jueves, 21-11-2024
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Revista Temas (RT): ¿Existe un modelo de política de comunicación universalmente aceptado –o diversos modelos propios de distintas regiones o países? ¿Alguno podría resultar más apropiado, útil o viable para Cuba?
Ricardo Ronquillo (RR). En realidad, lo que existen son valores comunicacionales universalmente aceptados. Si se compara, por ejemplo, el Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco, veremos que casi todos los demás códigos de esa naturaleza en los distintos países casi los recogen de manera idéntica o bastante parecida, para hablar de valores deontológicos que tienen una enorme significación en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Podría decirse que son valores profesionales y morales universalmente compartidos.
Podemos repasar por capítulos ese código internacional y someterlo a comparación con sus iguales a escala de la mayoría de los países y nos asombraremos de las similitudes y cercanías que comparten.
Pueden mencionarse el derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.
La adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.
La responsabilidad social del periodista: En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.
La integridad profesional del periodista: El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado.
El acceso y participación del público: El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de respuesta.
El respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre: El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista.
El respeto del interés público: Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública.
El respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas: El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural.
El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca en la paz y a justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional.
La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada: El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo.
Lo mismo podríamos decir acerca de preceptos constitucionales que están prácticamente recogidos en todos esos instrumentos superiores normativos en el mundo, como la libertad de prensa, pensamiento y expresión, que derivan —como los valores éticos—, en las diferentes políticas nacionales de comunicación.
Pero lo cierto es que pese a que se reconocen como valores y principios universales, su plasmación en las políticas y su concreción en la vida práctica de las naciones y de la humanidad pasa por interpretaciones diversas, en correspondencia con las visiones y sistemas ideopolíticos existentes y el lugar que se ocupa en la escala de poder internacional. De lo contrario no tendríamos que estar hablando desde hace ya tanto tiempo que se pierde en la memoria de la necesidad de un nuevo orden mundial de la información, que en realidad no derivó en otra cosa que en el nuevo desorden mundial de la manipulación, que es lo que prevalece en este pandémico siglo XXI. La situación es tan grave, que todos nos ubicamos sin distinción en la denominada era de la posverdad.
Desafortunadamente, la llamada sociedad de la información y sus cumbres mundiales no arrojan tampoco, más recientemente, los equilibrios y la sensatez necesarios en medio de este caos manipulador mundial, sino más bien lo acentúan. Esa es la razón que provoca que las organizaciones de la sociedad civil estén enfrentadas a la forma en que se está configurando la mencionada sociedad.
Está bastante bien estudiado y reconocido que las actividades y los presupuestos orientados al logro de las metas sociales fueron insignificantes en comparación con los enormes cambios forjados por la re-regulación y la privatización de la infraestructura en telecomunicaciones. En América Latina, por mencionar una zona del mundo, todos los nodos de comunicación pasan por Estados Unidos.
Los países más ricos y poderosos tienen su versión muy peculiar de esa sociedad global, que no busca otra cosa que el predominio de sus intereses de dominación e influencia globales en detrimento de los intereses soberanos de los pueblos y sus derechos básicos a una vida digna. No son pocos los que denuncian que esa llamada sociedad de la información debe considerarse como un invento de las necesidades de globalización del capital y de los gobiernos que la apoyan, pese a determinados avances en algunas áreas del mundo, que sin embargo no resuelven las enormes brechas digitales —y otras dolorosas brechas— y sus amargas consecuencias en todos los sentidos.
La crisis total —así le catalogan algunos analistas— que provoca la pandemia del coronavirus está demostrando, por otra parte, la fragilidad de los tan elogiados sistemas privados de prensa, que no faltan quienes lo vean como la solución a los problemas que hemos tenido con la comunicación y la prensa en Cuba. En realidad podría afirmarse que hay una revalorización de la trascendencia de los sistemas públicos en áreas muy sensibles, entre las que no puede desconocerse la prensa.
Esos sistemas privados han sido severamente afectados por el duro resfriado de la pandemia. En Italia ello provocó que las cuatro principales asociaciones de editores de prensa y publicaciones periódicas —AEEPP, ARI, CONEQTIA Y ARCE—, en las que confluyen 260 grupos editoriales y más de 60 millones de lectores, se vieran precisados a enviar un documento conjunto al Gobierno en reclamo de medidas que eviten el derrumbe del sector y la desaparición de publicaciones y periódicos.
La fiebre coronavírica que afecta a la prensa también calienta los termómetros en España, donde los propios responsables del sistema reconocen que la situación de los medios de comunicación se vuelve, nada menos, que «ruinosa».
Las asociaciones de editores de prensa y las de radio y televisión privadas lanzaron un grito, según reconocía el diario El País, pues pese a las audiencias disparadas y un fuerte despliegue informativo, la publicidad se ha desplomado como consecuencia del parón de la economía y las medidas de emergencia adoptadas. Y esto amenaza, advierten, con desencadenar un proceso de ajuste más duro incluso que el emprendido tras la crisis de 2008, que implicaría una fuerte destrucción de empleo si no el cierre de cabeceras y emisoras.
Todo lo anterior les obligó a urgir al Gobierno a establecer medidas de apoyo para sostener su actividad, esencial para los ciudadanos, un plan que pasaría por avales y créditos blandos para las empresas de medios, bonificación en las cuotas de Seguridad Social, a cambio de mantener el empleo, y por reforzadas campañas de publicidad institucional.
Es tanto el impacto del virus que Fernando Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), señaló que «si no se articulan ayudas, va a ser un tsunami y una tragedia para la democracia».
Antonio Fernández-Galiano, presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a las principales cabeceras de prensa españolas, sentenció que se enfrentan a algo inédito, «el desplome de ingresos cuando tenemos menos capacidad financiera que en la anterior crisis».
Todo este panorama anterior demuestra que si algo falta es una política de comunicación universalmente aceptada, o un referente único sobre el cual erigir cualquier modelo. Tal vez el modelo sea realmente aquella idea de José Carlos Mariátegui de que este tiene que ser creación heroica, sobre todo en esta amada Cuba sobre la que se depositan tantos amores, como pesan innumerables prejuicios y aprensiones, mientras se enfrenta a unas de las maquinarias de propaganda y tergiversación más agresivas e inmorales de la historia del mundo.
Como en otros muchos ámbitos de la vida cubana sometidos a profundas rectificaciones hay experiencias y modelos del mundo que sirven como referentes y que, por supuesto, son analizados. Participé del tribunal de una tesis de graduación de la facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, por ejemplo, que resulta muy interesante para analizar las experiencias europeas de modelos públicos de prensa. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el de la sostenibilidad económica de esos medios, con una combinación de fondos públicos, formas de autofinanciamiento y hasta de impuestos a la ciudadanía.
Por el tipo de sociedad y sistema político que hemos escogido la mayoría de los cubanos, refrendado en la nueva Constitución, no pueden desconocerse las experiencias de transformación que viven los modelos de prensa de países socialistas como China o Viet Nam. También son de interés las constituciones nacidas de los gobiernos populares y de izquierda de América Latina —que debieron enfrentar y enfrentan modelos privados de prensa convertidos en verdaderos partidos políticos, como ha denunciado el expresidente Rafael Correa— muchos de los cuales intentaron hacer más justicieros y equilibrados sus respetivos sistemas de prensa y los que no lo hicieron o intentaron hacerlo lo lamentan hasta hoy.
RT. ¿Cómo se podría caracterizar la esfera pública realmente existente en Cuba, en lo concerniente a acceso a información, medios de comunicación, libertad de expresión? ¿Cuáles prácticas resultan progresivas, y cuáles no?
RR. Desde finales del año 2018 se observa un giro importante en el país. En ese momento manifestábamos que si fuéramos de la Sociedad Yoruba de Cuba, diríamos que la letra del año 2018 había sido la comunicación. Apreciamos, desde la dirección política del país, un cambio en la concepción. La entrevista de Díaz-Canel con Telesur, que llamó mucho la atención por aquella fecha, era muy reveladora en este sentido.
El actual Presidente de la República comenzó por decir en aquel diálogo que la comunicación es importantísima como un recurso estratégico del país, un recurso de dirección política, de conexión con la gente. Una de las ideas más revolucionarias que planteó es que la prensa debería formar parte de los mecanismos del control popular.
Una sociedad tiene distintos mecanismos de control: políticos, institucionales, jurisdiccionales y los mecanismos de control popular. Como consecuencia de las condiciones en que se levantó la Revolución cubana, de permanente agresión, acosada y bloqueada económicamente, muy cercana a los EE.UU., se condicionó que, por lo general, prevaleciera que la prensa formara parte de los mecanismos de control político.
Ahora bien, en los últimos tiempos se ha ido abriendo paso la concepción de que la prensa tiene que formar parte de los mecanismos de control popular. Y el hecho de que Díaz-Canel, que forma parte de la nueva generación de dirigentes revolucionarios del país, esté consciente y haya sido un defensor y uno de los principales impulsores de los cambios en la concepción sobre qué debe ser la comunicación y la prensa en Cuba, nos da una señal de cómo están cambiando las maneras en que veíamos estos problemas hace unos años. Paralelamente se fue desarrollando el denominado Programa de Informatización de nuestra sociedad, pautado por etapas, así como el llamado Gobierno electrónico, que apuntan a darle cuerpo también a la política de comunicación, la primera aprobada después del triunfo de la Revolución.
No olvidemos que la tarea esencial que nos dio el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba fue la de fundar un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo cubano. El solo hecho de que reconozcamos la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo es una expresión de cambio extraordinaria.
Antes nos confiábamos en que teníamos un sistema de prensa pública muy bien estructurado y teníamos garantizada la hegemonía de las influencias. Pero el escenario infocomunicacional del país ha ido cambiando y ya las audiencias reciben información, criterios a partir de múltiples canales comunicativos que no son, necesariamente, siempre los medios públicos o de las organizaciones políticas y de masas el resto de los medios legalmente reconocidos actualmente en el país. También está cambiando radicalmente la sociedad cubana.
En un debate que hacíamos en el Instituto de Periodismo José Martí, ponía el ejemplo de cómo siempre en los consejos nacionales de la UNEAC, en las reuniones de la AHS, discutíamos en torno a la integración de los medios públicos en la defensa de las llamadas jerarquías culturales. Ahora, muchas veces, sin que ningún medio público les haya dado visualidad a algunos de los artistas emergentes, estos son conocidos más rápidamente que los que aparecen en los medios públicos.
