*Silvio Calves Hernández .Profesor. Universidad de La Habana.

En 2005 se recibió una alerta especialmente significativa: No destruir desde adentro la justicia que, durante décadas, se ha hecho para nuestro pueblo.[1] Esto ha obligado a desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; y si no se les hace frente con inteligencia y liderazgo, se frena el “emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos”. Por ello resulta necesario desplegar la capacidad de auscultación del contexto nacional e internacional, sus realidades y tendencias actuales. De ahí́ la importancia de la alerta que se ha recibido.

La frase «Tener sentido del momento histórico y cambiar todo lo que deba ser cambiado» refleja la importancia de evaluar y reevaluar frecuentemente el contexto. Es un principio de dirección de uso universal, pero de significativa importancia para la administración pública y la función de gobierno a cualquier instancia.

El contexto impacta en las organizaciones positiva o negativamente. Sus cambios e incertidumbres obligan a reevaluar estrategias. Hoy el entorno internacional se caracteriza por conflictos, tensiones extremas, sanciones entre países, rupturas, nuevos proteccionismos, desafíos financieros, endeudamiento, alta dinámica de generación de nuevos conocimientos, cambio climático y otros muchos fenómenos en los que Cuba está insertada con su propio microentorno de dinámicas distorsionantes, ajustes y desajustes, avances y retrocesos, frustraciones, desestímulos, apatía, envejecimiento y alta emigración; siempre perseguida por un poderoso vecino.

En ese macro y microentorno, la administración pública cubana debe actuar para satisfacer sus cuatro objetivos generales:

1. Elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
2. Incrementar el desarrollo económico.
3. Garantizar la seguridad de los ciudadanos.
4. Preservar la soberanía nacional.

Quizás no existe la amplitud de visión de la administración pública cubana para apreciar todas las complejidades del entorno. Aquella apuesta por decisiones que a veces se aprecian mutiladas y mutilantes de aspectos de la propia sociedad a la que ha de servir. La nuestra, como sistema abierto y disipativo, al igual que todo sistema complejo, requiere de instrumentos capaces de entrelazar las diferentes aristas de un problema. Dice la teoría de los sistemas, y la sociedad lo es, que no se puede tratar de optimizar uno de los subsistemas o partes componentes si no se analizan y evalúan los impactos en los demás elementos constitutivos del sistema.

Con frecuencia se ha visto que esto es olvidado por hacedores de políticas, debido a premuras coyunturales que generan consecuencias no deseadas, que pueden aparecer –y aparecen– en decisiones no solo nacionales, sino a escala internacional; pero lo contradictorio es no tener preparadas y estudiadas medidas de reajuste.

En la administración pública y en los gobiernos las «sorpresas» ante una nueva política o decisión las pagan los ciudadanos. En Cuba están los ejemplos del «ordenamiento», de políticas fiscales, de normas aduanales, de diseño de trámites de la población y otras medidas que por uno u otro motivo han generado insatisfacción, lo que ha entorpecido la vida de los cubanos.

Existen impactos por determinadas medidas que seguramente fueron mal elaboradas, calculadas y aceptadas por los decisores. Ejemplo de ello es el empobrecimiento de buena parte de la población y el enriquecimiento de otra, una desproporción abrumante en un escenario de muy limitada liquidez de las arcas estatales. Es perceptible que los dueños de pequeños negocios y muchos trabajadores del sector privado son los que representan a la población con mayores ingresos, lo que no significaría un problema mayor, si con las jubilaciones y bajos salarios se cubrieran las necesidades básicas, lo cual hoy está muy distante de suceder.

Hacer más eficaz y eficiente la gestión pública en Cuba, reduciendo sus gastos y concentrada y orientada al cumplimiento de los cuatro objetivos generales no es abdicar, ni perder el poder, ni implementar el llamado achicamiento del Estado que propugna el neoliberalismo, sino es hacer justicia a los ciudadanos y desarrollar la gobernabilidad, así como una gobernanza participativa de calidad, para recuperar la justicia social perdida, haciéndola sostenible. En el camino de esa gestión hay muchos deberes y experiencias, cultura internacional e instrumentos utilizables.

Los aspectos sobre los que se requiere actuar, respecto a lo señalado, son los siguientes:

1. La estructura de gobierno debe ser eficaz y eficiente, precepto respaldado por el pensamiento científico más actualizado. En el caso cubano, aquella es de un gran tamaño y está tan fraccionada que resulta difícil realizar el análisis transinstitucional de las políticas y decisiones a tomar. Las instituciones, al aplicar algunas decisiones de su jurisdicción, dan la impresión de no tener en cuenta el impacto que ocasionan en otro sector.

