Soberanía alimentaria, agroecología y derecho

Agricultura-medio ambiente, agricultura-desarrollo sostenible
agricultura-seguridad alimentaria, son binomios indivisibles, además que recurrentes
en la experiencia cotidiana […] Una síntesis de dichas expresiones se manifiesta, en
conclusión, en el único binomio agricultura-derechos humanos, cuya
fundamental verificación práctica está en la única función primaria de la
agricultura, como actividad dirigida a satisfacer las más primordiales exigencias
de la vida del hombre.
Pietro Romano Orlando, 1992

La reducción del concepto de seguridad a lo estrictamente militar constituye un error y una insuficiencia, puesto que resulta imprescindible considerar, equilibradamente, otros aspectos como el económico, el político y el social, para no afectar la seguridad nacional y la colectiva. En Cuba se reconoce la estrecha relación entre la seguridad y la soberanía nacionales, precisamente porque la segunda es una condición inalienable para la primera, pues, entre otras razones, tiene que ver con el aseguramiento alimentario, la salud pública, el medio ambiente, los desastres naturales, la información, etc. (Alzugaray Treto et al., 2016: 90).

Ambos conceptos están imbricados en la política económica y el corpus legal de cada país. El pueblo cubano tiene acceso a un sistema eficiente de salud, de educación, entre otros. Pero también aspira a satisfacer sus necesidades de alimentación y de legalidad; y no se trata de que no se garantice modestamente la alimentación ni que falten normas legales de protección, el problema es que abundan los elementos inescrupulosos que violan las normas, tanto con respecto a la calidad de los productos alimenticios, como a sus precios, práctica que se sostiene sobre la base de la inexistencia de un adecuado marco legal que permita a los individuos exigir su derecho a una alimentación saludable. Para nadie es un secreto que tenemos grandes limitaciones en esa esfera, y no alcanzamos aún la deseable soberanía alimentaria.

Esta última es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo con objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Las dimensiones de la misma son: disponibilidad física, acceso, utilización y estabilidad. Presupone la disponibilidad de los alimentos, conformada por la producción nacional. Para lograr dicha soberanía es preciso estar alerta de la higiene ambiental y los cambios climáticos. Debe partirse de la producción de alimentos con la calidad adecuada y que se comercialicen a precios justos, así como que sea posible que la población tenga decisión sobre su alimentación. Todo ello está sustentado políticamente, y responde a los planteamientos de la política económica de Cuba (PCC, 2017).

Es necesario expandir la cultura agraria; promoverla para que se inserte de manera raigal en la cultura nacional, dado que Cuba es un país esencialmente agrícola.

De la agricultura convencional a su renovación en Cuba

La agricultura convencional (moderna o industrial), desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por buscar el incremento de la producción sin tener en cuenta las secuelas negativas sobre el medio ambiente. Tal es el caso del uso intensivo de fertilizantes sintéticos o el sometimiento de la tierra a un sistema de monocultivo, entre otros. El deterioro de la cubierta vegetal y la erosión del suelo, la pérdida de la diversidad agrícola, biológica y genética son algunas de las múltiples consecuencias de la agricultura basada en agroquímicos y en la inversión desmedida de energía. La utilización de recursos híbridos y organismos genéticamente modificados fue disminuyendo la diversidad biológica y coadyuvando al desequilibrio ecológico (Funes Aguilar, 2007: 9-10).

Los años 90 y la irrupción de la agroecología: una nueva política agraria y un nuevo campesinado

Desde inicios de los 90, en el contexto de la etapa conocida como Período especial, Cuba se vio precipitada a una dificilísima situación provocada por el derrumbe del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, el crudo bloqueo económico al que ha estado sometida por casi sesenta años, y otros fenómenos que repercuten significativamente sobre diversos sectores de la economía cubana, entre ellos la alimentación. Ante esto, el gobierno decidió implementar diferentes estrategias e impulsó un conjunto de medidas: «Se impuso la necesidad de enfrentar la crisis de los 90 con cambios estructurales, y la imposibilidad de regresar a las condiciones previas a la crisis, planteó la necesidad de promover un modelo emergente de transición socialistas» (Valdés Paz, 2009: 91).

