El artículo examina la evolución reciente de las políticas públicas dirigidas al campesinado cubano, con énfasis en las reformas agrarias iniciadas en los años noventa y profundizadas a partir de 2008 mediante la entrega de tierras estatales en usufructo. A partir de un análisis detallado de la política tributaria y crediticia, el autor muestra cómo estas medidas han contribuido a revalorizar al pequeño agricultor y a diversificar la estructura agraria, pero también han generado nuevas desigualdades y tensiones asociadas a la heterogeneidad territorial, productiva y social del campesinado. El texto identifica contradicciones entre los objetivos de equidad, incentivo productivo y recaudación fiscal, así como limitaciones en el acceso al crédito, la gestión cooperativa y la articulación interinstitucional. Finalmente, sostiene que el principal desafío de las políticas campesinas radica en avanzar hacia un enfoque más integrado y descentralizado, que incorpore criterios de equidad diferenciada, mayor participación de los productores y una articulación efectiva entre instrumentos económicos, desarrollo local y sostenibilidad agroecológica.