Este texto parte de la sesión del Último Jueves de Temas, del 24 de septiembre de 2026, donde se identificaron seis áreas problemáticas de la política económica cubana. La primera de ellas fue la necesidad de una economía mixta que fomente y articule los sectores público, privado nacional y extranjero, cooperativo, social y comunitario. A partir de las reformas anunciadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2026 y del marco legal aprobado posteriormente, nos proponemos analizar tres nudos críticos de la actual política económica cubana.

Marco teórico: las tres economías en América Latina

El autor adopta el enfoque de José Luis Coraggio, quien sostiene que las economías realmente existentes son siempre mixtas o plurales, resultado de la articulación de tres esferas: la pública, la empresarial y la popular. La economía pública abarca bienes y servicios provistos por gobiernos a distintas escalas, generalmente gratuitos o subsidiados. La economía empresarial puede ser capitalista (orientada al lucro y la acumulación) o socialista (orientada a planes sectoriales y generación de ingresos estatales). La economía popular está compuesta por individuos, familias, comunidades y colectivos que actúan por utilidad material pero también inspirados en valores de solidaridad y cooperación.

En la intersección de estas tres esferas surge la “Economía Solidaria”, donde coinciden servicios públicos, planificación participativa, empresas público-privadas y sociales, y cooperativas y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una economía alternativa centrada en la reproducción de la vida y no del capital, sin patrones y con trabajo autogestionado por los trabajadores.

Nudo #1: Las cooperativas: de “atención especial” a la “igualdad de condiciones”

Aunque se han promovido diferentes actores económicos, las cooperativas, como una forma más socialista, democrática y participativa, deberían tener más desarrollo que el que se está logrando en estos momentos.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

(XIV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, La Habana, 16 de noviembre de 2023).

El primer nudo se refiere al tránsito de un tratamiento preferencial hacia las cooperativas a un marco de igualdad de condiciones con otros actores económicos. En la política económica trazada en los Lineamientos, la Conceptualización y la Constitución de la República, la cooperativa fue reconocida como “socialista” y “objeto de atención especial entre las formas no estatales”. Sin embargo, en lugar del sector cooperativo consolidarse y expandirse, en estas dos décadas ha disminuido el número total de cooperativas y de sus miembros, el interés de los funcionarios públicos por el modelo cooperativo –a pesar de las palabras del Presidente–, su cobertura en los medios oficiales y su vitalidad en el proceso de reformas iniciado en 2026 (Piñeiro Harnecker, 2026).

Según la ONEI, las cooperativas disminuyeron de 5 278 en 2020 a 5 025 en 2025. Un análisis basado en datos de la ONEI señala que la membresía cooperativa cayó en unas 88 400 personas entre 2012 y 2023, un 15%. Las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) han perdido socios de forma sostenida: entre 2017 y 2023, más de diez mil personas dejaron de ser miembros.

Cuba es uno de los tres países de América que carecen de una Ley General de Cooperativas (los otros dos son Estados Unidos y Haití). Están separadas las cooperativas agropecuarias y “no-agropecuarias” (CNA), subterfugio para no llamarlas por lo que son, cooperativas de industria y servicios. Hasta ahora todas son de trabajadores o de productores –no hay de consumidores, de viviendas, de ahorro y crédito, de servicios, de energía o sociales. Tienen diferente historia: las agropecuarias datan de 1959 y las segundas comenzaron en 2012. Se rigen por diferentes cuerpos legales y “órganos de referencia”: las primeras del Ministerio de Agricultura y las CNA del Ministerio de Economía y Planificación. Esto cambió formalmente en 2018 pero en la práctica se ha mantenido hasta este año, en que se deben aprobar y regular por los municipios.

El impulso a las cooperativas no agropecuarias solo duró dos años: 2013-2015. El “experimento” se interrumpió y en 2017 una evaluación detectó problemas de corrupción en el proceso de contratación con entidades estatales, las cooperativas cargaron con la culpa, y el Decreto Ley 365, un año después, sirvió para limitar las CNA aún más.

