La información: del dicho al hecho

La información: del dicho al hecho

24 - Noviembre 2016
Moderador: 

En esta ocasión el inicio de Último Jueves fue algo diferente. Y así debía ser, pues esa tarde el espacio cumplía quince años. Como es de rigor, el director de la publicación, Rafael Hernández, agradeció el apoyo de varias instituciones; entre ellas el ICAIC, con el aporte, mes tras mes, de la sala Fresa y Chocolate y el equipo de filmación de los encuentros; así como el MINCULT, cuyo Fondo para el Desarrollo de la Educación y la Cultura ha contribuido –junto con el Instituto Juan Marinello, la UNEAC y el propio ICAIC– a la publicación de volúmenes, impresos y digitales, donde se compilan decenas de paneles. El sexto, titulado Miradas retrospectivas, acaba de salir a la luz, prologado por la doctora Graziella Pogolotti e integrado por debates en torno a acontecimientos relevantes del último medio siglo.

Para colocar en contexto el asunto por discutir, el habitual moderador de UJ planteó que a menudo las regulaciones en torno a la información no están actualizadas ni guardan relación con el discurso político. Mencionó sendas alocuciones de Raúl Castro, de 2010 y 2012, en las cuales se insta a exponer los datos y argumentos que sustentan las decisiones del gobierno cubano, y a “suprimir el exceso de secretismo”; e igualmente se reconoce que a pesar de “los acuerdos adoptados por el Partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces [los periodistas] no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados con las temáticas en cuestión”. Hernández también leyó fragmentos del documento emitido por la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba, en enero de 2012, donde se recalca la necesidad de suprimir los vacíos informativos y las manifestaciones de secretismo. Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el VII Congreso del Partido, ocurrido este año –agregó–, se refieren al menos en dos oportunidades al tema: el artículo 108 hace hincapié en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, mientras el 209 llama a usar esas tecnologías en el comercio y la actividad promocional. Por último, la propuesta denominada Conceptualización del modelo social cubano de desarrollo socialista incluye, por primera vez, entre los derechos fundamentales el derecho a la información y la comunicación social. Y en la parte dedicada a las transformaciones del modelo, el artículo 111 afirma: “La información, la comunicación y el conocimiento constituyen bienes públicos y derechos ciudadanos”. Las posteriores reflexiones correspondieron a Mayra Mena, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, especialista en gestión documental; Yoerky Sánchez, periodista y subdirector del periódico Juventud Rebelde; y el jurista Raudiel Peña.

Según la profesora, la información administrativa resulta vital como bien público. Ella es el resultado de consignar en registros documentales los actos de las instituciones de la administración pública, las transacciones entre ellas, y las interacciones entre dichas entidades y los ciudadanos. En el plano internacional, tal información “ha tenido un amplísimo desarrollo, por una parte, se ha producido un proceso de modernización de la administración pública, cuya cara visible muchas veces es un marco regulatorio denominado leyes de acceso a la información o leyes de transparencia"; por otro lado, el gran impulso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha facilitado todos esos procesos. Ello ha contribuido a que se multipliquen las posibilidades de interacción entre la administración y los ciudadanos, hasta el punto no solo de informar, sino también de permitir la descarga de formularios y efectuar en tiempo real transacciones y trámites administrativos. Al mismo tiempo, ha ocurrido un notable avance en los procesos técnicos –se denominan gestión documental o record management– para el manejo de la información administrativa, con el objetivo de crear capacidades que propicien a la administración pública rendir cuentas de una manera transparente, responsable y con parámetros de calidad, es decir, garantizando la veracidad, confiabilidad, integridad y accesibilidad a la información.