Se decidió entonces iniciar un proceso de cambio en las relaciones de producción en el sector agropecuario a fin de promover el desarrollo de las fuerzas productivas. Así, mediante el Decreto-Ley 142/1993 (de 20 de septiembre), se constituyeron las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). A partir de entonces, el sector fue quedando integrado por cinco tipos de entidades productivas, que se corresponden con diferentes formas de propiedad: las citadas UBPC, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), propietarios privados y áreas estatales.

Desde los inicios de la propia década, se trabajó en la transición hacia una agricultura orgánica y agroecológica, sostenible y de bajos insumos para enfrentar la crisis en el sector, y proporcionar mayor alimentación a los cubanos, lo que viabilizó la incorporación de parte de la población a los campos, dando lugar a un nuevo campesinado que decide aprovechar la riqueza de la tierra (Nova, 2016: 48-9).

Fue precisamente en los 90 cuando, en el contexto de las transformaciones de los sistemas agrarios cubanos, se incorporaron al vocabulario nacional los términos agroecología y sostenibilidad. La primera es una disciplina científica relativamente nueva (años 70) que, frente a la agronomía convencional, se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.

Hubo una diversificación de las formas de propiedad existentes, se corporativizó gran cantidad de las empresas anteriormente estatales, disminuyó el tamaño de las unidades, y muchas de ellas se convirtieron en fincas donde los trabajadores reciben sus ingresos según la gestión y eficiencia productiva. Se hizo entrega masiva de tierras para el autoconsumo familiar, como dispone la Resolución 356/1993 (de 28 de septiembre), modificada por la Resolución 852/2003 (de 27 de octubre), así como normas para el cultivo y desarrollo del café, entre otras. La entrega en usufructo de tierras ociosas a personas naturales y jurídicas, como medida más importante, condujo a un nuevo escenario productivo en la tenencia de la tierra. Los productores no estatales, particularmente las CCS y privados, que han crecido de 18,5% a 35,8% respecto a esa tenencia, son los más cercanos a las prácticas agroecológicas. Se le ha otorgado gran cantidad de tierras a los interesados, mediante el Decreto-Ley 259/2008 (de 10 de julio), que fijó hasta 40 hectáreas (ha) para personas jurídicas y naturales, prorrogables cada diez años, derogado por el Decreto-Ley 300/2012 (de 20 de septiembre), que extendió el área hasta 67,1 ha, igualmente prorrogables cada diez años, y abrió posibilidades de construcción de bienhechurías (viviendas e instalaciones), derecho de herencia y otros. Hasta 2017 se habían entregado 1 917 000 ha, de las cuales 1 733 000 otorgadas a unas 222 000 personas naturales, lo que dejó alrededor de 300 000 ha disponibles para ellas (Funes Aguilar, 2017). El Decreto-Ley 358/2018 (de 9 de abril), deroga el anterior DL 300, y aumenta el tiempo de otorgamiento del usufructo a veinte años, prorrogable por igual término. Esta estrategia permite una mayor relación tierra-hombre y un flujo generacional con carácter de pertenencia. Es, además, una expresión del desarrollo. Y «de realizarse las medidas planteadas en el ciclo de producción-distribución-cambio-consumo, es de esperar incrementos importantes en la producción de alimentos en Cuba» (Nova, 2015 citado en Funes Aguilar, 2017: 22).

La concepción de la agroecología y su tecnología promueve la producción agrícola porque conserva los recursos naturales elementales: el suelo, el agua y la biodiversidad. Estas acciones se basan en el respeto a las comunidades rurales (quienes aportan el material genético mejor adaptado a las condiciones locales) y a los principios éticos y humanos en la realización de sus actividades. De esta forma los ecosistemas pasan a ser agrosistemas.

En la agroecología se desarrolla una dinámica incorporación familiar a las labores agrícolas, y esta experiencia ha dado lugar a una suerte de atípica transculturación, porque no se trata de la asimilación de la cultura del pueblo, sino de una especie de retorno al pasado a través de un rastreo de la raíz cultural. Así, se han incorporado formas y métodos de cultivos precedentes, a partir de las tradicionales experiencias campesinas y de los pueblos indígenas. En el surgimiento de esta nueva ciencia han influido las perspectivas de la antropología y la geografía que recuperan esas prácticas. Precisamente, el análisis de esos sistemas tradicionales ha proporcionado a la agroecología herramientas conceptuales y prácticas para proponer alternativas a la agricultura industrial. En Cuba, durante el Período especial, el consumo de alimentos fue más natural, y en ocasiones llegó, incluso, a un límite en el que se aprovechaban hasta las cáscaras de plátano para preparar croquetas, picadillos, etc., y la mesa del cubano se permeó de una cultura alimentaria impuesta por la crisis. Considero que se desarrolló, de manera espontánea, una soberanía alimentaria peculiar, que permitió sobrevivir.

