"...los problemas no son solo de escasez de recursos materiales sino que se originan en enfoques excesivamente rígidos y esquemáticos. Una política de vivienda debe abordar la dimensión material y tecnológica, pero también los temas financieros, los de recursos humanos y su calificación y organización, la estructura institucional, el marco jurídico y su relación con los demás componentes urbanos..."

Cuba concluirá el año 2017 con un fondo de viviendas de unos cuatro millones de unidades, pero con un déficit que ronda el millón de viviendas.[1] La capital tiene una situación todavía más difícil: sobre un fondo existente de unas 700 000, se calcula un déficit que ya supera las 200 000. Y las perspectivas no son halagüeñas: si bien hace diez años se construían todavía unas 50 000 viviendas anuales, el ritmo ha ido descendiendo hasta unas 20 000 en la actualidad  (la mitad estatales y la otra mitad por esfuerzo propio). Por si fuera poco, la naturaleza tampoco ayuda: este año Irma derrumbó unas 30 000 viviendas, se llevó 25 000 techos y afectó de una forma u otra unas 160 000 viviendas.

No se trata de que la Revolución no haya hecho un esfuerzo considerable puesto que desde 1959 deben haberse construido más de dos millones de unidades habitacionales. Pero es que los factores de incremento de la demanda se han ido superponiendo: la población ha pasado de 7,7 a 11,2 millones de habitantes, el tamaño de la familia se ha reducido de casi 5 integrantes a 2,8 en el último censo (con lo que las familias han pasado de 1,6 a 3,9 millones), el mantenimiento del fondo construido ha sido mínimo y los movimientos migratorios internos han sido considerables.

La política de vivienda, que no tiene solo una dimensión constructiva sino también jurídica, financiera y social, ha oscilado de un extremo al otro. De un modelo en el que el Estado se atribuía casi exclusivamente la responsabilidad de la solución de los problemas habitacionales, la población era mayoritariamente arrendataria, no disponía ni de suelo, ni de proyecto ni de materiales para construir o reparar por cuenta propia y solo podía permutar su vivienda, hemos pasado a una situación en la que la población es mayoritariamente propietaria de su vivienda, utilizándola no solo como residencia sino como fuente de ingresos o lugar de trabajo, el estado solo construye para algunos grupos sociales priorizados, se ha abierto un dinámico y selectivo mercado inmobiliario de compra venta de vivienda y las familias son las responsables de construir su vivienda, apoyadas en créditos y subvenciones que otorga el estado a las más necesitadas.

El nuevo enfoque ha resuelto algunos problemas y ha creado otros. La autorización de la compraventa de vivienda, evidentemente flexibiliza el panorama y permite un mejor reacomodo entre la oferta y la demanda, pero ha sido ocupado parcialmente por capital extranjero que ha subido anormalmente los precios y ha segmentado el mercado sin que los instrumentos jurídicos y tributarios que lo regulen sean los más adecuados. Por otra parte, la exhortación a que las familias resuelvan sus problemas de vivienda por la autoconstrucción y que para ello utilicen materiales de producción local es sin duda una vía de solución oportuna,  pero adecuada para las zonas rurales y los asentamientos pequeños. Pensar que las 50 ciudades cubanas –y, en particular, La Habana- que representan la mitad de las viviendas del país puedan resolver sus problemas de vivienda por esfuerzo propio y con materiales locales es de un optimismo infundado. Según el INV, en 2008  el 85% de los edificios con más de tres plantas requerían de reparaciones fundamentales. ¿Alguien imagina que problemas estructurales puedan resolverse por esa vía? Este enfoque castiga particularmente a la capital del país que no solo está recibiendo un 10% del plan nacional de construcción de vivienda aunque alberga a un 20% de la población, sino que impide un eficaz enfrentamiento a las acumuladas carencias de rehabilitación y que se expresa trágicamente en los frecuentes derrumbes de edificios. Por si fuera poco, las comunidades que se están construyendo a menudo se ubican en la periferia de las ciudades, y por sus bajas densidades agravan los problemas de dispersión urbana que los planes directores intentan controlar.

Como puede constatarse, los problemas no son solo de escasez de recursos materiales sino que se originan en enfoques excesivamente rígidos y esquemáticos. Una política de vivienda debe abordar la dimensión material y tecnológica, pero también los temas financieros, los de recursos humanos y su calificación y organización, la estructura institucional, el marco jurídico y su relación con los demás componentes urbanos. Las ciudades no son una simple suma de viviendas. Estas deben integrarse en estructuras más complejas por lo que es imposible abordar de forma separada y sectorial la vivienda, su infraestructura, los servicios, las urbanizaciones, los espacios públicos y el planeamiento integral del hábitat.

¿Será el 2018 el año en que se apruebe el Programa Nacional de la Vivienda orientado en los Lineamientos, así como una compilación y actualización de la Ley de la vivienda y sus innumerables resoluciones y reglamentos? ¿Lograremos que el año 2018 sea el de la constitución del Ministerio de la vivienda y el urbanismo para superar la actual fragmentación institucional? ¿Se actualizarán en 2018 los instrumentos jurídicos y tributarios que logren controlar el excluyente mercado inmobiliario? ¿Se agilizarán y simplificarán en 2018 los trámites de la vivienda y en particular los relacionados con los créditos y los subsidios? ¿Se constituirán en 2018 las empresas -estatales, cooperativas o privadas- que construyan vivienda de alquiler para las parejas jóvenes o grupos vulnerables que no pueden acceder a una  vivienda a precio de mercado? ¿Se permitirá en 2018 el libre ejercicio de la profesión de arquitecto, que permita asegurar la calidad y seguridad de las construcciones? ¿Se incrementará en 2018 la oferta de suelo urbanizado para la construcción? ¿Se aprobará por fin en 2018 el Plan Director de la ciudad de La Habana? ¿Se recuperará la práctica de convocar concursos en la realización de proyectos arquitectónicos importantes? ¿Se autorizarán las cooperativas de viviendas como fórmula de integración de los esfuerzos constructivos de la población? ¿Se impulsarán las brigadas –estatales, cooperativas o privadas- de construcción y reparación de edificaciones altas para las ciudades principales del país? ¿Se logrará insertar nuevas edificaciones en la trama urbana existente para ahorrar suelo y compactar y hacer eficiente el funcionamiento de las ciudades? ¿Se recuperará en 2018 el carácter original del Programa del Arquitecto de la Comunidad de modo que la población pueda disponer de una asistencia técnica oportuna? ¿Se ampliará en 2018 la positiva experiencia de los Talleres de Transformación Integral del Barrio, para involucrar a otras comunidades en el mejoramiento de su hábitat? ¿Se logrará en 2018 superar los enfoques esquemáticos y diversificar la oferta tanto tipológica como en la incorporación de nuevos agentes productivos y fomentando distintas formas de tenencia? ¿Se promulgarán en 2018 las cada vez más necesarias Ley del suelo y Ley inmobiliaria?

La lista de interrogantes continúa creciendo y el espacio es breve, pero dado que muchos de estos temas no dependen de mayores o menores recursos económicos, esperamos fervientemente que en el 2018 sean más las respuestas positivas que las negativas a tantas incógnitas.