Llegado su turno, el periodista aseveró: “La Conceptualización del modelo... es un proyecto, por lo tanto, ese discurso político está en construcción”, a partir de las consideraciones de la población en general, por el Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el proceso de análisis de ese documento, el tema de la información y la comunicación fue uno de los más debatidos. Teniendo en cuenta las discusiones realizadas con los periodistas –quienes durante años han sostenido con mucha fuerza la necesidad de que los organismos estatales entreguen información oportuna a la prensa y la ciudadanía–, los comunicadores, los estudiantes reunidos en los consejos nacionales de la FEU y la FEEM, el mencionado artículo 111 debe perfeccionarse. Sánchez calificó de “muy positivo que en el cuerpo legal del país se incluya la información como un bien público y un derecho ciudadano”, al igual que lo son la salud o la educación, entre otros. Y puntualizó circunstancias imposibles de obviar, en especial que vivimos bajo una avalancha informativa y nadie tiene el control absoluto de ese flujo, “ni siquiera los medios de comunicación, porque los ciudadanos se han convertido en productores de información pública de interés general”. Hoy las informaciones circulan por canales alternativos a los órganos de prensa, como las redes sociales. Con un celular cualquiera crea un blog; y a diferencia de otras naciones, donde abundan los dedicados a divulgar asuntos personales, en Cuba la mayoría de ellos buscan informar y deliberar sobre la realidad social. “Los juristas nos hemos ido insertando en una temática que por lo general se trata entre periodistas y comunicadores sociales: el derecho a la información”, enunció Raudiel Peña. Desde el plano jurídico, los estudios emprendidos fuera y dentro de la Isla han visto ese concepto como “un salto cualitativo con respecto a la tradicional libertad de expresión y de prensa”, pues otorga mayores facultades a las personas. Hoy se dice que admitir tal derecho significa “una especie de premisa básica para que los ciudadanos puedan ejercer cabalmente los demás, pienso sobre todo en los derechos civiles y políticos”. El ponente discrepó en cuanto a denominar la información un bien público, pues concebirla así implica que toda la sociedad pudiera tener libre acceso a cualquier tipo de datos; sin embargo, existe información sensible, por ejemplo, de carácter militar, que no debe circular sin restricciones. Ahora bien, sí la estima un derecho al que corresponden “ciertas facultades para su ejercicio, y el Estado tiene que implementar como una garantía material de su disfrute un determinado servicio público, en este caso, informativo”. Introducir ese derecho en la Conceptualización del modelo... representa sin dudas un paso de avance, pero no basta. Aunque nuestra Constitución vigente reconoce desde 1976 la libertad de expresión y de prensa, establece que “la ley regulará el ejercicio de estas libertades”. Han transcurrido cuarenta años, el texto constitucional “pasó por un profundo proceso de reformas en 1992, y todavía no se ha adoptado la ley correspondiente; con todo lo que eso implica en materia de seguridad jurídica y en la praxis social”.

Foto: Carolina García Salas/Temas.

 

Despierta la polémica

Llegamos a la segunda ronda de intervenciones. Era el momento de escuchar cuáles son los obstáculos en el camino de hacer efectivo el planteamiento 69 de la Conceptualización...; o sea, colocar, en la práctica, el derecho a la información al mismo nivel que los otros derechos fundamentales: al trabajo, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la cultura y la asistencia social. Yo misma hubiera podido engrosar la lista con disímiles valladares conocidos de primera mano o a través de conversaciones con mis colegas. Preferí dejar las anécdotas personales a un lado y oír las experiencias de los invitados.

Ante todo, Mayra Mena aclaró que aun cuando la información generada por la administración pública posee carácter público –valga la redundancia–, incluso los Estados que han instaurado leyes de transparencia y de acceso a la información disponen, atendiendo a razones de seguridad nacional y hasta por respeto a la privacidad de los ciudadanos, cuáles datos se pueden, o no, ofrecer. Después resaltó dos problemas inherentes al ámbito nacional. Uno es el desbalance del marco regulatorio cubano respecto a los procesos de gestión documental y archivos. “La Contraloría General de la República ha asumido regulaciones enfocadas en la necesidad de que las entidades de la administración pública, bajo una perspectiva de control interno, rindan cuentas de manera transparente, con información confiable y oportuna. Empero, el citado marco, que regula los procesos de gestión de los documentos para garantizar calidad de la información (además de confiable, debe ser veraz, auténtica, íntegra y accesible) y crear capacidades para esa necesaria rendición de cuentas transparente en las organizaciones, usualmente conocido como la ley de archivos, el Decreto-Ley 265 de 2009, lejos de estar guiado por los parámetros defendidos por la Contraloría, se ocupa de los documentos solo en su función de fuentes para la investigación, es decir, en facilitar a los investigadores documentos de valor histórico que son patrimonio de la nación. Ese desbalance es preciso resolverlo”. El otro escollo es que las entidades de la administración pública funcionan como islas, sin interconexiones. Al respecto la disertante mostró un ejemplo bien gráfico: de acuerdo con investigaciones recientes, quienes se dedican a los servicios gastronómicos por cuenta propia tienen que interactuar con siete organismos (Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, Interior y Salud Pública, Dirección de Vivienda, ONAT, y el banco), lo cual implica manejar decenas de documentos y consignar en cada lugar numerosas veces los mismos datos (nombre y apellidos, número del carné de identidad, dirección particular, etc.). “Eso no solo motiva incomodidad, sino que tal grado de repetición genera una elevada posibilidad de error e impide asegurar la calidad de la información”. Falta cultura comunicacional en el país. No todos los organismos de la administración central del Estado poseen una estrategia bien definida de comunicación y sus directivos a menudo eluden a la prensa, aportó Yoerky Sánchez. Tras el pasado Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, la presidencia de la UPEC fue a casi todos los consejos de dirección de los citados organismos, para discutir los factores que entorpecen el acceso a la información. Aunque se tomaron algunas medidas, queda mucho por avanzar. Además, numerosas instituciones “no se sienten en la necesidad de informar a la población”, a pesar de que eso forma parte de sus tareas cotidianas. Hasta el momento, ninguna norma de carácter general las obliga. Sin embargo, “no todo es negativo”, pues con el objetivo de mejorar la política de comunicación se ha consultado a periodistas y a profesores de FCOM, y está ya en proceso final la legislación al respecto. Una acción positiva es la reciente publicación, en la página web del Parlamento cubano, del proyecto de ley sobre las aguas, para que cualquier interesado la conozca y envíe sus opiniones a la Asamblea Nacional.