Por otra parte, las familias acometieron un trabajo agrario, no solo en las zonas rurales; también en la ciudad fue muy frecuente la crianza de animales como aves y cerdos. Aunque estas prácticas comenzaron, a nivel de investigaciones en los 70, y muchas se fortalecieron en los 80, fue precisamente durante el Período especial que se hicieron más frecuentes, lo que ha propiciado la emergencia de innumerables soluciones en nuestro sector agropecuario (Funes Aguilar, 2007: 9 y 11).

En ese sentido Cuba se ha destacado como país líder en el campo de la agroecología. Como ha dicho Peter Rosset (2016):

Frente a las múltiples crisis del sistema capitalista en la actualidad, la crisis climática, la crisis alimentaria, la crisis económica y la crisis social, la agroecología, como pilar fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria, ofrece salidas importantes para la humanidad y la Madre Tierra. (13)

Uno de los principales teóricos de la agroecología, el investigador chileno Miguel Altieri (2016) de la Universidad de Berkeley y fundador del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable (CLADES), ha enfatizado la ejemplaridad del caso cubano:

En todo el mundo es bien sabido que, a pesar de las dificultades del Período especial […], Cuba y en especial el sector campesino, pudo enfrentar el desafío de producir una gran parte de los alimentos con menos de la mitad de los insumos agroquímicos y un limitado acceso a combustibles.

Este logro fue posible gracias a una serie de políticas agrarias descentralizadoras de formas cooperativas e individuales de la producción a un sólido sistema de investigación, a la difusión de la agricultura urbana con un masivo desarrollo de insumos biológicos, apertura de mercados agropecuarios, y organizaciones fuertes que apoyan a los agricultores […], como la ANAP, la ACPA y la ACTAF, entre otras.[1]

Esta última institución estaba destinada a ser el motor impulsor de la agroecología en cubana, pues ilustraría los logros de la intelectualidad técnica en el proceso de desarrollo agrícola. Ocurrió que

un grupo de profesores del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), hoy Universidad Agraria de La Habana (UNAH), y de investigadores de distintas instituciones, apoyados por sus respectivos centros de trabajo, convocaron en 1992 al Primer Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica, celebrado el año siguiente. En este evento se creó el Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica (ACAO), con el objetivo de contribuir a crear las bases y la conciencia para el futuro desarrollo agrícola sobre principios agroecológicos y arraigar el concepto de agricultura orgánica, no solo como una alternativa a la situación de crisis, sino como una vía correcta, aun después de superado el Período especial. En abril de 1999, el Grupo se institucionalizó y pasó a formar parte de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), la que continuó desplegando su trabajo sobre las mismas premisas de creación y desarrollo de una cultura agroecológica y sostenible en Cuba. (Funes Aguilar, 2008)

Ello trajo como consecuencia mayor preocupación por el medio ambiente, autosuficiencia agraria, disminución de exportaciones y el paso al paradigma de la agricultura sostenible, de bajos insumos, más independiente y con técnicas orgánicas de producción. La ACTAF trabaja actualmente en proyectos que estimulan la producción del sector, medular dentro la economía nacional. Aquellos se gestionan con la asistencia de organizaciones no gubernamentales extranjeras y el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.

Algunos de estos planes intentan fortalecer el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, además de la producción de alimentos y la diversificación de los cultivos. Los restantes proyectos se desarrollan en conjunto con el Grupo Empresarial Agroforestal y están encaminados al mejoramiento de los suelos, la reforestación y otros beneficios para las comunidades donde están enclavados.