A partir de esa fecha, el gobierno se ha concentrado en ampliar el espacio a empresas privadas y ha dejado rezagadas a las cooperativas. Las normas emitidas en 2021 permitieron, por primera vez, la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas, mientras que abrieron la puerta a la privatización de las cooperativas. Para tratar de corregir las distorsiones en el funcionamiento de las mipymes, en 2024 se aprobaron nuevas normas.

En 2021 sentaron las bases para las CNA, mientras que en 2024, se les otorgó a las cooperativas “mayor autonomía”, “procedimientos de aprobación más simples” y “reglas operativas más flexibles”, pero estas normas no abordaron las deficiencias más importantes de la legislación anterior (Piñeiro Harnecker, 2026).

Finalmente, en 2026 se introducen cambios orientados a simplificar la creación de las CNA y ampliar sus capacidades económicas, alineándolas con el resto de los actores no estatales. Las CNA dejan de ser un actor diferenciado y pasan a compartir el marco ampliado de derechos (comercio exterior, socios en el exterior, ampliación de actividades) que se le otorgan a todo el sector no estatal. Las cooperativas dejan de tener un papel central en el nuevo modelo económico para aparecer como una más de las formas de gestión no estatal, todas “en igualdad de condiciones” –como si esto fuera una condición deseable en una economía que se dice socialista.

Un cambio positivo de ese Decreto-Ley es que no permite transferir la propiedad colectiva de la cooperativa a un patrimonio individual ni transformar una CNA en una empresa privada.

Sin embargo, no hay –ni nunca ha habido– una política pública de promoción de las cooperativas. Estas carecen de un ecosistema institucional que les brinde servicios especializados fundamentales, como la educación cooperativa, la incubación de nuevas cooperativas o la asistencia técnica y acompañamiento. Aunque Díaz-Canel habló de crear un Instituto de Cooperativas, lo que finalmente se creó en agosto de 2024 fue el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), para dirigir y controlar la política del Estado respecto a todos los actores económicos no estatales. Vale preguntar: ¿qué tienen en común una empresa de capital privado de más de cien trabajadores y una cooperativa de capital solidario y propiedad social, más allá de que no son propiedad del Estado?

De hecho, se mantienen otras de las principales deficiencias: no se autoriza la creación de cooperativas no agropecuarias de segundo grado (posibles solo para las cooperativas agropecuarias); hay ausencia de incentivos para las creaciones o conversiones a cooperativas; los socios solo pueden ser personas naturales residentes en Cuba; el trabajo o los servicios no pueden ser objeto de aportación al capital social, y las CNA –como las demás formas no estatales– no pueden ejercer las actividades expresamente prohibidas o condicionadas en el Decreto 160/2026.

En la situación actual, donde muchas unidades empresariales estatales están cerradas u operan a la capacidad mínima por falta de insumos, la reconversión cooperativa podría revitalizar el sector empresarial estatal. Pero eso está descartado en el Decreto-Ley 120/2026 “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” recién emitido. Permite la venta de acciones o participaciones; la empresa puede crear unidades organizativas sin personalidad jurídica como parte de su estructura interna. Permite el traspaso de los recursos, derechos y obligaciones de una entidad empresarial a otra; y el traslado de trabajadores y activos asociados entre entidades económicas con diferente subordinación. Pero en ningún momento permite traspasar la empresa a sus trabajadores en forma de cooperativa.

La pérdida de la centralidad de la cooperativa entre las formas de gestión no estatal constituye un nudo en la política económica que se mantiene incluso en las últimas transformaciones de la economía cubana, y que amenaza con frenar el desarrollo del socialismo en un modelo cuyo eje es cada vez más la reproducción del capital, cuando debería ser la solidaridad y el trabajo en la reproducción de la vida.

Nudo #2: Las actividades prohibidas al sector no estatal

El segundo nudo aborda las restricciones y prohibiciones que enfrenta el sector no estatal (incluyendo cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia) para realizar determinadas actividades económicas. El Decreto 160/2026 establece una lista diferenciada. No existe, como en los anteriores Decretos, una única categoría de actividades prohibidas para todos por igual; las restricciones se dividen en prohibición absoluta, reserva estatal y exclusión solo para TCP, afectando de manera uniforme a mipymes, CNA y TCP únicamente en los dos primeros casos.

