La puesta en práctica de normativas que regulen el trabajo de las estructuras municipales, necesitan, más allá de leyes y decretos, de la verdadera posibilidad de actuación de los funcionarios públicos en el ámbito local. El municipio como espacio de poder, presenta dilemas y desafíos que requieren transformar las intenciones en potestades reales. Sus cambios deben relacionarse con enfoques de equidad y con la prioridad que sus gestores le otorguen a las poblaciones involucradas. Priorizar la participación y el control popular en todas las etapas del proceso de desarrollo de las estrategias municipales garantiza su sostenibilidad, asegurando que al interior de los territorios haya una colaboración mutua entre las políticas económicas, sectoriales y de desarrollo.

El Pacto Mundial (2000) y los Principios Rectores (2011) sobre Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos, promovidos por las Naciones Unidas, constituyen referentes claves para el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. América Latina y el Caribe es una de las regiones más comprometidas con esta Agenda y Cuba tiene retos y oportunidades para incluir El Pacto Mundial y los Principios Rectores en su estrategia de transformaciones económicas y reformas constitucionales recientes.  
 

Se defiende la necesidad de reconocer que los procesos económicos y sociales en marcha provocan brechas entre asentamientos rurales, según estos logren acogerse a los beneficios y propuestas de las transformaciones. Entre los factores condicionantes se tratan los recursos naturales, la cantidad de población, la distribución espacial de asentamientos, el empleo rural, y la conectividad.