En las últimas dos décadas, participantes e investigadores del tema de las sanciones han construido una narrativa alrededor de las sanciones económicas y que, en gran medida, contradice la realidad. La noción de “sanciones inteligentes” sugiere que se trata de medidas construidas con gran esmero para asegurar que las poblaciones vulnerables no sean objeto del extenso y catastrófico alcance de los daños según se han manifestado en el caso de Iraq. En esta narrativa, todo daño sobre cualquier población vulnerable es mínimo y ciertamente inintencionado. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La práctica común para los Estados Unidos, en alguna medida para otras naciones, e incluso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es elaborar medidas económicas dirigidas a los sistemas que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad o economía moderna: el acceso a las transacciones bancarias internacionales, las importaciones, el sector energético, la producción industrial y la infraestructura del país. A pesar de la retórica, esa es la realidad.
 

“Si el nexo de los trabajadores en la producción «los encara, en el reino de las ideas, a un plan confeccionado por el capitalista y, en la práctica, a la autoridad, como la poderosa voluntad de un ser ajeno a ellos», ¿cómo obtener seres humanos ricos? Sin una «dirección inteligente de la producción» por parte de los trabajadores, y una producción «bajo su supervisión consciente y planificada», estos no pueden desarrollar su potencial como seres humanos, ya que su propio poder se convierte en poder sobre ellos. A todas luces, hacer realidad «la necesidad de desarrollo del trabajador» exige que haya un sistema económico muy diferente al capitalismo, un sistema que constituya una inversión…”
 

“El predominio de la solidaridad no es solo una condición deseable, sino que puede constituir también un resultado de prácticas genuinamente democráticas. Dado que mayormente desarrollamos nuestra solidaridad o inclinación para cooperar como consecuencia de nuestras experiencias prácticas, sobre todo en la toma de decisiones, debemos democratizar nuestras instituciones de manera que el ambiente donde interactuemos sea consistente con el desarrollo y el ejercicio de nuestra solidaridad…”
 

“El ALBA es visionaria, aspira a la unificación de los recursos y objetivos continentales de América Latina. Busca convertir a la región en una fuente de energía donde los productores de bienes vendan a precios ventajosos, y tiene el potencial de conducir al hemisferio hacia un futuro más prometedor. Se basa en la cooperación y la solidaridad, y persigue el desarrollo humano conjuntamente con la sustentabilidad económica. Además, considera el comercio y las inversiones como instrumentos para alcanzar un desarrollo económico-social justo y sostenible…”
 

El artículo examina la naturaleza y el funcionamiento de los Consejos Comunales (CC) en Venezuela. Para ello, el autor revisa la literatura sobre participación ciudadana local y su situación actual en América Latina; esboza brevemente el recorrido histórico de la participación en Venezuela y el diseño institucional de los CC, y hace un balance de su puesta en práctica y eficacia; finalmente, esboza las perspectivas de futuro.
 

La nube negra. Golpe petrolero en Venezuela, de Germán Sánchez Otero, publicado en La Habana (por PDVSA/Editora Política de Cuba) en octubre de 2012, le ofrece al lector pormenores sobre la preparación y ejecución del paro petrolero ocurrido en diciembre de 2002. Destaca que el gran desafío para los dirigentes venezolanos fue detener la confabulación y la puesta en marcha del ataque dirigido al corazón económico de la nación: el petróleo.
 

En las últimas dos décadas, participantes e investigadores del tema de las sanciones han construido una narrativa alrededor de las sanciones económicas y que, en gran medida, contradice la realidad. La noción de “sanciones inteligentes” sugiere que se trata de medidas construidas con gran esmero para asegurar que las poblaciones vulnerables no sean objeto del extenso y catastrófico alcance de los daños según se han manifestado en el caso de Iraq. En esta narrativa, todo daño sobre cualquier población vulnerable es mínimo y ciertamente inintencionado. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La práctica común para los Estados Unidos, en alguna medida para otras naciones, e incluso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es elaborar medidas económicas dirigidas a los sistemas que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad o economía moderna: el acceso a las transacciones bancarias internacionales, las importaciones, el sector energético, la producción industrial y la infraestructura del país. A pesar de la retórica, esa es la realidad.