Por el lado positivo, algunas actividades como la fabricación y ensamblaje de vehículos automotores, triciclos, etc., son autorizables para mipymes y CNA. La generación eléctrica con fuentes renovables de energía y su comercialización, puede ser ejercida por los actores económicos no estatales. De igual modo, la gestión de residuos sólidos urbanos y aprovechables también lo puede ser.

La enseñanza formal y titulación oficial no está autorizada a los actores económicos no estatales. Las clases de idioma, los servicios de repaso, la taquigrafía, la mecanografía, la música y otras artes solo pueden ser impartidas por los TCP, sin contratación de trabajadores. Todo en Cuba tiene su excepción: por ejemplo, el Centro de Idiomas Babel, una mipyme privada situada en Plaza de la Revolución con sucursales en otros barrios de la ciudad de La Habana, fundada en 2022, es una genuina academia de idiomas que incluso otorga certificaciones internacionales.

Sin embargo, continúan muy limitadas las actividades profesionales, científicas y técnicas que pueden ejercer los privados, salvo algunas por TCP como la teneduría de libros, el diseño, la decoración y la fotografía, la programación, la traducción e interpretación certificada, la veterinaria y –de reciente autorización– la ingeniería para la energía renovable. Pero no pueden ejercer de forma privada los arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, psicólogos, servicios empresariales, como tampoco los médicos, estomatólogos y periodistas.

Algunas actividades prohibidas o reguladas para privados son políticamente estratégicas: este es un Estado que mantiene el monopolio de la información, comunicación y telecomunicaciones, incluyendo publicación de periódicos, libros y revistas; editoriales y sellos editoriales. La información pública y las transmisiones de radio no están autorizadas a los actores económicos no estatales, al igual que las agencias de noticias y servicios de información noticiosa. Buena parte de la cultura también cae dentro del monopolio estatal.

Según la normativa vigente, no existen actividades autorizadas exclusivamente para las cooperativas no agropecuarias. No se establece un trato diferenciado que otorgue a las cooperativas derechos de ejercicio exclusivo sobre determinadas actividades, en detrimento de las empresas privadas.

Las CNA en Cuba no pueden realizar actividades de ahorro, crédito ni préstamos bancarios. Las cooperativas de ahorro y crédito (CAC), que son una figura muy extendida y arraigada en América Latina como intermediarios financieros clave, captando depósitos y otorgando préstamos, no tienen cabida en Cuba. Las cooperativas solo pueden acceder al crédito bancario como prestatarias, pero no pueden ejercer la intermediación financiera ni captar depósitos del público.

Setenta y nueve actividades consideradas económica y políticamente estratégicas están prohibidas o condicionadas para los actores no estatales, incluyendo cooperativas. Algunas responden a prioridades de seguridad nacional, otras como la educación y salud –universales y gratuitas–, a conquistas plasmadas en la Constitución, aprobada por votación mayoritaria. Pero otras, como la prohibición de ejercer de manera privada la mayoría de las actividades profesionales, responden a una concepción ideológica en muchos casos caduca y contraproducente para el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos. ¿Cuánto habrá contribuido a la emigración de miles de graduados universitarios en busca de oportunidades que no encuentran en su país? 

Nudo #3: El asociativismo

El tercer nudo se centra en el asociativismo, es decir, las formas de organización colectiva y solidaria más allá de las cooperativas tradicionales. Las asociaciones empresariales y profesionales y las actividades de sindicatos son actividades no autorizadas a los actores económicos no estatales. La Ley de Asociaciones (1985) permite asociaciones científico-técnicas, culturales, artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad. Todas requieren de aprobación del MINJUS, y la mediación de un “órgano de referencia” estatal. Otra legislación abarca organizaciones de masas y sociales, religiosas, cooperativas, de crédito y servicio. Una nueva ley está pendiente en el cronograma legislativo desde julio de 2022 –fue pospuesta primero para junio de 2025, y ahora está prevista para diciembre de 2026.

