El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que Cuba y la Unión Europea (UE) vienen implementando desde noviembre de 2017, ha sobrevivido a las doscientas cuarenta medidas de coerción aplicadas por la administración de Donald Trump contra el pueblo cubano, y que la de Joe Biden aún mantiene, en contra de las reglas del Derecho internacional y en detrimento de los empresarios europeos con intereses en la Isla. En el último año, las relaciones bilaterales entre Cuba y la UE se desarrollaron bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19, cuyos impactos globales en las esferas comercial, de inversiones, y de cooperación, son negativos. Paralelamente, en la Isla se sigue implementando trascendentales cambios que afectan el conjunto de sus relaciones sociales, vínculos interinstitucionales, relaciones de propiedad, mentalidades y cultura cívica.

El “familismo” es cada vez más contraproducente porque las mujeres han redefinido su curso de vida y los niños se han convertido en raros. Las políticas deben ser redefinidas porque las personas que más necesitan los servicios suelen ser las que menos pueden permitirse estos. La falta de apoyo a las familias puede afectar tanto a la cantidad y calidad de los niños. Si la maternidad sigue siendo incompatible con el trabajo, la fertilidad se verá afectada. Si las inversiones en los niños siguen siendo insuficientes, Europa definitivamente puede decir adiós a su sueño de convertirse en la economía del conocimiento más competitiva del mundo.