Tener una estructura más pequeña y con menores gastos no es abdicar el papel del Estado ni del gobierno, es hacer eficiente su trabajo. El poder de un gobierno no lo garantiza la cantidad de ministerios u organismos centrales, lo da su liderazgo, su gobernabilidad, su gobernanza y la confianza que en el depositen los ciudadanos.

Sin embargo, el tamaño no es el único problema que genera esa estructura, es también su costo –elevado, por cierto– para un país empobrecido. Este gasto es sufragado en un gran porciento por las empresas estatales que cargan, además, con el aporte al Estado, fondos del que se obtienen los salarios de funcionarios estatales y de unidades presupuestadas que no participan en la creación de valor.

¿Como exigir rendimientos altos a la empresa estatal si ya, por el diseño que se tiene de estructuras y flujos de dinero, ella financia un alto porciento de gastos del gobierno y el total de los de la OSDE en la que participan? Ello incrementa sus costos, reduce su competitividad y genera elevación de precios a la población.

2. Las políticas, programas, decisiones y trámites de la población no siempre están ajustados al contexto y generan desproporciones. Durante décadas se han creado políticas para establecer servicios y productos como bienes públicos sufragados por el Estado, muchas veces sacrificando otras necesidades. Todos esos que durante años disfrutamos requieren una reevaluación y reelaboración de estrategias, pues continuar brindándolos, sin satisfacer la calidad y el empeño con que se establecieron en su momento, constituirá una distorsión. Continuar proclamándolos como un derecho, sabiendo que están muy mutilados y alejados de sus propósitos iniciales, puede parecer una hipocresía y es realmente una falacia.

Un principio de la buena gobernanza es el que las políticas públicas deben ser realmente públicas desde su concepción hasta su aplicación. Eso ha fallado, y lo que ha primado es la sorpresa de los ciudadanos y actores de la sociedad con esas nuevas políticas que impactan negativamente en otras. Hay un sobredimensionamiento de la cantidad de legislaciones, decretos, leyes, resoluciones y otras decisiones en las que no madura su aplicación y crean desconfianza, disgustos y abandono de propósitos.

3. Falta de secuencia en la implementación de políticas públicas y decisiones, lo que provoca la imagen de decisiones aisladas y coyunturales y aumenta la desconfianza en quienes las promulgan. Los cambios, cuando son complejos, como lo son todos en una sociedad, sean a escala nacional o local, y pretenden lograr buenos resultados, han de ser planeados, secuenciales, programados en tiempo y comunicados. Quien promulga o promueve una política o decisión debe divulgar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La desconfianza o falta de fe en las instituciones públicas y en el gobierno tiene uno de sus orígenes en que los ciudadanos no puedan visualizar el camino conducente al resultado, al no comprender qué sigue en lo adelante, a lo que se añade la realización de cambios a legislaciones ya en aplicación, derogando sin mayor explicación algo que fue visto positivamente por los ciudadanos y actores. Estos requieren conocer y entender la «hoja de ruta» o la «ruta crítica» de lo que se pretende lograr.

Por último, y no menos importante, está la necesidad de identificar claramente la cadena de resultados. Esta tiene tres momentos: el primero es el resultado en sí, la política o decisión a tomar y que se ajuste al objetivo que se desea alcanzar; el segundo es la implementación y aplicación de la medida, y esto responde, entre otros factores, a que estén creadas las condiciones materiales y subjetivas para aplicarla y que quienes deben hacerlo estén preparados para ello —igualmente se requiere conocer el avance en su gestión, los fallos, errores u omisiones que presenta su proceso de aplicación—; y el tercer momento de esta cadena es el impacto, no solo en el ámbito o actividad para la cual se hizo la política, sino en otros sectores, grupos de personas y actores de la sociedad. Tenemos ejemplos de impactos indeseables en otros sectores y actividades diferentes al que promovió la política o decisión, y que no divulgan suficientemente la retroalimentación que tal situación requiere y las medidas correctivas a aplicar. Por ello el análisis y profundización previos de los impactos de todo tipo de una política o decisión debe ser parte de la cultura de gobierno. Sin este análisis se producen marchas y contramarchas de aplicación que dan inseguridad y desconfianza.

A menudo, políticas y decisiones de la administración pública implican, para el ciudadano, realizar trámites y, con frecuencia, no hacerlos en una sola instancia y obligarlos a recorrer diferentes instituciones, muchas de las cuales no reúnen todas las condiciones materiales para cumplir con eficiencia la parte correspondiente del trámite. Esto obliga al ciudadano necesitado a peregrinar por esas instancias, pagando con su tiempo un mal diseño del procedimiento que fue concebido a favor del prestatario y no del ciudadano.

