Moderador: 

“Desde una perspectiva ética, el secretismo es una práctica antagónica e irreconciliable con los principios políticos de una sociedad democrática, y su contraparte, la transparencia, es condición esencial para una administración pública saludable y para que en la resolución de conflictos impere la justicia”. Estas frases, tomadas de un artículo publicado en el diario puertorriqueño Nuevo Día, y leídas por Rafael Hernández, director de Temas, sirvieron de aperitivo a la controversia generada durante el más reciente encuentro organizado por esa revista.

¿En qué consisten la informatización de la sociedad y la transparencia informativa? ¿Cómo se relacionan?, preguntó el habitual moderador de UJ a un panel integrado por Martha Gloria Morales, doctora en Ciencias Sociales, politóloga, profesora de la Universidad de Querétaro, en México; Martha Ferriol, directora del Archivo General de la República de Cuba, máster en Gestión Documental y Administración de Archivos; Juan Fernández, asesor del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, miembro de la Academia de Ciencias, profesor de la UCI; y Mayra Mena, profesora de Gestión Documental, de la Facultad de Comunicación de la UH.

“La informatización se relaciona con las nuevas tecnologías para comunicar y la extraordinaria velocidad de la información que se mueve en todo el mundo a partir de la globalización”, definió Morales. Pudiera ser una condición para la transparencia, pero “el secretismo está en la médula del poder, no solo, como piensan algunos, en los regímenes autoritarios; la democracia también es una forma de dominación y guarda secretos”. Propiciar la transparencia, es distribuir el poder y la democracia no se lo ha propuesto. Los gobiernos se justifican argumentando que deben defenderse de sus enemigos y que “los ciudadanos comunes y corrientes no somos capaces de poner nuestros intereses individuales por encima de los colectivos y, por lo tanto, cierta información debe ser secreto de Estado”. En consecuencia, vincular ambos conceptos “es una especie de trampa”: la transparencia es un acto gubernamental, en el cual inciden razones políticas; la informatización es el uso de una tecnología.

Además de coincidir, en lo esencial, con lo expuesto, Martha Ferriol se remontó a la etapa colonial: “En la sociedad cubana, las primeras ordenanzas en materia de archivos datan del siglo xvi y mandataban que los documentos de la Real Hacienda se conservaran y, sobre todo, que no fueran de acceso nada más que para ciertos funcionarios”. La Revolución francesa resolvió poner al alcance de los ciudadanos los archivos de esa nación. Eso no ocurrió en la Isla hasta 1900, cuando se decide abrir el Archivo Nacional (que el próximo 28 de enero cumplirá 180 años de fundado); y tras el triunfo de las fuerzas antibatistianas en 1959, por ley se estipuló que los documentos con valor histórico surgidos en las instituciones públicas se transfirieran a esa entidad, para el estudio y el conocimiento de todos. Llegados a la actualidad —continuó—, “la documentación que se va generando en la administración pública, en un ambiente digital, debería tener un uso más abierto” dentro de las propias instituciones, así como estar a disposición de terceros. Lamentablemente, todavía no sucede.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

Directo al punto se dirigió Juan Fernández. Para él, informatización es emplear “la informática y las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Sin embargo, no se trata de un proceso puramente tecnológico —al decirlo, discrepó de la primera panelista—, depende del contexto y reviste un carácter más abarcador. “El Parlamento cubano ya aprobó que en el plan hasta el año 2030 se considere a la informática y las comunicaciones como un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país”. Entendido así, deberán contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, a garantizar la defensa y la seguridad de la nación, y a preservar el medioambiente. O sea, parte de sus metas son sociales. Lograrlas “no es asunto de uno o dos ministerios, sino algo transversal que llega a todas las empresas”. Sobre la transparencia informativa opinó que la mejor manera de definirla, en el caso de Cuba, es teniendo en cuenta “los objetivos que se persiguen con ella, precisamente la rendición de cuentas al pueblo, de todas las entidades, tanto estatales como privadas”. No solo han sido recogidos en la flamante Constitución, sino que hoy la alta dirección del gobierno constantemente pide a los dirigentes y entidades que los hagan realidad. “Ahí es donde la transparencia se convierte en una vía para que la población pueda hacer la gestión colectiva de la información, ejerza la función reguladora de la sociedad”, y supervise al Estado. Concebida de ese modo —y no solo como derecho humano vinculado a la libertad de expresión—, es que el ejercicio de la transparencia “cobra sentido”, subrayó.