No sería posible, y mucho menos justo, referirse a los avances legítimos de la agroecología en Cuba sin reconocer los aportes de las mujeres con respecto a los resultados obtenidos; pero aún más lo que podrán aportar en el futuro, especialmente en la repoblación del campo, la reposición de fuerza laboral, la incorporación de nuevos productores y su permanencia, la reducción de tierras improductivas, el aumento de rendimientos, la evolución hacia el cooperativismo como modelo de gestión y la voluntad política del país para desarrollar una agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente (Álvarez Licea, 2016).[2]

El modelo tecnológico emergente «debe ser redefinido a favor de una agricultura orgánica, primero, y ecológica, después, como la única forma de producción económica y ambientalmente sostenible y, por ende, socialmente aceptable» (Valdés Paz, 2009: 120).

La agroecología incorpora un enfoque de la agricultura más ligado al medioambiente y más sensible socialmente, centrado no solo en la producción, sino también en la sostenibilidad económica. Si para la ecología el objeto de estudio es el ecosistema, para la agroecología ha de ser el agrosistema —o agroecosistema—, que puede ser definido como un conjunto de componentes físicos y sociales unidos, o relacionados de manera tal que forman una unidad, un todo, cuyo objetivo básico es la producción de alimentos de manera sustentable. La agroecología se convierte así en el referente de quienes practican ese modo de producir alimentos. La perspectiva social, económica, política y cultural se incorpora al constatar que los factores socioeconómicos y políticos influyen decisivamente en las estrategias y decisiones de los agricultores.

Desde los años 90, en el país se redujo drásticamente la utilización de insumos químicos en grandes áreas, como consecuencia del Período especial. Esta contracción económica propicio la introducción de técnicas agroecológicas en los cultivos y el inicio de la conversión hacía una agricultura orgánica a gran escala, capaz de garantizar una mejor interacción entre el hombre y los recursos naturales frente a los límites ambientales de la agricultura convencional (Velazco Murguera, 2013: 23).

La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan; como un conjunto de prácticas busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción; como movimiento social persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las herramientas para practicarla. Son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos claves para la producción de alimentos de manera agroecológica.[3]

La puesta en práctica de la ciencia agroecológica puede ser altamente productiva y a su vez sostenible a largo plazo, con la finalidad de abastecer de alimentos a una creciente población humana. En esta perspectiva, el diseño y manejo de estos agroecosistemas no pueden ni deben abandonar las prácticas convencionales, sino considerarlas para justificar su sostenimiento. Se trata de diseñar científicamente nuevas concepciones y tecnologías agrícolas sobre la base de los métodos y conocimientos ecológicos actuales y los principios tradicionales de conservación de los recursos naturales que muchas comunidades rurales tienen y con los que cubren sus necesidades alimentarias sin requerir grandes insumos externos en su ciclo productivo.

Los países europeos, seguidos por otros altamente industrializados, como los Estados Unidos y Australia, han implementado algunos principios agroecológicos en sus políticas de desarrollo agrícola, pero estos no han tenido mucho impacto debido a que empresas fabricantes de semillas transgénicas, agrotóxicos y demás componentes químicos —Monsanto, Rio Tinto Alcen, entre otras— orientan la práctica de la agricultura convencional a gran escala y ejercen mucha presión para promocionar ese modelo de alto impacto ambiental que en muchos países, como Paraguay, está poniendo en peligro de extinción semillas originarias de la región del Mato Grosso y la cuenca del Rio Paraná (Plan Nacional…, 2009: 312).

En Cuba ha resultado fundamental la innovación y su trasmisión a productores, entre los que sobresalen el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino de la ANAP, el Programa Nacional de Agricultura Suburbana y Familiar (PNASF), del Ministerio de la Agricultura (MINAG), y otros que se han ido desarrollando en los últimos años (Funes Aguilar, 2017: 19-20).

Los agricultores orgánicos. Salud, alimentación y calidad de vida

Los «agricultores orgánicos» se ven a sí mismos como protectores de la naturaleza, y también creen vivir en armonía con otros agricultores en lugar de competir. Ven a sus clientes como personas con quienes mantener relaciones positivas, no como parte de la cadena mercantil. Consideran «la calidad de vida» como algo más que «un estándar de vida». Alimentos y ambientes saludables, buenas comunidades y una sociedad fuerte son considerados los productos naturales de una filosofía orgánica (Falcón López, 2011: 15).

