Es muy saludable que Temas dedique un número al uso social de la ciencia o, dicho de otro modo, a su aplicación, según la denominación más habitual, cuya exactitud discutiré más adelante. Es curioso que, en nuestro país, donde tanta atención se ha prestado a su desarrollo, existan tan pocas publicaciones con el perfil de este volumen. Disponemos de contadas contribuciones históricas, sociológicas, epistemológicas sobre la ciencia cubana, reflejo del escaso respaldo que tienen en términos de programas de grado y posgrado y proyectos de investigación. Esos estudios podrían, entre otras cosas, ayudarnos a entender mejor las virtudes y carencias de nuestras prácticas científicas y tecnológicas y el problema, muchas veces mencionado, de la insuficiente utilización del potencial de que disponemos.
En esta contribución pretendo argumentar que, al debatir sobre las dificultades para lograr un uso adecuado de la ciencia con argumentos del tipo «los empresarios no tienen cultura de innovación» o semejantes, la reiteración de las situaciones sugiere que operan factores más estructurales. En esa lógica, dirigiré la mirada a las políticas de ciencia, tecnología e innovación (PCTI).
Mis argumentos se centran en la idea de que entre las razones que explican la dificultad para lograr el pleno uso de la ciencia en la solución de problemas de la práctica social, una no desestimable es el empleo frecuente de políticas inadecuadas.
Comenzaré por colocar el tema en su vínculo con las transformaciones que el país despliega en la actualidad, apoyadas en la sucesión de debates populares, consultas a grupos de expertos y decisiones al más alto nivel que han tenido lugar en la última década. Asumo que poner al día y proyectar hacia el futuro nuestro deseado socialismo pasa también por meditar los enfoques que utilizamos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y las políticas públicas que las respaldan.
Un breve recorrido por los principales cambios en los modelos de políticas de CTI. Aunque nos debe proporcionar conocimiento; así como formular algunas ideas que pretenden enriquecer nuestro imaginario en materia de política pública en ciencia, tecnología e innovación y sobre las prácticas científico-tecnológicas mismas.
El conocimiento y los cambios en el modelo económico y social
El primer congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 1975, aprobó una resolución sobre política científica que de algún modo resumió el esfuerzo realizado en los primeros tres lustros de la Revolución por crear las bases institucionales y formar el potencial humano que la construcción de la ciencia nacional necesitaba. También proyectó, en grandes líneas, el camino a seguir.
La Revolución cubana fue también excepcional en ese aspecto. Sus líderes, en especial Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entendieron desde muy temprano que el conocimiento, la educación, las universidades y los centros de investigación eran un punto clave para el cambio socioeconómico del país. En el mundo entonces no se hablaba de «sociedad del conocimiento» ni la ciencia y la tecnología se habían convertido en las fuerzas materiales y simbólicas que son hoy.
Esas convicciones devinieron rápidamente transformaciones prácticas y es mucho lo que se ha logrado en seis décadas de Revolución. Sin embargo, los sucesivos congresos del PCC, hasta llegar al VII, el más reciente, y en muchos otros espacios deliberativos, siempre se ha insistido en que las capacidades creadas no se emplean adecuadamente.
Los Lineamientos formulados en el VI Congreso incorporaron un capítulo que lleva por título «Política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente» (PCC, 2011). No puedo detenerme en ello, pero opino que la inclusión en él del medio ambiente introduce disonancias conceptuales que tienen consecuencias prácticas. Así todo, fue positiva su introducción. Se debe señalar que, de todos los recogidos en los Lineamientos, este fue el único que, en las discusiones siguientes, cambió completamente su formulación original.
Hoy el tema está presente en las bases del Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 (PCC, 2018). Allí, por cierto, se indica que unos de los ejes prioritarios para alcanzar el desarrollo sostenible, soberano, independiente, justo, inclusivo y democrático que perseguimos, es el potencial humano en su vínculo con la CTI. Ese eje estratégico requiere ser fortalecido. Su impulso plantea exigencias que deben ser comprendidas en toda su magnitud y de forma multisectorial. Se trata de un desafío que involucra a muchos: tomadores de decisiones, profesionales, técnicos, académicos, maestros y profesores, entre otros. La ciencia no es solo un asunto de los científicos.
