sábado, 15-02-2025
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Cuba-Estados Unidos: ¿Una vez más? ¿Hasta cuándo?
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"...los acuerdos alcanzados han levantado varias preguntas, entre ellas la de por qué ahora cuando puede ser que dentro de unas semanas, o meses a más tardar, la nueva administración de Donald Trump revierta las medidas de la actual..."
Una vez más, el 15 de enero, los cubanos hemos sido sorprendidos por la noticia de que los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo para resolver algunas de las reclamaciones mutuas más perentorias que se venían exigiendo desde 2021. En La Habana, sendos comunicados del MINREX revelaban dos medidas de suma importancia.
Primero, que el gobierno cubano, a instancias del Papa Francisco, había decidido liberar a 553 presos.
Y segundo, que la administración del presidente Joe Biden había sacado a Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo, como una de tres medidas con las cuales el mandatario pensaba despedirse de la Casa Blanca. También se informó que Biden había vuelto a aplicar la suspensión en la aplicación del título III de la Ley Helms Burton y había derogado una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 2018 por la cual se prohibía a ciudadanos norteamericanos hacer negocios con una serie de empresas cubanas, entre ellas algunas pertenecientes al Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA), el poderoso conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Por su parte, la Casa Blanca corroboró lo comunicado por la Cancillería cubana, publicando las tres decisiones presidenciales.
Sin duda se trata de un acuerdo que beneficia al pueblo cubano, el actor que más sufre por el conflicto bilateral. Adicionalmente, es un triunfo de la diplomacia por sobre otros métodos. Esto lo saben, sin ninguna duda, el Canciller cubano Bruno Rodríguez y su equipo en el MINREX. Pero ha sido siempre más difícil de entender por la parte norteamericana, donde ha prevalecido el criterio de que sus objetivos con Cuba y en otros casos se pueden lograr por medidas coercitivas, cuando la historia y la realidad demuestran lo contrario.
Sin embargo, los acuerdos alcanzados han levantado varias preguntas, entre ellas la de por qué ahora cuando puede ser que dentro de unas semanas, o meses a más tardar, la nueva administración de Donald Trump revierta las medidas de la actual. Después de todo, esas tres sanciones o medidas coercitivas estaban en el corazón de la nueva política hacia Cuba del presidente electo durante su primer mandato en 2017-2021. Constituían lo esencial de su propósito de revertir todo lo que el presidente Barack Obama había logrado con Cuba.
Una respuesta sencilla es que ya no está en el Senado Robert Menéndez, el cubanoamericano que le había puesto un veto a toda iniciativa de la administración Biden que pudiera significar un regreso al proceso de normalización iniciado por los acuerdos con Raúl Castro de diciembre del 2014.
Pero ¿qué explica el cambio en la posición cubana? Durante los cuatro años del mandato de Joe Biden el gobierno de La Habana se había negado a hacer el gesto que se le pedía con insistencia para reiniciar el proceso de normalización inaugurado en 2014: liberar un grupo de presos, sobre todo manifestantes del 11 de julio del 2021.[i] Durante estos años, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel mantuvo la posición de que no haría concesiones en materias que correspondían a su soberanía y que, por el contrario, era Washington el que tenía que dar el primer paso, y lo más mencionado era retirar a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo, como había hecho Barack Obama en 2015.
En definitiva, el gobierno de Cuba aceptó hacer lo que se pedía, pero solo en la forma de un gesto hacia el Papa Francisco y de manera conjunta con un gesto norteamericano. Pero no hay forma de ocultar que fue parte de un acuerdo trilateral. Ninguno de los dos presidentes o cancilleres lo han dicho, pero se revelaron el mismo día y por la propia Cancillería cubana. Eso lo demuestra fehacientemente. Resulta ineludible reconocer que por ser el más pequeño en esta relación bilateral, La Habana sería el actor más perjudicado si fracasa.
Y el fracaso depende en gran medida de un actor que no aparece en la negociación pública, la entrante administración de Donald Trump.
Correspondió al canciller Bruno Rodríguez exponer con nitidez y eficacia el razonamiento que llevó al gobierno cubano a correr el riesgo de ofrecer una concesión permanente (la liberación de presos no importando las condiciones en que se materializó) por una que puede resultar efímera debido al cambio de administración en Washington. Lo hizo en su presentación ante la prensa nacional y extranjera el propio 15 de enero.
El ministro se refirió ante todo a la medida principal, la retirada de Cuba de la lista de Estados promotores del terrorismo. Después de exponer pormenorizadamente las implicaciones de que el Estado norteamericano haya reconocido que no existen evidencias que prueben que nuestro país es un Estado promotor del terrorismo, lo resumió en lo siguiente:
La política exterior es siempre una política de Estado. Se supone que hay responsabilidad de los Estados que no debería someterse a los vaivenes de los gobiernos, ni mucho menos a los caprichos de la política doméstica o de las competencias o argucia electoral. Si el presidente de los Estados Unidos de América a través de un proceso interagencial en que participa todo el gobierno de los Estados Unidos, su comunidad de inteligencia, decenas de instituciones, afirma que Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo, eso tiene importancia. Si afirma que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor evidencia de que Cuba haya sido involucrada o acusada de relacionarse con actos terroristas en el último período. Si reconoce que el gobierno de Cuba mantiene una posición de enfrentamiento al terrorismo en cualquiera de sus formas, manifestaciones, motivaciones que la comunidad internacional reconoce y que Cuba reitera periódicamente ante ella.