Una agricultura sostenible es aquella capaz de llenar las necesidades del presente, mientras deja igual o mejores oportunidades para el futuro. Por tanto, todos los sistemas sostenibles deben ser ecológicamente sanos, económicamente viables y socialmente responsables. Estos principios definen la arquitectura de la sostenibilidad.

En el mundo actual ha de crearse una agricultura que se ajuste a la diversidad de la naturaleza y la humanidad, en vez de doblarlas y retorcerlas para que se ajusten a la arquitectura industrial. Pero primero, el ser humano ha de ir más allá de pensar lo orgánico como un medio de producción de alimentos, para verlo como una filosofía para sostener la vida sobre la tierra.

Las relaciones positivas que resultan de las preocupaciones mutuas son esenciales para una deseable calidad de vida. Para producir, trabajar, y vivir sosteniblemente, se debe reconocer que el cuidado de la naturaleza para beneficio de las futuras generaciones no es un sacrificio, sino un privilegio. Se debe perseguir un autointerés más civilizado, que reconozca y valore las dimensiones individuales, interpersonales y espirituales de nuestras vidas.

Cuba marcha hacia la transformación de su modelo agrícola; las medidas tomadas por el MINAG así lo demuestran. Se ha iniciado un proceso de asimilación de resultados científico-técnicos para sistemas de bajos insumos obtenidos por los centros de investigaciones y prácticas campesinas exitosas olvidadas, que pudieran formar parte de sistemas orgánicos de producción. Sin embargo, aún se utilizan, fundamentalmente, con fines productivos y no con un enfoque orgánico.

El desarrollo alcanzado hasta el presente por la agricultura urbana en Cuba ha demostrado que esta tiene sus propias características, que la diferencian sustancialmente de la convencional de grandes extensiones; una de ellas está dada por la diversidad y cantidad de actores sociales que participan en su desarrollo.

En un discurso pronunciado en 2018, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, llamó a consolidar y desarrollar la agroecología, subrayando que su contribución podría permitir a los ecosistemas adaptarse mejor y mitigar los impactos del clima. Agregó que la descentralización en la toma de decisiones en favor de las organizaciones locales es fundamental para lograr el bienestar de la población y la ejecución de estrategias de agricultura sostenible (Televisa News, 2018).

La calidad de vida ha sido definida como la de las condiciones de vida de una persona, como la satisfacción experimentada con ellas, y, por último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. Es esta última definición a la que me adhiero en este trabajo (Falcón López, 2011).

El creciente envejecimiento poblacional, iniciado en Europa y que se ha hecho extensivo al resto de los países, incluyendo a Cuba, obliga a los gobiernos a buscar soluciones pragmáticas que coadyuven a la extensión de la calidad de vida de los individuos. Cuba no se ha mantenido al margen de este propósito; encamina su política de salud hacia metas que permitan garantizarla, en particular, a la envejecida.

La calidad de vida del pequeño agricultor puede influir en rasgos característicos y determinantes de la economía nacional, como la productividad de las tierras en aras del desarrollo social, así como el mejoramiento de la alimentación de la población. El hecho de ser o no propietario de la tierra influye en el mayor o menor esmero al trabajarlas. En el quinto Por Cuanto de la Ley 3/58 (de 10 de octubre) del Alto Mando del Ejército Rebelde, se insiste en que el país tiene que incrementar la productividad agrícola mediante el asentamiento del campesino en tierra propia.[4] Sin embargo, contradictoriamente, en el DL 259/2008 (de 10 de julio), se indicaba que cuando una tierra fuera entregada en usufructo, el término de entrega sería por diez años, no se permitiría que ella y sus frutos fueran trasmitidos a los herederos. El hecho de que el cultivador no posea el título de propiedad deprime la eficacia productiva de la tierra, según ha quedado demostrado en la experiencia universal y en la historia agropecuaria de Cuba, porque no producirá de la misma manera que un propietario de tierras. La identificación y el sentido de pertenencia son propios de este.