El Período especial y sus largas secuelas han lastimado mucho a la ciencia nacional. Deberíamos actuar con rapidez y lucidez para evitar llegar a un punto de no retorno.
Es importante entender, por ejemplo, que la CTI tiene sus raíces en el sistema educativo, a todos los niveles. Puede ser el objeto preferente de un ministerio, y la educación de otros, pero no hay CTI saludable y bien conectada al desarrollo económico y social sin un sistema educacional de calidad.
Las universidades concentran buena parte del potencial científico del país. De igual relevancia son los politécnicos; los preuniversitarios —incluidos los vocacionales—; los centros de formación de maestros, etc. Una mirada a la CTI y su empleo que se concentre en los centros de investigación y su relación con el sector productivo es una perspectiva estrecha que posiblemente limita la efectividad de las políticas públicas que se formulen al respecto. Aquí aparece de inmediato un problema de gobernanza: ¿cómo integrar el esfuerzo de todos los actores que deben realizar esas contribuciones diversas cuando responden a lógicas administrativas diferentes? ¿Cuánto valor pueden tener las políticas de CTI, en los planos nacional, sectorial y territorial, si no están firmemente articuladas en las políticas educacionales?
Son desafíos que la dirección del país y todos los cubanos debemos enfrentar. La intersectorialidad de las políticas es tan difícil de lograr como la interdisciplinariedad epistémica, o cualquier otro objetivo que suponga articular capacidades cognitivas y voluntades institucionales. Creo que estamos lejos de saber hacer bien del todo esas cosas.
También es muy importante comprender que cuando hablamos de la ciencia, y desde luego de la tecnología, estamos utilizando esas palabras en un sentido muy plural que incluye, entre otras cosas, a las ciencias sociales y, por extensión, a las humanísticas. Frecuentemente se piensa en las naturales, técnicas, agropecuarias, sobre todo en sus roles económicos. Esto último descansa en una concepción estrecha del desarrollo que privilegia la economía y todo lo demás se asume como su corolario. Debemos tomar nota de que las desigualdades sociales, los daños ambientales, las variadas formas de exclusión social, entre otras cuestiones no menores, no se derivan automáticamente del avance económico.
Cuando se habla de aplicación de la ciencia se dice menos, por ejemplo, del importante problema del asesoramiento científico en vínculo con los tomadores de decisiones, lo que debería mejorar bastante los criterios para la selección y compra de tecnologías, las decisiones cotidianas de los ministerios, entre otras muchas acciones que reclaman conocimiento experto para evitar improvisaciones que tienen altos costos económicos, sociales y ambientales. Para esto todas las ciencias son importantes, entre ellas las sociales.
El actual esfuerzo por impulsar la economía no debe hacer olvidar que la creación artística y las prácticas culturales y recreativas no solo generan goce espiritual, sino que también contribuyen a la economía nacional. Las ciencias sociales y las humanidades nos pueden ayudar a mirar en esa dirección.
Estudios sobre numerosos arreglos productivos locales, de muy diferente perfil, incluido, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro, realizados por colegas de Brasil (Pessoa de Matos et al., 2015), muestran su enorme potencial económico. No es necesario caer en el economicismo para percatarnos, por ejemplo, de lo que pueden aportar a las economías locales las parrandas, un turismo culturalmente enriquecido, y las artesanías, entre otras actividades. He leído que en algún momento la música, en particular la de los Beatles, pasó a constituir una fuente de ingreso importante para Inglaterra. Un estudio de hace pocos años revela que el municipio de Brasil que tenía un mayor producto interno bruto per cápita no vive del petróleo ni de la energía nuclear, sino de la historia, las leyendas y la música, gracias a la manera en que pudieron transformar la fuerza de la tradición en atracción turística.