Esto nos dice que la influencia del sistema de medios públicos de nuestro país dependerá de su capacidad para adaptarse a los desafíos del nuevo escenario infocomunicacional. Tenemos que cambiar los códigos.
Hemos reconocido en los últimos años que el modelo de comunicación de nuestro país tiene que superar una crisis estructural en distintas dimensiones. Y no hay que tenerle miedo a reconocer que es una crisis de un modelo que fue exitoso durante buena parte del período revolucionario, pero que ya daba señales de fracturas desde los años 80 del siglo pasado, en los que se llegó hasta plantearse la necesidad de una ley de prensa.
Esos problemas estructurales se expresan en la economía de los medios y de los periodistas, en la relación entre el sistema de medios y el sistema político y de instituciones, desde el punto de vista jurisdiccional, ante la ausencia de regulaciones legales que establezcan claramente cuáles son los derechos y deberes de los periodistas y los medios en el contexto social de nuestro país, y el del resto de las instituciones y la sociedad. Las fisuras son visibles además desde el punto de vista del discurso, dejando atrás las confusiones entre periodismo y propaganda.
Estudiosos de nuestro país, incluido el Premio Nacional de Periodismo José Martí Julio García Luis —ya fallecido—, defienden la idea de que nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo más autónomo, más autorregulado, con una mayor capacidad de los medios para tener autonomía editorial y económica. Y una última dimensión de esa crisis estructural, que me parece básica y esencial, tiene que ver con que se ha resentido su credibilidad. Tenemos que ser honestos y reconocerlo.
Después del debate a que se convocó al país tras la toma de posesión del Raúl, en aquel discurso en Camagüey un 26 de julio, aparece por primera vez un cuestionamiento sobre la credibilidad de medios públicos de nuestro país, en un momento en que esa es como la piedra preciosa, la esmeralda soñada de cualquier modelo de periodismo que pretenda ser exitoso en la época de la posverdad.
Es una gran preocupación que nosotros debemos tener. Porque en un contexto en el que nuestros ciudadanos tienen múltiples influencias por diversos canales, incluyendo los que ofrecen las nuevas tecnologías, la influencia que tengan nuestro sistema de medios públicos va a depender esencialmente de la autoridad, prestigio y ascendencia que tenga ante sus destinatarios.
Por otra parte, hay una migración de las audiencias hacia Internet y hacia las redes sociales. Hay datos que dicen que cada cubano que entra a Internet, inmediatamente se une a una red social. En el caso de Cuba, la gente está accediendo a Internet, primeramente, por las redes sociales. Ahí tenemos canales que están movilizando a la gente, formando valores, al margen, a veces, del sistema de medios públicos del país y del sistema de valores que defendemos para nuestra sociedad. ¿De qué manera este sistema de medios públicos es capaz de salir a conquistar a esas audiencias en los nuevos escenarios?
Nosotros tenemos, por un lado, que fortalecer las plataformas tradicionales y, por el otro, avanzar aceleradamente en conquistar los públicos en estos nuevos escenarios. Una buena parte de nuestras audiencias tienen una ciudadanía virtual. Entonces, si nuestro sistema de medios públicos no es capaz de entender el significado de esa realidad para la construcción simbólica de nuestra sociedad, sería un gravísimo peligro para el proyecto político de la Revolución el que no logremos adaptar el sistema de medios públicos a este escenario contemporáneo.
Tras la elección de la nueva presidencia de la UPEC asumimos que el trabajo de la organización tiene tres direcciones esenciales: Una que tiene que ver con nuestra responsabilidad en la sensibilización de toda la sociedad sobre la transformación que implica la Política de Comunicación del Estado y Gobierno para el cambio de las concepciones que hemos tenido. La otra, que cada medio de prensa logre transformar su modelo de gestión editorial y su modelo de gestión económica. Y, finalmente, y no por mencionarlo de último menos importante, representar los intereses profesionales y humanos de los periodistas cubanos.
La Política de Comunicación abre enormes posibilidades de transformación en el sistema de medios públicos del país. Durante muchos años, por mencionar un ejemplo, tuvimos prejuicios en Cuba con el uso de la publicidad y el patrocinio. La Revolución defendió otros conceptos en un período determinado por razones que se justificaron en su momento, pero realmente ha ido cambiado el contexto económico del país. Ahora tenemos pluralidad de formas económicas. Por tanto, la publicidad se convierte casi en una necesidad del nuevo contexto económico, y las regulaciones que existen hoy impiden al sistema de prensa, por ejemplo, usar la publicidad en el sostenimiento económico de los medios. Uno de los problemas a resolver es que tenemos un sistema de medios públicos y sociales excesivamente regulados, al punto de que en algunos aspectos es paralizante, mientras va creciendo un ecosistema en paralelo absolutamente desregulado.
La política de Comunicación va a permitir que los medios públicos del país tengan nuevas maneras de sustentarse, no solo a través de la publicidad. Se está hablando del cambio en los modelos de gestión de la prensa. La política de comunicación nos da tres posibilidades. Primero, el presupuesto del Estado (tenemos una prensa pública y es responsabilidad del Estado sustentar el sistema de los medios públicos); segundo, las formas presupuestadas con tratamiento especial, y tercero, la posibilidad de constituir en Cuba empresas de comunicación.
Es verdad que este tema ha generado debates, porque el país está avanzando hacia caminos inéditos que siempre van a generar puntos de vistas divergentes. Otro asunto delicado que se debate es cuáles serían los medios oficiales y cuáles no; un tema prácticamente tabú en otros momentos.
Una señal de cambio importante es la resignificación o reivindicación de la «transparencia», palabra que causaba bastante rubor o resquemor entre nosotros, a partir de las consecuencias de la glásnost en los países del llamado socialismo real. Estamos hablando con mucha claridad de la necesidad de instituciones transparentes, de rendición de cuentas, de control popular, ciudadano y social.
No es casual que esa sea la palabra que definiera la forma en que nuestro Estado, el Gobierno, las instituciones y el sistema de medios afrontarían la grave pandemia del coronavirus, en medio de la cual han ocurrido fenómenos tan curiosos como la exposición en cadena de graves delitos y hechos de corrupción en nuestros medios, algo muy revelador para nuestros anteriores estándares.
En definitiva, van apareciendo los contornos de ese nuevo modelo de prensa al que aspiramos, que desde mi punto de vista dependerá de tres pilares esenciales: un nuevo tipo de relación entre el sistema de medios públicos y el sistema de instituciones, un nuevo modelo de gestión editorial y un nuevo modelo de gestión económica.
RT. ¿Cómo se diferencia internamente el campo de los medios públicos o estatales? ¿Cómo el de los medios no estatales? Cuando la Constitución establece que “en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada,” ¿admite la existencia de medios privados "no fundamentales"? Por otra parte, ¿lo que define a un medio público es solo el tipo de propiedad? ¿Puede un medio estatal no ser público o un medio privado serlo?
RR. Este es un tema de debate en nuestro país desde hace tiempo. Convengamos en que todavía denominamos medios públicos a algunos que no lo son, en base a lo que se reconoce internacionalmente o, al menos, que esa pertenencia puede ser discutida. Tal vez tiene que ver con el hecho de que, por la propia naturaleza y propósitos de los medios en Cuba, todos los fundamentales tienen una innegable vocación de servicio público, con independencia del propietario. Sus perfiles, contenidos, principios y líneas editoriales tienen, indiscutiblemente, una trascendencia mayor, afectada —es honesto reconocerlo—, por mediaciones y dependencias institucionales que se buscan conjurar y que impidieron que los directores —tal como está reconocido en los documentos políticos y programáticos del país en estos asuntos— fueran siempre los responsables de las decisiones editoriales. El ideal en este aspecto en Cuba es la anhelada “autorregulación”, un concepto muy autóctono nacido de la indagación y la lucidez de Julio García Luis, uno —sino el más— prominente de nuestros estudiosos y críticos en este ámbito.
Esto merecería otras profundizaciones, pero lo importante, más que discutir cómo fuimos, y todavía en buena medida aún somos, es que se avanza hacia definiciones más claras y perdurables. No es casual, como ya decía, que estemos haciendo una redefinición de medios oficiales y no oficiales.
La nueva Constitución pone luz en este asunto, al determinar que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Si miramos la composición de nuestros medios podemos identificar, muy claramente, con base en esa definición, que está claro que requiere de disposiciones complementarias, como en otros aspectos sensibles de la nueva Carta Magna, en las que ya se trabaja.
La UNESCO, que incluso creó una guía de principios y buenas prácticas para los medios públicos, basada en la experiencia y situación de América Latina, deja una definición, que podría de alguna forma también servirnos de referente, sin dejar de considerar las particularidades de nuestra sociedad:
La cobertura de sus servicios, que inicialmente comprendía una variante geográfica y socioeconómica, pero que a partir de la convergencia tecnológica comprende también la extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dispositivos de uso de información y entretenimientos; la independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente, que condicionan la autonomía del funcionamiento; la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil; la pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de su programación; el mandato de servicio público establecido por la regulación; rendición de cuentas (accountability) a la población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno; la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias, la provisión de contenidos ausentes o de débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria.
Hay que admitir también que no todos tienen claridad del alcance real, amplitud y pluralidad de los medios en Cuba, que supera bastante las simplificaciones que se hacen. Una exploración de fondo evidenciará que es más rico y complejo que esa malsana caricaturización que intentan establecer algunos para desacreditar el modelo político del país y contribuir a su desmontaje. Tampoco faltan lo que pretenden imponer, con fondos millonarios, becas y proyectos de todo tipo, fórmulas ajenas a los intereses y necesidades reales del pueblo cubano que, hay quienes olvidan, ya tuvo una larga experiencia seudorrepublicana de preeminencia de medios privados.
Cambia el país y con ello cambia y cambiará el ecosistema mediático nacional en base a esa supremacía de la propiedad socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas, sociales y de masas establecida por consenso mayoritario del pueblo, que tendría que ser suicida para privarse de sus medios de comunicación esenciales para privatizarlos.
Confieso que siento dolor cuando leo o escucho a los que dicen hacer un periodismo «independiente» y promueven la prensa privada en Cuba mientras proclaman a los cuatro vientos, con orgullo vergonzante, que sus fondos vienen de agencias de Estados Unidos que, está claramente investigado, no son más que tapaderas de la CIA y otras agencias para el ejercicio de su hegemonía mundial, para poner y quitar gobiernos a su antojo.