La salud debe ser entendida como la calidad de la existencia del ser humano determinada por su relación armónica con el medio natural-social donde se inserta. Con respecto a ello tiene carácter sistémico, posee diferentes rasgos interrelacionados, tales como la ausencia de daños morfológicos y de limitaciones funcionales, un nivel de bienestar subjetivo y social, y de posibilidades en el plano económico y cultural, entre otros, que posibilitan determinado desarrollo de la personalidad, referido a la autorrealización de las potencialidades productivas y de autodominio.

Si se observa el planteamiento de forma general, es fácil comprender la interrelación medio ambiente-individuo-salud. Haciéndonos eco de las transformaciones lógicas y necesarias para lograr el desarrollo, resulta imperioso proponer estrategias de intervención que ayuden a mejorar la calidad de vida de los individuos y más de aquellos que se dedican a las faenas agrarias, por la incidencia que tendrían en el incremento de la calidad alimentaria del pueblo. La esperanza de vida del cubano es similar a la de los países económicamente desarrollados. Esto es consecuencia del avance científico-técnico alcanzado en el campo de la medicina, y a la política de salud de Cuba, que brinda ese servicio de manera gratuita y está al alcance de todos, lo que constituye un ejemplo de modelo en este campo. Ningún otro país del Tercer mundo ha logrado indicadores como los de la Isla.

El pequeño agricultor, trabajador campesino o cualquier persona que trabaja la tierra o está vinculada directamente a ella, tiene una expresión psicológica diferente al resto de la población, sociológicamente hablando, y, en términos legales, está relacionada con una forma de propiedad reconocida constitucionalmente y en el ordenamiento jurídico general.

El desarrollo de las ciencias en general, y de las médicas y la salud, en particular, han demostrado que lo más importante no es el aumento de la expectativa de vida, sino que sea posible mantenerla, en las poblaciones, con una calidad adecuada.

En los últimos años, las evaluaciones han privilegiado el componente subjetivo, del propio individuo. Muchos, incluso, lo han considerado como el más importante. Así, se ha planteado que las condiciones objetivas se refractan a través de las aspiraciones, las expectativas, las referencias vividas y conocidas, las necesidades y valores de las personas, sus actitudes y emociones; y es a través de este proceso que se convierte en bienestar subjetivo. No basta con que aumenten los indicadores socioeconómicos para generar satisfacción, bienestar y felicidad. Si la calidad de vida es una valoración subjetiva, no puede prescindirse entonces de la del sujeto; cada uno debe ser considerado la persona más capaz de sopesar satisfacciones e insatisfacciones.

La FAO se ha hecho eco de la preocupación internacional, principalmente en los países de América Latina, por dar participación activa a la población campesina en los proyectos alimentarios, analizados como parte del índice de calidad de vida.

Bajo la perspectiva económica, la agricultura merece gran importancia, debido a su implicación social. A través de ella, el gobierno establece la seguridad alimentaria de un país como meta para aumentar la producción de alimentos y mantener los niveles de nutrición en la población; si su crecimiento no es considerable, las perspectivas de los habitantes son sombrías.

El derecho: hacía un cambio de paradigma

Es necesaria una visión que entrelace los aspectos de la conciencia individual y la colectiva; en definitiva, una toma de conciencia social donde se refleje el interés de la comunidad por el desarrollo sostenido y sustentable de la nación. Ello, en última instancia, debe referir a la aplicación de leyes atinadas, donde el individuo se sienta representado, y confiado por la protección del escenario que se ofrece.

No obstante los datos estadísticos aportados, donde se revela la inserción directa de la agricultura en la alimentación de la población y por ende, el aporte directo a la economía, en Cuba existen diferentes factores que inciden aún en el mejor desempeño de las actividades agrícolas y la comercialización de los productos generados: la falta de autonomía de las empresas cooperativas, lo que lleva a la no observancia de los aspectos técnico-jurídicos en materia contractual, y del pago por la calidad de los productos; la inescrupulosa violación de las normas técnicas; de la gestión y, en general, acciones contrarias a lo legislado que impiden el mayor y adecuado desempeño de las empresas productivas .

Aún queda mucho por hacer por parte del gobierno, y es fundamental garantizar la seguridad que representa una buena aplicación de un instrumento legal, la correcta observancia de las normas, y la toma de conciencia del individuo.

