“El nivel de desviación de un sistema institucional respecto del orden normativo que lo genera es medida de la legitimidad del conjunto, pues define la coherencia con que relaciona sus fines y sus medios. Como muchos otros, el constitucionalismo cubano cuenta la historia de su particular desviación, la tradición de siglos resumida en Cuba con la frase «la ley se acata, pero no se cumple». Para enfrentar el desafío de reunir la ley con la práctica política, el socialismo cubano carga complejas herencias: la tradición colonial, la historia de la desustanciación del republicanismo liberal y el relato del socialismo históricamente existente sobre la «democracia socialista»…”
 

“Uno de los aspectos que caracteriza el proceso político bolivariano que actualmente vive Venezuela, es su especial vocación legal y constitucional. Pendiente queda el estudio de su evolución legal y jurisprudencial desde el triunfo del presidente Hugo Chávez, así como el orden político-electoral; sin embargo, podemos ir extrayendo una serie de conclusiones respecto al empuje bolivariano, su rescate de la participación ciudadana y el modo en que este se pone de manifiesto a través de la Constitución, la ley y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano…”
 

“La educación se convirtió en uno de los tópicos más polémicos en la Asamblea Constituyente de 1940. Gracias a la representación de las tendencias políticas del país, los comunistas y otros grupos partidarios de la regulación de la enseñanza privada libraron una de las grandes batallas en este sector. Con el patrocinio estatal, el Partido Unión Revolucionaria-Comunista propuso que en la Carta Magna quedasen establecidas las bases para una enseñanza unitaria, cubana y democrática, como la única vía para lograr que las escuelas respondieran a un verdadero interés nacional…”
 

“El empoderamiento es un proceso encaminado a garantizar la efectiva concreción de los derechos humanos de carácter político. Sin embargo, desde las ciencias jurídicas no se ha abordado teóricamente cuáles son los presupuestos que tributan a dicho proceso. Estos pueden ir desde el reconocimiento de los derechos políticos, hasta las condiciones materiales y procedimentales que debe garantizar el Estado para que se hagan efectivos…”
 

“Más de sesenta años después de que las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados Unidos no siempre la aplican en la forma que habrían esperado quienes redactaron y firmaron originalmente la Declaración. Al tiempo que insisten en mantener la Constitución del país como modelo de respeto a los derechos humanos, no utilizan su preocupación para ampliar los de sus propios ciudadanos, sino más bien para justificar cualquier cantidad de acciones contra gobiernos extranjeros, desde el embargo económico hasta la intervención militar, los que muchas veces violan el derecho internacional…”

“Podría asumirse que en Cuba las normas del derecho internacional son inferiores a la Constitución, y modifican las leyes que se opongan a las obligaciones contraídas por el Estado cubano, sin exigirse otro requisito que la ratificación. Consecuentemente, si se ratifican los pactos, no solo subsistirían los problemas relativos a su aplicación directa por parte de los tribunales, sino que el Estado cubano tendría la obligación de modificar sus leyes en conformidad con los pactos; o asumir la responsabilidad internacional que de ello se derive, incluidos los conflictos que surjan con las disposiciones constitucionales…”

“Tal vez la mayor conquista del derecho del trabajo, en su concepción contemporánea, sea el reconocimiento de los derechos humanos individuales y sociales que, por influencia del derecho laboral, se plasman en las disposiciones constitucionales y en las cartas y pactos internacionales, lo que marca la doctrina del constitucionalismo social del siglo XX y lo vincula estrechamente al derecho internacional…”

"En Cuba, el perfeccionamiento de las estructuras judiciales y de los ordenamientos tributarios se justifican solo en la medida en que tiendan y se orienten a la realización del ideal martiano proclamado en el Preámbulo de la Constitución: «Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre». Esta divisa es la piedra de toque en cuanto nos pueda faltar por hacer en materia de acceso a la justicia, sin lo que no es alcanzable ni realizable tal ideal. De ahí la importancia que reviste para los cubanos examinar y debatir este pilar fundacional de nuestro sistema de Derecho..."
 

A veinte años de la reforma constitucional de 1992, Temas propone un debate sobre tópicos como estos: ¿Qué prácticas posteriores al 92, nuevas en el sistema político, en el orden de las relaciones sociales y económicas existen a partir de la reforma? ¿En qué medida se hace necesaria una nueva reforma constitucional? ¿La Constitución tiene un papel que desempeñar dentro del cambio político? ¿En qué consiste ese papel y en qué áreas específicas debe modificarse la Constitución?

¿Cuál es el balance de la nueva Constitución cinco años después? ¿En qué áreas se podrían distinguir sus principales resultados? ¿En cuáles ha tenido un mayor peso, cuantitativo o cualitativo, su aplicación? ¿Qué limitaciones ha afrontado la aplicación de la Constitución? ¿En qué medida la Constitución ha transformado el funcionamiento del sistema? ¿La formulación y aplicación de las políticas ha cambiado la manera de construir lo político? ¿Se ha transformado la relación entre ellas? ¿Debe ser la ley de municipios una prioridad en la programación legislativa cubana?

Dos juristas y una psicóloga ofrecen sus análisis y reflexiones acerca de la incidencia sociopolítica que en la Cuba del último quinquenio ha tenido la implementación de su actual Constitución. Los tres especialistas fueron acompañados por un auditorio que también reflexionó de manera profunda y activa.

El artículo examina la transformación del liberalismo clásico cubano hacia formas de pensamiento liberal-social, en el contexto de los procesos revolucionarios, constitucionales y de crisis del Estado republicano ocurridos entre la Revolución del 30 y la caída del régimen de Batista en 1958. Durante este periodo, las élites intelectuales y políticas intentaron redefinir el papel del Estado y del derecho en función de un ideal de justicia social, buscando superar los límites del liberalismo económico tradicional. La Constitución de 1940 representó el punto culminante de ese esfuerzo: un pacto social que pretendía articular democracia liberal, soberanía nacional y derechos sociales, con la aspiración de consolidar un Estado moderno y moralmente responsable. No obstante, la fragilidad de las instituciones republicanas, la corrupción administrativa y el distanciamiento entre los principios constitucionales y la práctica política frustraron dicho proyecto reformista. El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 simbolizó el colapso del modelo liberal-social, al recurrir el gobierno de facto a la retórica de la justicia social para justificar un régimen autoritario. Ante el agotamiento del reformismo liberal, surgieron nuevas corrientes revolucionarias que retomaron el ideario constitucionalista, pero lo radicalizaron hacia un programa de transformación estructural del Estado y de la sociedad. El estudio concluye que, aunque el liberalismo social representó un intento significativo de modernización institucional y de ampliación de derechos, no logró resolver las tensiones entre libertad, justicia y desarrollo, allanando el camino a un proyecto revolucionario de mayor alcance.