Temas ha invitado a un grupo de académicos y expertos en historia y política de EEUU y de Cuba a analizar el mensaje del Secretario de Estado Marco Rubio dirigido al pueblo de la isla el 20 de mayo pasado.

Publicaremos en lo adelante los textos que hemos ido recibiendo, con el propósito de esclarecer las referencias utilizadas, la naturaleza de los argumentos, el significado y objetivo de este mensaje.

El mensaje emitido por el secretario de Estado Marco Rubio el 20 de mayo de 2026 es uno de los pronunciamientos más significativos recientes sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Presentado como un mensaje dirigido “al pueblo cubano”, el discurso articuló una narrativa coherente con la estrategia de máxima presión impulsada desde Washington: responsabilizar exclusivamente al gobierno cubano y a GAESA de la crisis nacional, legitimar una política de cambio de régimen impuesta desde fuera y presentar a Estados Unidos operando bajo la ley Helms como aliado de los cubanos frente a su Estado usurpador.

Aun mas, el discurso adquiere pleno significado cuando se analiza dentro del repertorio político más amplio de ese mismo día: la visita a La Habana en la víspera del director de la CIA, John Ratcliffe; el encausamiento judicial en Miami del expresidente cubano Raúl Castro; y el acto electorero celebrado en la Freedom Tower con candidatos republicanos de Florida detrás del podio, incluida la senadora Ashley Moody, en plena campaña por la elección. Lejos de ser hechos aislados, estos acontecimientos sugieren una estrategia coordinada de escalamiento de la guerra económica, amenaza del uso de la fuerza y movilización electoral doméstica.

Los cubanos “exitosos” fuera de Cuba: simplificación ideológica y omisiones estructurales

Uno de los ejes centrales del discurso de Rubio fue la afirmación de que los cubanos prosperan “en todas partes” excepto en Cuba debido al gobierno cubano. La idea busca demostrar que el problema estructural de la isla sería exclusivamente político e interno. Rubio ha descrito la revolución cubana como un mero “accidente”desde una lectura singular de una república modélica antes del arribo de Fidel Castro a a la política cubana. Recordemos que según Rubio, el parteaguas entre democracia y dictadura es el 26 de julio de 1953, no el 10 de marzo de 1952, no el 1 de enero de 1959 o alguna fecha posterior.

El argumento del éxito cubano allende sus fronteras tiene eficacia retórica, particularmente en el sur de Florida, donde sectores de la diáspora cubana han alcanzado altos niveles de influencia económica y política. También es una idea que cala en parte de la población en Cuba, harta de caricaturas sobre el exilio y de la propia situación en la isla, por parte de la propaganda oficial. Sin embargo, es una tesis profundamente simplificadora.

Primero, invisibiliza las desigualdades internas existentes dentro de la propia comunidad cubanoamericana. Como han demostrado Alejandro Portes y Ariel Armony (Armony & Portes, 2018), aunque Miami alberga sectores cubanos altamente exitosos, también existen niveles significativos de pobreza, precariedad laboral y desigualdad entre migrantes recientes, ancianos y trabajadores insertados en sectores de bajos ingresos.

Segundo, la narrativa ignora el diferencial estructural entre economías desarrolladas y subdesarrolladas. La movilidad económica ascendente de migrantes provenientes de países periféricos hacia Estados Unidos constituye un fenómeno generalizado que excede ampliamente el caso cubano. Migrantes de múltiples nacionalidades latinoamericanas suelen mejorar significativamente sus ingresos al insertarse en la principal economía desarrollada del planeta.

Más aún, Rubio omite un elemento central: una parte importante del capital humano de la emigración cubana fue formado precisamente en Cuba. Profesionales cubanos insertados exitosamente en Estados Unidos y otros países recibieron educación, alfabetización y formación técnica dentro del sistema educativo cubano posterior a 1959. Ello no niega las limitaciones económicas o políticas del sistema cubano, pero sí cuestiona la idea de que el Estado cubano haya sido únicamente un obstáculo para el desarrollo humano.

