Además de las frecuentes protestas populares en la mayoría de los países africanos, el continente ha experimentado en los últimos años una serie de golpes militares. Ambos fenómenos son expresiones de una desilusión generalizada con las democracias electorales africanas, lo que hace temer a gobiernos, organismos donantes externos y activistas por igual que se esté produciendo un período de "retroceso democrático". Más allá de las explicaciones superficiales y simplistas que describen la inestabilidad política de África como una lucha entre democracia y dictadura o entre gobierno civil y militar, este artículo explora los factores subyacentes más profundos que explican la debilidad de las democracias africanas. Estas deficiencias reflejan la naturaleza de los Estados orientados hacia el exterior y estructuralmente limitados heredados de la dominación colonial, las complejidades étnicas y sociales de las sociedades africanas y, lo que es más importante, el carácter de los nuevos sistemas políticos que se instauraron tras las manifestaciones masivas en favor de la democracia de la década de 1990. Las concepciones de democracia de esos sistemas eran estrechas, excluían la toma de decisiones popular y se limitaban principalmente a la organización de elecciones periódicas. El resultado fueron gobiernos marcados por la corrupción, la propensión de los líderes electos a violar o manipular las constituciones para mantenerse en el poder y la incapacidad de satisfacer las necesidades y expectativas básicas de los ciudadanos. Si nos centramos en tres golpes militares (Malí, Guinea y Burkina Faso), veremos cómo la decepción popular con los gobiernos electos de esos países permitió a grupos de oficiales hacerse con el poder con cierto apoyo popular. A pesar de esos golpes y del descontento por las deficiencias de muchos gobiernos electos, las encuestas de opinión pública demuestran que la democracia sigue contando con un fuerte apoyo como sistema general de gobierno. No obstante, los ciudadanos y los activistas presionan para que se preste más atención a los derechos de los ciudadanos, a formas de participación más populares y a una auténtica toma de decisiones nacional sobre cuestiones socioeconómicas, libre de las restricciones neoliberales.