Temas ha invitado a un grupo de académicos y expertos en historia y política de los Estados Unidos y de Cuba a analizar el mensaje del Secretario de Estado Marco Rubio dirigido al pueblo de la Isla el 20 de mayo pasado.

Publicaremos en lo adelante los textos que hemos ido recibiendo, con el propósito de esclarecer las referencias utilizadas, la naturaleza de los argumentos, el significado y objetivo de este mensaje.

El 20 de mayo de 2026, mientras el secretario de Estado Marco Rubio pronunciaba, en ocasión del aniversario de la República cubana, un discurso sobre libertad, corrupción y el sufrimiento del pueblo de Cuba, una firma estadunidense vinculada a un exfuncionario de Trump negociaba su entrada en los yacimientos de níquel y cobalto de Moa, en el oriente cubano.

Las dos noticias se leen juntas porque se explican mutuamente: la gramática de la intervención sobre Cuba habla de protección mientras hace negocios, denuncia elites mientras defiende las propias, y se anuncia —y se desmiente— en la misma frase. Es un proceso con historia.

En 1898 las tropas estadunidenses desembarcaron por la playa de Daiquirí, en Santiago de Cuba, al sureste de la isla —entre ellos, soldados afroamericanos que creían en la libertad de Cuba. Tres años después, en 1901, un sindicato encabezado por el presidente de la United Fruit Company, Andrew W. Preston, compró 1.900.000 acres —cerca de 769.000 hectáreas— en la bahía de Nipe, a un costo total de $400.000: poco más de medio dólar por hectárea.[1]

La compra de tierras agrícolas a precio de ocupación derivó en dominio azucarero e industrial sobre toda la franja oriental de la isla. A la par, las compañías mineras consolidaron su control sobre el hierro, el cobre y el manganeso de Oriente. La palabra imperialismo no la inventó un manual: se usaba desde ese mismo año, porque describía algo que ocurría ante la vista de todos.

En 1912, también por Daiquirí, volvieron a desembarcar, ante una rebelión que amenazaba con incendiar la zona. El gobierno de José Miguel Gómez —nacido de una segunda ocupación estadunidense que había rediseñado el sistema político cubano para evitar “convulsiones”— ordenó la masacre de Estado más grande de la historia nacional: entre tres y seis mil muertos, sobre todo en los montes de Oriente, casi todos negros, casi todos del Partido Independiente de Color (PIC), mientras el ejército rendía informe diario al Departamento de Estado sobre los progresos de la represión.

Lo que vino después siguió la misma lógica: en 1933 Antonio Guiteras advirtió que el “fantasma de la intervención” era invocado por todo aquel que pretendiera impedir cualquier cambio a favor del pueblo cubano; en 1940 la Constitución prohibió los pactos que menoscabaran la soberanía nacional; en 1961 y 1962, en Girón y en octubre, frente a una potencia sin proporción, un número masivo de cubanos y cubanas permaneció de pie.

Ese rechazo —a la realidad de la intervención, a su amenaza, a la mera percepción de su amenaza— ha sido el núcleo más hondo del nacionalismo cubano. No fue, no es, una mera lealtad al gobierno de turno.

El nacionalismo ha sido la ideología más poderosa y más duradera de la historia cubana. Se ha cruzado por bastante tiempo con otras —el republicanismo, el capitalismo social, el socialismo—, pero ha estado siempre ahí, marcando con su peso cualquier otra versión ideológica. La noticia de su muerte hoy, ante la catastrófica situación cubana, acaso sea, como diría Mark Twain, una “noticia muy apresurada”.

La amenaza de 1912

En el verano de 1912 Cuba llevaba diez años de República y conocía bien la realidad de ser vigilada. La Enmienda Platt —incrustada en su propia Constitución— había convertido el derecho de intervenir en cláusula permanente: Washington podía desembarcar para “la conservación de la independencia cubana” y “la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual”.[2]

Justo el 20 de mayo de 1912 —la fecha no fue casual— se alzó en armas, en Oriente, el PIC: el primer partido mayoritario de negros de la historia de Cuba. Se había alzado contra la Enmienda Morúa, que prohibía los partidos formados por ciudadanos de una “sola raza”, y contra la exclusión sociorracial de la República.

Sus dirigentes le habían dicho al presidente Gómez, por escrito, que la ley Morúa era inconstitucional, porque en Cuba no podían existir “otras clases de ciudadanos que pudieran no ser cubanos”.[3] Pedían su derogación y exigían inclusión. El Estado respondió con una etiqueta —“guerra de razas”— y con una campaña militar dirigida en persona por el jefe del Ejército, el general José de Jesús Monteagudo.

A los cinco días del alzamiento, Washington entró en escena. El ministro de Estados Unidos en Cuba, Arthur Beaupré, comunicó al canciller Manuel Sanguily que su gobierno enviaría un cañonero a la bahía de Nipe y concentraría una fuerza naval en Cayo Hueso; y que, “en caso de que el Gobierno cubano no pueda o deje de proteger las vidas y haciendas de los ciudadanos americanos”, desembarcaría tropas en Cuba. Su nota terminaba con esta frase: “Mi Gobierno añade explícitamente que esto no debe considerarse como intervención”.[4]

“Vidas y haciendas”. Esas dos palabras eran la fórmula al completo. No hacía falta invocar la Enmienda Platt ni mover un ejército: bastaba con declarar en peligro la propiedad de un ciudadano norteamericano para que la flota tuviera permiso de acercarse. La amenaza de intervención no era, en rigor, un desembarco. Era una gramática.