Y resumió: “Entonces, a mí me parece que estos hechos son muy importantes y son perdurables, y son definitivos. El alcance político, ético, legal incluso de esta determinación del presidente Biden no quedará superada por ninguna acción por arbitraria, extrema, deshonesta o fraudulenta que sea, de un próximo gobierno estadounidense”.[ii]
De estas declaraciones del jefe de la diplomacia cubana el miércoles 15 por la tarde se derivan las preguntas que ya muchos observadores comenzaron a hacerse desde esa mañana. La primera estaría relacionada con las gestiones que pudieran haber realizado el presidente Biden, su secretario de Estado Anthony Blinken y su asesor nacional de seguridad, Jake Sullivan, para garantizar que medidas de tal relevancia y significación fueran aprobadas e implementadas por la administración sucesora del presidente electo Donald Trump. Si ello no se garantizaba, ¿qué sentido tenía tomarlas?
Y ¿cómo convencer al gobierno cubano de la seriedad de estas?
Sobre lo primero no hay una respuesta clara, aunque el miércoles 15 circuló la información de que fuentes no identificadas, citadas por un medio digital generalmente hostil al gobierno cubano, Cubacute, afirmaron que personeros de la administración Biden habían revelado que se había consultado con el equipo de transición del presidente electo y que los mismos se habían comprometido a mantener las decisiones anunciadas ese mismo día.
Lo cierto es que ambos equipos de transición en materia de seguridad nacional, encabezados respectivamente por Sullivan y el asesor designado por Donald Trump, Mike Waltz, han estado intercambiando y coordinando. No puede descartarse entonces que haya algún acuerdo. El vocero del Departamento de Estado sí ha confirmado que se mantuvo informado a Waltz acerca de los que estaba sucediendo.
Pero lo que más ha llamado la atención en este sentido es el sorprendente silencio del propio presidente electo sobre el tema, conocida su tendencia a hablar sobre política exterior (Panamá, Groenlandia, Canadá y el “Golfo de América”) sin ninguna cortapisa.
Otro indicio es que tanto el secretario de Estado designado Marco Rubio, como el embajador especial para América Latina de la nueva administración, Mauricio Claver Carone, han ofrecido declaraciones públicas, el primero en sus audiencias de confirmación en el senado, y aunque no ha sorprendido que ninguno ha ocultado su aspiración a que se restablezca la designación de Cuba como estado promotor del terrorismo, tampoco ninguno ha ido tan lejos como para anunciar firmemente una pronta reversión de las medidas anunciadas por el presidente Biden. Pareciera que, en el peor de los casos, el presidente electo no ha tomado ninguna decisión.
Y podría ser que sí la ha tomado y es la de mantener las medidas en el futuro inmediato. Por lo general, las posiciones de Trump no han estado determinadas por presupuestos ideológicos rígidos, como es el caso de Rubio. Es un político esencialmente transaccionalista; ve los temas de política exterior a través del prisma del análisis costo/beneficio. Y la decisión de Biden le da las siguientes ventajas: la tomó Biden, no él; pueden argumentarse como parte de su política de recortar la inmigración; y la Isla se convertiría en una importante baza a jugar en cualquier negociación con dos de los aliados principales de Cuba, Rusia y Venezuela.
Estas breves observaciones pueden no responder todas las interrogantes y hasta ofrecer una hipótesis de trabajo que no resulte certera. Pero es importante “pensar fuera de la caja” ante la difícil coyuntura que enfrentará Cuba a partir de 2025.
Por tanto, no sería sorprendente que la respuesta a una de las preguntas que se hacen al principio de este texto sea que este deshielo tenga más perdurabilidad de lo que aparenta.
[i] El propósito de este texto no es analizar el tema de los presos ni de su uso como ficha de negociación. Sin embargo, resulta necesario aclarar que este autor ha dejado clara su posición al respecto en varios textos anteriores. Las resumo: las detenciones y sanciones aplicadas a los manifestantes del 11 de julio del 2021 han sido en algunos casos injustas, en otros desproporcionadas y en general un error político del gobierno. Sobre todo, porque la Fiscalía General de la República no le ha ofrecido a la ciudadanía un informe exhaustivo sobre esas manifestaciones, su magnitud y sus características (cuántas fueron pacíficas y cuántas no). Este autor también considera injustificado política y moralmente el uso de presos como ficha de negociación. Ni condono al gobierno norteamericano por usarlo públicamente como mecanismo de presión ni al cubano por aceptar usarlos como moneda de cambio. Lo que he defendido es su amnistía, pero no para lograr una concesión de los Estados Unidos sino como un elemental mecanismo de hacer justicia. Por otra parte, cuestiono el hábito de llamarles a todos “presos políticos”. Puede que algunos lo sean, pero difícilmente se pueda clasificar como tales a personas que hayan cometido actos violentos, verbigracia, vandalizar comercios, apedrear a personas inocentes o voltear carros oficiales y de las fuerzas del orden. Según testimonios, hubo varios casos de este tipo.
[ii] “Declaraciones a la prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 15 de enero de 2025”, en la página web del MINREX: https://cubaminrex.cu/es/declaraciones-la-prensa-del-ministro-de-relaciones-exteriores-de-cuba-bruno-rodriguez-parrilla.
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