Un análisis académico aportó Mayra Mena: “La informatización de la sociedad implica un profundo cambio y modernización, sustentados en procesos digitales, de la administración pública”. Supone usar las TIC para modificar y adecuar a la actual realidad tecnológica los procederes administrativos, lo cual —reiteró— tiene un profundo impacto social, pues cambian las formas de relación entre esas entidades y los ciudadanos. En consonancia con los Lineamientos y la Conceptualización del modelo económico y social adoptados en Cuba —donde se declara que la información es un bien público, un derecho de la ciudadanía; y que necesitamos una administración eficaz y eficiente—, esas transformaciones podrían ayudar a obtenerlas. Para los científicos sociales —prosiguió— la transparencia informativa es, básicamente, acceso a la información y este ha estado muy vinculado, desde los años 70, a los diferentes enfoques de modernización de la administración pública, en especial al enfrentamiento de la opacidad administrativa. Un ejemplo de ello es que entre 1951 y 2001 apenas existieron en el mundo 33 leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, en los últimos dieciocho años se ha refrendado 78 nuevas leyes. Estos han sido precisamente los años en que más desarrollo han tenido nuevos modelos de administración pública, como es el caso del gobierno abierto. También, sin lugar a dudas, son una poderosa herramienta para los propósitos de transparencia y rendición de cuentas de las administraciones. Hoy ya ciento veinte naciones cuentan con leyes que la refrendan, muy vinculadas a los conceptos, y su puesta en práctica, de gobernanza, gobierno electrónico, abierto, inteligente. Dichas leyes enfatizan que el secretismo debiera ser la excepción y que las personas tienen la potestad de solicitar informaciones y recibirlas, sin que se les demande las razones de su necesidad informativa; asimismo, establecen cuáles datos no puede dejar de brindar cada ente administrativo, bajo la consideración de la llamada transparencia proactiva. Una de las regulaciones más citadas, por su calidad, es la de México; especifica que los portales web de las instituciones públicas están obligados a publicar datos sobre sus estructuras organizativas, las funciones, los objetivos, presupuestos, gastos, un directorio donde se notifique quiénes son los funcionarios, sus contactos, etcétera.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

Avances y debilidades

El dinámico contrapunteo entre los disertantes persistió tras la nueva pregunta por parte del moderador: ¿Qué problemas afectan la informatización y la transparencia informativa?

“Los conceptos de gobernanza, gobierno electrónico y gobierno abierto básicamente están conectados con la eficiencia, no necesariamente con la transparencia”, arguyó Martha Gloria Morales. Y si bien admitió que “la informatización ha generado un acceso casi indiscriminado a la información”, no dejó de acotar: “Pero de que esa información forme conocimiento tengo toda la duda del mundo”. ¿Razones? La avalancha de datos a nuestro alcance, sin que dispongamos de herramientas adecuadas para procesarlos y saber si son pertinentes, nos crea confusiones, favorece que nos manipulen y afecta la propia transparencia. Al respecto ofreció dos muestras de cómo se está divulgando una enorme cantidad de informaciones que la generalidad de las personas no puede entender. En el caso de “los Panamá Papers, uno de los escándalos informativos de años recientes [consistió en la filtración de millones de documentos pertenecientes al bufete panameño Mossack Fonseca, los cuales, al ser analizados, sacaron a la luz la existencia de sociedades asentadas en paraísos fiscales y utilizadas por empresarios, políticos y celebridades internacionales para evadir impuestos], se requirieron cuarenta equipos de periodistas especializados en el tema para que nos tradujeran lo que estaba pasando”. La segunda prueba nace de sus vivencias personales; aunque “México es aparentemente ejemplo de una ley magnífica, el problema es qué tipo de informes se dan cuando los pedimos, en cuál formato, metidos en cuántas páginas”. Cada vez que ella los solicita, sin duda le llegan, mas, “dentro de tanta paja que requiero meses para encontrar el documento”.