Sanguily redactó, y Gómez firmó, un cablegrama al presidente Taft en el que rechazaban la injerencia, y se explicaban: en apenas dos días el gobierno había enviado más de tres mil soldados a Oriente y contaba con fuerzas suficientes para aplastar el movimiento sin ayuda exterior. No fue suficiente. Taft respondió que los navíos concentrados en Cayo Hueso eran “precautorios” y no entrañaban propósitos “intervencionistas”. No obstante, desembarcaron.

El Ejército cubano hizo entonces tres cosas a la vez: custodió propiedades extranjeras con sus propios soldados —cuarenta y siete guardias en Firmeza, dieciocho en Siboney, quince en Ocaña, según se quejaba la Juragua Iron Company, que encontraba escaso ese número—[5]; se retiró de cada propiedad que las fuerzas estadunidenses ocupaban, levantando acta de que la dejaba intacta; y se negó a ceder el mando de campaña.

Era una coreografía de soberanía: cada acta cubana de protección de propiedad extranjera era, a la vez, una rendición y una protesta. El cronista Rafael Conte, muy lejos de ser partidario del PIC, lo anotó: aquello ocurría en un país “sólo independiente y soberano á medias”, cuyos tutores no guardan “esos miramientos que sólo se guardan entre sí los estados que mutuamente se temen y respetan”.[6]

Mientras el Ejército cubano levantaba esas actas, aplastaba a los alzados del PIC. Las dos operaciones no eran independientes. Para alejar al tutor, el gobierno necesitaba demostrar dos cosas: que sabía cuidar la hacienda del extranjero y que sabía exterminar a sus propios ciudadanos contestatarios.

La soberanía cubana se defendía hacia afuera y se negaba hacia adentro, precisamente para poder defenderla afuera, por los detentadores de la sociedad dominante cubana, y conservar así su poder nacional.

Una fórmula compartida: 1912 y 2026

La elección de Daiquirí no fue un azar geográfico ni en 1898 ni en 1912. La Spanish-American Iron Company tenía instaladas allí sus facilidades de embarque: muelles, vías férreas desde las minas hasta el mar, depósitos de mineral con destino a Baltimore y Filadelfia. La playa de Daiquirí era, antes que un escenario de guerra, un puerto de exportación.

Lo que Monteagudo —y su jefe de estado mayor, José Francisco Martí Zayas Bazán, conocido como el “Ismaelillo”, hijo del Apóstol de Cuba— custodiaba en los montes de Oriente no era la propiedad de unos inversores muy ansiosos ante la “rebelión negra”: era la columna vertebral de la industria pesada estadunidense.

Sus empresas mineras tenían control exclusivo del hierro de Oriente más de una década antes de que comenzara la guerra de 1895, cuando Cuba era aún española. Esas compañías habían despachado casi cinco millones de toneladas de mineral hacia los Estados Unidos. Entre 1892 y 1922, Cuba fue el principal proveedor extranjero de hierro de ese país —en algunos años aportando más del ochenta por ciento de todo el hierro que importaba—.[7]

La Juragua Iron Company, la Spanish-American, la Ponupo Manganese —los mismos nombres que aparecen en los telegramas de Monteagudo pidiendo guardias, solicitando que se reemplazaran empleados negros por blancos, negociando con el cónsul alemán el depósito de rifles— eran subsidiarias de Pennsylvania Steel y Bethlehem Steel: las empresas que fabricaban los rieles y el acero estructural del imperio industrial norteamericano. Era uno de los primeros capítulos del capitalismo monopolista estadunidense en América Latina, el laboratorio donde se ensayó la forma de relación político-económica definitoria del siglo XX.

El mineral del oriente cubano contenía proporciones de níquel y cromo que lo hacían excepcionalmente apto para la producción de acero de alta resistencia. Eran las mismas formaciones geológicas —lateritas ricas en níquel, cobalto y cromo— que hoy, bajo el nombre de “minerales críticos”, aparecen en la lista oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos como materiales estratégicos indispensables para la industria energética, la fabricación de baterías y los sistemas de defensa.

El Pentágono ha destinado cerca de mil millones de dólares a constituir reservas de cobalto y materiales afines. En 2025 se convirtió en el mayor accionista individual del único productor integrado de tierras raras en territorio estadunidense, para asegurar suministro doméstico para sistemas militares (aviones F-35, drones, submarinos) y tecnologías energéticas. El cobalto y el níquel de Moa son considerados una de las pocas fuentes de esos minerales en el hemisferio occidental no controladas por China ni dependientes de la República Democrática del Congo.

El 20 de mayo de 2026 —114 años después del alzamiento del PIC— Gillon Capital, firma tejana de Ray Washburne, experto financiero del primer gobierno de Trump y ex presidente de la Overseas Private Investment Corporation, firmaba un acuerdo preliminar para adquirir el 55 por ciento de Sherritt International, la minera canadiense que opera en Moa desde los años noventa, en la misma zona donde la Spanish-American Iron Company extraía hierro cuando Monteagudo custodiaba sus instalaciones con soldados cubanos y exterminaba negros del PIC.

El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro confirmaron que “no se oponen” a estas negociaciones. La operación se presenta, en el lenguaje de los comunicados financieros, como una “oportunidad de preservación de valor”. En su lenguaje más antiguo, es una fórmula repetida.

1912 dejó no solo el aviso del desembarco. Fue el reconocimiento de lo que la amenaza hace incluso cuando no llega a cumplirse: trabaja por dentro, empuja a los gobiernos a probar su soberanía por los medios más intratables, y cobra su precio sobre los cuerpos más vulnerables.

En 1912, ese precio lo pagaron casi íntegramente los cubanos negros del PIC. Recordarlo no es erudición de historiador. Es la única forma de que la frase que se anuncia y se desmiente —“esto no debe considerarse como intervención”— no vuelva a escribirse, esta vez, sobre Cuba.