El guion de esa película fue magistralmente descrito en un texto que se presentó en alguna de nuestras ferias del libro y se titula La CIA y la guerra fría cultural, de la periodista británica Frances Stonor Saunders. En el libro se desnuda la campaña secreta en la que algunos de los defensores más entusiastas de la libertad de pensamiento en Occidente, entre estos George Orwell, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre y Arthur Schlesinger, Jr., e intelectuales renombrados de los antiguos países socialistas, terminaron por convertirse, consciente o inconscientemente, en vulgares instrumentos del servicio secreto norteamericano.
Por el tipo de valores y propósitos liberadores que animan el proyecto socialista en Cuba y por la tradición de la que es heredero el periodismo revolucionario nuestro, con referentes tan extraordinarios y universales como Félix Varela o José Martí, el país tiene posibilidades tremendas para erigir un modelo público de prensa referencial para el mundo. Si en algún lugar de este planeta es posible erigir un tipo de prensa que forme parte de los mecanismos de control popular, y no de dominio y manipulación de los grandes grupos económicos y de poder es precisamente en Cuba.
RT. ¿Cuáles son los requerimientos de un sistema de comunicación para un nuevo socialismo? ¿Hasta qué punto las regulaciones vigentes responden a las necesidades de ese nuevo sistema de comunicación? ¿Cuáles son sus avances y deficiencias? ¿Qué normas (éticas, profesionales, legales) deberían regular el funcionamiento de un sistema de prensa de servicio público?
RR. Se conecta con una pregunta anterior. En un análisis sobre estos temas en el diario Juventud Rebelde me preguntaba: ¿Qué es lo más importante en una sociedad moderna e interconectada: la prevalencia de un amplio sistema de propiedad pública de los medios o la confianza de los destinatarios? ¿El tipo de propiedad de los medios garantiza de por sí la tan disputada credibilidad? Estas, como otras, están entre las preguntas que debemos hacernos en la Cuba que inició el camino hacia la actualización de su modelo de socialismo, y en consecuencia de su modelo de periodismo.
O tal vez debería formularse de otra manera la interrogante: ¿Garantiza el monopolio de la propiedad pública de los medios, el de la credibilidad, el de las influencias, el de la autoridad? El grado de exposición pública e información existentes en la actualidad requiere que el discurso, para ser efectivo, se legitime a sí mismo ante la opinión pública.
El Doctor en Ciencias de la Comunicación Julio García Luis sostenía que, desde luego, hay monopolios sobre el discurso mediático, grandes monopolios, parte de una grotesca tiranía, con diferentes escalas, locales, regionales, mundial; pero estos subsisten por su aparente porosidad, por su capacidad para mimetizarse, por su fingida independencia del poder real. Lo difícil, por el contrario, sería hoy un monopolio de pretensiones herméticas como los ya conocidos.
Agregaba que la ideología, realizada o no por medio del discurso, es lo que permite percibir el mundo —con cristales deformantes o con nitidez—; es lo que permite organizar el poder y el ejercicio de la hegemonía, y es lo que da la capacidad de control sobre los factores de la sociedad.
En el caso cubano, afirmaba, ese control no puede sustentarse en el engaño, en la manipulación de símbolos, sino en la adecuada información, interpretación, persuasión y convencimiento de la gran mayoría protagónica, en definitiva, del público.
Las redes sociales, el periodismo ciudadano, entre otros fenómenos, están cambiando radicalmente las formas tradicionales en las que se conformaba la llamada opinión pública y los consensos.
Así que otras preguntas que debemos hacernos son ¿cómo se construyen los consensos en la sociedad de la información en la que nos adentramos inexorablemente?, ¿qué papel desempeña el periodismo en la construcción de una auténtica y creíble hegemonía de la ideología revolucionaria? ¿Cómo los sistemas de comunicación pueden apropiarse de las nuevas herramientas para avanzar hacia formas más democráticas y participativas? ¿Cómo garantizar mayor autoridad y ascendencia ante los públicos, que tienden a atomizarse?
Lo cierto es que el sistema de comunicación pública de Cuba está desafiado por replantearse su autoridad ante los públicos, en base a lo único que la garantiza: la credibilidad; algo solo posible no solo con un cambio en el modelo de prensa, sino de todo el modelo comunicacional de la sociedad, y con una concepción verdaderamente revolucionaria que ubique a la prensa como parte de las formas de control popular.
Las indagaciones de los últimos años demuestran que esa endeblez estructural tiene diversas dimensiones, y por lo tanto de lo que se trata en la nueva coyuntura es de plantearse un cambio estructural, como quedó fundamentado en el último congreso de la Unión de Periodistas y en sucesivos encuentros profesionales y políticos.
Para superar esas tendencias tenemos, además de profesionales capacitados, la fortaleza de una tradición periodística y revolucionaria sedimentada por la más honda vocación de servicio, heredada de los fundadores de la nación, entre ellos el padre Félix Varela, quien al abordar la función y el alcance del periodismo apuntó: «Yo renuncio al placer de ser aplaudido por la satisfacción de ser útil a la patria». Su genial y fiel seguidor José Martí consideraba que la prensa debía ser el can guardador de la casa patria: «Debe desobedecer los apetitos del bien personal, y atender imparcialmente al bien público».
Ese legado debería servir también para los acostumbrados a la apología, los silencios y torceduras que nunca faltaron en el complejo camino de la construcción del socialismo.
Hay razones básicas para considerar la inviabilidad de que continuemos con el modelo de periodismo de dependencia institucional y de reafirmación que como regla prevaleció hasta hoy, y crezcamos hacia otro de confrontación de las mejores ideas revolucionarias.
El periodismo verticalista y de reafirmación, si bien permitió fraguar los grandes consensos que demandó el país frente a la agresividad de los gobiernos norteamericanos, y a estructurar un modelo de sociedad para unas condiciones históricas muy concretas, distorsionó las funciones de contrapeso y equilibrio de los medios, que ocurrió a la par de la de otras estructuras de confrontación democrática del país.
Esto ocurre cuando la Revolución actualiza su modelo económico, como el primer paso hacia graduales transformaciones, sobre las cuales, como ya hacemos —no sin dificultades e incomprensiones—, nos corresponde la responsabilidad histórica de ayudar a crear los necesarios consensos políticos y la vigilancia profesional, para evitar que se distorsionen sus alcances.
No podemos ignorar que la Revolución se adentra en su más dura prueba de fuego: el relevo de la generación histórica, mientras los medios cubanos cedemos gradual, aunque inexorablemente, el monopolio de las influencias, como resultado del auge de las nuevas tecnologías.
En este reajuste la prensa pública cubana debe tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contragolpe revolucionario.
RT. ¿Qué beneficio y qué costos tendría posponer el tratamiento de estos problemas hasta el calendario legislativo de 2023-2028, mediante una Ley de comunicación? ¿Qué concepciones y prácticas deberían anticiparse a esa Ley, para ir transformando la cultura política de la comunicación?
RR. Coincidimos con la apreciación que manifestó durante el debate y aprobación del cronograma legislativo en la Asamblea Nacional la diputada por Camagüey Daicar Saladrigas, directora de la multiplataforma Adelante. Esta manifestó que es preciso acelerar, en lo posible —dentro de la complejidad y variedad de cambios que ocurren en el país y las urgencias visibles de transformaciones en tantos aspectos sensibles en nuestra sociedad— lo concerniente a los cambios del sistema de comunicación y de prensa.
Sabemos que esto podría interpretarse como una apreciación sectorial un poco egoísta, pero no lo es para nada, todo lo contrario, en realidad busca preservar y solidificar uno de los sistemas esenciales para el país y el proyecto político de la Revolución. La opinión de la diputada tuvo una receptividad positiva en las autoridades pertinentes del país y se hará todo lo posible por avanzar en todos los aspectos sin esperar a los tiempos establecidos en el mencionado cronograma.
La comunicación es uno de los sistemas más cambiantes de la modernidad y de las implicaciones que esos cambios están provocando entre nosotros somos testigos casi diarios. Este no es un sistema cualquiera, los entendidos afirman que es un sistema bisagra del que dependen todos los demás, de ahí el carácter estratégico que se le reconoce en la política de comunicación aprobada.
Bastante superada la visión instrumental que le dábamos a la comunicación y el periodismo, sabemos ahora que forman parte de un complejo sistema de producción y reproducción simbólica, en el que el costo de nuestras falencias sería demasiado caro, porque esta es precisamente el área que los enemigos del socialismo han labrado con mayor primor y en la que es evidente que son más exitosos. Agréguele a lo anterior que el sistema de prensa es de todos los del país al que le está creciendo más aceleradamente, en paralelo, un sistema privado que, como ya expliqué, recibe fondos millonarios para su expansión.
De todas formas, creo que vale subrayar que los cambios no están, para nada, absolutamente detenidos esperando a que se cumplan los tiempos del cronograma parlamentario. Anteriormente expliqué varios ámbitos y formas en que se abren los horizontes de una nueva concepción de la comunicación y el periodismo.
Terminaría diciendo que la mentira y la manipulación tienen patas cortas allí donde la verdad tiene más luz larga.
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La suerte de la comunicación pública en el país probablemente no figure entre las primeras opciones en la lista de prioridades y preocupaciones de los cubanos en su vida cotidiana, urgidos por temas de economía, transporte o vivienda. Sin embargo, difícilmente alguna de las urgencias que aquejan a los ciudadanos en el país, pueda resolverse sin un efectivo uso de la comunicación abierta y participativa.
El modelo de comunicación cubano debe erigirse desde la propia experiencia histórica, cultural y social de la nación, acumulada tras más de cuatro siglos de dominación española en la isla, más de medio siglo de etapa republicana y los más de sesenta años en el ejercicio de la construcción del socialismo.
Si bien es cierto que no existe un modelo de comunicación universalmente aceptado, la práctica en Cuba debe asumirse desde una vocación notable de servicio público que de espacio a las diferentes voces y sectores de la sociedad articulados desde o fuera de los escenarios institucionales de un país cuya estructura económica y tejido espiritual se transformó tras la desaparición del campo socialista.
