*Tomado de SemMéxico

SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 2 de diciembre, 2024.- La necesidad de traducir las leyes y políticas públicas en acciones efectivas, con un impacto en la vida cotidiana de las mujeres cubanas, emerge como camino imprescindible para volver realidad el tan anhelado empoderamiento femenino, que tiene expresiones en el espacio individual y colectivo.

«Desde la Constitución de 2019 hasta octubre de 2024 yo he contado al menos nueve documentos legales que actualizan las políticas sociales para no detener el progreso de igualdad y equidad de género, especialmente enfocado a las mujeres», refirió la doctora Marta Núñez, socióloga, profesora y especialista en temas de género, durante el espacio Último Jueves, de la revista Temas, publicación de pensamiento e investigación social.

Añadió que todos estos instrumentos sacaron a la luz obstáculos y propusieron vías para superarlos, además de elaborarse con la participación de académicos, decisores y el aporte de las investigaciones.

«Sin embargo, hay distancia entre los contenidos, las intenciones de estos documentos y la cotidianidad», apuntó Núñez, ponente en el panel dedicado a «Género y Poder: la ciudad y las mujeres», realizado en el contexto de la Jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género.
«Ninguna de estas leyes, definitorias para las vidas concretas de las cubanas y los cubanos, acaba de vibrar abajo, en la base», afirmó Lizette Vila, directora del proyecto Palomas, Casa de audiovisuales para el activismo social.

Para Vila, la falta de conocimiento sobre la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, el Código de las Familias y la Constitución es la primera brecha de desigualdad, ya que las personas no ejercen sus derechos. Además, la verticalidad en su implementación aleja a los verdaderos protagonistas, impidiéndoles apropiarse de lo que debería ser suyo.
Núñez, por su parte, se refirió a otros textos como el Programa para el Adelanto de las Mujeres, el de Cuidado Integral de la Vida y el de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), todos vinculados a grandes desafíos de la sociedad cubana actual, pero cuya aplicación no avanza.

Puso como ejemplo que la EIS aún espera por ser implementada, cuando la tasa de fecundidad adolescente creció de 18 por ciento en 2022 a 20 por ciento en 2023, llegando incluso a sobrepasar el 40 por ciento en municipios como San Antonio del Sur e Imías, en la provincia de Guantánamo, al extremo oriental del país.
La periodista Lirians Gordillo, moderadora del panel, destacó que las leyes deben transformar la vida cotidiana de las mujeres para provocar cambios mayores, señalando que medidas significativas, como la creación de círculos infantiles en 1961, permitieron a más mujeres incorporarse al trabajo fuera del hogar en la sociedad cubana.

Foto: Nieves Molina/Revista Temas.

La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Farah Saucedo, remarcó que las instituciones están organizadas desde la perspectiva masculina y ello obliga a las mujeres a asumir las cargas asignadas socialmente a ambos géneros para poder brillar en esos escenarios y acceder a posiciones de liderazgo.
Esto tiene sus costos en el plano personal y familiar, apuntó, pues somos mujeres que nos hemos formado en una sociedad y un hogar patriarcal. «No creo que en la Cuba de 2024 sea un estigma per se ser mujer, pero sí lo son la edad, tener hijos, tener a su cargo el cuidado de ancianos», comentó y señaló la necesidad de las instituciones de apoyo para liberar el potencial femenino.
La socióloga Martha Núñez aportó datos que revelan un incremento de las mujeres en cargos de dirección: de 38 por ciento en 2019 a 41 por ciento en 2023; sin embargo, se produjo una disminución sensible de las profesionales y técnicos en el mismo período de tiempo, de 66 a 47 por ciento.
Consideró que la policrisis en Cuba, que provoca un deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población cubana y generó mayores desigualdades económicas, impacta en la vida de las mujeres trabajadoras, que vuelcan sus capacidades a reproducir la vida en su familia.
A ello se suman la carencia de instituciones para el cuidado, sea de los niños o los adultos mayores, y desventajas como que 82 por ciento de las mujeres ocupadas en el sector público lo hacen en actividades económicas con salarios por debajo del promedio mensual, que en 2022 era de 4.684 pesos cubanos (39 dólares al cambio oficial y alrededor de 15 en el mercado informal), precisó.

Foto: Nieves Molina/Revista Temas.

Las cubanas son mayoría en la Asamblea Nacional del Poder Popular (55,74%) y en sectores como educación y salud pública, pero no en las ramas económicas de mayor ingreso, como las micro, pequeñas y medianas empresas, donde son menos del 25 por ciento de quienes lideran, llamó la atención Gordillo.
Diarenis Calderón, curadora de arte e integrante del proyecto Afroqueer Nosotrxs, destacó la importancia de considerar las interseccionalidades en el empoderamiento femenino y llamó a reflexionar sobre cómo viven este proceso las personas negras, lesbianas, transexuales, intersexuales y quienes residen en la periferia o en provincias.
También mencionó estereotipos que afectan a estas comunidades y realidades que contribuyen a su marginalización, como la falta de tratamiento de residuos o la carencia de fuentes de empleo.
Vila igualmente mencionó a las mujeres en situación de discapacidad, o que tienen hijos en esa condición; o a aquellas que están en situación de pobreza, lo cual igualmente cambia el prisma del acceso al poder.
Para Calderón, desde una perspectiva feminista, «el poder viene desde adentro, desde creer y confiar en quién soy, identificarme, pero además reconocerme en la otra persona que es o tiene otras maneras de asumirse mujer».

Vila reafirmó la idea de que su primer espacio político es su cuerpo y de él emerge su primera fuente de poder, pero subrayó que no es posible ejercer el poder sin derechos, con lo cual coincidió la jueza Saucedo.

«Las mujeres nacemos con poder, pero no siempre somos conscientes de que lo tenemos, ni sabemos utilizarlo y hacer valer nuestros derechos», apuntó la jurista. «Podemos tener un sistema de protección de garantías de derechos comparable a los de los países más avanzados, pero es necesario instrumentarlo e implementarlo para que sea esencia de las personas», dijo.