Sonrisas y frases suspicaces por parte de los espectadores, y un ligero contrapunteo con uno de sus compañeros de mesa, surgieron cuando el subdirector de Juventud Rebelde explicó la política informativa de su periódico. Con amabilidad y convicción el orador las encaró al asegurar que ha ido quedando atrás aquella etapa en la cual el diario de los jóvenes repetía lo dicho por Granma, hasta el punto de publicar la misma portada. El contenido de sus páginas, la agenda informativa, “no lo dicta ninguna estructura superior”, lo decide el propio rotativo. Sin embargo, subsisten problemas relacionados con la cultura profesional y la carencia de autorregulación en los medios, admitió. “Un serio problema es que en nuestro periodismo durante mucho tiempo no hemos sido capaces de llevar el debate público –lo que la gente opina y dice– a la agenda mediática. Ahí está la gran incongruencia, pero no es solo responsabilidad del Estado, hay muchas causas. Creo que vamos hacia un modelo de prensa renovador, el cual cada día tendrá más en cuenta los criterios de la gente de la calle”. Para ello se precisan, con urgencia, herramientas legales, logísticas, pues “si no hay un desarrollo de la comunicación y del periodismo en Cuba” no podrá avanzar el modelo económico y social. Preocupa igualmente al reportero la tendencia a confundir –inclusive en instancias decisorias del país– el alcance de los conceptos información y comunicación, resulta frecuente la idea errónea de que los órganos de prensa cumplen su cometido solo con informar; o se le asignan al primero de esos términos atribuciones del segundo, cuyo campo de acción es más amplio. Asimismo, una limitación del periodismo y los comunicadores cubanos es la presencia de numerosos profesionales que no dominan las nuevas tecnologías, no aprovechan bien las posibilidades de Internet ni saben desempeñarse en las redes sociales. Raudiel Peña fue rotundo: “Puedo resumir en uno los problemas fundamentales en torno a la información en Cuba: la existencia de un mecanismo institucional y de regulación defectuoso”. El marco legal es exiguo, incoherente e ineficaz. “Nuestras instituciones estatales, públicas, hoy no operan sobre la base de lo que en el derecho se llama principio de transparencia”.

El micrófono pasó al auditorio y un economista criticó la demora en aprobar las leyes que viabilicen el acceso a la información en la Isla. Un diplomático retirado sentenció: “A ningún gobierno ni institución les gusta la libertad de información y de prensa, pero sin ella no se puede hacer buen gobierno”. Convino en la prudencia de restringir la divulgación de determinados datos, pero hasta cierto punto y “en Cuba se llega a extremos increíbles”. ¿La futura ley contemplará a los medios alternativos o solo a los oficiales?, indagó un joven graduado de la Facultad de Comunicación y periodista del boletín católico Vida Cristiana, interesado en que este sea reconocido legalmente, luego de publicarse durante más de medio siglo. Otra interrogante formuló un estudiante de Sociología: teniendo en cuenta que ya la sociedad cubana no es homogénea –como se pretendió antes de los años 90– y han emergido nuevos intereses, ¿no son necesarios medios de comunicación alternativos que respondan a esa heterogeneidad? Límites al derecho a la información hallamos en la actual Constitución de la República –no solo establece que ciertas libertades, para ejercerse, dependen de una ley todavía inexistente, sino que se rigen por los principios de la sociedad socialista– y la ley del secreto estatal, vigente desde la década de los 70 y desactualizada, apuntó un jurista. Otra persona demandó información de calidad en lugar de la que prolifera en la televisión y la radio nacionales, caracterizada generalmente por la falta de atractivo, interés e impacto, mientras los cubanos a menudo solo nos enteramos de acontecimientos relevantes mediante canales extranjeros. Al decir de un participante habitual en UJ, los MCM deben rectificar afirmaciones sobre la historia de Cuba que no se avienen por completo a la verdad y ellos han repetido a lo largo de décadas. Un visitante australiano expuso: “Encuestas realizadas durante años recientes en los Estados Unidos, Inglaterra y Australia, muestran una creciente desconfianza de las poblaciones hacia sus gobiernos. Como resultado, han surgido grupos de periodistas que se dedican a chequear las cifras y los hechos divulgados por los políticos; digamos datos sobre la emigración, el desempleo, los impuestos que deben pagar las grandes empresas”. Y preguntó si en la Isla pudiera hacerse algo parecido. Otro extranjero, sociólogo, manifestó que en gran parte del mundo hay una auténtica revolución gracias al acceso a Internet, un medio completamente transversal, que permite obtener mucha información. Tras relatar una vivencia personal, ocurrida durante su estancia en la Isla, sostuvo: “Es importante la seguridad jurídica, porque en ausencia de normas las personas prefieren no arriesgarse a ofrecer informaciones”. Y recalcó que para disfrutar de una comunicación de calidad resulta imprescindible consentir el intercambio de puntos de vistas diferentes, incluso opuestos.

