Este artículo examina, desde una perspectiva interdisciplinaria y jurídica, la problemática actual del sector campesino en Cuba y el marco regulatorio que rige la tenencia de la tierra. La autora analiza la evolución de las legislaciones agrarias con el objetivo de identificar las tensiones normativas y socioeconómicas que frenan la productividad en el campo. El texto advierte sobre la presencia de fenómenos demográficos y conductas que atentan contra la ética profesional y la política social del país. Finalmente, se argumenta que es indispensable lograr una diáfana y justa interpretación de la Ley que beneficie la calidad de vida del campesino, estimule el incremento de la producción y permita ofrecer precios adecuados a la capacidad económica de la población.