En las últimas dos décadas, participantes e investigadores del tema de las sanciones han construido una narrativa alrededor de las sanciones económicas y que, en gran medida, contradice la realidad. La noción de “sanciones inteligentes” sugiere que se trata de medidas construidas con gran esmero para asegurar que las poblaciones vulnerables no sean objeto del extenso y catastrófico alcance de los daños según se han manifestado en el caso de Iraq. En esta narrativa, todo daño sobre cualquier población vulnerable es mínimo y ciertamente inintencionado. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La práctica común para los Estados Unidos, en alguna medida para otras naciones, e incluso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es elaborar medidas económicas dirigidas a los sistemas que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad o economía moderna: el acceso a las transacciones bancarias internacionales, las importaciones, el sector energético, la producción industrial y la infraestructura del país. A pesar de la retórica, esa es la realidad.