La narrativa de Rubio transforma así una experiencia migratoria —la inserción cubana privilegiada en Estados Unidos (Eckstein, 2022)— en prueba definitiva del diagnóstico ideológico del exilio radical anticastrista sobre la isla.

Paternalismo político y negación de la historicidad revolucionaria

El discurso también revela una visión paternalista sobre los cubanos residentes en la isla. Rubio no solo critica al gobierno cubano; viene a explicarles a los cubanos quién es el “único responsable” de sus problemas y cuál debe ser, en consecuencia, su futuro político legítimo.

El mensaje presupone que corresponde a Washington revelar a los cubanos la verdadera naturaleza de su situación. El exilio cubano aparece como intérprete autorizado de la realidad cubana, mientras los propios cubanos son tratados más como objetos de liberación que como sujetos históricos autónomos. No es un mensaje MAGA, es un revolucionario, una vanguardia, iluminando el camino redentor.

Ese tono reproduce una larga tradición intervencionista en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

La consecuencia conceptual más profunda de esta narrativa es la negación implícita del carácter histórico de la Revolución Cubana. Cuando Rubio sugiere que el régimen “secuestró” o “robó” el país, la implicación es que nunca existió una revolución auténticamente arraigada en conflictos sociales reales ni respaldada por amplios sectores populares.

Críticas contemporáneas al sistema cubano, aparte, muy legítimas, por cierto; resulta históricamente insostenible negar que la Revolución de 1959 constituyó un proceso de movilización social masiva con elevados niveles de legitimidad durante décadas. Reducir toda la experiencia revolucionaria cubana a una simple estructura criminal o mafiosa permite justificar discursivamente una política de “refundación” nacional promovida desde el exterior. A la luz de la experiencia del secuestro de Nicolás Maduro en Caracas, no es difícil percibir analogías en el trato a GAESA con el previamente dado al supuesto Cartel de los Soles. Aquí hay entonces, críticas legítimas, pero muy envueltas en humo contrarrevolucionario.

Cuba bajo el gobierno cubano y bajo las sanciones estadounidenses

El discurso de Rubio insiste en presentar la crisis cubana como resultado exclusivo del gobierno cubano y de GAESA. Sin embargo, los cubanos residentes en la isla no viven únicamente bajo el sistema político cubano; viven también bajo un régimen prolongado de sanciones económicas estadounidenses. Rubio en su comparación usando el modelo de sistemas más similares (todos son cubanos, pero los que no alcanzan el éxito tienen la diferencia de vivir bajo el gobierno comunista), olvida otros factores estructurales en el contexto de la isla, en primer lugar, la guerra económica de EE.UU. bajo la meta del memorándum Mallory, causar hambre y desesperación para provocar caos, desesperación y revuelta.

Las sanciones afectan el acceso a combustible, financiamiento internacional, transporte, operaciones bancarias y comercio exterior. El actual bloqueo petrolero, ya un acto de guerra, ha contribuido significativamente al deterioro del sistema eléctrico, transporte y servicios básicos.

El discurso resulta particularmente problemático desde la perspectiva del derecho internacional. La política estadounidense hacia Cuba —condenada reiteradamente por la United Nations General Assembly— combina sanciones unilaterales, medidas secundarias extraterritoriales y presión explícita para promover un cambio de régimen. Según la CEPAL hasta 2018 le habian costado al país, más de 130 000 millones de dólares. La cifra hoy, seguro más alta, pone en contexto el ofrecimiento de ayuda humanitaria por cien millones de dolares, lo mismo nominalmente que el presidente Reagan ofreció a la contra nicaragüense, entre 7000 y 9000 efectivos en 1987.