No causalmente los primeros pasos de la carrera Comunicación Social en el país, aunque con enfoque orientado mayormente hacia el Periodismo, coinciden con el Período Especial, la apertura al turismo y la inversión extranjera así como una etapa de activa agitación y comunicación política a través de las organizaciones de masas para articular el consenso en torno a la Revolución en la década de los noventa del pasado siglo.
El gobierno cubano le ha conferido centralidad a la comunicación social a través de su método dirección colectiva, razón por la cual cada vez es más común la presencia de ministros, funcionarios y directivos en los medios de comunicación y temas como corrupción, delito y desvío de recursos encuentran mayor presencia en la prensa cubana, aunque la frecuencia de aparición y forma de abordaje de los productos comunicativos pudiera estar sujeto a discusión.
De igual modo, aunque todavía lejos de cumplir con las expectativas generadas por la ciudadanía, la estrategia para la implementación en diferentes etapas del gobierno electrónico en la isla, sin desconocer la comunicación directa con la población como la principal herramienta de dirección, busca acercar servicios a la ciudadanía a través de las plataformas digitales.
Mientras en las Esquinas Calientes del Béisbol en el Parque Central y la Plaza de Marte de Santiago de Cuba la gente sigue hablando de pelota, miles de ciudadanos comparten en las pantallas de sus teléfonos videos sobre múltiples temas, en ocasiones, no reportados por los medios de la nación; propietarios de casas de alquiler en La Habana Vieja gestionan sus negocios a través de Ia red de redes al tiempo que los funcionarios públicos abren cuentas en redes sociales con el propósito de facilitar la comunicación con los ciudadanos. Internet lo ha puesto todo patas arriba, o al derecho.
La primera conexión a Internet en el archipiélago nacional tuvo lugar en 1996, alrededor de una década después del inicio del Programa Nacional de los Joven Club de Computación y Electrónica en todo el país, impulsado por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz. Sin embargo, la expansión masiva en áreas públicas fuera de los centros estudiantiles, investigativos y laborales no se alcanzó hasta 2015, con la aparición de los primeros parques Wifi que servirían de precedente para la puesta en práctica del servicio Nauta Hogar, con todavía baja prevalencia en los hogares cubanos, y la posterior apertura del servicio de Internet por datos desde Diciembre de 2018.
La llegada de Internet a territorio nacional ha reconfigurado el ejercicio de la comunicación en Cuba, que no se circunscribe, a diferencia de lo que pudiera pensarse, al escenario de los medios, sino que también comprende la comunicación política, la publicidad, la comunicación institucional así como las relaciones interpersonales, entre otras áreas.
Cuba ha extendido la Internet por dos causas fundamentales: el creciente reclamo de la ciudadanía para acceder a las plataformas digitales y una voluntad de gobierno por darle curso al perfectible proceso de informatización de la sociedad cubana en medio de restricciones de múltiple naturaleza, la política de bloqueo contra la isla y el contexto de actualización del modelo económico y social, con sus aciertos y desaciertos.
Actualmente más de 6 millones de usuarios acceden a la red de redes en Cuba, lo que representa más del 50 por ciento de la población. Sin embargo, resulta imprescindible un análisis más profundo que indague en los usos que se hacen de los contenidos digitales, la frecuencia con que las personas pueden conectarse así como los sectores sociales digitalmente excluidos por mediaciones económicas, tecnológicas o culturales.
El escenario de Internet en la isla también ha servido como canal para la gestión económica del sector estatal y no estatal y plataforma para el discurso publicitario; además de promover el debate entre cubanos desde diferentes lugares del mundo y ver reaparecer expresiones como la sátira política.
En este contexto, medios de comunicación con diversas líneas editoriales han emergido en los últimos años y continuarán emergiendo. En ese diverso escenario, pueden encontrarse desde publicaciones dedicadas a temas de deporte, farándula y política hasta otras centradas en el análisis o el periodismo reporteril; desde medios financiados por instituciones y organizaciones en Cuba, hasta otros cuyos ingresos provienen de la publicidad del sector privado, organizaciones internacionales, las propias agencias federales de los Estados Unidos, e incluso iniciativas digitales que no cuentan con fuente de financiamiento.
Internet ha abierto también espacio para múltiples experiencias de periodismo ciudadano a través de móviles u otros dispositivos de grabación de audio o video, como confirmación de que las audiencias cada vez cuentan con más herramientas para interpelar la narrativa de los medios.
Ni toda la prensa digital que se hace en Cuba proviene de publicaciones que confrontan la narrativa del sistema de medios nacido tras el triunfo de la Revolución, ni todas las iniciativas digitales como blogs, bitácoras, sitios webs o revistas online fuera del entorno institucional deben ser etiquetadas bajo una misma categoría.
Los medios tradicionales, tal como eran entendidos veinte años atrás en Cuba, ya no existen. Con mayor o menor impacto, niveles de actualización o calidad de su puesta periodística, las rutinas en las redacciones de la radio, la televisión y la prensa escrita en el país se han transformado notablemente con la irrupción de Internet.
Con alrededor de un centenar de emisoras , la radio probablemente sea el medio con mayor capilaridad dentro del escenario de la comunicación pública en el país, seguido de la televisión con 15 telecentros municipales y 17 televisoras provinciales(incluye TV Serrana) así como alrededor de una decena de señales nacionales en televisión analógica y digital y, en menor medida, la prensa escrita, tradicionalmente afectada por el número de tiradas, esquema de impresión y las contracciones económicas para la renovación de la tecnología y la adquisición de los insumos para producir los periódicos o revistas impresas.
Los medios tradicionales, reducidos en ocasiones a la etiqueta de oficiales, también están en Internet generando contenidos para la esfera pública nacional y cuentan con esquemas de producción que precisan de la puesta en práctica de nuevos modelos de gestión.
La ruptura con esquemas verticalistas para la construcción de sus agendas y discursos resulta un imperativo en estos tiempos. El ejercicio periodístico en la isla debe focalizarse más en lo argumentativo y analítico que en lo emotivo.
El periodismo del futuro en Cuba se construye también con los llamados medios tradicionales, siempre y cuando estos sean capaces de fomentar la innovación y abordar de manera más profunda los temas que le hagan contar con la fidelidad de las audiencias.
Contexto histórico
Cualquier abordaje que pueda hacerse sobre el ecosistema de medios en el territorio nacional, a mi juicio, no debe dejar por fuera el escenario de confrontación histórica entre Cuba y los Estados Unidos, agravado tras el triunfo de la Revolución, y que gravita sobre la práctica del ejercicio periodístico en la nación caribeña.
Cuba y los Estados Unidos son dos países con un conflicto marcado por una política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto durante más de 60 años por parte de la administración norteamericana contra la isla.
El bloqueo se sustenta en un entramado legal que incluye entre otras normativas, la Ley de Comercio con el Enemigo, renovada anualmente a pesar de que data de la Primera Guerra Mundial, la Ley Torricelli y la Ley Helms- Burton, cuyo título III, recientemente activado, permite a nacionales estadounidenses demandar a compañías cubanas o extranjeras radicadas en el país que ocupen propiedades nacionalizadas por el gobierno revolucionario después de 1959. Además, Estados Unidos usurpa desde hace más de un siglo el territorio de la Base Naval de Guantánamo, en el extremo este de la isla caribeña.
Cuba ha sido blanco además de numerosos ataques terroristas organizados con el financiamiento de las agencias federales de los Estados Unidos así como un programa de transmisiones ilegales de radio y televisión desde territorio de la Florida, surgido durante la administración Reagan en los años 80, todavía en vigor como remanente de la política de la Guerra Fría.
Estados Unidos, haciendo uso de los fondos del contribuyente, incluso durante la etapa de aproximación bilateral bajo el mandato del Presidente Barack Obama, ha mantenido un programa de unos 20 millones de dólares anuales para sostener su política de cambio de régimen en la isla .Esta estrategia incluye la sustentabilidad de un grupo de medios radicados en la isla con línea editorial acorde a los sectores más radicales de la política anticubana del sur de la Florida así como a organizaciones dentro de la isla que adversan la Revolución Cubana a partir de acciones acompañadas de expresión mediática en las plataformas digitales.
¿Más allá de las corresponsalías o medios extranjeros, existiría cabida en Estados Unidos para la presencia de medios de comunicación nacionales abiertamente financiados por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Irán, Siria e incluso provenientes de países aliados? ¿Sería posible en Israel la tolerancia a organizaciones de prensa locales que cuenten con financiamiento desde Palestina? ¿Daría cabida Surcorea a organizaciones mediáticas autóctonas con probada asistencia desde el Norte? ¿Cómo se entiende este tema en el contexto de la confrontación India-Pakistan?
Las respuestas a las preguntas anteriormente citadas pueden ayudarnos tal vez, no a justificar las carencias del modelo de prensa cubano, sino a entender la complejidad del asunto con una perspectiva más global.
¿Puede Cuba esperar al fin de la histórica confrontación con los Estados Unidos para enrumbarse hacia un modelo de prensa que sin negar los aportes del actual se erija en paradigma de un nuevo tiempo? El reto mayor, probablemente radique en continuar ampliando el marco de derechos de la ciudadanía y los profesionales de la comunicación, apostando por la presencia de un periodismo más auto regulado en el contexto de plaza sitiada generado por el conflicto con los Estados Unidos, cuyo fin no depende de Cuba, a menos que la isla renunciara a la defensa de su modelo político.
La esencia del debate no radica , a mi juicio, en si es legítima o no la existencia de medios no administrados estatalmente, nacidos desde las comunidades, organizaciones sociales o grupos de ciudadanos con la defensa de narrativas que puedan discrepar o no con el discurso gubernamental, o si tiene cabida en un modelo de naturaleza socialista, de acuerdo con la experiencia cubana, el emprendimiento privado en el área de la prensa; sino si un país bloqueado y bajo asedio debe permitir la articulación de órganos de prensa como actores políticos al servicio de una nación extranjera u organizaciones internacionales.
Otro análisis distinto es cómo el sistema de medios en Cuba pudiera dar cabida a iniciativas en el área de la prensa y la comunicación surgidas fuera del entorno estatal tras la llegada de Internet y no subordinadas a la dependencia financiera o editorial dictada desde fuera del territorio nacional.
El periodismo en cualquier latitud está llamado a reportar por complejos que sean los temas, a indagar e increpar los discursos sobre la realidad. El buen periodismo con contrastación de fuentes, investigación y análisis responsable es saludable para el desarrollo de cualquier sociedad, incluida la cubana.
