La puesta en práctica de normativas que regulen el trabajo de las estructuras municipales, necesitan, más allá de leyes y decretos, de la verdadera posibilidad de actuación de los funcionarios públicos en el ámbito local. El municipio como espacio de poder, presenta dilemas y desafíos que requieren transformar las intenciones en potestades reales. Sus cambios deben relacionarse con enfoques de equidad y con la prioridad que sus gestores le otorguen a las poblaciones involucradas. Priorizar la participación y el control popular en todas las etapas del proceso de desarrollo de las estrategias municipales garantiza su sostenibilidad, asegurando que al interior de los territorios haya una colaboración mutua entre las políticas económicas, sectoriales y de desarrollo.