La certeza que puede brindar la posesión legal del bien que se cultiva propicia que se realice la labor de forma efectiva; que se cuide de la tierra y se le dé el adecuado tratamiento, y que se busquen constantes soluciones que lleven al aumento productivo de las tierras. Conocer, asimismo, que, al fallecimiento del propietario, este bien puede ser trasmitido a los descendientes, cónyuge u otro familiar que también trabaje la tierra, puede brindar gran bienestar y satisfacción, lo que daría lugar a un mayor empeño en la actividad y crearía un ambiente donde el núcleo familiar pudiera reconocer su importancia y procurara que sus conocimientos agrícolas fuesen adquiridos por los miembros de la familia, desarrollándolos así en la práctica diaria.

La soberanía y la seguridad alimentaria, su impacto en la agricultura y la alimentación en tiempos excepcionales, como el caso actual de la pandemia que nos azota y su enfrentamiento decisivo, es una evidencia objetiva de lo expuesto anteriormente y que solamente en la aplicación de técnicas propias, económicas y saludables, pueden superar la carencia de alimentos e insumos en el país, dada la crisis económica mundial.

Consideraciones finales

Conscientes de la responsabilidad social que corresponde a los juristas, a la sociedad y a todos los actores en general, ha sido imprescindible un análisis científico, desde los aspectos ético y filosófico, que abordara el problema con un enfoque en el cambio de paradigma. Marchamos entre las sociedades dignas. Cuba es una sociedad valiente, dinámica, y las reformas en nuestro contexto se despliegan en la relación de la ciencia, la tecnología y la sociedad, donde enfrentar los retos resulta una mejor función social por parte de quienes participamos en la creación de normas legales. Somos ejecutores activos de las ciencias sociopolíticas, pues figuramos en las redes sustanciales del Estado, al ser, en última instancia, la primera gran empresa a la que representamos. Un cambio de paradigma en el contenido tendría un impacto coadyuvante del desarrollo de la moral y la conciencia jurídica del cubano que participa directamente e influye en el derrotero socioeconómico del país y, al mismo tiempo, se siente responsable de la calidad y el respeto a los derechos más elementales del individuo: alimentación, soberanía, y búsqueda de prácticas más saludables, como la agroecología, que permitiría reconocer el derecho a una seguridad alimentaria.

Epistemológicamente, las normas responden a los momentos históricos, razón por la que luego de haber abordado, con ejemplos específicos, la situación actual de la sociedad cubana en el tráfico jurídico, concluyo con la recomendación de cambios que armonicen la actuación de los juristas y de todos los sujetos que intervienen para, en última instancia, pensar como país. Debe exigirse el estricto cumplimiento de las normas legales, y que prevalezca el Estado de derecho, para ampliar la ética y la cultura jurídica, a partir del autoconocimiento y la convicción. Una mutación en la conciencia debe extenderse, y brindar la posibilidad de disfrutar del derecho a la alimentación sana, para descartar padecimientos que pudieran desencadenar el exterminio progresivo de la humanidad. Para ello, los individuos deben comprender y entender que lo que está en riesgo, más allá de cualquier condición social, es la propia raza humana.


Notas:

[1] ANAP: Asociación Cubana de Agricultores Pequeños; ACPA: Asociación Cubana de Producción Animal; ACTAF: Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

[2] En 2002, las mujeres eran 15,2% de los ocupados en el sector cooperativo y privado. Las cooperativistas alcanzaban la cifra de casi 42 000 de un total de algo más de 242 000. «En las CPA son mayoritarias en los cargos de las áreas administrativas y de recursos humanos, puestos importantes en el plano de la organización de las cooperativas, pero que resultan una extensión de su rol como administradoras del hogar» (Pérez et al., 2016: 486-7).

[3] Véase la definición de agroecología de la FAO, en su Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar. Disponible en <https:// bit.ly/3f2c2mW>

[4] «Se ha llegado, asimismo, a la convicción unánime de que para arribar a las mencionadas transformaciones y al bienestar del agricultor resulta indispensable el establecimiento de una amplia capa de cultivadores independientes, dueños de sus tierras, dotados por el Estado de las facilidades de crédito, de instrumentos de trabajo, con la garantía de un precio justo para sus productos, lo que determinará no solo un bienestar individual y familiar, sino el incremento de la productividad agrícola, consustancial al verdadero progreso económico de que está apremiado el país» (13).

Referencias:

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