Cuba precisa de un marco legal actualizado para la práctica del ejercicio periodístico en el país, atemperado a los cambios producidos en la sociedad en las últimas décadas, así como la concreción en normas y leyes de los principios de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno.
¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento aceptadas para los medios en Cuba? ¿Qué debe entenderse como medio público? ¿Cómo se diferenciarían medios públicos y estatales en el contexto cubano? ¿Cómo podrían articularse movimientos ambientalistas, de defensa de los derechos sexuales o raciales en el diseño de medios en el futuro próximo? Son interrogantes cuyas mejores respuestas solo podrán encontrarse en el debate plural entre cubanos de cara a la inclusión de los temas de comunicación en el cronograma legislativo de la nación.
La discusión sobre la necesidad de un periodismo más cercano a la ciudadanía en la isla no comenzó en los foros online de Facebook u otras redes sociales, sino que es parte de reclamos históricos nacidos al calor de las reuniones gremiales de la Unión de Periodistas de Cuba, las discusiones en las aulas de las universidades cubanas donde se forman una parte notable de los profesionales que hoy integran los medios estatales y no estatales en Cuba, las conversaciones abiertas en las redacciones o en los parques o esquinas de este país.
Cuba no necesita importar un modelo particular de medios sino actualizar el suyo a partir de las transformaciones sociales en la nación en los últimos años y las tendencias más renovadoras o de vanguardia en el escenario internacional, donde los periodistas y directivos de medios de la comunicación así como las instituciones y las estructuras gubernamentales deban rendir cuenta a las audiencias por el manejo que hacen de la comunicación como recurso estratégico para el país y derecho humano de todos los ciudadanos.
La ciudadanía necesita de un ejercicio cada vez más efectivo de la comunicación en todos sus niveles, favoreciendo un contacto más directo de las organizaciones de masas con sus bases y los gobiernos con el pueblo, promoviendo nuevas formas de participación popular a nivel comunitario y barrial, empoderando a los grupos sociales en la contraloría de medios así como un mayor aprovechamiento por parte de las instituciones y estructuras de gobierno de las diferentes plataformas de comunicación.
La comunicación pública puede además estimular los emprendimientos privados y el turismo, promover el desarrollo local, fortalecer las estructuras del poder popular, estimular el conocimiento sobre temas de salud y ambientales así como generar iniciativas para cubrir las necesidades en materias de comunicación en territorios alejados de los grandes centros urbanos donde el “boca- a boca” sigue siendo la principal vía para estar al tanto de las noticias locales.
La prosperidad a la que apuesta la construcción del socialismo en Cuba dependerá no solamente de indicadores económicos, sino también del manejo responsable y efectivo que los diferentes actores involucrados hagan de la comunicación pública. Quizá, por eso, sea preciso repensar el orden de prioridad que le conferimos a la comunicación si cámara en mano, alguna vez, un periodista nos aborda en la calle. La comunicación sí importa. Y mucho.
Solo en la diversidad se puede comunicar un país.
La idea de una prensa que se deba a la gente y a sus opiniones, para José Martí, requería estudiar las necesidades del país, fundar sus mejoras de forma consensuada y facilitar el trabajo de la administración que lo rige, como características imprescindibles. En esa visión radica la base de un segundo requisito: contribuir con su trabajo a la validación del sistema político en que se desarrolla.
Estas premisas resultan particularmente importantes en una Cuba que se actualiza, evoluciona, se conecta a Internet y renueva su modelo económico–social, para el cual la prensa necesita reafirmarse como espejo, compañía y plataforma de diálogo de la sociedad. Ese nuevo contexto demanda de los medios mayor eficacia y coherencia con las nuevas lógicas de acceso y distribución de la información. Renovar formas de gestión para potenciar su carácter público y ejercer un periodismo capaz de brindar la noticia oportuna, de conectar los entornos políticos y públicos, resulta vital.
Uno de los principales investigadores sobre el periodismo cubano, Julio García Luis (2013), argumenta que la propiedad social de los medios, por sí misma, no es garantía suficiente de una prensa de servicio público, participativa, sustentada en valores y capaz de formarlos; lo que requiere distinguir entre su propiedad y los modos en que se gestiona.
Coincidentes con esta distinción, múltiples debates dentro del gremio afirman que la condición de estatales no determina por sí misma ni su carácter público ni su calidad comunicativa, que permita cumplir con su vocación de servicio público. Se trata de encontrar los mecanismos correctos, en la gestión estratégica editorial y económica, validarlos y aplicarlos.
Prensa de servicio público: del ideal a la práctica
Según algunos de los principales estudiosos de los medios públicos (Garnham, 1990), para cumplir su papel, estos deben llevar adelante una redistribución más igualitaria de los intercambios simbólicos, sobre la base de su superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, en cualquier localización geográfica, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de entretenimiento, información y educación de alta calidad; así como de la capacidad del emisor para satisfacer las diversas preferencias de los usuarios y no sólo aquellas que proporcionan los mayores beneficios.
Para articular estos propósitos, se identifican un grupo de propiedades comunes a este tipo de prensa (Becerra & Waisbord, 2015): autonomía editorial y financiera; amplia cobertura de sus servicios -no solo en términos geográficos o socioeconómicos, sino en los diferentes lenguajes que ha generado la convergencia tecnológica-; pluralidad y diversidad en contenidos e información; que esté regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias y, finalmente, una rendición de cuentas frecuente a la población y a otros órganos reguladores que tengan margen de autonomía con respecto al gobierno.
Para confirmarse como servicio público, los medios deben convertir a sus destinatarios en protagonistas de los procesos de control y conformación de agendas; situarse en el centro de la vida democrática del país, y actuar como pilar comunicativo del diálogo, el debate, la diversidad de ideas y la construcción de identidades. Su papel es informar, educar y también entretener a los ciudadanos; para lo cual se requiere garantizar su autonomía editorial, financiación apropiada y transparencia. La adaptación a las nuevas tecnologías y la constante superación de los periodistas son requisitos fundamentales para su funcionamiento adecuado.
Según el español Pascual Serrano (comunicación personal, febrero 2018), cumplir la tarea de desarrollar un modelo de medios de servicio público depende de los gobiernos, y de la medida en que entiendan el derecho ciudadano a informar y estar informado, como misión de un estado social, del mismo modo que debe garantizar la salud o la educación. Para lograrlo, ciudadanos y profesionales deben reivindicarlo y luchar por su existencia y avance.
La prensa de servicio público supone un desafío, expresado en la dicotomía de sentidos propuesta por Thompson, y que se expresa, por una parte, en el dominio del poder político institucionalizado, bajo el control del Estado soberano, de los dominios de la actividad económica y las relaciones personales; y por otra, donde lo público se define como abierto o disponible y lo privado como lo oculto. La dicotomía entre lo público vs. lo privado no consiste solo en los términos de propiedad, sino en apertura vs secretismo, visibilidad vs invisibilidad (Thompson, 1998, p.168). De manera que los medios públicos deben poner a disposición de la gente la información que necesita y la incorporan en el proceso, porque analizan cada conflicto desde todas las perspectivas, porque validan el sistema político en tanto cuestionan, una y otra vez, sus formas de hacer y lo obligan a perfeccionarse en función del bien colectivo. Se trata, en última instancia, de conseguir una prensa de servicio público y no solo un puñado de medios públicos.
Probablemente debido a la complejidad descrita no abundan los ejemplos prácticos y concretos de este ideal. Diferentes enfoques y teorías se han sucedido a lo largo de los años, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética, pasando por toda Europa, y se han debatido, en su expresión más simple, entre una prensa de mercado y una de Estado.
Una de las razones por las que la prensa pública ha sido desechada, sin mayores análisis, es porque se ha asumido como una modalidad completamente estatal, sin ninguna libertad y, por tanto, con menor calidad periodística. La clave parece ser que la prensa pública responda a los intereses públicos, de la ciudadanía, de la sociedad, que son los intereses a los que se debe el Estado en un sistema político democrático. No debe subordinarse a los intereses individuales de las personas que se encuentran en el poder.
Un cambio sutil introducido por Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como parte de la teoría de la Responsabilidad Social, puso sobre la mesa una alternativa aún imperfecta, pero con rasgos esperanzadores respecto a la conformación de una prensa como servicio público. Si en los Estados Unidos los medios continuaron siendo predominantemente privados y los principios de responsabilidad social debían cumplirse según una autorregulación casi idílica, en Europa el Estado mantuvo o amplió su papel de propietario y agente emisor de un buen número de medios con la noción de servicio público, en particular, las organizaciones de radiodifusión.
En paralelo, crearon un grupo de instituciones y mecanismos que limitaron la influencia estatal sobre los medios, y aseguraron su constante rendición de cuentas ante la sociedad. Se configuró así la Radiodifusión de Servicio Público en Europa (PBS, por sus siglas en inglés) que con el tiempo evolucionó hacia una Prensa de Servicio Público (PMS, por sus siglas en inglés), ampliamente estudiada en la actualidad.
Si bien su concreción en la práctica ha sido más o menos efectiva en cumplir sus principios, en determinados contextos y etapas, y no ha estado exenta de críticas, la prensa pública europea se distingue por sus intentos sostenidos de mantener altos niveles de profesionalidad y autonomía, dirigidos a colocar los intereses de los usuarios dentro de sus agendas. Su estudio podría aportar algunos referentes factibles para la actualización de la prensa en Cuba.
Cuba: ¿qué prensa para qué socialismo?
En su investigación doctoral, la periodista Rosa Miriam Elizalde, partiendo del cruzamiento de estudio de casos de las Asambleas de Balance de la UPEC previas al IX Congreso de la organización y de la construcción de grupos focales, reveló la pérdida de credibilidad y confianza en el sector, la competencia de la industria cultural e informativa hegemónica, la desmoralización, la baja autoestima, las lesiones éticas de los periodistas y la baja representación de la agenda ciudadana como conflictos asociados a la consistencia social del Sistema de Comunicación Social en Cuba, particularmente en los medios de comunicación masiva (Elizalde, 2014, p.42).