Para Martha Ferriol el principal problema en Cuba es “no contar con una ley de acceso y transparencia”, pero “ya la estamos elaborando”. Y a la informatización la aquejan varias manquedades: “No existe hoy un sistema de gestión documental y archivos en correspondencia con las necesidades” del país. Además, las entidades recurren a múltiples plataformas informáticas y a la falta de homogeneidad se suma que al guardarse los documentos a menudo faltan metadatos indispensables si deseamos recuperarlos. Según asevera, en la enmienda de lo anterior se está trabajando (entre otras instituciones, intervienen la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Facultad de Comunicación de la UH), lo cual entraña elaborar normativas y determinar cuáles son los parámetros de obligatoria presencia en las plataformas gestionadas por la administración, incluido el portal del ciudadano.

De acuerdo con Juan Fernández, tres pilares sustentan el ascenso de la informatización en la Isla: el desarrollo de la infraestructura (por ejemplo, la telefonía celular), los contenidos y servicios (el gobierno electrónico es uno de ellos) y el aseguramiento de la ciberseguridad entendida no solo como el escudo ante posibles ciberataques, sino también volcada a proteger la socialización indebida de múltiples datos, desde los económicos hasta los personales. Esas líneas deben marchar a la par. Dentro del segundo aspecto, es en el gobierno electrónico donde mayor ha sido el progreso. “Prácticamente todos los organismos de la administración central del Estado y todos los gobiernos provinciales ya han creado su portal”, y más de 70% tiene canales digitales para recibir las opiniones de la población e interactuar con ella. “Este año se pretende avanzar en la parte más difícil”, o sea, que además de informarse, opinar y recibir respuestas de los funcionarios, las personas puedan hacer trámites en línea. Esto se dificulta porque muchos organismos no han digitalizados los datos y pasos necesarios. Seguidamente el ponente planteó que resolver tales obstáculos es esencial, mas, ni las tecnologías habilitantes ni la promulgación de leyes garantizan de manera automática la transparencia informativa. Se precisa, a la par, civilidad y capacitación. Junto con la voluntad política —“afortunadamente aquí la tenemos”, ponderó— necesitamos elevar la cultura de la ciudadanía en ese ámbito.

Sin negar la relevancia de la voluntad política y las tecnologías, Mayra Mena insistió en la urgencia de que entren en vigor normas (hay cierto trecho recorrido, liderado por el Archivo Nacional) que obliguen a revertir situaciones como las halladas en disímiles estudios en torno a la administración pública cubana: entidades desprovistas de servicios de información; ministerios cuyos archivos brindan escasísimos servicios al año, no poseen catálogos, su documentación no está clasificada, carecen de repositorios digitales y desestiman los documentos en formato Excel o Word y los correos electrónicos, a pesar de constituir evidencias de actos y transacciones. De no actuar en consecuencia, podremos disponer de una excelente ley de transparencia y hacer muchísimos esfuerzos para la informatización, pero no tendremos acceso a servicios y a contenidos eficientes”. Y no olvidemos que “los procesos de gestión documental también garantizan la veracidad de las informaciones” puestas luego a disposición de los interesados, de modo que “puedan ser usadas en la toma de decisiones y la rendición de cuentas”.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

Caras de una misma moneda

Cuba ocupa el lugar 134, de 193 países, en cuanto a gobierno electrónico, según reveló el Ministerio de Comunicaciones en 2018. Las cifras traslucen que la entronización del secretismo continúa siendo un tema no resuelto. Sobre él habló el General de Ejército Raúl Castro por primera vez en 2010. El presidente Miguel Díaz-Canel se ha referido de manera reiterada al asunto; en sus discursos ha instado igualmente a potenciar la cultura de la información, a aprovechar herramientas como la informatización y la comunicación social, a actuar con transparencia ética, no solo informando, sino respondiéndoles a los ciudadanos, expuso Rafael Hernández antes de entregar el micrófono al auditorio.