Desde el punto de vista jurídico y político, el mensaje de Rubio reitera precisamente la lógica intervencionista cuestionada históricamente en casos como Nicaragua v. United States (1986) decidido por la Corte Internacional de Justicia. La Corte condenó prácticas estadounidenses de coerción y desestabilización contra otro Estado soberano y estableció que los derechos humanos no son un pretexto legítimo para el uso de la fuerza fuera del marco regulatorio de la Carta de la ONU, defensa propia (Artículo 51) o aprobación del Consejo de Seguridad (Capítulo VII).

Existe además una tensión importante entre la retórica estadounidense de promoción de derechos humanos y los efectos concretos de la política de máxima presión. Las buenas prácticas contemporáneas en derechos humanos se basan en minimizar daños a poblaciones civiles. Sin embargo, la política hacia Cuba busca explícitamente aumentar costos económicos internos para generar presión política, alejándose del principio hipocrático de “primero no hacer daño”.

Crisis humanitaria y contradicción migratoria

El discurso de Rubio también oculta una contradicción central de la política estadounidense hacia Cuba: mientras Washington considera que una estampida migratoria cubana, “como la del puente de Mariel”- en palabras de Robert Gates, ex director de la CIA y secretario de defensa con Bush y Obama- constituye una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, sus políticas actuales aumentan precisamente las probabilidades de una nueva crisis migratoria.

El periodista Ed Augustin describió recientemente en The New York Times el deterioro extremo de condiciones de vida en Cuba asociado a la crisis energética: apagones prolongados, inseguridad alimentaria y colapso de servicios básicos, muertes por enfermedades curables y situaciones atendibles según los médicos locales.

En este contexto, el bloqueo petrolero y la intensificación de sanciones hacen probable —si no casi inevitable— un incremento sustancial de presiones migratorias hacia Estados Unidos.

La paradoja estratégica resulta evidente: Washington define la migración masiva cubana como amenaza a su seguridad nacional mientras impulsa políticas que agravan dramáticamente las condiciones estructurales que históricamente producen esas mismas olas migratorias.

GAESA, transición y la inviabilidad de una reforma pactada

La estigmatización de GAESA dentro del discurso de Rubio también funciona como una forma de desplazamiento del debate sobre los problemas reales asociados a una eventual transición económica y política en Cuba.

Más que discutir cuáles serían las condiciones institucionales necesarias para hacer viable una apertura gradual y estable —incluso dentro del propio marco normativo estadounidense que históricamente ha hablado desde la ley Torricelli (1992) de promover una “transición pacífica” hacia una democracia liberal y una economía de mercado—, el discurso opta por una lógica de descalificación total del aparato estatal y militar cubano, llamando a su desmantelamiento inmediato.

Resulta significativo que la crítica de Rubio no se concentre en cuestiones típicamente asociadas a procesos de reforma económica y liberalización política, tales como la falta de competencia efectiva dentro del emergente mercado cubano, la necesidad de descentralización económica y política, la creación de marcos regulatorios transparentes, la protección de consumidores e inversionistas o el fortalecimiento institucional de actores civiles autónomos.

Tampoco existe una reflexión sobre cómo articular mecanismos de reforma que permitan transformar estructuras económicas preservando niveles mínimos de estabilidad social y gobernabilidad, reduciendo por ejemplo el riesgo de amenazas a la seguridad publica y la entrada del crimen internacional organizado.

Por el contrario, el discurso plantea una deslegitimación absoluta del Partido Comunista, de las FAR, se supone junto al Ministerio del Interior, y de su entramado económico, insistiendo en la necesidad de despojarlos rápidamente de poder político y económico.

Esa posición resulta particularmente relevante porque, históricamente, las transiciones relativamente exitosas desde sistemas de partido único y economías centralizadas hacia modelos más abiertos han dependido frecuentemente de estabilizadores, con procesos de negociación, reforma gradual, reconciliación nacional, o rupturas pactadas entre sectores del antiguo aparato estatal y nuevos actores políticos y económicos.