Durante el IX Congreso de la UPEC, Raúl Garcés, en sus “7 tesis sobre la prensa cubana,” señaló su baja capacidad para tratar de modo crítico e interpretativo la realidad del país: “por las razones que sean, hemos ido conformando un modelo de construcción de la realidad que contrapone el supuesto infierno foráneo al presunto paraíso doméstico. Hemos suplido, frecuentemente, el juicio razonado por la propaganda, la interpretación por las cifras, la noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos por la síntesis caricaturesca de sus resultados” (Garcés, 2013).
Por su parte, los documentos políticos que guían el actual proceso de cambios definen la información, la comunicación y el conocimiento como bienes públicos y derechos ciudadanos “que se ejercen responsablemente; preservando la soberanía tecnológica, con observancia de la legislación establecida en materia de defensa y seguridad nacionales” (PCC, 2017). El proceso de Actualización del modelo económico y social no solo supone una oportunidad para la renovación de la prensa, sino que la exige. Un socialismo que se renueva necesita de una nueva prensa.
Partiendo de que mirar afuera no significa copiar, y salvando las distancias entre los respectivos contextos políticos, sociales y económicos, el conjunto de rasgos que caracterizan la prensa de servicio público europea resulta útil para ayudar a pensar lo que podemos y no podemos hacer en el futuro de la prensa cubana.
Sobre esta base, en mi investigación de 2018 caractericé algunos rasgos en el funcionamiento de medios públicos en Europa, e intenté establecer niveles de correspondencia entre las experiencias identificadas y el contexto cubano. Mediante encuestas y un grupo de discusión, sometí a valoración de profesionales del gremio algunas de las formas y mecanismos de funcionamiento identificados para determinar sus niveles de viabilidad y factibilidad.[i]
Autonomía, accesibilidad, diversidad, identidad, representatividad, debate, investigación, apego a la verdad, educación e innovación fueron algunos de los principales rasgoss en el modelo de prensa utilizado como referente. En el contexto europeo, los medios de este tipo articulan diversas estrategias relativas a la regulación, el financiamiento, la participación de los públicos, la adaptación a las tecnologías y la formación de los recursos humanos.
Los Gráficos 1 y 2 reflejan, según los encuestados, un retrato del modelo cubano actual, según los doce rasgos generales que identificamos como distintivos de la prensa de servicio público; así como recogen los porcentajes en que asignaron valores de alta, media, baja o ninguna a cada una de las características, de acuerdo con su presencia en la prensa cubana actual.
Aunque todas las características obtuvieron una mayoría de votos hacia la opción media, podemos distinguir dos grupos: uno en el que las evaluaciones se sitúan entre lo medio-alto (Gráfico 1) y otro en el que se encuentran entre lo medio-bajo (Gráfico 2).
Gráficos 1 y 2: Rasgos que caracterizan el modelo de la prensa cubano actual
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los resultados de la Encuesta.
De este modo, las cualidades de apego a la verdad, contribución a la identidad nacional, la educación ciudadana, la accesibilidad y la presencia de la diversidad social se inclinan hacia calificaciones superiores por los encuestados. Representa un primer paso importante pues, en última instancia, estos son los puntos de partida que pueden asegurar un ejercicio del periodismo como servicio público.
En cambio, aquellos rasgos más relacionados con prácticas y cualidades concretas como la autonomía editorial, el uso de la investigación, la calidad periodística, la adaptación a las tecnologías, la innovación, el debate sobre los problemas sociales y la respuesta a los intereses de los públicos, tienden, con sus matices, hacia las opciones inferiores.
Otros datos interesantes fueron los aportados por las respuestas a la pregunta sobre cuáles de estos rasgos tienen mayor nivel de importancia en la construcción de un modelo ideal para el país. En función de ellos, al mapa de los requisitos fundamentales de la prensa cubana no le podrían faltar palabras claves como honestidad, autonomía, calidad, debate, investigación, adaptación tecnológica e intereses públicos. El Gráfico 3 muestra los rasgos más señalados por los encuestados, a partir de la selección por cada uno de seis características principales para la construcción de ese modelo ideal.
Gráfico 3: Rasgos generales de la prensa cubana en un modelo ideal (%).
Con excepción del apego y compromiso con la verdad, que vuelve a colocarse entre las características más valoradas --en correspondencia con el principio de honestidad que defiende la prensa cubana--, los encuestados señalaron como particularidades más importantes aquellas que previamente habían calificado predominantemente en un rasgo medio-bajo al evaluar el funcionamiento del modelo actual. Así sucede con la autonomía editorial, la calidad periodística, el debate público, el periodismo de investigación, la respuesta a los intereses del público y la adaptación tecnológica. Los profesionales interrogados asumen estos rasgos como desafíos fundamentales en la construcción de una prensa ideal en el contexto cubano.
La totalidad de los profesionales encuestados consideraron importante que los usuarios tuvieran participación en la construcción de agendas y contenidos de la prensa. Argumentaron que esto “es inherente a la función social de los medios en la Isla,” en tanto los públicos son, en definitiva su razón de ser y principal destino, y solo así se colocan sus preocupaciones y polémicas en los espacios de debate nacional. Aseguraron, además, que “mediante esta participación se fortalece la calidad del periodismo,” “el apego a la verdad” y el “vínculo con los contextos de referencia.”
¿Cómo concretar el cambio?
La actualización de la prensa en Cuba tiene mucho que ver con los modos en que debe gestionarse editorial y económicamente cada medio de comunicación. Identificar mecanismos y herramientas específicas para estos procesos y validarlas en el escenario cubano es también una necesidad.
Cuando se habla de prensa de servicio público en el contexto europeo, al menos desde discursos y teorías, se entiende como rasgo definitorio la independencia editorial respecto de los poderes políticos y económicos. La experiencia de una práctica periodística comercial por un lado y de un sistema político multipartidista inestable por otro, generaron la percepción de que para alcanzar una prensa ideal es necesario frenar las influencias de cualquier tipo en las políticas editoriales. El periodismo, argumentan, ha de ser neutro, objetivo, imparcial. Por supuesto, tal descripción resulta idílica, según admiten hoy voces reconocidas de la prensa europea.
Replicar esta perspectiva extrema en el contexto cubano equivaldría a desconocer una realidad política y social diferente. Una de las funciones fundamentales de la prensa en Cuba ha sido la de validar y participar en la construcción del proceso revolucionario. Hacer periodismo en un país socialista supone desafíos particulares, además de los retos comunes a los medios de comunicación en cualquier lugar del mundo. La clave radica en encontrar el punto de equilibrio.
La solución cubana debe partir de reconocer a los medios como parte de un proceso político que nos ha traído hasta el presente, y del cual no puede separarse para alcanzar una “independencia absoluta y objetiva.” Se trata, al mismo tiempo, de apostar a la capacidad política, profesional e intelectual de los protagonistas que, desde los medios, también construyen la sociedad, y que en muy variadas circunstancias, han demostrado ser capaces de hacerlo. Se trata de renovar y adaptar a nuestra Isla las experiencias europeas relativas a estos temas en la prensa de servicio público: autonomía editorial, no independencia política; honestidad y compromiso ético, no imparcialidad o neutralidad.
Ahora bien, ese punto de equilibrio entre la relación con los poderes políticos y la necesidad de una autonomía editorial debe ser definido y controlado a través de normas y mecanismos de regulación. Los gráficos siguientes muestran los promedios de las respuestas de los encuestados, al indicarles que evaluaran del 1 al 5 los niveles de viabilidad en Cuba de algunas experiencias europeas en cuanto a la autorregulación (Gráfico 4) y la regulación (Gráfico 5).
Gráfico 4: Viabilidad en Cuba de mecanismos de autorregulación
Gráfico 5: Viabilidad en Cuba de mecanismos de regulación
Los gráficos demuestran que los profesionales encuestados privilegian los mecanismos de autorregulación, que llaman a una práctica responsable, ejercida y controlada desde el interior del medio, por encima de los que establecen la regulación.
En cuanto a estos últimos, solo el referido a la existencia de un cuerpo legislativo para la actividad de la comunicación y la prensa obtuvo un promedio similar (4.64) al de los rasgos de autorregulación. Las organizaciones sociales de vigilancia obtuvieron el promedio más bajo (2.76), lo que puede indicar desconocimiento o poca viabilidad de esta variante en la prensa nacional. Los organismos reguladores gubernamentales alcanzaron un promedio intermedio (3.1), probablemente porque los profesionales reconocen su posible viabilidad, pero no lo consideran el más importante o porque perciben trabas o dificultades para su implementación.
Mención aparte merecen las experiencias europeas de rendición de cuentas pública y transparencia de funcionamiento. Si bien no han sido frecuentes en la práctica profesional del periodismo cubano hasta hoy, los promedios de factibilidad alcanzados en los resultados de la encuesta (3.68 en el primero y 3.59 en el segundo) señalan que podrían ser otros mecanismos a tener en cuenta a la hora de configurar los procesos de regulación en la prensa nacional.
En correspondencia con lo reflejado en los Gráficos 4 y 5, la discusión en el grupo sobre la aplicación práctica del principio de autonomía se dirigió fundamentalmente a la necesidad de un cuerpo legislativo que establezca y controle el funcionamiento de la prensa y comunicación del país y, sobre todo, a la importancia de privilegiar, por encima de la regulación, a los mecanismos de autorregulación y la cultura profesional de los periodistas, reflejada en procesos de planificación y producción que tienen en cuenta los intereses públicos.
Al mismo tiempo, una limitación identificada en el modelo de prensa cubano actual lo constituye la excesiva centralización de los procesos de gestión económica en instituciones externas a los medios. Interrogados sobre posibles alternativas de financiamiento, los encuestados validaron la posibilidad de integrar otros mecanismos para generar ingresos con el presupuesto estatal. El Gráfico 6 muestra los promedios de las respuestas de los profesionales al indicarles que evaluaran de 1 al 5 los niveles de viabilidad en Cuba de algunas de las opciones de este tipo aplicadas en la prensa pública europea.
Gráfico 6: Viabilidad en Cuba de alternativas de financiamiento
Se otorgó mayor viabilidad a opciones de autofinanciamiento más cercanas a sus formas tradicionales de funcionamiento y con las que, en algunos casos, ya se ha experimentado. Por el contrario, las variantes de patrocinio (2.58) y crowdfunding (2.27), mecanismos más alejados del contexto de la Isla, obtuvieron los promedios inferiores.
