“El nivel de desviación de un sistema institucional respecto del orden normativo que lo genera es medida de la legitimidad del conjunto, pues define la coherencia con que relaciona sus fines y sus medios. Como muchos otros, el constitucionalismo cubano cuenta la historia de su particular desviación, la tradición de siglos resumida en Cuba con la frase «la ley se acata, pero no se cumple». Para enfrentar el desafío de reunir la ley con la práctica política, el socialismo cubano carga complejas herencias: la tradición colonial, la historia de la desustanciación del republicanismo liberal y el relato del socialismo históricamente existente sobre la «democracia socialista»…”
 

“El empoderamiento es un proceso encaminado a garantizar la efectiva concreción de los derechos humanos de carácter político. Sin embargo, desde las ciencias jurídicas no se ha abordado teóricamente cuáles son los presupuestos que tributan a dicho proceso. Estos pueden ir desde el reconocimiento de los derechos políticos, hasta las condiciones materiales y procedimentales que debe garantizar el Estado para que se hagan efectivos…”
 

“Tal vez la mayor conquista del derecho del trabajo, en su concepción contemporánea, sea el reconocimiento de los derechos humanos individuales y sociales que, por influencia del derecho laboral, se plasman en las disposiciones constitucionales y en las cartas y pactos internacionales, lo que marca la doctrina del constitucionalismo social del siglo XX y lo vincula estrechamente al derecho internacional…”

El artículo examina la transformación del liberalismo clásico cubano hacia formas de pensamiento liberal-social, en el contexto de los procesos revolucionarios, constitucionales y de crisis del Estado republicano ocurridos entre la Revolución del 30 y la caída del régimen de Batista en 1958. Durante este periodo, las élites intelectuales y políticas intentaron redefinir el papel del Estado y del derecho en función de un ideal de justicia social, buscando superar los límites del liberalismo económico tradicional. La Constitución de 1940 representó el punto culminante de ese esfuerzo: un pacto social que pretendía articular democracia liberal, soberanía nacional y derechos sociales, con la aspiración de consolidar un Estado moderno y moralmente responsable. No obstante, la fragilidad de las instituciones republicanas, la corrupción administrativa y el distanciamiento entre los principios constitucionales y la práctica política frustraron dicho proyecto reformista. El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 simbolizó el colapso del modelo liberal-social, al recurrir el gobierno de facto a la retórica de la justicia social para justificar un régimen autoritario. Ante el agotamiento del reformismo liberal, surgieron nuevas corrientes revolucionarias que retomaron el ideario constitucionalista, pero lo radicalizaron hacia un programa de transformación estructural del Estado y de la sociedad. El estudio concluye que, aunque el liberalismo social representó un intento significativo de modernización institucional y de ampliación de derechos, no logró resolver las tensiones entre libertad, justicia y desarrollo, allanando el camino a un proyecto revolucionario de mayor alcance.