Más allá de las diferencias de modelos, historias y referentes, todos los gobiernos de izquierda de las últimas dos décadas del siglo XX, han coincidido en la centralidad protagónica del Estado por sobre la asignación de recursos desde el libre mercado. De este modo, luego de años de neoliberalismo, desde la agenda política y, en ciertos casos, a partir de un conjunto innovador de políticas públicas, se asumió como prioritaria la redistribución económica y el combate frontal a las desigualdades sociales, justamente, en la región más desigual del planeta. En este ensayo se analizan distintas expresiones de los gobiernos de izquierda latinoamericanos de las últimas décadas, priorizando aspectos problemáticos como el autoritarismo, la corrupción y las políticas contra la inseguridad.

“El fin de la Guerra fría ha generado incertidumbres conceptuales y en la forma de definir políticas y concretar acciones de cooperación. Avanzar en la construcción de un nuevo concepto de seguridad internacional significa avanzar en la redefinición de las misiones de las diversas instituciones encargadas de promoverla. Esta es una tarea de gran significación para las Américas. El hemisferio occidental ha contribuido a la estabilidad global en el período de posguerra fría, pero no ha sido capaz, en una década, de generar regímenes internacionales, reglas y normas que definan de manera estable y produzcan certidumbre en este aspecto crucial para el desarrollo nacional, regional y global...”

“En este artículo definimos el Sistema interamericano como el conjunto de procesos e instituciones multilaterales del continente, conformado por el proceso de las Cumbres de las Américas, el sistema institucional de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por una serie de instituciones y foros colaterales de mayor o menor peso. Todo análisis realista de ese sistema deberá partir de un hecho evidente: se trata de un conjunto desequilibrado, dado el papel hegemónico de los Estados Unidos —acentuado durante los años 90—, lo que determina el mantenimiento de su carácter esencial de instrumento de la política exterior norteamericana hacia América Latina y el Caribe.

“En las condiciones del mundo contemporáneo, la seguridad de las naciones, e incluso de los propios individuos, rebasa el marco de su prioridad tradicional —entiéndase el problema militar— al que ha estado circunscrita desde su surgimiento y, en consecuencia, adopta una connotación global que depende no solo de la falta de violencia y la prevención eficaz o la eliminación de la agresión, sino también del mejoramiento de la capacidad para responder a las necesidades básicas del ser humano y de la sociedad. En esa extensión de las prioridades de seguridad se desenvuelve el imperialismo actual, el cual, a la par que conserva sus rasgos tradicionales como fase superior del capitalismo, incorpora, con inusual fuerza, la transnacionalización económica, en medio de un indetenible proceso de globalización dispar e insostenible para la mayoría de las naciones…”
 

Este ensayo presenta una breve actualización de las principales tendencias que caracterizan el consumo, el tráfico y la producción de drogas ilegales en todo el planeta, e intenta demostrar el lugar relativamente secundario que ocupan las treinta y tres naciones independientes o formalmente independientes de América Latina y el Caribe en la producción y el tráfico de las principales drogas ilegales naturales y sintéticas. Asimismo, muestra cómo, al calor de la “seguridad nacional” e imperial norteamericana, las tres últimas administraciones estadounidenses han convertido a algunas naciones del hemisferio occidental en el principal escenario de la “guerra contra las drogas”.
 

“En los últimos cinco o más años, algunos países de Centroamérica han estado sufriendo el impacto de la caída de su economía agroexportadora, que ha golpeado, sobre todo, a los trabajadores agrícolas de las plantaciones de café en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, entre quienes la pobreza y la inseguridad alimentaria se acentuaron, por lo que, para no morir de hambre, tuvieron que ser incluidos en un programa internacional de ayuda alimentaria…”
 

“¿Cómo van los Estados individuales a hacer frente a la epidemia del SIDA o del Síndrome Respiratorio Agudo (SRA)? ¿Cómo un Estado único va a tratar el problema del lavado de dinero o la necesidad de proteger el medio ambiente? El hecho de que las amenazas afecten la seguridad interna y externa es un problema para todos los agentes. La delincuencia internacional es el mejor ejemplo y, por supuesto, incluye el tráfico ilícito de estupefacientes. Es especialmente delicado para los países que tienen que hacer frente a los Estados Unidos y pueden considerar que se trata una amenaza interna, mientras estos la consideran internacional…”
 

Se analiza críticamente la legislación cubana sobre las cooperativas agrarias en lo concerniente a la solución de conflictos en ellas, así como la posición predominante en la práctica judicial. Se demuestra la necesidad de modificar la nueva legislación y su aplicación para garantizar su correspondencia con los preceptos de la Nueva Constitución, las tendencias de la doctrina y la legislación a nivel internacional, garantizando el derecho de acceso a la justicia y la posibilidad de acudir a los métodos alternativos de solución de conflictos, para favorecer la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

En las últimas dos décadas, participantes e investigadores del tema de las sanciones han construido una narrativa alrededor de las sanciones económicas y que, en gran medida, contradice la realidad. La noción de “sanciones inteligentes” sugiere que se trata de medidas construidas con gran esmero para asegurar que las poblaciones vulnerables no sean objeto del extenso y catastrófico alcance de los daños según se han manifestado en el caso de Iraq. En esta narrativa, todo daño sobre cualquier población vulnerable es mínimo y ciertamente inintencionado. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La práctica común para los Estados Unidos, en alguna medida para otras naciones, e incluso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es elaborar medidas económicas dirigidas a los sistemas que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad o economía moderna: el acceso a las transacciones bancarias internacionales, las importaciones, el sector energético, la producción industrial y la infraestructura del país. A pesar de la retórica, esa es la realidad.
 

“El terrorismo político, como lo evidencia el creciente número de actos de esta índole a nivel mundial, es un tema perenne y global. Como consecuencia, hay un grupo de estudios que reflejan esta tendencia, que han aumentado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. También han proliferado publicaciones sobre la explosión, en 1976, de un avión cubano en Barbados. No obstante, este estudio es único en tanto que examina los efectos de ese atentado en el Caribe anglófono o en los países del CARICOM, incluido el propio Barbados…”