Resumo ideas que me parecen claves:
- La importancia de una visión holística del eje potencial humano —CTI, incorporando conscientemente en él la educación a todos los niveles y el papel de las ciencias sociales y las humanidades. Si la expresión «políticas de CTI» induce una visión limitada del tema y lo remite a un ministerio en particular, sugiero entenderlas como políticas del conocimiento (Núñez Jover, 2010: 222) que puede hacer más visible la urgencia de integrar capacidades cognitivas y voluntades que hoy descansan en asientos institucionales diversos. Si esto es importante a nivel nacional y sectorial, todavía lo es más a nivel territorial, esto es, municipios y provincias, donde la desconexión con las políticas —y sus carencias inherentes— que llegan del nivel central no es el menor de los problemas.
- La necesidad de ampliar considerablemente nuestra comprensión de la función social de la ciencia en el proceso de desarrollo; que no se puede limitar a algunos campos científicos ni excluir el papel del conocimiento cotidiano y, desde luego, no reductible a la contribución económica inmediata. Si estamos de acuerdo en esto, quizás sea mejor hablar de la función social del conocimiento (Núñez Jover, ídem) asociada a las políticas del conocimiento mencionadas antes.
- La relevancia de entender que toda decisión política, cultural, económica y educacional debería respaldarse en el asesoramiento científico permanente, lo más amplio posible, que contribuya a diseñar las políticas, monitorearlas y evaluarlas. Toda decisión no respaldada científicamente debería merecer el rechazo que en el medioevo suscitaba cualquier razonamiento que no estuviera férreamente atado al credo religioso.
- Es obligatorio, sin embargo, subrayar lo siguiente: si las políticas apoyadas en el conocimiento experto deben ser mejores que las derivadas del voluntarismo y la improvisación, el acceso al debate sobre esas políticas no puede circunscribirse a unos pocos expertos convocados al efecto. Los campesinos y los trabajadores a veces conocen lo que los expertos ignoran; el pueblo inmerso en su cotidianidad ve cosas que son invisibles desde los lugares donde se toman las decisiones. Parece difícil auscultar tantas percepciones, pero en realidad no lo es tanto: para ello están los medios de comunicación cuya capacidad de crítica debe continuar creciendo, el aprovechamiento de los espacios de debate que nuestro sistema político prevé, y el diálogo directo entre los dirigentes y el pueblo, medular en un proyecto socialista. La política y la función social del conocimiento se benefician mucho de una mayor participación social.
En el año 2013 se concluyó en la cátedra Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+I) de la Universidad de La Habana un estudio sobre las PCTI en el período 1995-2010 (Núñez Jover y Montalvo, 2013).[1] No es el momento de repetir los resultados de aquella evaluación. Baste decir que nos centramos en los objetivos principales proyectados en las PCTI: desarrollar el potencial científico y tecnológico del país, y aprovecharlo mejor para incrementar el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía y la sociedad. Para evaluar su cumplimiento nos basamos en indicadores de insumo (gasto en I+D), número de investigadores, entre otros) y resultados (publicaciones, patentes, etc.) divulgados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) con información ofrecida por Cuba. Nos apoyamos también en el examen de documentos, básicamente los elaborados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). En otras palabras, evaluamos las PCTI en sus propios términos y con indicadores de manejo público.
Las conclusiones del estudio son algo extensas y detalladas, pero lo que aquí cabe recuperar como síntesis es que ninguno de los objetivos se ha cumplido satisfactoriamente. El potencial humano se ha deteriorado y su relevo está amenazado; tampoco se ha generalizado una articulación satisfactoria entre el sector de conocimientos (universidades, institutos de investigación, etc.) y el productivo y de servicios. Es importante que contemos con un sector de economía del conocimiento como el biotecnológico, y dispongamos de algunos buenos ejemplos en otros como en la defensa, la energía, etc.; pero lamentablemente el desempeño del sector empresarial no puede considerarse como innovador.
La persistencia de esta situación ha conducido con frecuencia a decir que los empresarios cubanos no tienen cultura de innovación. Es posible que esto sea cierto, pero atribuir a ese elemento el bajo desempeño innovativo es simplemente mirar para el lado equivocado. La empresa cubana no es innovadora y se vincula poco con las universidades y los centros de investigación por razones estructurales inherentes al modelo económico y las omisiones y debilidades de las PCTI practicadas.