 

Caminos posibles

¿Qué tipo de acciones, de soluciones, pueden considerarse para estos problemas?, inquirió el moderador. Volver coherente el marco regulatorio y avanzar en la informatización de las instituciones cubanas propuso Mayra Mena. Seguidamente volvió sobre la primera observación del otrora diplomático. “A inicios de este siglo se dieron unos escándalos estruendosos en algunas empresas norteamericanas y en la literatura técnica empezó a hablarse de una crisis en la capacidad de rendición de cuentas transparente y responsable como consecuencia del uso de las tecnologías, las cuales permiten a las compañías, y a la administración pública, manipular como les plazca sus datos. Entre otras consecuencias, se asumieron los conceptos de gobernanza corporativa y gobernanza de la información”. Las grandes transnacionales “llegaron a la certeza de que compartir informaciones con los terceros interesados no solo les da eficiencia, eficacia, sino que les permite trabajar en un ambiente de transparencia para combatir fraudes, corrupción, y les ayuda a evitar riesgos financieros, de reputación, legales y operacionales”. El cambio de mentalidad incidió en la administración pública. “Y eso es lo que, en última instancia, está reflejado en la legislación cubana del control interno”.

Yoerky Sánchez también respondió a uno de los asistentes: “Muchas veces en el periodismo cubano hemos publicado información, sobre todo institucional, como si fuera noticia”; se ha perdido la búsqueda del hecho noticioso. A continuación desplegó su lista de potenciales soluciones, la cual comienza por “lograr una cultura comunicacional tanto en los ciudadanos como en los organismos de la administración central y en la dirección máxima del Estado y el gobierno”. Deben instaurarse voceros en dichos organismos; garantizar que en sus departamentos de comunicación laboren profesionales competentes –y autorizados por los superiores– para “cumplir su función de facilitar la información, intercambiar opiniones y datos con el resto del universo”. Al mismo tiempo, los MCM precisan apoyarse más en las investigaciones sociales, aplicar consecuentemente la autorregulación –es decir, sus propios directivos fijan la agenda y la política editorial– e incluir el debate, la polémica. “Hay que transparentar el acceso a la información en la Isla. Está claro que con límites; el fundamental sería el respeto a la soberanía y la integridad territorial del país”. Una cuestión medular es comprender que la información constituye un fundamento del estado socialista de derecho “y no puede ser presa exclusiva de determinadas instituciones, necesita ser socializada”.

Para ello urge un nuevo marco regulatorio en cuya conformación “debe intervenir una pluralidad de sujetos; la política informativa en Cuba y las diversas leyes correspondientes tienen que ser creación de todos”, el proyecto debe divulgarse y debatirse antes de promulgarse la legislación, alegó Raudiel Peña. Por su relevancia, el derecho a la información “tiene que regularlo una ley en el sentido estricto, aprobada por la Asamblea Nacional de Poder Popular”. Y este significaría solo el primer paso. “Muchos juristas piensan –no formo parte de ese grupo– que con reconocer el derecho e instrumentarlo resolvemos el problema. Si la gente no lo practica y no existe un serio compromiso estatal por la preservación de ese derecho, entonces es letra muerta”.

Durante los minutos finales Rafael Hernández resumió características esenciales de Último Jueves de Temas: “Los participantes no tienen miedo de hablar, este es un espacio donde se respetan los criterios emitidos en tono respetuoso”. En los quince años transcurridos desde el primer panel, “una y otra vez hemos colocado en Internet, en DVD y en libros que están disponibles, puntos de vista y visiones discrepantes acerca de la política”. Y algo muy importante, a UJ “no vienen personas que a priori poseen la verdad y otras que deben ser ungidos con ella; la verdad la encontramos entre todos”.