Se analiza el problema del reconocimiento de los territorios indígenas en la legislación mexicana, y el deber que tiene el Estado mexicano de cumplir con el convenio 169 de la OIT para proteger las tierras y territorios de esos pueblos, así como que tengan mecanismos de defensa de sus tierras y recursos naturales ante los embates de los megaproyectos promovidos por el Estado o empresas privadas.