El modelo cognitivo de las PCTI, hegemónico durante cincuenta años, ha sido el modelo lineal basado en el «empujón de la ciencia», en el cual se asume a los científicos como los actores claves en la introducción de resultados. Como consecuencia de ello, su instrumento por excelencia se ha centrado en el diseño de marcos legales vinculados a programas y proyectos, y en mucha menor medida en las empresas. Incluso en el contexto de la actualización del modelo económico y social en marcha, la primera medida de conocimiento público fue el reordenamiento de las entidades de CTI y, en algunos casos, su subordinación al sector empresarial. De lo que se conoce hasta ahora no es obvio que se estén desplegando instrumentos efectivos que promuevan el desempeño empresarial innovador.
En lugar de insistir una y otra vez en la introducción de resultados y exigir a los investigadores la solución de problemas, las PCTI deberían conducirnos a un enfoque sistémico para abordar la innovación. Eso es lo que debemos esperar del modelo económico y las PCTI, ambos en construcción.
El mencionado modelo cognitivo también ocupó espacio en la arena internacional y ha sido sustituido por marcos conceptuales más avanzados.
La experiencia internacional
Las PCTI han cambiado mucho en el mundo. La primera formulación nació en los Estados Unidos en 1945. El informe «Ciencia: la frontera sin fin» (Bush, 1999) fue la respuesta de un grupo de científicos e ingenieros, liderados por V. Bush, a la solicitud del presidente Franklin D. Roosevelt, que, a la muerte de este, entregaron a su sucesor Harry Truman. El texto perseguía convertir la ciencia y la tecnología en un poderoso instrumento de poder estadounidense y motor de su economía y sociedad. Aquella formulación de política devino luego modelo que muchos países siguieron. Es el llamado modelo lineal ofertista de innovación. Asume que para alcanzar la prosperidad hay que invertir en la generación de nuevo conocimiento científico puro (ciencias básicas). Las nuevas teorías, datos experimentales y observacionales generados en las universidades y centros de investigación inducirían, consecuentemente, el desarrollo de las ciencias aplicadas con el objeto de resolver problemas específicos. La oferta de resultados promovería la generación de nuevas tecnologías que serían demandadas por el sector empresarial, para introducir, a su vez, innovaciones industriales que producirían ganancias que terminarían derramándose en la sociedad.
La activa intervención del Estado condujo a un financiamiento creciente; por ejemplo, los Estados Unidos destinaron, en 1930, 0,2% de su PIB a actividades de investigación y desarrollo. La cifra subió a 0,7% en 1945 y a 1% en 1950. En 1965 alcanzó 3%. La ciencia pasó a ser un asunto de Estado y su lugar en la sociedad cambió radicalmente en las décadas siguientes.
Hasta los años 70 los actores claves de aquella política eran los científicos y las agencias de gobierno. En esencia, el Estado debía esbozar algunas prioridades generales, asignar cuantiosos recursos y dejar a los científicos escoger ellos mismos las preguntas y buscar las respuestas. La ciencia tenía en aquel modelo un amplio margen de maniobra. El interés primordial era asegurar el dominio militar y, en menor medida, la economía.
A partir de la década siguiente, aquel modelo lineal ofertista comenzó a ceder espacio en las PCTI estadounidenses al lineal demandista (la ciencia halada por la demanda), con un protagonismo creciente de la empresa privada, y el mundo académico se involucró cada vez más en la búsqueda del lucro y también del poder militar. El espacio científico cambió. Hoy, quienes laboran en grupos de investigación anidados en las universidades son menos que los que lo hacen en los laboratorios de la industria.
Desde los 80 los enfoques sistémicos de innovación han desplazado al modelo lineal precedente. El concepto de sistema nacional de innovación (SNI) emergió de estudios realizados por diversos autores que buscaban explicaciones a la dinámica innovadora de países como Japón y los países escandinavos. Los estudios de C. Freeman (1987) argumentaron que las estrategias de desarrollo de Japón, su tradición cultural y educacional, la orientación de sus políticas de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y las de comercio exterior, entre otros factores, explican su éxito innovador. Se trata de estudios que van más allá de la empresa aislada o del sector o cadena productiva; se instalan en una perspectiva holística, sistémica, que incorpora cultura, educación, políticas públicas, etcétera.