Hincapié en el largo camino que nos falta por recorrer en pos de la transparencia informativa hicieron algunos asistentes. Una profesional cercana a Temas ilustró: “En lo relacionado con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, “el ciudadano no ha tenido absolutamente ninguna posibilidad de interactuar con los registros ni con los sistemas de estas instituciones”. Reconoció, no obstante, que “en la actualidad hay un momento procesal oportuno e importante porque existe una voluntad política en esa dirección”. Y finalmente advirtió: “No se trata solo de que recojan mi queja; lo determinante es qué puedo hacer con la información que se brinda; tiene que ver con cómo se encauzan las tomas de decisiones a nivel municipal, provincial y nacional”.

Las intervenciones posteriores colocaron sobre el tapete nuevas alertas. Un abuelo preocupado por lo que puedan hallar sus descendientes mientras usan sus móviles para navegar sin fiscalización por Internet, inquirió por qué Etecsa, en lugar de otorgarle tanto peso a esa vía, no impulsa más el Nauta Hogar, “de manera tal que la familia trabaje junta en la casa”. No debemos creer que la informatización resuelve todos los problemas y origina mayor democracia, razonó el siguiente participante. “El país más informatizado del mundo es un imperio que durante el mandato de Obama hizo suicidarse a Aaron Swartz”, programador, ciberactivista, estudiante de Harvard, sobre quien pendía la aplicación de una condena a más de treinta años de cárcel y un millón de dólares de multa, por liberar registros de procesos jurídicos, para que la gente no tuviera que pagar por ellos, así como difundir en la web investigaciones guardadas en la base de datos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Por su parte, un asiduo asistente a UJ indicó que en Cuba, más allá de “pasar a otro nivel en el manejo de la información”, es necesario desbloquear la participación del ciudadano en la gestión de gobierno.

Seguidamente, un profesor universitario abordó otra arista peliaguda de la revolución tecnológica: salvo excepciones, sus colegas jubilados no pueden, por falta de recursos, utilizar los medios digitales y por ende manejar la información divulgada mediante ellos. Al cierre de esta ronda de criterios e interrogantes, un simple ciudadano —como él mismo se calificó— quiso saber el destino del cable traído desde Venezuela para contribuir a la informatización y la comunicación en la Isla.

¿Qué acciones harían avanzar la informatización y la transparencia informativa como parte del vigente proceso de cambio y desarrollo social en Cuba?, indagó entonces Rafael Hernández.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

Martha Gloria Morales sugirió prestar atención a las experiencias aportadas en diversas naciones por la aplicación de las leyes de acceso a la información. Asimismo, los centros de investigación de las universidades cubanas —al igual que los de sus similares foráneas— “deberían jugar un papel todavía más poderoso” en términos de develar qué está diciendo la información difundida, lo cual “nos permitiría tomar decisiones sobre políticas públicas, y no solo acerca de la elección de sujetos”.    

Haber conciliado varias políticas y leyes que de alguna manera regulaban en el país el acceso a la información y han actuado de modo inorgánico, significa un paso de avance, discurrió Martha Ferriol. “En lo relativo a los archivos históricos, hay un plan, a corto y a mediano plazo, que va desde adquirir el equipamiento requerido para informatizar y digitalizar los materiales, hasta la previsión de que Etecsa se convierta, paulatinamente, en el repositorio de toda la documentación patrimonial conservada en ellos; y cada año se le irá incorporando la de otras instituciones que forman parte de la comisión de memoria histórica”. Este programa es chequeado mes tras mes por el propio Díaz-Canel. Al mismo tiempo, “estamos valorando el cumplimiento de la estrategia concebida para la actualización de la administración pública cubana, que pasa por implementar en ella los sistemas de gestión documental y archivos”.