4. La verdadera participación de los ciudadanos y una real y transparente actuación de sus representantes son necesarias y provechosas, por lo cual resulta de un valor inestimable la promoción y aceptación del debate en un contexto de tantos cambios, amenazas e incertidumbre, en que las diversas crisis que enfrentamos deben ser abordadas por la sociedad buscando la unidad y comprensión ante situaciones desfavorables para todos. Crear espacios reales de participación y debate de temas centrales del país resulta una urgencia y reclamo de sectores académicos y populares de la sociedad.

En Cuba hay experiencias positivas de discusión de temas centrales como fue la de la Constitución y los Lineamientos. Ese estilo genera fortaleza institucional y compromiso. Esta necesidad de debate y participación en los problemas centrales de la sociedad va más allá́ de las limitadas asambleas de circunscripción con los delegados del Poder Popular, en las que solo se discuten temas más locales e inmediatos. El debate público, diverso y con receptividad institucional enriquece la gestión pública y evita cometer el error de publicar una política y al poco tiempo tener que cambiarla en parte o totalmente, pues no se previeron los impactos. Esa posición de marcha adelante y al rato para atrás ha generado tremenda desconfianza y falta de credibilidad en las autoridades.

5. En los cuadros y directivos debe tenerse muy en cuenta la preparación y experiencia, especialmente cuando de la administración pública se trata. ¿Tendremos verdaderos servidores públicos? ¿Tienen acaso la voluntad de servir a los ciudadanos y de escuchar y comprender sus necesidades? Resulta casi contradictorio que, en nuestro contexto, los que dirigen en cualquier nivel y lugar de la República desean tener éxitos, pero no tienen conciencia ni voluntad para lograrlo.

La experiencia recogida en el país durante varias décadas evidencia la forma tan ineficaz e ineficiente de seleccionar los cuadros o directivos, pues la prioridad que se le otorga a la necesidad de lealtad política o personal, en ocasiones oculta serias incompetencias en el ejercicio de las responsabilidades. Muchas decepciones ha habido en Cuba por esta inadecuada y atrasada forma de selección del personal directivo.

Sin pretender generalizar, se puede constatar que en los cuadros de las diversas instancias de gestión pública se evidencia una falta de cultura general integral que pone de relieve debilidades de su formación, tanto familiar como institucional y, por ello, poseen una visión muy limitada de la realidad. Hemos capacitado a miles de personas en diversos cursos para cuadros y, sin embargo, aún no se evidencia la capacidad de promover desarrollo. No son tan disciplinados ni tan creativos, y con frecuencia aparece la indolencia. No cuestionan sus supuestos, ni poseen una verdadera preparación específica para el desempeño del cargo. No usan la autocrítica para mejorar y, por lo tanto, no escuchan opiniones críticas de sus usuarios. Su capacidad de comunicación, tanto verbal como no verbal, es limitada; carecen de una correcta actitud discursiva ante diversos escenarios que deben abordar y de capacidad de oratoria convincente. Dificultan el acceso de las personas al planteamiento y solución de sus problemas.

Un aspecto en que no todos los cuadros son cuidadosos es en respetar la palabra empeñada; a veces prometen o se comprometen con medidas o resultados que, en general, son beneficiosos para los ciudadanos, y por no tener dominio sobre todos los factores que determinan el éxito, estos no se logran y el funcionario público que lo expresó, hasta en programas estelares de televisión, pierde credibilidad. La palabra empeñada es un elemento de la ética pública, a veces atropellada.

Ante este escenario tan irregular de designación de personas para cargos directivos, la economía del país se siente maltratada y pone al descubierto que ni el seleccionador ni el seleccionado son personas exitosas. Debería conocerse que en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana existen la experiencia y el conocimiento más avanzado en la selección de personas para ocupar cargos y responsabilidades. Vemos, sin embargo, que en muchos de los órganos que realizan la selección, tanto de ministerios como de las OSDE y empresas, no se nutren de personas con la debida formación profesional y práctica, y tampoco utilizan la ciencia y la técnica en el proceso de encontrar la persona adecuada para el cargo.

El burocratismo, mal endémico de una gestión pública ineficaz, está generado no solo por un mal diseño en los procedimientos de trámites, sino, además, por la selección inadecuada de personas para cargos en los que deben servir a los ciudadanos. Actualmente, muchos funcionarios públicos asumen sus cargos como una responsabilidad política y no por vocación de servir.

Esta breve síntesis de las observaciones sobre la administración pública en nuestro país intenta llamar la atención sobre su ejercicio, pero lamentablemente no siempre se tienen en cuenta y, al obviarlas, se repercute negativamente en el objetivo supremo: la construcción de una sociedad con todos y para el bien de todos. El peor daño que se puede hacer a un pueblo es desarrollar la falta de confianza en las instituciones del gobierno, y eso ya se ha hecho y es muy difícil de revertir.