Un sistema de innovación puede ser sectorial, territorial o nacional, pero en cualquier caso exige: 1) interacciones sistémicas entre organizaciones y actores (centros de investigación, centros de formación, interfaces, empresas, cooperativas, gobiernos, instituciones de salud, crediticias, etc.) dedicados a producir, transferir, diseminar y usar el conocimiento; y 2) instituciones, disposiciones, normas, reglas, que van desde las rutinas productivas cotidianas hasta las políticas nacionales de CTI, de comercio exterior, educacionales u otras.
La idea de «sistemas de innovación» se utiliza en un sentido amplio o estrecho. En el primer caso, se refiere a actividades de I+D y las infraestructuras a ellas asociadas. Se basa en que las instituciones de investigación son las protagonistas. Consecuentemente un ministerio o consejo de ciencia asegura la gobernanza del sistema. Se fundamenta en gran medida, en el «empujón de la ciencia» y se refiere básicamente a «innovaciones radicales» (una nueva vacuna, medicamento, etcétera).
El enfoque amplio coloca el énfasis en la adquisición y uso de conocimientos y capacitaciones productivas e innovativas. Ello incorpora las actividades de I+D+i, pero también una diversidad de actores que favorecen la producción, distribución y uso del conocimiento —empresas, cooperativas, movimientos de campesinos, instituciones de servicios, extensionistas, etc.—; conocimiento científico, pero también cotidiano; tácito y codificado. Esos actores pueden ser muy importantes para construir viviendas con materiales locales, generar alimentos a través de la agricultura urbana, desarrollar la agroecología, producir energía con biodigestores, mejorar la administración local, etcétera.
La innovación no se refiere solo a la hightech, sino a cambios o novedades de cierta relevancia en cualquier esfera. Pueden ser de proceso/resultado, incrementales/ radicales, tecnológicas u organizacionales.
En el enfoque de sistemas de innovación, el aprendizaje interactivo (no confundir con cursos que solo ofrecen información y diplomas) es fuente fundamental para la trasmisión de conocimientos y la ampliación de capacidades productivas e innovativas de las empresas y otras organizaciones. Mediante él estas adquieren y amplían conocimientos, perfeccionan procedimientos de búsqueda y refinan habilidades para desarrollar, producir y comercializar —cuando ese es el objetivo— bienes y servicios. En esta perspectiva, los usuarios son básicos en la innovación, y fuente de aprendizaje (el campesino que trabaja con las semillas y variedades, el usuario de un software, etcétera).
En la última década los sistemas de innovación se han alejado de su énfasis primordial en la dimensión económica y, junto a esta, han incorporado objetivos vinculados al desarrollo sostenible e inclusivo. No basta con innovar. El último Informe mundial de la ciencia (Unesco, 2017) declara que más de dos mil millones de personas no reciben los beneficios de los muchos resultados que hoy están patentados. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) insiste en que los pobres reciben poco de los presumibles beneficios de la ciencia y la tecnología. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la producción de medicamentos es funcional al perfil de salud de los países desarrollados, y responde poco al de los subdesarrollados.
Nada de esto es gratuito: las principales agendas de investigación y desarrollo tecnológico responden en gran medida a los intereses de sus principales financistas, las corporaciones transnacionales y el complejo militar industrial.
Por la naturaleza de nuestro proyecto socialista, la idea de la innovación comprometida con el desarrollo sostenible y la inclusión social es un tema medular.