Llama la atención el promedio intermedio obtenido por la publicidad (3.63), a pesar de que en los debates recientes del gremio ha sido una de las alternativas más valoradas. Tal comportamiento podría atribuirse a que los periodistas cubanos aún miran con reservas una práctica que sobre todo ha distinguido a la prensa comercial y que, en no pocas ocasiones, ha terminado comprometiendo las políticas editoriales de los medios. De hecho, en Europa la prensa de servicio público suele limitar su uso; y una práctica de este tipo en nuestro país debería aplicarse con sus propios mecanismos regulatorios.
En cuanto al papel del presupuesto estatal, el nivel medio de validación que obtuvo en los resultados del cuestionario puede indicar que el financiamiento debe incluir otras fuentes. Un análisis desglosado de las respuestas recibidas muestra que aunque el promedio de validación entre los periodistas fue de 3.44, entre los directivos promedió 4.40, lo que la convierte en la opción más valorada dentro de este subgrupo. Esta diferencia puede expresar una percepción de riesgo mayor entre los directivos sobre el significado de renunciar o disminuir el presupuesto estatal.
En correspondencia con estas valoraciones, la mayoría del grupo de discusión coincidió en posibles alternativas hacia la construcción de un nuevo sistema económico que combine el presupuesto estatal con otras fuentes de financiamiento y que, sobre todo, reconozca la capacidad de directores y actores internos del medio para administrarlo. Esta renovación de los mecanismos de financiamiento exigirá mayores niveles de preparación y formación por parte de directivos y periodistas.
La renovación del modelo de prensa cubano exige también, para una articulación efectiva de los medios públicos, fomentar capacidades de gestión de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la innovación y creatividad en un entorno dinámico de convergencia mediática. El estudio identificó fuertes limitaciones en los procesos de gestión económica para sostener este desarrollo, y la necesidad de entender y aplicar, desde los medios, las posibilidades y retos que implican las nuevas tecnologías y realidades mediáticas.
Algunas experiencias que concitan interés son el uso de recursos hipermediales y multimediales innovadores en la creación de contenidos. En ese camino, los periodistas abogan por un mayor uso de infografías, ilustraciones, videos, audios, mapas y gráficos interactivos, entre otros elementos, que permitan contar noticias más completas y atractivas. Además, la gestión actualizada de redes sociales, la creación de aplicaciones para dispositivos móviles y la construcción de podcasts o blogs asociados a los medios, son alternativas a desarrollar.
La reestructuración de plantillas y funciones dentro de las redacciones y la asociación con universidades, instituciones, empresas y otros medios en aras de generar alianzas, que se reviertan en mejor calidad y amplitud de la producción periodística fueron también acciones validadas en la investigación.
El gremio también valoriza la superación constante, que permita a periodistas y otros profesionales mantenerse al día respecto al cambio tecnológico, para poder lidiar de manera efectiva con las nuevas propuestas. Entre los recursos para dinamizar esa función, otorgan importancia a la gestión de la superación profesional desde los medios, la asociación con universidades y otras instituciones, el aprovechamiento de cursos y aprendizajes en función de las características y necesidades propias de cada medio, la función de liderazgo de la UPEC, la introducción de mecanismos de bonificación salarial por superación, así como algunas exigencias formales en contratos y legislaciones.
Finalmente, la capacidad de la prensa cubana para funcionar como servicio público dependerá de su habilidad para hacer más efectiva la participación de los usuarios en la conformación de agendas y contenidos de los medios, como alternativa idónea para validarse.
El periodismo cubano necesita pulsar y reflejar las preocupaciones de la nación, y generar su debate colectivo, serio y profundo, para identificar, mediante la retroalimentación, causas, contextos y posibles soluciones. Debe contribuir, por tanto, a la formación de una ciudadanía protagonista, imprescindible para la Actualización del modelo y las redefiniciones del socialismo. Solo en la medida en que cumpla tales misiones, podrá convertirse en verdadero guardián de la confianza pública.
[i] La encuesta fue aplicada a 92 profesionales de la prensa cubana, de ambos sexos, entre los que se contaban 47 periodistas, 28 directivos, 9 profesores, 5 dirigentes de la UPEC y otros 3 periodistas que se encontraban laborando fuera de los medios. Este grupo incluía segmentos etarios diferentes y los cinco lenguajes de la producción periodística (prensa impresa, radio, televisión, medios digitales y agencias de noticias).
La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos es uno de los avances más importantes en cuanto a derechos de la ciudadanía a la información y la comunicación en la historia del proceso revolucionario. En ella se intentan solucionar varios de los reclamos que, por décadas, han formulado los periodistas, comunicadores y cientistas de la información. Sin embargo, todavía no es suficiente. Se hace cada vez más necesario que se aplique en todas sus posibilidades y esté complementada por una ley que regule los procesos comunicativos entre los medios y las instituciones. Es esencial que se declaren los deberes y derechos de los funcionarios públicos para con la información y su relación con los medios de comunicación. Así mismo, resulta apremiante establecer los modos en los que se podría utilizar la publicidad y nuevas maneras de gestión económica en los llamados medios públicos.
La discusión sobre políticas de comunicación se ha intensificado en las últimas décadas, sobre todo en el subcontinente latinoamericano, después de que varios gobiernos progresistas (Uruguay, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador) promulgaran leyes de comunicación con el objetivo de democratizar el acceso, creación y uso de los medios en sus respectivos países. Este movimiento legislativo pudiera considerarse una reacción al hecho de que en los años noventa los gobiernos neoliberales desregularon de tal manera el mercado mediático que la propiedad quedó altamente concentrada en sectores privados (Mastrini, Bizbergé y De Charras, 2012).
Las leyes que se aprobaron durante los años en que coincidieron varios gobiernos de izquierda en la región, aunque hoy no han tenido un impacto relevante, posicionaron el tema como una discusión esencial en torno a nuevos modelos democráticos, derecho a la comunicación y visibilización de grupos tradicionalmente excluidos en los relatos nacionales. En esta manera de entender los procesos, y dependiendo del contexto específico de cada país, los estados adquirían el compromiso de asumir nuevas funciones como garantes del derecho a la comunicación. O sea, que debían asegurar no solo el derecho y la libertad de expresión de la ciudadanía, la sociedad política y la civil en sus medios, sino que a través de ellos también otros medios públicos no estatales serían atendidos en la distribución y producción de bienes comunicativos (Uranga, 2007). En correspondencia con esta idea, Gaetán Tremblay (1988) recomienda que: “El servicio público es una actividad considerada de interés general para la comunidad y, como tal, reconocida por el Estado. Dicha actividad no puede abandonarse absolutamente a la actividad privada y las leyes del mercado y por lo tanto el Estado asume su responsabilidad y su control sometiéndolo si fuera necesario a un régimen jurídico especial”.
Desgraciadamente, el retorno de nuevas administraciones a la derecha del espectro político en estos países a través de elecciones o golpes de estados suaves —en los que los grandes conglomerados mediáticos afectados por estas regulaciones ocuparon un papel esencial— impidieron una profundización en las transformaciones de un sistema que necesitaba tiempo y mayor voluntad política para consolidarse.
No obstante, para el caso cubano, esas experiencias ofrecieron herramientas teóricas y prácticas que pueden mejorar su sistema de medios y, por consiguiente —Manuel Martín Serrano dixit— su sistema político. El asunto estriba en con cuánta inmediatez o urgencia la dirección del gobierno atienda el tema.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha pautado una serie de principios básicos para que un medio se considere de bien público:
1. La cobertura de sus servicios, que inicialmente comprendía una variante geográfica y socioeconómica, pero que a partir de la convergencia tecnológica comprende también la extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dispositivos de uso de información y entretenimientos;
2. la independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente (ej. anuales) que condicionan la autonomía del funcionamiento;
3. la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil; La pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de su programación (“el servicio público de difusión tampoco debe promover una posición determinada o apoyar a un partido político determinado”);
5. el mandato de servicio público establecido por la regulación;
6. la rendición de cuentas (accountability) a la población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno;
7. la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias;
8. la provisión de contenidos ausentes o de débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria.
Durante décadas los profesionales de la prensa cubana han manifestado en disímiles ocasiones la excesiva regulación externa que ejercen las instituciones gubernamentales —principalmente, el Partido Comunista de Cuba (PCC) — sobre los medios de comunicación. En sucesivos congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) los reporteros declararon que entendían las circunstancias de asedio constante por el gobierno de los Estados Unidos, pero insistían en que la gestión de los medios tenía su propia dinámica interna que necesita más autonomía editorial para ser eficaz. Este fenómeno fue explicado teórica y referencialmente por el ya fallecido periodista y profesor de varias generaciones de comunicadores Julio García Luis, quien propuso un modelo ético y profesional en el que predominan, además de lo anteriormente expuesto, la autorregulación profesional junto a la orientación política ideológica de los órganos partidistas.
Con la llegada al poder de Miguel Díaz- Canel Bermúdez, la posibilidad de un nuevo enfoque en el tema de la gestión de los medios fue abriéndose a la luz. Se aprobó la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos y el personal periodístico resultó favorecido con el aumento de salarios al sector presupuestado. No obstante, aunque desde las más altas instancias del gobierno se refieran a las organizaciones que hoy desempeñan la actividad periodística como medios públicos, la realidad es que son subsidiados en su totalidad por el Estado y, aunque algunos produzcan ingresos, no pueden disponer de ellos para sus necesidades internas. Sus directivos son designados por el PCC o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) sin consultar a los miembros de los equipos de redacción y sin rendir cuentas a las audiencias. Eso sucede con las más de 600 organizaciones periodísticas existentes en el país entre periódicos, emisoras, estaciones de televisión y sitios web que conforman el sistema de medios ubicados en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Concuerdo con José Ramón Vidal en que: “No se trata de desconocer la realidad y el papel del PCC, sino de asignar espacios de actuación a cada actor y evitar que los mismos sean contaminados por una relación que resulta unidireccionalmente reguladora” (Batista, 2013, p.89). Hasta cierto punto, esta es una situación que contradice la política aprobada hace dos años y echa por tierra el enunciado de “públicos” como adjetivo para los medios de prensa estatales cubanos. La discusión sobre su nomenclatura y conceptualización no es baladí, porque pudiera contribuir a confusiones en términos y conceptos diferentes e influir en el debate público.