La experiencia comparada de Europa del Este, Asia e incluso América Latina muestra que las transiciones negociadas suelen requerir precisamente algún tipo de interlocución con estructuras de poder previamente existentes, incluyendo fuerzas armadas, burocracias estatales y élites económicas vinculadas al sistema anterior. Frente a esa idea de negociación y pacto, supuestamente tan cercana a la tradición pragmática estadounidense y al propio presidente Trump, dispuesto a negociar acuerdos,  Rubio reproduce patrones revolucionarios a la inversa, reclamando un desmontaje total.

El discurso de Rubio parece descartar de antemano el acuerdo. La narrativa no apunta hacia una lógica de reforma gradual, coexistencia transitoria o negociación política, sino hacia una sustitución inmediata y total del aparato gobernante cubano.

Ello hace difícil pensar que la estrategia realmente contemple una transición pacífica en sentido clásico por destrabe del equilibrio de reforma parcial previo al bloqueo petrolero. Más bien sugiere una visión de ruptura abrupta, donde la presión económica extrema, el aislamiento político y la deslegitimación total del Estado cubano funcionarían como mecanismos para precipitar un colapso acelerado del sistema a la memorandum Mallory.

Florida y la teatralización electoral del conflicto cubano

El discurso y el encausamiento de Raúl Castro poseen además una clara dimensión electoral doméstica. El acto organizado en la Freedom Tower funcionó simultáneamente como demostración de firmeza hacia Cuba y como movilización política dirigida al electorado cubanoamericano conservador.

No parece casual que figuras republicanas claves de Florida como la senadora Moody aparecieran en primer plano en un momento en que las encuestas muestran un acercamiento de candidatos demócratas en carreras para gobernador, Senado federal y fiscal general estatal.

La insistencia discursiva en contrastar al presidente que “encausa a Raúl Castro” con aquel que asistió a un juego de béisbol con él durante el deshielo de 2014-2016 (referencia a Barack Obama) resume la utilización doméstica del conflicto cubano como instrumento de polarización electoral.

Conclusión

El mensaje de Rubio del 20 de mayo de 2026 no es una declaración diplomática, sino un llamado a la rebelión, desde premisas maximalistas de ideología neoconservadora. Constituyó una pieza dentro de una estrategia multidimensional de presión política, coerción económica y movilización simbólica orientada tanto hacia Cuba como hacia la política interna de Florida.

La narrativa combina críticas legítimas sobre estructuras totalitarias y militarización económica en Cuba con una interpretación profundamente unilateral que minimiza el impacto de las sanciones estadounidenses, niega complejidades históricas de la experiencia revolucionaria cubana y adopta un tono paternalista hacia los cubanos de la isla.

Más que promover las condiciones para una transición negociada y gradual, “pacifica”, el discurso parece orientado hacia una lógica de ruptura abrupta y deslegitimación total del aparato estatal cubano. Ello incrementa riesgos de inestabilidad y confrontación en un contexto ya marcado por una profunda crisis económica y humanitaria. Este mensaje, lejos de ayudar obstaculiza las reformas, y aperturas, pues es ante todo un llamado a las trincheras propias, y por ende, a las del frente. Vino viejo, en odres nuevos.

El discurso revela así las tensiones persistentes entre soberanía y cambio de régimen impuesto desde Washington, derechos humanos y coerción económica, seguridad nacional y producción de inestabilidad regional. Más que anunciar una nueva política hacia Cuba, confirma la continuidad de una lógica histórica de confrontación hemisférica, desconociendo el sentir regional, incluso de aliados de EE.UU, donde la presión económica y el deterioro social continúan siendo concebidos como instrumentos legítimos para producir transformación política interna en la isla, sin importar los costos. En ese sentido, es muy preocupante el encausamiento de Raul Castro, pues abre la posibilidad de acciones de guerra, sin consulta al congreso, como dicta el ideal republicano., bajo el pretexto de una acción de aplicación de la ley.