En América Latina y España, la Economía Social y Solidaria (ESS) abarca una amplia gama de figuras jurídicas y prácticas, incluyendo cooperativas, mutuales y asociaciones (OECD, 2024). Las asociaciones son una figura central y muy extendida. A diferencia de las cooperativas, que son empresas de propiedad colectiva, las asociaciones son agrupaciones de personas con personalidad jurídica propia que persiguen un fin social o de interés general sin ánimo de lucro.

En América Latina, el asociacionismo suele ser la puerta de entrada a la ESS para comunidades que buscan resolver necesidades concretas, desde el acceso al crédito hasta la comercialización de sus productos. Las hay lideradas por mujeres indígenas en Ecuador, que crearon su propio fondo de ahorro e inversión con líneas de crédito para proyectos productivos, educativos y de emergencia; de productores y comercializadores de caucho en Colombia, que han mejorado las condiciones de vida de sus asociados; de víctimas de conflictos armados, que genera empoderamiento económico y social a través de cadenas de comercio justo.

Ninguna de estas asociaciones es posible en Cuba en el actual marco político y legislativo. No existen asociaciones de mujeres fuera de la Federación de Mujeres Cubanas. No se pueden asociar las empresas privadas de productores y comercializadores, fuera de la Cámara de Comercio de Cuba. No se pueden crear fondos de ahorro e inversión fuera del sistema bancario estatal. Constituye otro de los nudos de la política económica, que frena el desarrollo y coloca sobre los hombros del Estado la responsabilidad de resolver muchos problemas sociales que los ciudadanos organizados en colectivos pudieran asumir de manera más autónoma y eficiente. La alternativa es abrir al asociacionismo sin temor de que el Estado a nivel nacional y territorial no las pueda controlar, porque sí las puede regular.

Conclusiones

Tres nudos que estrechan el desarrollo económico en Cuba. Tres nudos que limitan los derechos ciudadanos. Tres nudos que debilitan la solidaridad.

El primero es el freno al cooperativismo frente al impulso al sector estatal y privado. A diferencia de los modelos tradicionales de acumulación –capitalista o socialista–, esta forma de acumulación solidaria no se basa en la apropiación privada de excedente, ni en el control estatal, sino en la cooperación, la autogestión y la participación democrática.

Las actividades prohibidas para el sector privado y cooperativo en muchas áreas de la economía que, en realidad, distan mucho de ser estratégicas, constituyen un cuello de botella que es contraproducente para el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos. Reducen las oportunidades de desarrollar áreas que el Estado apenas puede abarcar.

El escaso papel de las asociaciones en la actual política económica y social constituye otro freno –nudo– que combina la resistencia a permitir la organización popular y comunitaria sin control del Estado, con el desconocimiento de que son legítimos actores económicos no estatales, que emplean, compran, venden, invierten y producen bienes y servicios; aportan utilidad social mientras liberan al Estado de cargas fiscales y administrativas. Esperemos que la nueva ley –si es que finalmente se presenta y aprueba en 2026– sea una verdadera transformación en el enfoque hacia el asociativismo.

Octubre de 2026

Referencias

ANPP (1985) Ley N.ª 54 Ley de Asociaciones. La Habana: Asamblea Nacional del Poder Popular.

Betancourt, R. (2020) “El aporte de la Economía Social y Solidaria para construir socialismo en Cuba (I)”. OnCubaNews. 7 de julio. Disponible en https://oncubanews.com/cuba/economia/el-aporte-de-la-economia-social-y-solidaria-para-construir-socialismo-en-cuba-i/

Coraggio, J. L. (2009) “Los caminos de la economía social y solidaria”. Íconos, n. 33, enero.

Díaz-Canel Bermúdez, M. (2023) Intervención en el XIV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo. La Habana.

OECD (2024) Liberando el potencial de la economía social y solidaria para las personas, los territorios y las empresas de América Latina y el Caribe. Documentos de Trabajo de la OCDE sobre el Desarrollo Económico y el Empleo a Nivel Local (LEED). OECD. Disponible en www.oecd.org.

Piñeiro Harnecker, C. (2026) “La promesa de una economía cooperativa en Cuba: un balance tras más de una década”. En C. d. autores, & C. Jus (Ed.), Miradas emancipatorias: Aportes para repensar el desarrollo desde la Economía Social y Solidaria. La Habana.