El activismo académico antirracista plantea preguntas urgentes sobre el papel de las universidades contemporáneas y los académicos que trabajan en ellas. Mientras profundas crisis sociorraciales chocan con movilizaciones antirracistas masivas, este libro se centra en las prácticas de académicos que trabajan dentro y en contra de sus instituciones en pos de la justicia social antirracista. En medio de una dura crítica del carácter neoliberal e imperial de la universidad, Joseph-Salisbury y Connelly sitúan la universidad como un espacio en disputa, lleno de contradicciones y tensiones. Basándose en datos empíricos originales, el libro considera cómo los activistas académicos antirracistas sortean barreras y reacciones negativas para aprovechar las oportunidades y recursos de la universidad al servicio de las comunidades de resistencia. Al mostrar que las prácticas del activismo académico antirracista son complejas, diversas y multifacéticas, y prestar especial atención a cómo los activistas académicos lidian con sus propias complicidades en los daños perpetrados y perpetuados por las instituciones de educación superior, este libro, y el manifiesto representado en el último capítulo, es un llamado a las armas para los académicos que están, o quieren estar, comprometidos con la justicia social.

El artículo examina la transformación del liberalismo clásico cubano hacia formas de pensamiento liberal-social, en el contexto de los procesos revolucionarios, constitucionales y de crisis del Estado republicano ocurridos entre la Revolución del 30 y la caída del régimen de Batista en 1958. Durante este periodo, las élites intelectuales y políticas intentaron redefinir el papel del Estado y del derecho en función de un ideal de justicia social, buscando superar los límites del liberalismo económico tradicional. La Constitución de 1940 representó el punto culminante de ese esfuerzo: un pacto social que pretendía articular democracia liberal, soberanía nacional y derechos sociales, con la aspiración de consolidar un Estado moderno y moralmente responsable. No obstante, la fragilidad de las instituciones republicanas, la corrupción administrativa y el distanciamiento entre los principios constitucionales y la práctica política frustraron dicho proyecto reformista. El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 simbolizó el colapso del modelo liberal-social, al recurrir el gobierno de facto a la retórica de la justicia social para justificar un régimen autoritario. Ante el agotamiento del reformismo liberal, surgieron nuevas corrientes revolucionarias que retomaron el ideario constitucionalista, pero lo radicalizaron hacia un programa de transformación estructural del Estado y de la sociedad. El estudio concluye que, aunque el liberalismo social representó un intento significativo de modernización institucional y de ampliación de derechos, no logró resolver las tensiones entre libertad, justicia y desarrollo, allanando el camino a un proyecto revolucionario de mayor alcance.