Algunos aprendizajes
Sugiero que se valore la significación de este último enfoque para encaminar entre nosotros una política pública sistémica, que no se concentre solo en los centros de investigación, sino que promueva interacciones entre la totalidad de los actores. Su adopción consecuente plantea exigencias cuyas soluciones no son sencillas, porque remiten a la dinámica social, económica y política del país. Consideremos algunas sugerencias:
- Las PCTI no son una política sectorial, no es un asunto de los científicos ni de un ministerio en particular. La gobernanza del sistema no recae en un actor sino en las relaciones horizontales y la articulación entre ellos; exige relaciones verticales en ambos sentidos, y reclama mayor participación social. Por solo mencionar algunos actores, los científicos Los gobiernos, a todos los niveles, son muy importantes, pero los técnicos y trabajadores en general son claves. Hay que abandonar el modelo que privilegia la oferta de conocimientos: la metáfora «introducción de resultados» posiblemente ha agotado sus posibilidades.
El carácter sistémico de la innovación requiere tener en cuenta cómo otras áreas de las políticas (de salud, agroalimentaria, etc.) la afectan. Parte importante de la política de innovación se centra en la revisión y rediseño de los vínculos entre los componentes del sistema. La coordinación entre actores es todo un desafío.
Una recomendación que parece obligada es crear y fortalecer instituciones interministeriales que coordinen las distintas políticas públicas (articulación de las científica, tecnológica, productiva, y de innovación con la educacional, de salud, de energía, exterior, etc.). Seguramente es largo el trecho que deberemos recorrer en Cuba para satisfacer esas exigencias.
- Abandonar el modelo lineal supone colocar la tecnología en el centro de la atención. En su mayoría, es tecnología importada, lo cual es una fuente importante de innovación. Hay que lograr, en todos los casos, involucrar en su compra a expertos en ella; aprender a evaluarlas y generar los aprendizajes que demanda. Así ahorraríamos un dinero gastado innecesariamente. De manera general disponemos de muy pocas regulaciones nacionales en materia tecnológica. Posiblemente hoy es más importante dotarnos de pertinentes regulaciones para la tecnología que elaborar regulaciones para las entidades de ciencia y tecnología.
- Las PCTI tienen que incorporar no solo a la empresa estatal; sino a las cooperativas de todos los sectores, y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
- Las PCTI debe combinar prácticas top down y bottom up; es decir, no puede ser construida de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. No solo los OACES (Office of Adult & Career Education Services) conocen y tienen información. Hay mucho saber acumulado en los municipios, las cooperativas, los campesinos. Las PCTI deben ser territorializadas, es decir, ajustadas a las características de las localidades.
- Es preciso introducir la práctica de evaluar las PCTI y extraer los aprendizajes que ello genera. Y esas evaluaciones, aunque en ellas se involucren grupos de expertos, deben ser de conocimiento público, lo que debe incrementar la participación pública en CTI, requerida por el modelo amplio de sistema de innovación que vimos antes.
- La calidad del sistema educacional y el amplio acceso a la educación superior es una cuestión fundamental. Ningún país exitoso en innovación descansa en pilares educacionales frágiles, y todos alcanzan altas tasas de ingreso a la educación superior.
- Los analistas de las PCTI reconocen que en su conformación actúan diversas culturas. Se trata de la experiencia internacional, pero nos sirve para mirar desde ella nuestra realidad. Desde la perspectiva de esos estudios las políticas públicas son el resultado de un proceso de negociación, consenso y/o imposición entre actores que representan diferentes culturas (Elzinga y Jamison, 1995).
La primera es la académica o científica, la que es propia de los científicos y se vincula a sus intereses corporativos. El modelo lineal expuesto es su ideal cognitivo. Tiene sus propios criterios de evaluación que definen sus jerarquías.[2] Le sigue la cultura burocrática que se basa en la estructura institucional del Estado y su capacidad de financiamiento. Se interesa por la administración eficiente de los recursos y busca producir impactos y ciencia para la política, e intenta que la política pública sea científica.
Muy importante es la cultura económica relacionada con las empresas. Busca maximizar ganancias. Le interesa sobre todo la innovación. Asume que el poder estatal debe dedicarse a respaldar la innovación empresarial.
En las últimas décadas ha irrumpido la cultura cívica, encarnada en movimientos sociales, por ejemplo, ecologistas, que se preocupan sobre todo por las consecuencias sociales de la CTI.