Como muestra irrefutable de la voluntad política del gobierno cubano, en relación con la transparencia, Juan Fernández citó varios acápites de la Constitución recién aprobada. Entre ellos, los que declaran: “Los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, en razón de esto pueden […] estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado” (título V, capítulo II, art. 80). “Se reconoce el derecho de toda persona a acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación (capítulo VI, art. 97). “Los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia” (título VI, capítulo 1, art. 101). Y la “Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana […] mantiene un adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones de interés general que se adoptan por los órganos del Poder Popular” (título VIII, capítulo II, art. 200).

Y de inmediato el orador comentó algunas de las inquietudes de la concurrencia. Si bien la informatización ha tomado mucho tiempo, “no había las condiciones objetivas para avanzar como lo estamos haciendo ahora”. Al auge del uso de datos móviles (sobre la red 3G y la incipiente 4G) en detrimento del Nauta Hogar dedicó un amplio paréntesis; a nivel mundial, por razones económicas, solo se habilita el servicio de datos fijos de banda ancha en las grandes ciudades donde ya se ha creado una infraestructura para la televisión por cable. A esto súmesele que en la Isla la mayoría de los alambres de cobre instalados no tienen suficiente potencia para sostener tal servicio por la telefonía tradicional. Sin embargo, “el teléfono móvil se puede configurar de modo que se convierta en un generador wifi para su computadora”, e incluso Etecsa prevé vender un aditamento que colocado en un puerto USB de la PC le permite conectarse a la red móvil y navegar por Internet. Ciertamente, se trata de una prestación cara —aceptó—, debido al alto costo que representa ofrecerla; “si vemos en un mapa del Caribe los cables de fibra óptica, todos dan vueltas alrededor de Cuba y ninguno la toca, excepto el de Venezuela”, por el cual se mueven, desde que se instaló en 2013, casi 100% de las llamadas de larga distancia y el tráfico de Internet. Durante años el país ha querido conectarse a los de los Estados Unidos, pero el bloqueo lo ha impedido. Eso encarece el servicio y si se han podido bajar los precios es porque ya no dependemos de las conexiones satelitales. La respuesta a dichas circunstancias ha sido disponer la conectividad en los Joven Club, centros laborales y universitarios (ya existen unas treinta y cuatro mil redes institucionales utilizadas gratuitamente por “más de la mitad de quienes acceden a Internet”). Se planea “conectar las escuelas del resto del sistema de enseñanza, andamos alrededor de 20%, pero se va a dar un impulso grande”; e incrementar los parques tecnológicos.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

“Se debía trabajar en una ley de procedimiento administrativo adaptada a la realidad digital, que tenga un enfoque claro de interoperatividad”, porfió Mayra Mena. Apremia “un cambio cultural en torno a la gestión documental y los archivos” (conlleva dejar de considerarlos almacenes de papeles viejos solo útiles para investigaciones de carácter histórico), comprender que el cabal cumplimiento de sus funciones se encuentra indisolublemente ligado a la transparencia, pues constituye garantía de compartir información confiable, auténtica, íntegra y accesible a lo largo del tiempo. Supone un elemento clave para que las organizaciones sean capaces de rendir cuentas de forma transparente y responsable, lo cual debe ser tenido en cuenta por los directivos de la administración pública.

Al cierre de la jornada, Rafael Hernández recalcó que la informatización, la transparencia y la interrelación entre ambas constituyen problemáticas medulares en el desarrollo de la mayor de las Antillas.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.

Fotos: Randdy Fundora/ Carolina García/Temas.