Como bien reconoce la Doctora y vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde, en un artículo publicado en el sitio Cubadebate en agosto del año 2018:
¿Qué otro sistema, que no sea la prensa, está presente a lo largo y ancho del territorio nacional y, por oficio profesional, tendría la capacidad para producir contenidos culturales y comunicacionales para los medios y para las instituciones de los territorios, tanto en canales analógicos como digitales? Pero si comparáramos a nuestros medios con una fábrica de zapatos, podríamos decir que estamos produciendo hoy un solo tipo de chancleta para un único pie, mientras se desperdicia el valor de la cadena productiva y de la organización que ya está creada.
Lo cierto es que no se ven muestras reales, más allá del discurso, de un cambio de paradigma que avance hacia el escenario deseado. Sabemos que los tiempos de la política no son los tiempos de la ciudadanía y que, como diría José Martí, lo importante en política es lo que no se ve; pero también estos son axiomas que pueden volverse en contra de quienes queremos el mejoramiento de un verdadero sistema público de medios periodísticos en el país.
Varias investigaciones de grado y posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han contribuido a dotar al debate cubano de aspectos sobre un posible modelo de gestión autóctono de los medios públicos y estatales. Entre ellos se pueden mencionar los estudios desde el punto de vista de la pertinencia de un estatuto jurídico legal para la prensa nacional (Batista, 2015); los análisis de determinadas leyes de prensa anunciadas en países de América Latina (Tolentino, 2016); sobre las características de la gestión estratégica por parte de los directivos de los medios y sus mediaciones (Franco, 2016) y la investigación sobre modelos europeos de medios públicos (Terrero, 2018). Debe destacarse la tesis en opción al grado de Doctora en Comunicación Social realizada por Rosa Miriam Elizalde (2014) acerca de los principios a tener en consideración, desde la perspectiva de los periodistas cubanos, para construir una política de comunicación nacional.
La esfera pública se ha ido complejizando en cuanto a actores, temas y discursos que van, poco a poco, proponiéndose al debate nacional. El desarrollo de la infraestructura de internet en el país hizo posible el surgimiento de nuevos medios y formas de comunicación por una ciudadanía con un elevado nivel de escolarización y altas necesidades de expresión fuera de los canales oficiales.
En el inicio de este siglo XXI se crearon decenas de blogs administrados por cubanos sobre los más variados tópicos, casi todos profesionales de la prensa, o sectores priorizados con acceso a internet. Al mismo tiempo, en el exterior, surgieron medios privados construidos con el objetivo de ofrecer un relato diferente al de los medios estatales. Este fue el caso de Diario de Cuba, 14yMedio, Hypermedia Magazine y CiberCuba. Estos medios han contado con un controvertido financiamiento de organismos vinculados a agencias federales norteamericanas que persiguen un cambio de régimen en Cuba y han priorizado voces de la disidencia nacional con muy poco impacto en el debate ciudadano. Varios de ellos tienen sus antecedentes en medios como la revista Encuentro de la Cultura Cubana —que tras dividirse dio paso a dos nuevos sitios web (Cuba Encuentro y Diario de Cuba)— y Cubanet, ambos fundados en la década de los noventa del siglo pasado, aunque este último sigue en funcionamiento.
En años más recientes, sobre todo después del 17D del 2014, surgieron medios de comunicación privados dirigidos por jóvenes periodistas o comunicadores graduados de las universidades cubanas que no estaban de acuerdo con la forma en que se hacía periodismo en el país. Al principio, colaboraban por igual profesionales todavía insertados en medios del estado, como los que ya habían salido del sistema, o incluso vivían fuera del territorio nacional. En varios medios privados —nacidos casi como un reclamo generacional en una circunstancia tecnosocial favorable— se publicaron una significativa cantidad de textos con rigor periodístico sobre temáticas y grupos sociales, en su mayoría, ignorados por la agenda oficial. No todos sus materiales fueron de alta factura, pero en su momento contrastaron visiblemente con respecto a sus similares estatales en cuanto al uso de técnicas narrativas, herramientas hipermedias y precisión en la recogida y selección de la información. Así mismo, los jóvenes reporteros empezaron a participar y a tener contactos con festivales, eventos y homólogos de otras regiones del mundo. Con estas posibilidades, varios colegas desencantados y sin una perspectiva de cambio a la vista, emigraron de los medios estatales a los privados. Entre estos últimos pueden citarse El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque, La Joven Cuba, AM:PM Magazine, Yucabyte, Postdata Club, Play Off, La Tizza y Tremenda Nota, entre otros. Sus diferencias se aprecian no solo en agendas mediáticas y posturas políticas, sino también en sus maneras de sufragar gastos para salarios, colaboraciones, producción de contenido, etc. El análisis específico sobre estas cuestiones necesita otro texto que requiere un desarrollo más extenso.
Uno de los aspectos más controvertidos y por los cuales se les critica desde instituciones políticas gubernamentales es el origen de su financiamiento. Este tema se utiliza como elemento de ataque por figuras de la esfera política cubana en la medida en que las agendas y posicionamientos de algunas de estas organizaciones periodísticas comenzaron a cuestionar más crudamente el discurso oficial de la Revolución.
El asunto es complejo, porque uno de los aspectos señalados por funcionarios públicos, directivos de prensa o periodistas es el carácter de legalidad que puede tener este tipo de medios. La constitución recientemente aprobada establece en su Artículo 55 que:
Se reconoce la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, de las organizaciones políticas, sociales y de masa; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.
Es difícil discernir en este artículo constitucional si los medios privados conseguirían ser reconocidos dentro de la futura ley de comunicación o prensa si mantienen esa forma de propiedad, pero sería interesante preguntarnos qué sucedería si solicitan constituirse como cooperativas, cuando llegue el momento.
No todos los medios (por ahora) privados deberían considerarse como una amenaza al socialismo cubano. El propósito de muchos de sus integrantes es hacer periodismo de calidad en temas, tiempo, y maneras que no encontraron en la mayoría de los medios estatales a los que pertenecían, desgastados por una severa crisis de estructura, de culturas profesionales y funcionamiento. También es real que a varios de los jóvenes periodistas de medios privados nunca les interesó trabajar, de ninguna manera, en medios estatales por no estar de acuerdo con el sistema político. Además, a estas alturas queda claro que las nuevas narrativas propuestas tenían una audiencia expectante en la esfera pública.
Si bien es cierto que en algunos semanarios partidistas (Invasor, Escambray), emisoras (Radio Rebelde, Radio Sancti Spíritus, CMHW de Villa Clara) y revistas juveniles, (El Caimán Barbudo, Alma Mater, Juventud Técnica) se realiza buen trabajo periodístico, en general, la calidad del periodismo estatal cubano —con respecto a la cantidad de medios, infraestructura y recursos humanos disponibles— aún queda muy por debajo de la capacidad real de excelencia alcanzable. Por supuesto, es una lista incompleta y está permeada por la visión personal de la profesión de este autor. La propiedad de los medios no determina su calidad, pero varios jóvenes periodistas prefieren proyectar su tiempo y sus competencias profesionales en función de trabajos que le puedan motivar mucho más, a seguir agendas diarias preestablecidas en un medio estatal, alejadas de sus intereses. Algunos periodistas que han abandonado el sector estatal de manera formal colaboran con varios medios privados a la vez y se desempeñan como reporteros freelance.
En el caso de los periodistas que apostamos por un modelo socialista de medios públicos, solo nos queda seguir insistiendo creativamente con el mejor periodismo posible en nuestros respectivos centros de trabajo. La solución consiste, por ahora, en convertirnos en agentes innovadores de nuestros colectivos, superarnos teórica, ética y profesionalmente, atender a lo mejor del trabajo realizado por nuestros colegas a nivel mundial y no desistir en el empeño de mejorar un servicio público tan valioso para la República.
Una de las pocas certezas que deja la pandemia de la COVID-19 es que, a nivel planetario, el modelo neoliberal de gestión económica no es el adecuado para desarrollar una sociedad moderna que esté comprometida con el bienestar social de sus integrantes. De manera que es bastante probable que varios países vuelvan a apostar, en mayor o menor medida, por fortalecer los Estados como garantes de servicios públicos que aseguren una protección básica a grandes sectores sociales afectados por esta enfermedad.
La dirección del gobierno está obligada a proceder con responsabilidad y también audacia ante el escenario de recrudecimiento de la crisis económica mundial y el bloqueo norteamericano que afectan nuestra maltrecha economía. El presidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez ha llamado a liberar las fuerzas productivas y el Primer Secretario del PCC Raúl Castro lo apoyó con una expresión muy clásica del lenguaje coloquial cubano: “Hay que montarse en este tren y no bajarnos más”.
Si bien la principal tarea para el gobierno es la economía, el fortalecimiento de su sistema de medios estatales y públicos no es un asunto menor si se quiere asegurar el consenso de las mayorías con la Revolución. Y específicamente con un segmento de las nuevas generaciones de jóvenes que no se reconocen dentro de la narrativa de muchas organizaciones políticas y de masas en tiempos de diferentes escenarios de guerra cultural y convergencia mediática.
Un adecuado tratamiento del tema de las políticas públicas en comunicación, específicamente sobre organizaciones periodísticas, también permitiría aunar esfuerzos en pos de seducir a sectores que, por disímiles razones, no están convencidos de la viabilidad y posibilidad del socialismo cubano para erigir un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades espirituales y materiales de sus ciudadanos. No se trata de atraer a los que están ya comprometidos con el proceso, sino de comunicar el mensaje emancipador de democracia, justicia social —con prosperidad económica— y belleza que el socialismo cubano tiene el deber de construir para su ciudadanía, con esfuerzo propio y contra poderosos intereses mundiales.
Los periodistas cubanos han resistido durante décadas, como probablemente pocas profesiones en el país, no solo carencias materiales y de salario para un desempeño tan complicado y sensible a nivel sociopolítico, sino también altos niveles de intrusismo profesional e intervención externa de funcionarios e instituciones que desconocen las rutinas productivas del oficio y causan muchísimo daño. Como bien señalan las leyes del sentido común y ha resaltado un estadista hace muy poco tiempo: no se deben esperar resultados diferentes si se aplican los mismos métodos. Es la hora del cambio.
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Elizalde. R.M. (2014). El consenso de lo posible: Principios para una política de comunicación social en el escenario de la convergencia mediática desde la perspectiva de los periodistas cubanos. Tesis en opción al grado de Doctor en Comunicación Social. Facultad de Comunicación. Universidad de la Habana.
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14 de junio de 2020 