Sugiero encontrar la expresión de esas culturas en nuestra realidad. ¿Son sólidos los fundamentos culturales de nuestras PCTI? ¿La racionalidad de cada una de esas culturas tiene la oportunidad de dialogar fértilmente con las restantes?
Hay, por cierto, un dato cultural que nos beneficia: en nuestro país, la mayoría de los actores involucrados potencial o realmente en la conformación de las PCTI comparten valores y lealtades que apoyan la obra colectiva de la Revolución. Tratemos de aprovechar eso.
- Es muy importante el enfoque territorial de las PCTI (y aquí prefiero hablar de políticas del conocimiento como dije antes). Las políticas han sido más sectoriales que territoriales. En los 90, se crearon polos científicos en las provincias. De esta experiencia hay pocos registros conocidos que hablen de sus luces y sombras. Pero quiero enfatizar la dimensión municipal que asociamos al concepto de desarrollo local.
El proyecto de nueva Constitución (Parlamento Cubano, 2018) reconoce al municipio como un eslabón decisivo del ordenamiento político- administrativo del país. La cuota de autonomía que ejercerán exige conocimientos y tecnologías. Gobernar, administrar, producir bienes y servicios, cambiar la matriz energética, generar empleo, mejorar el sistema educativo, controlar los efectos del cambio climático, entre otras acciones, requieren de personas preparadas, con capacidad de transferir tecnologías, además de otras exigencias. Es iluso imaginar que los centros de investigación, en gran medida concentrados en la capital y las universidades situadas en las capitales provinciales, pueden atenderlas plenamente.
A la par que se aprovecha el potencial científico nacional, hay que crear capacidades en los territorios. Entre otros actores, los centros universitarios municipales tendrán que desempeñar un papel cada vez más importante como gestores del conocimiento y la innovación.
Los municipios necesitan urgentemente sistemas de gestión del potencial humano, que mejore mucho los mecanismos actuales que se emplean para formar profesionales y técnicos, casi siempre apoyados en un concepto de «demanda» que no parece satisfactorio. Se necesita, a nivel municipal, un sistema de gestión del talento humano, hoy en día inexistente o en general deficiente, que promueva la formación de ingenieros, técnicos, y todo tipo de profesional que el desarrollo local reclama.
Las PCTI que necesitamos también precisan de una mirada a lo, que será muy diferente al sector biotecnológico o la extracción de petróleo y gas, por mencionar un par de ejemplos.
Lo mejor es que tenemos redes sociotécnicas que están acumulando mucha experiencia a nivel local. El Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) opera en cuarenta y cinco municipios y sabe cómo gestionar innovación en los territorios. La red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) del Ministerio de Educación Superior lleva más de una década enlazando educación y desarrollo local. Todo ello debe nutrir el caudal de las PCTI.
Palabras finales
El argumento desarrollado en este documento se apoya en una idea expuesta antes y que ahora retomo: las desconexiones entre ciencia, tecnología y sus usos sociales tiene que ver con el tipo de política científica y tecnológica y su modelo cognitivo, basado en el empujón de la ciencia, dominantes en nuestro país. No basta con identificar los déficits de cultura de innovación de los empresarios ni aludir a la recurrente falta de financiamiento, hay que mirar hacia los modelos de políticas públicas que hemos tenido.
Decretar la existencia de un sistema de ciencia, tecnología e innovación —o de ciencia e innovación como se denominó desde los 90— es fácil, construirlo realmente, es decir, fortalecer las instituciones, vincular vigorosamente los actores y desplegar el sistema regulatorio que haga todo eso posible es tarea muy compleja y requiere de mucha voluntad política y de nuevos enfoques. Algunos de ellos han sido esbozados aquí.
Es típico de los países en desarrollo la fragilidad de los nexos entre educación superior, ciencia, tecnología e innovación y, sobre todo, sus articulaciones con el desarrollo económico y social.
¿Podremos los cubanos, empeñados en transformar nuestro modelo económico y social resolver satisfactoriamente este problema crucial? La tarea es tan difícil como insoslayable.
