El texto reflexiona sobre el rol de los intelectuales en la esfera pública y su relación con el poder político, enfatizando las responsabilidades éticas y críticas de la producción intelectual en contextos de conflicto social. Ortega examina las tensiones entre compromiso, autonomía y cooptación, así como los riesgos de la instrumentalización ideológica del pensamiento crítico. El artículo propone entender al intelectual como mediador cultural y actor político indirecto, cuya función principal es ampliar el debate público, cuestionar los consensos dominantes y contribuir a la formación de una ciudadanía reflexiva, más allá de alineamientos partidistas o dogmáticos.